Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene competencia para revocar directamente las decisiones empresariales adoptadas por las empresas prestadoras de servicios públicos. "[L]a Corte Constitucional, en la sentencia C-263 de 1996, ratificó que la SSPD tiene el carácter de superior funcional de las empresas de servicios públicos, lo que significa que esa entidad tiene la capacidad de verificar que las decisiones de las empresas se ajusten a la legalidad y no atenten contra los derechos de los usuarios. […] En este orden de ideas, […] la aludida entidad es un órgano garante de la correcta aplicación del marco normativo y está encargada de corregir los posibles excesos, errores o inconsistencias en las decisiones empresariales que puedan afectar a los usuarios. De ahí que el rol de la SSPD respecto de las decisiones empresariales sea fundamental para equilibrar la relación entre las empresas prestadoras de servicios públicos y sus usuarios, pues a dicha entidad le corresponde revisar el contenido de éstas y de ser necesario intervenir en caso de arbitrariedades o desproporción en las decisiones empresariales, asegurando que se ajusten a los principios de legalidad, equidad y eficiencia. Es por ello que la Sala es del criterio que la superioridad funcional de la SSPD respecto de las empresas de servicios públicos no se limita exclusivamente a la resolución del recurso de apelación cuando éste sea interpuesto en subsidio del recurso de reposición, como se alega en la demanda […]. [E]n sentencia del 23 de agosto de 2007, esta Sección sostuvo que la SSPD no era competente para revocar directamente las decisiones emitidas por las empresas prestadoras de servicios públicos. Sin embargo, […] dicho pronunciamiento no constituye precedente para este asunto, toda vez que se basó en lo dispuesto en el artículo 69 del CCA, el cual establecía que el competente para resolver sobre la revocatoria directa de un acto era el superior jerárquico de quien emitió la decisión. No obstante, con la entrada en vigor del artículo 93 del CPACA, dicha regulación fue modificada, permitiendo que la revocatoria directa también pudiera ser ejercida por el superior funcional de la autoridad que emitió el acto. […] EPM señaló en su contestación que el acto enjuiciado desconocía el memorando interno No. 20131300024073 del 6 de mayo de 2013, mediante el cual la SSPD […] concluyó que esa entidad no podía adoptar una decisión de esa naturaleza. Sin embargo, […] una interpretación adecuada del artículo 93 del CPACA y de los artículos 152, 154 y 159 de la Ley 142 de 1994, permite concluir que la entidad actora sí cuenta con dichas facultades."

Licencias urbanísticas no pueden ser revocadas sin el consentimiento expreso y por escrito del titular. "[L]a Sala recuerda que el artículo 43 del Decreto 1469 de 2010 señala los requisitos para revocar la licencia de ocupación del espacio público. El artículo en mención dispone que la revocatoria de los actos administrativos proferidos en un trámite de licencia urbanística de intervención y ocupación del espacio público, le son aplicables las disposiciones establecidas en el Código Contencioso Administrativo […]. En este sentido, se tiene que, de acuerdo con el artículo 73 del CCA, cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. En ese contexto, se observa que, para la revocatoria de esa licencia se requería el consentimiento de la sociedad [demandante] como beneficiaria del acto, sin embargo, el municipio de Cartago no se lo solicitó incurriendo en una ilegalidad y, desconociendo el debido proceso de la demandante. […] De igual forma, la autoridad administrativa no sustentó y, mucho menos, demostró que el acto era resultado de la aplicación del silencio administrativo positivo o, porque ocurrió por medios ilícitos, donde en esta última, debía ser evidente y motivada. […] De otra parte, la Sala observa que el apoderado del municipio reiteró que la sociedad [demandante] construyó una estación de regulación y medición […], la cual no estaba autorizada en la mencionada licencia, además de realizar un encerramiento ilegal […]. Al respecto […], la administración no puede argumentar que la estación de servicios se construyó sin la autorización correspondiente, por cuanto esa motivación resulta ajena al proceso de revocatoria que adelantó y no estuvo orientada a acreditar la causal en la que se fundó."

Niega las pretensiones de nulidad en contra de la circular mediante la cual la SSPD reglamentó la obligación de reportar la información de accidentes de gas natural conducido en tubería en las instalaciones internas de los usuarios. "[E]n el parágrafo [del artículo 79 de la Ley 142 de 1994] se habilita de manera excepcional la imposición de obligaciones mediante actos de carácter general cuando se configuren los eventos descritos en los numerales 4, 5 y 14, dentro los que se encuentran el SUI (numeral 4º artículo 79 ibidem). […] Ahora, aunque en [el parágrafo del artículo 5 del Decreto 990 de 2002] se hace referencia al numeral 3 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994 y no a su numeral 4, como una excepción para la emisión de actos generales por parte de la SSPD, debe interpretarse que esto alude al Sistema Único de Información (SUI). Esto se debe a que, originalmente, dicho sistema estaba consagrado en el numeral 3 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, antes de su modificación por la Ley 689 de 2001. Posteriormente, con la expedición de esta última ley, la disposición correspondiente al SUI pasó a estar contenida en el numeral 4 del mencionado artículo, sin que dicho cambio normativo fuera tenido en cuenta en el mencionado Decreto. […] [E]l acto administrativo enjuiciado cobra especial importancia, dado que su objetivo es requerir a las empresas prestadoras la entrega de información detallada sobre los accidentes ocurridos en instalaciones internas relacionadas con el servicio de gas natural por tubería, especialmente aquellos que puedan comprometer la seguridad, salud o vida de los usuarios. […] Al exigir esta información, la SSPD busca garantizar que las empresas prestadoras cumplan con su deber de proteger a los usuarios y se responsabilicen por la seguridad en las instalaciones internas. Asimismo, asegura que la información obtenida sirva de base para mejorar las políticas de prevención y mitigación de riesgos en el futuro, lo que refuerza la protección de los derechos de los usuarios y la calidad en la prestación del servicio de gas natural. Además, permite que la SSPD efectúe las investigaciones que sean del caso y adopte las medidas que sean de rigor respecto de dichos eventos. […] De otro lado, se evidencia que en [los considerandos de] la decisión enjuiciada sí se especificaron las razones por las cuales la SSPD requería la información señalada en el acto demandado, esto es, conocer los incidentes que afecten la salud, seguridad o personas en instalaciones internas del servicio de gas natural por tubería. […] Sumado a lo expuesto, el demandante no logró probar que los argumentos allí señalados sean contrarios a la realidad ni indicó las razones por las que consideraba que éstos eran insuficientes […]."

Graduación de las sanciones a las empresas de servicios públicos domiciliarios no atiende criterios subjetivos ni a la naturaleza preventiva de las mismas. "[E]l hecho de que la sanción de que aquí se trata sea considerada como preventiva, naturaleza que la propia norma que la establece reconoce, no es motivo para que esa circunstancia opere como aminorante del monto de aquella […], por cuanto, en primer lugar, la mencionada consecuencia no aparece prevista de esa manera en el texto legal correspondiente; y, en segundo lugar, por cuanto carece de todo sentido que las normas sancionatorias preventivas, por el hecho de exhibir dicho carácter, necesariamente tengan que aplicarse en su mínima o menor expresión pues, de ser así, se correría el riesgo de dar al traste con su finalidad primordialmente disuasiva que, precisamente, procura evitar y no esperar a tener que sancionar determinados resultados. De manera que si esta clase de normas solo pudieran aplicarse con plena rigurosidad o en el máximo grado posible frente a situaciones que denoten daños consumados es claro que, en mucho, se desdibujaría su finalidad preventiva. […] [C]uando se trata de personas naturales, el inciso final del artículo 81 de la Ley 142 de 1994 prevé que "Las sanciones que se impongan a personas naturales se harán previo el análisis de la culpa del eventual responsable y no podrán fundarse en criterios de responsabilidad objetiva"; sin embargo, en esta oportunidad la sancionada es una persona jurídica y en relación con estas no se exige profundizar en el análisis que el a quo echa de menos. De manera general, salvo las personas naturales, lo que la norma exige es que la sanción debe graduarse atendiendo a factores objetivos como son: i) la naturaleza de la gravedad de la falta; ii) el impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público; y iii) el factor de reincidencia […]. En abono de la importante distinción que ha quedado evidenciada, la Sala considera pertinente traer a colación lo expresado en la sentencia de 18 de julio de 2024 (Radicación núm. 2013-00319), en la que esta Sección precisó que el régimen de responsabilidad objetiva es aplicable en los procesos sancionatorios de servicios públicos, en los que se impongan sanciones a las personas jurídicas […]."

No es nula la Resolución de la CREG que estableció las fórmulas tarifarias generales para la prestación del servicio público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería en las áreas de servicio exclusivo. Su expedición no estaba sujeta a las normas que regulan el término de vigencia de las fórmulas tarifarias generales para la prestación de los servicios públicos domiciliarios y el procedimiento para la adopción de nuevas tarifas. "[L]as áreas de servicio exclusivo representan un régimen especial en la prestación de los servicios públicos, diferenciado del régimen general, conforme a las disposiciones de los artículos 40 y 176 de la Ley 142 de 1994, con el propósito de garantizar el acceso a estos servicios para la población de bajos recursos. Este régimen, como se ha señalado, está regulado por las condiciones generales establecidas por las comisiones reguladoras a través de actos administrativos y por los contratos de concesión, lo que incluye el régimen tarifario. […] [L]a vigencia general de las fórmulas tarifarias, establecida en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, así como el procedimiento definido en los artículos 127 de la misma ley y 11 del Decreto 2696 de 2004 para la adopción de nuevas fórmulas tarifarias, no son aplicables en este caso. Esto se debe a que, como se mencionó, el régimen tarifario en las áreas de servicio exclusivo se rige por normas especiales y los contratos de concesión y no por las anotadas disposiciones generales establecidas en la mencionada ley. Por ende, como las normas invocadas como desconocidas en el libelo introductorio no son aplicables en el presente asunto, es claro que el cargo parte de una premisa errónea, de modo que no tiene vocación de prosperidad."

Empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas están sometidas a la contribución especial de obra pública. La omisión de recaudarla configura un daño patrimonial al Estado en virtud del cual sus representantes legales deben responder fiscalmente. "[L]as empresas de servicios públicos domiciliarios, constituidas como sociedades por acciones o como empresas industriales y comerciales del Estado, son 'entidades públicas' […] y, por lo mismo, permanecen cobijadas por la obligación de recaudar y pagar la contribución especial del artículo 6 de la Ley 1106. El hecho de que tales entidades se encuentren sometidas a un régimen especial de derecho privado no les hace perder la calidad de entidades públicas. […] El artículo 6 de la Ley 1106 no hizo depender el hecho generador de la contribución especial al régimen legal que rigiera las empresas de servicios públicos domiciliarios […]. El régimen tributario especial que prevé la ley de servicios públicos para las empresas que los prestan, las sujetó al ordenamiento fiscal nacional del cual hace parte la contribución especial de obra pública, y ninguna de las reglas especiales establecidas en el artículo 24 de la Ley 142 las eximió. […] Lo anterior pone de manifiesto que las apelantes […], en representación legal de AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P., -empresa de servicios públicos domiciliarios mixta, organizada como sociedad por acciones, del orden departamental-, sí ejercieron gestión fiscal al haber autorizado y pagado las facturas que los contratistas radicaron durante la ejecución de los contratos civiles de obra […], esto es que dispusieron de recursos públicos a su cargo sin adoptar las medidas tendientes a recaudar y pagar la contribución especial establecida en el artículo 6 de la Ley 1106. Respecto del argumento según el cual la Ordenanza [por medio de la cual se creó el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana] no incluyó a la empresa […] como recaudadora de la citada contribución, la Sala advierte que no es de recibo porque siendo la Ley 1106 el instrumento jurídico que impuso […] los elementos propios de la contribución especial […], no se requiere de la intervención o convalidación de la Asamblea departamental […] para proceder con su recaudo y pago, menos aun cuando los detalles de dicha operación tampoco fueron delegados a las corporaciones político administrativas del orden territorial, sino que fueron asumidas por el legislador en su integridad."

Declara probada la excepción de cosa juzgada, y ordena estarse lo resuelto en la sentencia de 9 de junio de 2005, proferida por la Sala en el expediente identificado con el número de radicado 11001-03-24-000-2003-00209-01, que negó la nulidad de la Resolución 010 de 20 de febrero de 2001, así como en lo decidido en la sentencia de 7 de mayo de 2015, proferida en el expediente identificado con el número de radicado 25000-23-24-000-2001-00535-02, que negó la nulidad de la Resolución 044 de 7 de mayo de 2001, ambas resoluciones expedidas por la CREG.

Consejo de Estado niega la suspensión provisional de la Resolución 40116 de 2024 por medio del cual el Ministerio de Minas y Energía adoptó algunas medidas transitorias para el abastecimiento de la demanda de energía en el país debido a las consecuencias del Fenómeno de El Niño. "[E]n la norma invocada como desconocida, esto es, la Resolución CREG 026 de 2014, se emitió el [Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento] como el último mecanismo para garantizar el suministro de energía en periodos de desabastecimiento. Esta resolución establece un conjunto de medidas que pueden ser implementadas cuando se presenten situaciones críticas en el mercado eléctrico, como el riesgo de desabastecimiento debido a fenómenos climáticos extremos. El citado Estatuto busca asegurar la continuidad en el suministro de energía, estableciendo reglas y procedimientos que deben observar los actores del mercado eléctrico para evitar interrupciones y garantizar la seguridad del sistema en situaciones críticas. […] Ahora, de la revisión de la decisión enjuiciada, lo que se observa es que, pese a que se reconoció que no se habían configurado los requisitos para aplicar las disposiciones del mencionado Estatuto, era necesario generar un nivel óptimo en los embalses, dado que los agentes habían reportado desabastecimiento en los mismos, lo que podría afectar la disponibilidad en la generación de energía. […] Por lo tanto, en principio, lo que se evidencia es que la decisión acusada fue tomada con base en un análisis preventivo, buscando salvaguardar la estabilidad del sistema eléctrico ante una posible crisis de abastecimiento energético. De hecho, lo que se advierte es que, al parecer, la intención del Ministerio demandado es impedir que el sistema llegue a un estado crítico que exija la aplicación del Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento. […] Por su parte, en el artículo 2 del acto censurado, concerniente a la referencia de generación mínima térmica diaria, se dispuso que, si durante su vigencia se activaban las condiciones para la aplicación del Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento, las disposiciones contenidas en ese artículo cesarían su aplicación."

Afectaciones a la infraestructura de las empresas de servicio públicos domiciliarios ocasionadas por fenómenos climáticos no siempre constituyen eventos de fuerza mayor que las exima de la falta relacionada con la falla en la prestación del servicio. "[L]os antecedentes de eventos similares en años previos debieron alertar a las autoridades y a la empresa sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas, como maneras alternas de suministrar el agua en caso de derrumbes, o de reforzamiento de la infraestructura. […] [L]a ciencia ha avanzado lo suficiente para determinar que, en ciertas condiciones, tales eventos pueden presentarse. Precisamente atendiendo a ello se exige ahora que ciertas construcciones tengan las características de sismo resistentes, por ejemplo, o que, teniendo en cuenta las condiciones de un terreno, se adopten medidas para prevenirse de los riesgos que, con probabilidad cierta y de acuerdo con la ciencia y con la técnica, pronostican que pueden acaecer. […] Por ende, es claro que el requisito de imprevisibilidad no se configuró en el presente asunto. De otro lado, en cuanto a la irresistibilidad, se evidencia que, desde 2010, la entidad demandante sabía que para finales de 2011 se presentaría el fenómeno de La Niña […]. Esto obligaba a la demandante a tomar las medidas necesarias para prevenir una emergencia. En este punto debe destacar la Sala que la irresistibilidad debe ser entendida sobre el servicio que la Empresa demandante presta y no sobre el fenómeno del derrumbe, pues aquí lo que se le reprocha no es que se haya resistido a éste, sino que no haya tomado las medidas que se requerían para atender adecuadamente el servicio, si tal derrumbe se presentaba. […] Por último, frente a la causa externa, en criterio de la Sala, tampoco se probó. […] [L]a empresa demandante no actuó con la diligencia necesaria para prevenir los efectos de dichos fenómenos, que es lo que se le reprocha. La falta de, entre otros, estudios geotécnicos detallados, junto con la ausencia de obras de mitigación, demuestra que [la demandante] no adoptó las medidas necesarias para reducir el riesgo que representaba la inestabilidad de los suelos en la región. De ahí que, en situaciones donde existen antecedentes de riesgos conocidos, como lo son los deslizamientos en áreas inestables, la responsabilidad de las entidades encargadas de la prestación de servicios públicos recae en la adecuada planificación y prevención. La empresa actora no puede justificar la interrupción del servicio de agua potable únicamente en la ocurrencia de un fenómeno natural cuando éste era previsible y mitigable mediante una adecuada gestión del riesgo."

El hecho de la víctima constituye una causa extraña que rompe el nexo de causalidad entre el daño y la conducción de energía eléctrica como actividad riesgosa. "[Q]ueda establecida la negligencia flagrante - gravemente culposa de la víctima que se configura como causa exclusiva y determinante del daño inferido en su propia humanidad, pues […] desconoció e inaplicó y omitió todas las medidas de seguridad que requería el manejo de las redes eléctricas por él intervenidas, sin que tal negligencia pudiera imputarse al desconocimiento de las reglas o a la falta de capacitación, que también quedaron desvirtuadas. En este sentido, se evidencia que las lesiones padecidas por [el accionante] no son imputables a la entidad demandada -ni a título objetivo ni de falla en el servicio- dada la configuración de la culpa de la víctima como causa adecuada y excluyente de la responsabilidad de la administración, porque, conociendo el estado de la caja eléctrica y los riesgos de su maniobrabilidad, procedió a intervenirla sin coordinar y verificar la desenergización del circuito, sin aplicar las reglas de manejo de redes eléctricas y sin hacer uso de las herramientas de dotación dispuestas para este fin. Al respecto, se reitera, la víctima no usó el detector de corriente dado que lo había dejado en el carro, intervino la línea de alta tensión con un alicate y no usó la pértiga, con lo cual hubiera podido evitar el accidente […]. [A]unque la conducción de energía eléctrica conlleva el ejercicio de una actividad peligrosa, la administración pública no está obligada a prever o resistir la magnitud de los resultados del incumplimiento de los ciudadanos -en este caso los empleados de los contratistas- frente a las reglas de manipulación de las redes o circuito y la omisión en el uso de los elementos de seguridad, pues lo esperable era que [el accionante] acatara las medidas de protección dispuestas para el ejercicio de su labor. […] [C]onociendo el estado de la caja eléctrica y los riesgos de su maniobrabilidad, [el accionante] procedió a intervenirla sin coordinar ni verificar la desenergización del circuito, sin aplicar las reglas de manejo de redes eléctricas y sin hacer uso de las herramientas de dotación dispuestas para este fin […]. [E]n el caso concreto el actuar de la víctima escapó por completo a la esfera de control del ente encargado de la vigilancia y mantenimiento de la red eléctrica implicada, al punto de hacerse irresistible e imprevisible, por la imposibilidad de contemplar su acaecimiento con anterioridad y de evitar su concreción."

Consideraciones acerca de la aplicación del principio de proporcionalidad en el régimen sancionatorio de las empresas de servicios públicos domiciliarios. "En cuanto se refiere a la aplicación de los factores generales para la graduación de la sanción, a juicio de la Sala, los actos acusados cumplieron los parámetros correspondientes, aunque no se haya elucubrado a profundidad al respecto. […] [L]o que se reprocha, de conformidad con la norma transgredida [Resolución CREG 023 de 2008 art. 16 (núm. 7)], no es el número de cilindros que tenía en su poder la infractora, sino su incursión en una conducta prohibida para salvaguardar la seguridad de los usuarios finales y la adecuada prestación del servicio de Gas licuado de Petróleo, en atención a que una indebida manipulación, transporte, tenencia y-o comercialización de un prestador puede traer graves implicaciones para los usuarios finales, por la alta peligrosidad que encierran los cilindros de GLP, no obstante lo cual la llamada a responder por los riesgos y consecuencias sobrevinientes es la empresa propietaria de estos últimos. […] [E]l hecho de que la sanción de que aquí se trata sea considerada como preventiva, naturaleza que la propia norma que la contiene reconoce, no es motivo, como inopinadamente lo dedujo el Tribunal, para que esa circunstancia opere como aminorante del monto de aquella […], por cuanto, en primer lugar, la mencionada consecuencia no aparece prevista de esa manera en el texto legal correspondiente y, en segundo lugar, por cuanto carece de todo sentido que las normas sancionatorias preventivas, por el hecho de exhibir dicho carácter, necesariamente tengan que aplicarse en su mínima o menor expresión pues, de ser así, se correría el riesgo de dar al traste con su finalidad primordialmente disuasiva que, precisamente, procura evitar y no sancionar determinados resultados. De manera que si esta clase de normas solo pudieran aplicarse con plena rigurosidad o en el máximo grado posible frente a situaciones que denoten daños consumados es claro que, en mucho, se desdibujaría su finalidad preventiva. Ahora, es claro que los actos acusados sí consideraron el hecho de la no reincidencia de la demandante en la comisión de la falta que dio lugar a la imposición de la multa, o en alguna otra relacionada con sus deberes funcionales, pues, como quedó expresado en su graduación, la demandada optó por aplicar solo el equivalente a una tercera parte del valor máximo posible, tal y como de las motivaciones de los actos acusados se desprende, lo cual, objetivamente, permite tener como probada esa circunstancia."

Niega las pretensiones de nulidad parcial del Reglamento Técnico para Plantas de Envasado de Gas Licuado del Petróleo adoptado en la Resolución 180581 de 2008. "[L]os apartes de la resolución acusada [artículo 1, numeral 4.1.1, subnumerales (ii) y (iii)] cumplen los criterios de las condiciones materiales que regula el inciso primero, numeral 7 del artículo 2 de la Resolución núm. 3742 de 2001, toda vez que al indicar de forma expresa la norma técnica colombiana que le sirve de fundamento al reglamento técnico, se satisface el requisito de exponer una de estas fuentes nacionales o internacionales, como efectivamente aparece en el artículo 1 numeral 7 del acto acusado. […] [L]a distancia mínima de 100 metros entre los linderos de la planta, y linderos más próximos de sitios de alta densidad poblacional, reglamentada en la Resolución núm. 18 0581 de 2008, se ajusta y está dentro de los límites de la distancia mínima […] que indican las normas técnicas colombianas y la norma técnica internacional […]. Aduce [la demandante] que, en las condiciones generales "No obra descripción de las características generales del producto que se quiere exigir, (materiales apropiados para este fin) cuales son su calidad, composición, apariencia, aspecto, presentación, procesos previos, elementos que no debe contener, y los que si son permitidos y todos aquellos componentes que caractericen el producto." […] De la normativa citada [Resol. 180581 de 2008, art. 1 (núm. 4.1., 6.1. y 6.2.], se advierte que […] la idoneidad de los diseños, de los materiales, y las calidades profesionales del personal cargo de la construcción permiten obtener la certificación para la operación de la planta, y en lo que a los materiales para el recubrimiento de pisos se refiere, se deberá hacer uso de materiales y otras estructuras que permitan "prevenir la generación de chispas durante el descargue, movimiento y cargue de los cilindros en la plataforma de llenado". […] [L]a parte demandante reprocha igualmente que el reglamento técnico no cumplió lo dispuesto en el artículo 3 numeral 3 de la Resolución 3742 de 2001 […]. No obstante, el acto administrativo acusado en su parte resolutiva puntualiza los numerales que describen el Contenido Especifico del Reglamento Técnico, así: i) objeto; ii) campo de aplicación; iii) Definiciones y siglas; iv) requisitos técnicos para plantas de envasado de GLP; v) Procedimiento para la evaluación de la conformidad; y vi) demostración de la conformidad."

Procede la orden de devolución de recursos cobrados de más a los usuarios de servicios públicos domiciliarios en el marco de un procedimiento sancionatorio. "Con relación a la orden impartida […] en los actos acusados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios consistente en la devolución de lo pagado en exceso por los usuarios afectados, esta Sala se remite y prohíja lo expuesto en la sentencia de 21 de agosto de 2014 [Rad. 2008-00350] […]. Así pues, como se analizó en el antecedente jurisprudencial […], limitar las funciones de vigilancia y control de la Superintendencia como facultades exclusivamente sancionatorias, equivale a asumir que las funciones otorgadas a esta entidad sólo estarían encaminadas a detectar conductas, sin que exista la posibilidad de que estas sean corregidas. Cabe señalar que la Sección en sentencia de 26 de noviembre de 2015 [Rad. 2005-01325], que ahora se prohíja, precisó que la orden de reembolsar a los usuarios el monto pagado de lo cobrado sin autorización con carácter general o erga omnes sí genera un efecto o una consecuencia necesaria ante el incumplimiento de la obligación de acatar lo previsto en el régimen de servicios públicos, en el marco de los derechos de los usuarios y la facultad prevista en el referido artículo 79 de la Ley 142 […]. Ahora, frente al argumento del a quo, consistente en que el numeral 31 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994 limitó el reintegro a aquellos casos en que un usuario ha interpuesto un recurso de apelación en los términos de los artículos 154 y 159 de la Ley 142 de 1994, ante tal autoridad, y no como resultado de una investigación administrativa oficiosa por supuesto incumplimiento normativo, la Sala considera que tal interpretación supondría que la Superintendencia tan solo podría actuar a petición de parte, desconociendo la naturaleza y el papel que cumple la misma, que no es otro que el de asegurar la prestación del servicio y la protección de los derechos de los usuarios. […] [A]tendiendo el efecto útil de las normas […], la Sala reitera que no resulta posible interpretar que el numeral 31 del artículo 79 contiene una regla general en la cual sólo en el acto administrativo que resuelva el recurso de apelación es posible ordenar la devolución de los dineros que una empresa de servicios públicos ha retenido sin justa causa a un usuario, sino que en el marco de su actuación oficiosa y ejerciendo su función de control prevista en el artículo 79, numeral 1, de la Ley 142, la Superintendencia de Servicios Públicos está facultada legalmente para adoptar dichos correctivos."

La SSPD no pierde competencia para sancionar la omisión del reconocimiento de los efectos del silencio administrativo, por el hecho de que la empresa inicie un proceso ejecutivo en contra del usuario. "[E]l supuesto que respalda la tesis de falta de competencia en la manera indicada por la memorialista supone que dada la existencia de un proceso ejecutivo y la suscripción de un acuerdo de pago por parte del usuario que presentó la queja ante la SSPD, esta entidad no tiene atribución legal para definir lo relacionado con la ruptura de la solidaridad. Apoya su aserto en un concepto de la demandada, particularmente el 289 de 2005 […]. Ahora, el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, subrogado por el artículo 123 del Decreto Ley 2150 de 1995, […] debe aplicarse en consonancia con el artículo 153 ibidem, norma según la cual las peticiones y recursos que presenten los usuarios de las empresas de servicios públicos domiciliarios deberán ser tramitados de conformidad con las normas vigentes sobre el derecho de petición. Al respecto, esta Corporación se pronunció en sentencia de 5 de junio de 2014, en la que se señaló lo siguiente: "En armonía con dicha norma, se encuentra el artículo 6 del C.C.A. que dispone que cuando no es posible contestar o resolver la petición dentro del término señalado, es deber de la entidad informar tal situación al interesado, expresando los motivos de demora e indicando la fecha para su resolución. Como se observa, existe relación entre ambos cánones por cuanto prevé circunstancias justificantes para la autoridad cuando por causa de las mismas exceda el término establecido, de suerte que no se le puede atribuir violación o incumplimiento de dicho término". En este contexto, la SSPD tenía competencia para expedir los actos administrativos cuestionados en consideración a que la Empresa de Servicios Públicos no respondió de fondo la petición del [usuario] y por ende era aplicable el silencio positivo y las consecuencias que de ello se derivaban, estas son, las de entender el rompimiento de la solidaridad posteriores a las tres (3) primeras facturas en mora y ordenar la reactivación del servicio, en tanto que ese fue el alcance de los solicitado. […] [D]ado que las dos inconformidades se sustentan en conceptos expedidos por la SSPD, también por ello debe declararse su falta de prosperidad toda vez que […] carecen de fuerza vinculante, y por ende no resultaban obligatorios para esa entidad al momento de expedir los actos demandados […]."

Suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 227 de 16 de febrero de 2023 "Por el cual se reasumen algunas de las funciones Presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones". El Despacho reitera que la función de regulación del régimen tarifario de los servicios públicos fue asignada directa y expresamente al legislador en los artículos 150, 365, 367 y 48 transitorio de la Constitución Política y este, a su vez, asignó dicho componente de regulación a las comisiones de regulación, por lo que no se encuentra ajustado a dichas normas superiores el hecho consistente en que el Presidente de la República pretenda asumir competencias que, por virtud de los artículos 73 y 74 de la Ley 142 de 1993 y 20 y 23 de la Ley 143 de 1994, no son de su resorte, en tanto le fueron atribuidas por el legislador directamente a la CREG y a la CRA

Contratistas vinculados para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público no deben responder por las obligaciones a cargo de las empresas prestadoras en proceso de liquidación. "En el presente asunto, las obras y redes fueron transferidas a título de propiedad, y como pago se pactó la suscripción de acciones a favor de la demandante. En consecuencia, las obras y redes (que son indispensables para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica) serían entregadas a la nueva prestadora para cumplir con el objeto y, no podía, según el inciso segundo del artículo 61 de la Ley 142 de 1994, exigirse obligaciones de la ESP en liquidación al nuevo prestador del servicio. Por lo tanto, la obligación que recaía en cabeza de la empresa en liquidación era la de suscripción de las acciones en favor de la demandante, derecho o acreencia que únicamente podía reclamar en el proceso liquidatorio del que no se hizo parte […]. En el presente asunto, la parte demandante […] consideraba que, al no poder cumplir la parte demandada con sus obligaciones convencionales, debían ser cedidas a la nueva empresa de servicios públicos que prestaría el servicio de energía eléctrica […]. Para la Sala es claro que las obligaciones […] sólo podían ser objeto de reconocimiento y pago al interior del proceso liquidatorio […], sin que fuera viable su cesión. Con la cesión se desconocería el orden de prelación de créditos, dado que se estaría prefiriendo, sin fundamento constitucional o legal, el crédito cedido frente a los demás que deban ser satisfechos dentro de la liquidación. […] Para la Sala, la parte demandante no ejerció oportunamente en el trámite de liquidación de la parte demandada su derecho a reclamar la acreencia por concepto de acciones y con tal omisión aceptó las consecuencias, es decir, que su crédito se incorporara en el pasivo cierto no reclamado de la Electrificadora del Tolima S.A., en liquidación. Asimismo, para la parte demandante en ningún momento se pretendía elevar una reclamación para el pago de las acciones que le correspondían, sino que su único objetivo era solicitar que la entidad a quien fueran entregadas las obras, conociera el convenio celebrado. No obstante, en la demanda se observa que la parte demandante solicita que le sean pagadas, con acciones, dichas obras eléctricas, a través de una cesión del convenio celebrado con ELECTROLIMA, a la nueva empresa prestadora del servicio y estima razonablemente la cuantía con dicha suma de dinero."

Obras de adecuación de la cancha de futbol del sector de El Llano en el municipio de Marmato elevaron irrazonablemente el riesgo eléctrico al que se encontraba expuesta la población. "[L]a cancha de fútbol […] data de, aproximadamente, 1966, mientras que la infraestructura eléctrica fue construida en 1990. […] [P]ara el año de 1990, no existía dentro del ordenamiento jurídico nacional ninguna regulación del sector eléctrico que prohibiera la colocación de infraestructura eléctrica sobre campos deportivos abiertos. Esto llevó a que ISA desarrollara las instalaciones eléctricas en el sector teniendo como sustento parámetros de seguridad internacionales. […] De otro lado, se debe precisar que el derecho de servidumbre eléctrica fue constituido en 1989 y, en virtud de este, se le confirieron a ISA las prerrogativas de construir la torre […] y, especialmente, de instalar las líneas de conducción de energía eléctrica sobre el predio en el que se encuentra la cancha de fútbol. […] [S]egún las declaraciones de los testigos […], el referido espacio deportivo todavía se encontraba en una etapa incipiente de uso y consolidación como equipamiento colectivo o elemento estructurador del sistema de espacio público del municipio de Marmato. […] [E]l mismo EOT del municipio de Marmato estableció con toda claridad que los desarrollos planificados en materia de espacio público y equipamientos colectivos no pueden generar conflictos de uso con las actividades que ya se encontraban establecidas en el territorio. Para el caso concreto, esta disposición se entiende en el sentido de que cualquier proyecto de adecuación, dotación y-o mejora de la cancha de fútbol objeto de debate y del espacio público circundante, debía respetar el régimen de usos del suelo asociado con la infraestructura eléctrica instalada en el lugar desde 1990. […] Adicionalmente, el 7 de abril de 2004, el Ministerio de Minas y Energía expidió el primer Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE-, que establece los parámetros mínimos de seguridad que deben reunir las infraestructuras eléctricas para garantizar la protección de la vida y salud humanas, la vida animal y vegetal, y la preservación del medio ambiente. […] [A]unque la infraestructura eléctrica haya sido instalada con posterioridad a la existencia del escenario deportivo, ello no justificaba que la administración municipal […] ejecutara desarrollos constructivos en la cancha y sus alrededores sin contar con la viabilidad técnica y jurídica del caso."

Consideraciones acerca de la legalidad de algunas disposiciones que reglamentan el funcionamiento del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural. A juicio de la Sala, "[e]l Gobierno Nacional en ejercicio de su potestad reglamentaria, precisó y detalló en el Decreto [3531 de 2004] la definición de Usuarios de Menores Ingresos, acorde con el ordenamiento jurídico superior [C. Pol. arts. 368 y 376; L. 142 de 1994 arts. 3, 5, 11, 79 y 86]". Así las cosas, "la expresión "Usuarios de Menores Ingresos" del acto acusado no está creando una categoría nueva o diferente a la establecida en la Ley [401 de 1997]". Por otra parte, las definiciones contenidas en el artículo 14 (núm. 14.2 y 14.28) de la Ley 142 de 1994, "permiten colegir que el servicio público domiciliario de gas combustible está integrado por las actividades de producción, transporte, distribución y comercialización, hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo la conexión y medición", de manera que, "las conexiones forman parte de la infraestructura cuyo desarrollo es promovido y cofinanciado con los recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento, por lo que […] el acto acusado no quebrantó la norma legal al incluir las Conexiones de Usuarios de Menores Ingresos dentro de los proyectos de infraestructura cofinanciables con recursos del Fondo citado". La Sala también descartó la violación del artículo 334 de la Constitución, "en la medida que se ajusta al propósito de la intervención del Estado en la economía que es […] de manera especial, asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, obtengan el acceso efectivo a los servicios básicos que, en el presente asunto, corresponde al servicio público domiciliario de gas combustible". Finalmente, el Consejo de Estado resolvió declarar la nulidad de las expresiones "las entidades territoriales" y "entidad territorial" del Decreto 3531 de 2004, porque "desconoce[n] el alcance fijado por el legislador de manera precisa y concreta, cuando determinó que serían los municipios y el sector rural los destinatarios y beneficiarios de la promoción y cofinanciación de los proyectos de infraestructura para el uso del gas natural", debido a que el concepto de "entidades territoriales" comprende a los departamentos, distritos, territorios indígenas, y eventualmente, las regiones y provincias, los cuales "no están en el texto de la norma reglamentada, y por ello, no pueden ser destinatari[os] de los beneficios de la misma."

Empresas de servicio público deben adelantar acciones dirigidas a evitar la contaminación de fuentes hídricas en eventos de conexiones fraudulentas a las redes de alcantarillo de su propiedad. "[L]a empresa de Acueducto y Alcantarillado […] tiene conocimiento de que urbanizadores ilegales o sin los respectivos permisos, hacen uso de su infraestructura de alcantarillado afectando la quebrada […], razón por la que no resulta entendible por qué no ha adelantado las acciones necesarias para conjurar la situación, pues aun cuando no cuenta con poder policivo para retirar a quienes se encuentran en el sector, lo cierto es que puede acudir a las autoridades de policía para que procedan de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 16 de la Ley 142 […]. Además, el artículo 29 de la misma Ley, dispone que las autoridades Nacionales, Departamentales y Municipales, tanto civiles como de policía, inmediatamente se lo solicite la empresa de servicios públicos, le prestará su apoyo para hacer que se le restituyan los inmuebles que los particulares hayan ocupado contra la voluntad o sin conocimiento de la empresa; o para que cesen los actos que entorpezcan o amenacen perturbar, en cualquier tiempo, el ejercicio de sus derechos. […] En consecuencia, la Sala considera que las entidades públicas y los particulares en ejercicio de funciones públicas deben actuar de manera coordinada y mancomunada, lo que implica que la empresa prestadora del servicio público está en el deber de poner en conocimiento de las autoridades competentes aquellas circunstancias que afectan la normal prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, como es la conexión de urbanizadores sin el lleno de los requisitos legales a la red de acueducto y alcantarillado sin su autorización, y que está produciendo la afectación al recurso hídrico. […] [S]i bien es cierto uno de los factores que afectan los derechos colectivos […] son las conexiones fraudulentas […], también lo es que ello ocurre por la inactividad de la empresa de Acueducto y Alcantarillado, y las demás entidades demandadas […], motivo por el que […] resulta procedente que se le ordene [a la comunidad] concurrir con las entidades accionadas para que adopten las acciones que permitan hacer cesar la vulneración, a efectos de dar aplicación a los deberes de precaución, solidaridad y autoprotección."

Entes territoriales no pueden establecer requisitos adicionales para la conexión de los servicios públicos domiciliarios. "[E]l recibo de obra otorgado por el Municipio […] se trata de una declaración mediante la cual este último hace constar que una construcción cumple con lo aprobado en la licencia urbanística y con las normas de urbanismo para cada predio particular. Y como se pudo observar en el marco normativo analizado, ni la ley ni sus decretos reglamentarios establecen como requisito para la conexión a los servicios públicos domiciliarios por primera vez que un predio deba contar con la mentada acta de recibo de obra. En este contexto, en los términos del artículo 84 de la Constitución Política, las autoridades administrativas, […] no pueden agregar requisitos no previstos en la regulación previamente definida por el legislador y reglamentada y regulada por el ejecutivo nacional, motivo por el cual, el Decreto núm. 259 de 14 de agosto de 2002, expedido por el alcalde del Municipio de Envigado es inaplicable por contrariar las normas superiores […]. Para la Sala, la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 1997 asignaron a los municipios la función de otorgar las licencias de construcción (artículo 99), de controlar y vigilar la actividad constructiva y de imponer sanciones (artículo 104 de la Ley 388 de 1997), pero jamás se le otorgaron facultades para establecer el requisito que prevén los actos acusados. La Sala considera sin embargo que, revisadas las competencias que los artículos 315 de la Constitución Política y la Ley 388 de 1997 le atribuyen a los municipios, no incluye la de crear como requisito específico para la conexión a los servicios públicos domiciliarios, por primera vez, contar con el recibo de construcción otorgado por el municipio, o certificación de la legalidad urbanística de una edificación. […] [F]rente a lo alegado por el municipio de Envigado, las condiciones de seguridad predicables de las edificaciones o construcciones en el marco de la reglamentación de usos del suelo están definidas por lo que disponga la licencia urbanística correspondiente; y su control se ejercía de manera posterior a la realización de las obras […]; por lo cual, la creación de un requisito para la conexión a los servicios públicos domiciliarios por primera vez, como contar con el recibo de construcción […], no sólo escapa de las facultades y no corresponde a ninguna de las acciones urbanísticas que le competen, sino que se constituye en un requisito previo de control contrario al régimen de sanciones urbanísticas y al ordenamiento jurídico en esta materia."

No es nula la norma que reglamenta la prestación del servicio de alumbrado público, al encontrarse dentro del ámbito de regulación de las Leyes 142 y 143 de 1994. "[A]ún cuando el objeto de la controversia planteada ante la Sección Cuarta [resuelta en sentencia del 25 de septiembre de 2019, Exp. 22528] se contraía a determinar la validez del artículo 9 del Decreto 2424 de 2006 por falta de competencia al no existir fundamento legal para proceder a su reglamentación, el análisis de legalidad se efectuó sobre todo el contenido de dicho acto administrativo, […] y se hizo expresa manifestación a que su expedición obedeció a la necesidad de ejercer la atribución prevista en el numeral 11 del artículo 189 Superior respecto de los mandatos establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994, al entender el servicio de alumbrado público como una actividad complementaria, consubstancial y conexa al servicio domiciliario de energía eléctrica. En efecto, según se explica allí, la Ley 142 de 1994 no regula de manera exclusiva los servicios públicos domiciliarios, sino que también está referida a actividades complementarias y otros servicios (artículo 1). Siendo ello así, y a partir de lo establecido en el numeral 25 del artículo 14 ibídem, lo que concluyó la Sección Cuarta, acogiendo el criterio de la Corte Constitucional en la sentencia C-035 de 2003, es que el servicio de alumbrado público es conexo al de energía eléctrica y a las actividades del sector energético, como quiera que, además, comparten características propias de este último, como la generación, interconexión, trasmisión, distribución y comercialización previstas en la Ley 143 de 1994. A ello sumó las disposiciones sobre facturación previstas en el numeral 9 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 así como los artículos 130 y 147 de ese mismo Estatuto […]. También […] basó su decisión en la Resolución 043 de 1995 emitida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG en la cual se define el servicio de alumbrado público encontrando como punto de confluencia que su prestación se efectúa a través de una empresa de servicios públicos, lo cual reafirma la conclusión anterior. Todo lo dicho, conduce a que en esta oportunidad esta Sala declare el acaecimiento de la cosa juzgada relativa en lo atinente al análisis del artículo 9 del Decreto 2424 de 2006 […] [E]n relación con las disposiciones restantes, […] la Sala prohíja el razonamiento vertido en la sentencia del 15 de septiembre de 2019 […], y procede a negar la pretensión de nulidad […]"

El cobro del servicio de homologación de información de los medidores de energía constituye un abuso de posición dominante del mercado de comercialización y distribución. "[L]a parte demandada en los actos acusados determinó que el mercado de calibración de medidores es conexo tanto al mercado de distribución como al de comercialización y no solo a este último como lo interpretó el a quo […]. En los actos acusados también se hizo alusión al artículo 4.4.6. de la Resolución CREG núm. 070 de 1998, el cual dispone que el distribuidor debe verificar que el medidor cumpla con las normas técnicas exigibles. En efecto, la parte demanda[da] en la resolución de sanción precisó que la actividad de distribución de energía eléctrica está directamente relacionada con el mercado de calibración de medidores, por cuanto el artículo 7.5.2. de la Resolución núm. 070 de 1998, expedida por la CREG, dispone que el distribuidor (operador de red) tiene derecho a estar presente en la calibración o exigir el protocolo de pruebas correspondientes [y] dispuso que la calibración de medidores hace parte del servicio de conexión según lo previsto en la Resolución CREG. Núm. 225 de 15 de diciembre de 1997 [… L]a autoridad reguladora en el sector de energía eléctrica afirma que el mercado geográfico de la comercialización de energía eléctrica al usuario final puede aterrizarse a su área de influencia [Documento CREG 095 de 2005]. Por lo anterior, de forma correcta la parte demandada concluyó que dicho mercado era regional y que en el mismo la parte demandante tiene una posición dominio al atender casi la totalidad de la demanda. [… El] cobro de la homologación de medidores calibrados en laboratorios distintos al de la [demandante], sí constituye un abuso de posición dominante del mercado de comercialización y distribución, en tanto que este cobro no está previsto ni autorizado en normatividad alguna, lo que lo convierte en un cobro injustificado que buscaba que los proveedores de medidores eligieran únicamente al laboratorio de la [demandante] para efectuar las calibraciones, lo cual podría eliminar totalmente la competencia en el mercado a favor de la [demandante], que quedaría como único participante del mismo, debido a que ningún proveedor estaría dispuesto a pagar una calibración en un laboratorio distinto y luego tener que pagar una homologación ante la [demandante]."

Se ajusta a derecho la sanción impuesta por la SSPD, motivada en el desconocimiento de la regulación expedida por la CREG relacionada con las actividades de distribución y comercialización minorista del servicio público domiciliario de gas licuado de petróleo. "Para la Sala… sí existía una reglamentación sobre la forma en que debían transportarse los cilindros universales [periodo de transición] y que la parte demandante no podía desconocer [Resol. CREG 045 de 2008, art. 4 (lit. c)]; ahora bien, la Sala debe aclarar a la parte demandante que el cilindro que se le incautó no correspondía a aquellos que… hacían parte del parque universal… porque la sociedad [CO] E.S.P. denunció ante las autoridades competentes que la parte demandada transportó un cilindro que era de su propiedad; y… porque dentro del expediente existe una certificación expedida por el Gerente de la Secretaría e Interventoría para el Período de Transición de ACI Proyectos, en la que relaciona ese cilindro como de propiedad de la denunciante… [E]n consecuencia, incurrió en la prohibición de no "recibir ni tener bajo ninguna circunstancia, cilindros de propiedad de Distribuidores diferentes"; conducta reglamentada desde la expedición de la Resolución CREG 023 de 2008… [Si bien] primero se establecieron las sanciones y posteriormente se fijó la conducta sancionada…, esa circunstancia no desvirtúa la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados porque la Ley 142 de 1994 corresponde al marco general… donde fijó los montos máximos y mínimos de multa a imponer por desconocer la normativa sobre servicios públicos domiciliarios; mientras que las prohibiciones reglamentadas por la [CREG] que aplicó la [SSPD], se emitieron con ocasión de la facultad que en esa precisa materia le otorgó el legislador al Presidente de la República y este posteriormente le delegó en el Decreto 2253 de 1994… [A]tendiendo lo anterior, la parte demandada sí podía sancionar a la parte demandante con fundamento en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, sin importar que fuera con posterioridad que se reglamentara la distribución y comercialización minorista de gas licuado de petróleo"

Competencia de la CREG para regular la actividad de transporte de gas natural. Prevalencia de la ley especial frente a las disposiciones del Código de Comercio. "[E]l numeral enjuiciado 6.3.2. [Resol. CREG 071 de 1999]… no impone cargas técnicas que excedan las obligaciones de las empresas transportadoras, pues la garantía de calidad depende del hecho consistente en que el productor instala un medidor en el punto de entrada que permite conocer los estándares de calidad y, por eso, el trasportador, al recibir el gas en ese punto, garantiza los mismos parámetros luego de la conducción… De otro lado, el numeral enjuiciado 6.3.4. se refiere a la entrega de gas natural por fuera de las especificaciones establecidas… [A]mbas disposiciones… están dirigidas a corregir las fallas del mercado de transporte del servicio de gas, equilibrando las libertades económicas de los agentes, en atención a los fines sociales de dichos servicios [C. Pol., art. 334, 336, 365 a 370]… [E]l Despacho insiste en que las actividades distintas a la exploración, explotación y procesamiento de gas se rigen por lo preceptuado en la Ley 142 de 1994 y tienen el propósito de fomentar la prestación eficiente del servicio de gas combustible y la prevalencia del interés general [L. 401 de 1997, art. 11]. [L]a CREG reguló uno de los componentes técnicos y operativos del sistema de transportes que permiten mejorar la calidad del servicio, ampliar la cobertura y fomentar la prestación eficiente, continua e ininterrumpida, atendiendo a los fines señalados en el artículo 2 de la Ley 142, ello de conformidad con las competencias encomendadas [L. 142 de 1994, art. 68, 73 y 74; D. 2253 de 1994; L. 401 de 1997, art. 3 (par. 3)]… [L]a parte actora sostiene que el caso… no puede resolverse a la luz del principio de prevalencia de ley especial…, porque la comparación normativa versa sobre disposiciones que tienen distinto nivel jerárquico y, por eso, estima que las disposiciones acusadas quebrantaron los artículos 982, 1010, 1011, 1013 y 1030 del Código de Comercio… En relación con la naturaleza preferente de la Ley 142 de 1994, es oportuno citar el contenido de los artículos 1, 13 y 186… En este orden, resulta innegable que las disposiciones del régimen especial de servicios públicos prevalecerán frente a lo reglado por el Código de Comercio"

Los municipios o distritos no pueden desligarse de sus obligaciones relacionadas con la prestación del servicio de alumbrado público en vías del orden nacional o departamental que se encuentren dentro de su perímetro urbano o rural. "[L]os municipios siguen siendo los responsables de la prestación de los servicios públicos en las vías nacionales que pasen por su jurisdicción urbana y rural [art. 311 C. Pol.; L. 142 de 1994, art. 5; L. 715 de 2001, art. 76], por lo que es preciso aclarar que el hecho de que una vía sea de ese orden y que respecto de aquella se haya suscrito un contrato de concesión para su ampliación no es directamente proporcional a que la carretera objeto del mentado pacto no esté a cargo del municipio o distrito y que, por ende, no le sea atribuible la prestación del servicio público de alumbrado que consagra el parágrafo del artículo 2.2.3.1.2. del Decreto 1073 de 2015 […], pues, tal como ocurre en esta ocasión, los concesionarios únicamente son responsables de la construcción, mantenimiento y adecuación de las obras viales que se encuentren previstas en el objeto del negocio suscrito. [… S]i bien en el plenario no obra prueba que acredite que la ANI hubiere autorizado previamente la prestación del servicio público en la vía […], lo cierto es que […] la ausencia de ese requisito no desplaza las competencias para proveer el servicio de alumbrado público de los municipios a entidades del orden nacional, dado que no existe ninguna norma que determine una obligación en ese sentido a cargo de estas últimas entidades, por lo que es improcedente condenar a la ANI a la prestación de este[… L]a Sala […] prescindirá de[ tal] requisito[… pues] dicho trámite en lo que se traduce es en la perpetuación de la vulneración [de los derechos colectivos] y en la desatención de una necesidad de amparo de la comunidad que allí habita. [… Tampoco] es procedente pretender imponer a [EPM] órdenes en ese sentido, al no existir certeza si en el modelo financiero del contrato [interadministrativo] se incluyó el costo de la expansión en el sector, y si, al finalizar la vigencia de ese contrato, la misma continuará o no con la prestación de dicho servicio, por lo que el eventual cambio de operador haría inocua la protección aquí dispuesta, máxime si se tiene a consideración el corto periodo de vigencia por el que el citado negocio jurídico fue suscrito."

El examen de la vulneración del derecho colectivo al acceso a los servicios públicos domiciliarios, trasciende la consideración de la situación particular de los accionantes. Dado que el referido derecho adquiere una connotación colectiva cuando los prestadores no cumplen con sus responsabilidades en un sector global sin justificación legal, o son negligentes a la hora de garantizar la ampliación de la cobertura del servicio, o cuando la decisión de no ampliarla afecta gravemente otros intereses, derechos colectivos o bienes jurídicos protegidos constitucionalmente, y como quiera que en el proceso se demostró la realización de las obras que garantizaron la disponibilidad del servicio de gas natural domiciliario en unas veredas, para la Sala, "el juez de primera instancia se equivocó cuando afirmó que persistía la vulneración de los derechos colectivos porque no existía prueba sobre la efectiva prestación del servicio de gas en todos los inmuebles ubicados en el sector controvertido. Tal aspecto del litigio excede las competencias del juez popular porque en el caso concreto la transgresión de los derechos colectivos se debe a la falta de gestión de un permiso necesario para la construcción de la infraestructura de ampliación; más no al estudio de la situación subjetiva de los demandantes en cuanto al ejercicio de sus derechos personales. [D]ebido a la naturaleza jurídica de los derechos colectivos, puede haber personas que, sin hacer parte de una acción popular, se vean beneficiadas de una posible decisión judicial estimatoria…, [y] persona[s que] promueva[n] el medio de control… sin que necesariamente tenga[n] que verse beneficiada[s] de una prestación concreta que se derive de la sentencia correspondiente. Esta característica de la acción popular siempre habrá de ser tenida en cuenta por el operador judicial a la hora de valorar las pruebas. Así, en lugar de cotejar el número de contratos de servicio y facturas allegadas con el número de personas demandantes, el Tribunal debió revisar si las causas injustificadas que impidieron la ampliación de la cobertura fueron superadas. La satisfacción efectiva del derecho colectivo alegado no debe conducir al operador judicial a exigir una conexión de suministro del servicio por cada demandante, comoquiera que la transgresión cesó cuando la ESP subsanó su actuar negligente en cuanto al trámite del permiso de ocupación de carretera"

La fijación de criterios objetivos para determinar la existencia de desviaciones significativas en el consumo, corresponde a una función asignada por ley a las Comisiones de Regulación, organismos que no pueden atribuir dicha función a las empresas de servicios públicos. "[E]l determinar un aumento o disminución en el promedio de consumo implica una función de medición…; en consecuencia, establecer con criterios técnicos qué porcentaje de dicha variación puede entenderse como desviación significativa, es responsabilidad de la CREG, al tenor de lo que dispone el numeral 9.1. del artículo 9 de la Ley 142 de 1994; pues tal condición tiene incidencia directa en la posterior facturación…, y que no puede quedar al arbitrio de la parte que tiene a su cargo cumplir con eficiencia en la prestación de un servicio público… [E]l desarrollo de procedimientos técnicos, tales como revisión de redes o equipos de medición para descartar la existencia de fallas, recolección de información para establecer cambios en hábitos de utilización del servicio o número de usuarios, visitas para revisión interna y externa del lugar o pruebas técnicas de funcionamiento…, tendientes a determinar las causas materiales que dan origen a las variaciones en el consumo, podrían entenderse como actividades dirigidas a la investigación de un consumo irregular. No obstante, tal función [L. 142 de 1994, art. 149] no supone el establecimiento de un criterio que precise cuándo el consumo es significativamente fuera de lo normal, aspecto que llevaría… a concluir que la función anotada no comprende la de determinar el criterio técnico de cuándo existe una desviación significativa. En efecto, la facultad reconocida por orden legal a las empresas de servicios públicos supone un parámetro que debe ser establecido, y por supuesto, conocido previamente, en aras a que el adelantamiento de la indagación pueda concretarse en una conclusión clara sobre si existió o no la anormalidad que es objeto de la indagación correspondiente"

Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios carecen de competencia para declarar unilateralmente, mediante acto administrativo, la ocurrencia de un siniestro. Seguros Alfa S.A., presentó demanda en contra de EPM, con el objeto de que se declare la nulidad de los actos expedidos por el gerente general de esta última, mediante los cuales declaró la realización efectiva del riesgo por el incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales de unos trabajadores con quien había celebrado un contrato de mantenimiento y operación de equipos, e hizo efectiva la póliza de seguro, que la mencionada sociedad contrató. Una entidad estatal cuyos actos y contratos se encuentran sometidos al derecho privado debe realizar las mismas actuaciones que el resto de los sujetos y de manera particular, acudir a la regulación contenida en el C. de Comercio del derecho de los seguros, artículo 1077 que señala que le corresponde al asegurado. Para el caso concreto, EPM tenía la obligación de requerir al asegurador con el fin de demostrar la ocurrencia del siniestro y de su cuantía y no expidiendo un acto administrativo, pues dicha prerrogativa pública no fue reconocida por el legislador a las empresas públicas encargadas de la prestación de servicios públicos domiciliarios sometidas al régimen de derecho privado y, sumado a lo anterior, el artículo 68 del CCA no constituye el fundamento legal para reconocer dicha prerrogativa pública

Como razones de vulneración de esos derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, el accionante señaló que la providencia censurada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y procedimental, entre otros argumentos, por cuanto: la decisión desconoció que la empresa ISAGEN S.A. E.S.P. prestó el servicio público domiciliario de energía eléctrica sobre el cual debió liquidar el impuesto de industria y comercio para el año gravable 2011; no se aplicaron las normas generales para la liquidación del mencionado tributo; no se probó que la energía vendida a los usuarios no regulados fuera generada por la empresa; se dejaron de valorar unas pruebas documentales, y se falló en ausencia de las pruebas necesarias, algunas de las cuales debió decretar de oficio la Sección. Para la Sala, no se advierte que en este caso exista amenaza o violación del núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, toda vez que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitó ante el juez competente (Tribunal de Boyacá y Sección Cuarta del Consejo de Estado), se surtieron las etapas previstas en la ley para el trámite del proceso ordinario, los sujetos procesales que intervinieron ejercieron su derecho de defensa, se garantizó el derecho de contradicción, la doble instancia y la publicidad de las actuaciones adelantadas, asimismo, las providencias proferidas en el curso del proceso se fundamentaron en derecho

Se promueve acción de tutela donde el actor manifestó que por el Municipio de Güepsa pasa la línea principal de gas natural, que se encuentra a cargo de la empresa TGI S.A., la cual quiere ampliar la servidumbre en la que se ubica el tubo que conduce el gas, que afectaría a la ciudadanía en general y la propiedad de su familia y, por ende, su vida, por cuanto está cerca del casco urbano del Municipio y de su residencia. En relación con los hechos relacionados con la presunta vulneración de los derechos colectivos de los habitantes del Municipio de Güepsa, por la presencia y circulación de la línea principal de gas natural cerca al casco urbano, la Sala le pone de presente al actor que, pese a que la acción popular 2019-0177-00 fue rechazada por el Juzgado por no agotar el requisito de procedibilidad exigido en el artículo 144 del CPACA, puede acercarse nuevamente a la Jurisdicción para reclamar la protección de los derechos colectivos que estime vulnerados, pero esta vez con el lleno de los requisitos exigidos y en la Ley 472, pues este es el mecanismo de defensa judicial idóneo para ventilar dicho asunto

Se declara la nulidad de los artículos 5 del Acuerdo 045 de 15 de diciembre de 2004, expedido por el Concejo Municipal de Medellín; 8 y 9 del Decreto reglamentario 1147 de 27 de mayo de 2005, expedido por el Alcalde del municipio de Medellín. Son nulos, por vulneración de las normas en las que deberían fundarse y por falta de competencia, el acuerdo municipal y su decreto reglamentario por medio de los cuales se establece como requisito para la conexión a los servicios públicos domiciliarios, por primera vez, la presentación del recibo de obra o certificación sobre la legalidad urbanística de la edificación otorgado por el municipio. Se declara la ineptitud sustantiva de la demanda en relación con la pretensión de nulidad del Decreto 2454 de 17 de noviembre de 2005, expedido por el Alcalde del municipio de Medellín

Nulidad de la Resolución núm. 1509 de 5 de junio de 2009, "Por la cual se modifica la Resolución 0936 de 21 de abril de 2008 que incorporó la Resolución 14471 de 14 de mayo de 2002", expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Se promueve acción de tutela donde el actor manifestó que por el Municipio de Güepsa pasa la línea principal de gas natural, que se encuentra a cargo de la empresa TGI S.A., la cual quiere ampliar la servidumbre en la que se ubica el tubo que conduce el gas, que afectaría a la ciudadanía en general y la propiedad de su familia y, por ende, su vida, por cuanto está cerca del casco urbano del Municipio y de su residencia. En relación con los hechos relacionados con la presunta vulneración de los derechos colectivos de los habitantes del Municipio de Güepsa, por la presencia y circulación de la línea principal de gas natural cerca al casco urbano, la Sala le pone de presente al actor que, pese a que la acción popular 2019-0177-00 fue rechazada por el Juzgado por no agotar el requisito de procedibilidad exigido en el artículo 144 del CPACA, puede acercarse nuevamente a la Jurisdicción para reclamar la protección de los derechos colectivos que estime vulnerados, pero esta vez con el lleno de los requisitos exigidos y en la Ley 472, pues este es el mecanismo de defensa judicial idóneo para ventilar dicho asunto

Se ordenaron medidas de conservación y protección para el bien de interés cultural Centro Urbano Antonio Nariño, primera ciudadela de Colombia. El Centro Urbano se declaró bien de interés cultural de carácter nacional en el año 2001, por tal razón, está sometido a la Ley 397 de 1997 que establece una limitante en el sentido de condicionar su intervención a la autorización previa del Ministerio de Cultura. El conjunto cuenta con una subestación principal de energía eléctrica ubicada dentro de la copropiedad. Desde el año 2010, Codensa S.A. E.S.P. pretende adelantar obras en el terreno donde está ubicada la subestación eléctrica con la finalidad de modernizarla, bajo una licencia de construcción que obtuvo del Curador Urbano 1 de Bogotá, sin la autorización previa de los Ministerios de Cultura y Medio Ambiente, como lo ordena la ley. Además, pese a que la licencia de construcción autorizó la demolición parcial en el bien de interés cultural, adelantó la demolición total con la justificación de que era necesario para reforzar la estructura del bien. La Sala evidencia que se ha vulnerado el derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la Nación: i) por parte de Codensa S.A. E.S.P. al no cumplir el propósito de mejorar las condiciones técnicas para la prestación del servicio público de energía y por el contrario

Caducidad de la facultad sancionatoria. Realización en el mercado de una ventaja competitiva mediante la infracción de una norma jurídica, al ofrecer tarifas de energía eléctrica calculadas con base en el cargo por uso correspondiente a un nivel de tensión diferente al que se encuentran los puntos de entrega de los usuarios. "Es relevante aclarar que la providencia de la Sala Plena [S. 29-Sep-2009, Rad. 11001-0315000-2003-00442-01], versó sobre una sanción de carácter disciplinario que se rige por un término de caducidad especial y diferente, y no por el término previsto en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo; sin embargo, esta Sección ha determinado de manera sistemática y reiterada que las consideraciones expuestas en la mencionada sentencia son plenamente aplicables a aquellas controversias que se rigen por la norma general del artículo 38 ibidem… La actuación administrativa inició…, cuando la empresa […] presentó una queja ante la [SSPD], en la que manifestó que la parte demandante ofreció a sus usuarios potenciales y liquidó los consumos de energía a condominios, unidades residenciales y centros comerciales a tarifas de energía al nivel de tensión II cuando sus equipos de medida se encuentran en el nivel de tensión I…, circunstancia que, en criterio de la parte demandada, constituyó la comisión de la conducta descrita en el artículo 18 de la Ley 256 de 1996… [L]os hechos objeto de investigación y sanción ocurrieron el 7 de mayo de 1998…, motivo por el cual, la [SSPD] tenía hasta el 7 de mayo de 2001 como término oportuno para expedir el acto administrativo sancionatorio y realizar la correspondiente notificación. Atendiendo que el acto administrativo principal sancionatorio (Resolución núm. 006673 de 7 de septiembre de 1999) se notificó el 1 de octubre de 1999, la Sala concluye que no se configuró la caducidad de la facultad sancionatoria de la autoridad administrativa…, sin que las fechas en que se resolvieron los recursos de reposición y de apelación sean relevantes, por las consideraciones expuestas en esta providencia"

Los vacíos normativos en el procedimiento para determinar responsabilidad fiscal no pueden llenarse con conceptos ni normas del medio de control de repetición. Los vacíos que se presenten en el procedimiento verbal de responsabilidad fiscal - regulado en la Ley 1474 - deben ser llenados con la aplicación de la Ley 610 de 2000. En igual sentido, la Ley 610 de 2000 también prevé la remisión a otras fuentes normativas en el artículo 66. De manera que el artículo 66 de la Ley 610 de 2000 prevé que el CPACA - es la primera normatividad de remisión para llenar los vacíos de los procedimientos ordinario y verbal de responsabilidad fiscal - en este último procedimiento, en caso de que la Ley 610 de 2000 no plantee una solución al vacío que eventualmente se presente en la aplicación de la Ley 1474 de 2011, puesto de acuerdo con el artículo 105 de esta última ley, en los aspectos no previstos se aplicará la Ley 610 de 2000. Para la Sala, atendiendo el hecho consistente en que los procedimientos ordinario y verbal de responsabilidad fiscal, es claro que las normas del procedimiento administrativo general regulado en el CPACA serán, entonces, las que servirán para llenar los vacíos que presenten las normas especiales - La Ley 610 de 2000 y la Ley 1474 de 2011 -, en tanto son aquellas las que son compatibles con la naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal no resulta viable el traslado de conceptos ni de instituciones propias del medio de control de repetición a la responsabilidad fiscal, en tanto que la Ley 1474 de 2011 no estableció situaciones constitutivas de dolo y culpa grave en materia de prestación de servicios públicos

Servicios públicos, gas - sancionatorio - Empresa prestadora del servicio público de gas - Incumplimiento al deber de efectuar la visita quinquenal de revisión

Servicios públicos, gas - Solicitud de medida cautelar que se ordene a la CREG abstenerse de convocar un nuevo proceso de licitación para la selección del gestor del mercado mayorista de gas natural o prorrogar el contrato vigente

Servicios públicos de energía y gas - Recurso de reposición contra decisión que negó la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional respecto del acto por medio del cual se reguló el acceso a los sistemas de transporte por parte de usuarios conectados o que se puedan conectar a sistemas de distribución de gas natural - libertad económica e iniciativa privada

Se suspende el artículo 1 de la Resolución CREG 095 de 2007, por la cual se dictan disposiciones sobre concentración de la propiedad accionaria. Dicha norma establece que las empresas que se constituyan con posterioridad a la vigencia de esta Ley con el objeto de prestar el servicio público de electricidad y que hagan parte del sistema interconectado nacional no podrá tener más de una de las actividades relacionadas con el mismo, con excepción de la comercialización que puede realizarse en forma combinada con una de las actividades de generación y distribución. Son dos los supuestos que trae la referida disposición, a saber: 1) que se trate de empresas prestadoras del servicio público de electricidad constituidas con posterioridad a la vigencia de la Ley 143 de 1994; y, 2) que las mismas no podrán realizar más de una de las actividades relacionadas con el servicio, exceptuándose la actividad de comercialización. Lo anterior significa que el legislador estableció un límite a la libertad económica de las empresas que presten el servicio público de electricidad, que hagan parte del sistema interconectado nacional y que se hubiesen constituido con posterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley, esto es, que la restricción aplica solo para los nuevos operadores del servicio en comento. El artículo 1 de la Resolución 095 de 2007, señaló un límite a la libertad económica para las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica constituidas con anterioridad de la entrada en vigencia de la Ley 143 para absorber empresas cuyo objeto sea la transmisión, generación y distribución de energía. El Despacho considera que la disposición acusada establece una prohibición que el legislador no previó en relación con empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica constituidas con anterioridad de la entrada en vigencia de la Ley 143 de 1994, esto es, una hipótesis sustancialmente distinta de la consignada en el artículo 74 de la Ley 143 de 1994

Solicitud de medida cautelar de suspensión provisional, respecto del acto expedido por la CREG que definió el concepto de desviaciones significativas de aumentos o reducciones en los consumos del servicio público domiciliario de energía eléctrica - servicio público domiciliario - finalidad

Servicios públicos de energía y gas - Solicitud de medida cautelar de suspensión provisional respecto del acto por medio del cual se regulan las especificaciones de calidad del gas natural entregado por el transportador en el punto de salida - Medida cautelar de suspensión provisional - Requisitos de procedencia - Libertad económica e iniciativa privada - Servicio de gas combustible - Definición - Facultad de la CREG para intervenir el mercado a fin de reglamentar el acceso a los sistemas de transporte y servicios de transporte de gas natural

Servicios públicos, energía - Solicitud de medida cautelar de suspensión provisional respecto de acto por medio del cual se define la capacidad de respaldo para operaciones en el mercado mayorista de energía eléctrica - Ordenamiento jurídico de la comunidad andina - No hay obligación de solicitar al tribunal andino interpretación prejudicial para resolver una medida cautelar - interpretación prejudicial

Las actividades excluidas de la ley de servicios públicos domiciliarios son las de exploración, explotación y procesamiento de la materia prima del servicio público de gas - servicio público domiciliario Competencia de la CREG para determinar los factores de capacidad en galones para cilindros de GLP para la determinación del precio de venta al público

Competencia de la CREG para regular la manera en que opera la devolución de las sumas reconocidas por Capacidad de Pago de los generadores de energía cuando le son remuneradas sin que el servicio se haya prestado en las condiciones indicadas al consumidor final. La fórmula acogida por la CREG responde a la necesidad de corregir una falla en el mercado que puede dar al traste con el sistema de reconocimiento del cargo por capacidad que le es remunerado a los generadores de energía en el sistema, y que se orienta a garantizar condiciones de competencia equilibradas, lo cual no sucedería si se permitiera que una empresa generadora de energía obtuviera recursos por un servicio que no prestó en las condiciones que invocó. Resulta entonces intrascendente que la CREG haya denominado como "pago de lo no debido" la hipótesis a que se aludió, pues lo cierto es que es de su resorte, y está dentro de la potestad regulatoria, asegurar una adecuada prestación del servicio utilizando para ello las condiciones necesarias para preservar el equilibrio en el mercado mayorista de energía eléctrica, en escenarios en los que debe garantizar el aprovechamiento eficiente de los recursos energéticos

Servicios públicos, energía y gas - Regulación - Medida cautelar de suspensión provisional respecto del acto por medio del cual se reguló el acceso a los sistemas de transporte por parte de usuarios conectados o que se puedan conectar a sistemas de distribución de gas natural - Facultad de la CREG para intervenir el mercado a fin de reglamentar el acceso a los sistemas de transporte y servicios de transporte de gas natural

Precedente judicial aplicable a la Resolución CREG 060 de 2009, según el cual la CREG no tiene competencia para imponer como Ingresos Regulados por concepto de los servicios prestados por el CND, ASIC y el LAC, honorarios por defensa judicial. Los gastos de defensa judicial, por su naturaleza, no son asimilables a un costo operativo, ni a un costo de inversión, ni a un costo de proyectos. \ Respecto de los precedentes judiciales dictados por las Altas Cortes y la sujeción de las autoridades administrativas a la Constitución y la Ley y la obligación de las autoridades públicas de acatar el precedente judicial dictado por las Altas Cortes

Regulación del método de cálculo del cargo por capacidad en el mercado mayorista de electricidad. Se deniega la nulidad de las Resoluciones CREG 077 y 111 de 2000, a través de las cuales se modificaron algunas disposiciones contenidas en la Resolución CREG-116 de 1996. Para la Sala las resoluciones no contemplan un tratamiento diferente para las plantas generadoras térmicas y las hidroeléctricas, por el contrario, en ellas se prevé el pago del cargo por capacidad a los operadores que acrediten su capacidad de brindar firmeza al Sistema, con independencia del combustible que utilicen. Cosa diferente es que la aplicación de la fórmula prevista por la CREG resulte que son los termogeneradores los que ofrecen una mayor firmeza, dada la mayor vulnerabilidad de las hidroeléctricas a las temporadas de sequía. Pero, ello no deriva de una distinción que haga la resolución, sino de la naturaleza de las cosas: las temporadas de sequía no afectan la capacidad de generación de las plantas térmicas

Demanda de nulidad contra las resoluciones Resolución 046 del 24 de junio de 2002, por la cual la CREG dispuso que los estudios que las empresas distribuidoras de electricidad deben someter a su consideración para la aprobación de los nuevos cargos por uso de los sistemas de transmisión regional y distribución local, aplicables a partir del "primer año del siguiente período tarifario", y de la Resolución No. 082 del 17 de diciembre de 2002, en cuanto por ella la Comisión de Regulación de Energía y Gas dispuso que los operadores de red debían presentar la información requerida para el cálculo de los cargos de STR y SDL "a más tardar el 31 de diciembre del año 2002" (artículos 3o y 5o y parágrafo 1o del artículo 13). El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda. La Sala revocó parcialmente la sentencia apelada para declarar la nulidad de la expresión "31 de diciembre de 2007" contenida en el artículo 13 de la Resolución 082 de 2002

Demande de nulidad contra la Resolución núm. 134 de 2013. Niega. La CREG omitió enviar a la Superintendencia de Industria y Comercio el proyecto que, por tener incidencia en la libre competencia, requería su concepto previo a la expedición del respectivo acto (Argumento aducido en el concepto de violación)Se destaca pues, que las modificaciones introducidas a la Resolución CREG 156 DE 2012 con el acto demandado se encuentran enmarcadas dentro de las excepciones que contempló el legislador al deber de informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre un proyecto de regulación, comoquiera que las mismas precisaron las condiciones exigibles para la capacidad de respaldo en las operaciones del mercado de energía, motivo por el cual este cargo no prospera

Demanda de nulidad contra la Resolución Nº 005 de febrero 12 de 2003, "Por la cual se establecen los factores de capacidad en galones para cilindros de GLP para la determinación del precio de venta al público". Niega

Demanda de nulidad contra el artículo 13 de la Resolución 061 de 2007expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG. Niega. Visto el contenido de la solicitud de suspensión provisional formulada y una vez confrontadas las disposiciones demandadas con las normas que se invocan como fundamento de dicha petición, el Despacho llega a la conclusión de que no hay vulneración que amerite suspender de forma provisional los efectos del acto demandado. […]. Así pues, de la lectura de los actos acusados, se observa que la finalidad del articulado no es otra que la de enunciar los efectos del incumplimiento del cronograma de construcción o de repotenciación, o de la puesta en operación de la planta en cualquier etapa

La CREG es la competente para establecer fórmulas para la fijación de tarifas - Empresas de servicio público deben ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente la CREG / Transporte de gas natural - Remuneración - Cargos tarifarios - Criterios de eficiencia y suficiencia financiera

Demanda de nulidad contra la resolución 181686 de 2009. Niega. Encuentra la Sala que no le asiste razón al demandante en sus censuras, pues conforme lo indicó la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en el artículo 1º del acto acusado se ordenó tomar el período comprendido entre octubre de 2009 y marzo de 2010 exclusivamente para efectos de calcular el valor de la sustitución efectuada en ese período y no para reliquidar o refacturar un mayor precio del gas ya consumido y pagado por los usuarios

Consumo del servicio de acueducto debe ser tenido como único parámetro de medición del servicio de alcantarillado, razón por la cual el cobro de este servicio no puede realizarse a partir de la medición directa del volumen de vertimientos. "La sentencia de primera instancia declaró la nulidad de la Resolución acusada, por cuanto el a quo consideró que la orden de reliquidación de la factura impartida por la [SSPD]… avaló el medidor instalado por la sociedad [usuaria], teniendo en cuenta que conforme al acervo probatorio no se podía establecer si los instrumentos instalados por la sociedad usuaria contaban con la respectiva acreditación en materia de alcantarillado. Estimó…, además, que la decisión de la Superintendencia demandada violó el derecho, tanto de la empresa actora, como del usuario, a que el consumo sea medido empleando instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles. Sobre el particular, es del caso precisar que esta Sección, en recientes pronunciamientos que en esta oportunidad se recogen -en el primero modificando su posición anterior sobre el tema y en los posteriores reiterando el nuevo criterio-, ha señalado que para el cobro del servicio de alcantarillado se debe tener como parámetro de medición, el establecido, en cumplimiento del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, por la Comisión Reguladora de Agua Potable- CRA, a través de la Resolución núm. 151 de 2001, vale decir, el consumo del servicio de acueducto, y que no es viable aplicar un parámetro distinto a éste, en el cual el cobro del consumo de alcantarillado se realice a partir de la medición directa del volumen de vertimientos… De acuerdo con lo anterior, es claro que para el cobro del servicio de alcantarillado se debe tener como parámetro de medición el consumo del servicio de acueducto, y que no es viable aplicar un parámetro distinto a éste, en el cual el cobro del consumo de alcantarillado se realice a partir de la medición directa del volumen de vertimientos, dado que no existe una regulación específica expedida por la CRA para efectos de realizar por razones técnicas y económicas, la facturación del servicio de alcantarillado, conforme se dijo anteriormente… En el anterior contexto, la Sala confirmará la sentencia apelada, pero por las razones antes expuestas"

Consumo del servicio de acueducto debe ser tenido como único parámetro de medición del servicio de alcantarillado, razón por la cual el cobro de este servicio no puede realizarse a partir de la medición directa del volumen de vertimientos. "[E]l Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la entidad demandada…, [al considerar que, si bien] la EAAB no ejecutó sus obligaciones respecto de los medidores instalados por [la usuaria] para el aforo de sus vertimientos, de los antecedentes del trámite administrativo no se puede afirmar que aquellos estaban debidamente acreditados o si funcionaban correctamente, por lo que la [SSPD] no tenía competencia para avalarlos y tomar sus mediciones como parámetros para la corrección de la facturación. En criterio del a quo "la entidad de vigilancia debió exigir los informes de calibración anual del medidor, y la certificación que acreditara la idoneidad de los laboratorios que hicieron la correspondiente calibración (…); sin embargo, la entidad demandada optó por omitir este aspecto (…) sin siquiera verificar que las lecturas registradas por el medidor de INDEGA SA arrojaran en efecto el registro de la cantidad real del líquido vertido por el usuario de alcantarillado en el periodo de facturación, ni permitir a la Empresa de Acueducto realizar tal verificación previo a la reliquidación de las facturas ordenadas por la entidad demandada… Toda vez que los problemas jurídicos relacionados con la validez de la medición o el aforo realizado por INDEGA a través de los medidores instalados desde 2004 sin la autorización ni la revisión de la EAAB han sido abordados por esta Sala de Decisión en oportunidades anteriores, se procederá a reiterar integralmente la postura fijada por la Sección Primera en tales ocasiones. Al resolver los mismos cargos que ahora se examinan, la sentencia de 29 de abril de 2015 [Rad. 25000-2341-000-2013-00457-01] recoge de forma completa estos pronunciamientos. Por ende, se acogen los planteamientos expresados en ella… En este orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia apelada, pero por las razones expuestas en precedencia"

Demanda de nulidad contra los artículos 32 y 34 de la Resolución CREG núm. 108 de 3 de julio de 1997, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas.Niega

Demanda de nulidad contra la Resolución 094 de 21 de junio de 2001, "Por la cual se aclaran y modifican algunas disposiciones establecidas en la Resolución CREG-034 de 2001", en sus artículos 1°, 2° y 3°. Declárase oficiosamente probada la excepción de cosa juzgada respecto de las Resoluciones 034 de 13 de marzo de 2001, 038 de 29 de marzo de 2001 y 094 de 29 de junio de 2001, proferidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG, en relación con los cargos de violación de los artículos 58, 333 de la Carta Política; 74 numeral 1, 87 numerales 4 y 7 de la Ley 142 de 1994; 4°, 7°, 23 literal i), 42 y 44 inciso tercero de la Ley 143 de 1994, 36 del Código Contencioso Administrativo, "violación de la Ley 142 al modificar los procedimientos y sanciones en ella identificados", expedición en forma irregular y falsa motivación. En consecuencia, estése a lo resuelto por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la Sentencia de 23. Niégase la solicitud de nulidad de las resoluciones mencionadas en el ordinal anterior respecto de la violación del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, por las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia

Consejo de Estado desestima la pretensión de nulidad sustentada en la omisión del procedimiento de revocación directa de actos administrativos por parte de la CREG, al expedir resoluciones dirigidas a regular el funcionamiento del Mercado Mayorista. "Manifiesta [el actor] que los actos demandados [resoluciones 034, 038 y 094, expedidas por la CREG en 2001] modificaron relaciones particulares de los generadores de energía eléctrica que existían a la fecha de expedición de los mismos, sin haber mediado su consentimiento. Agrega que no puede pretenderse que la mentada norma no tenga aplicación alguna respecto de la regulación demandada, con el argumento de que son de carácter general, pues los afectados con la regulación son un grupo determinado de personas jurídicas conocidas por el regulador y que los actos en cuestión modifican derechos por ellos adquiridos. […] En relación con el cargo de violación del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, con el argumento de que los actos acusados "entraron a modificar relaciones particulares existentes a la fecha de expedición de los mismos" sin haber seguido el procedimiento que dicha norma contempla cuando se trata de actos que crean situaciones particulares y concretas, la Sala considera que adolece en absoluto de vocación de prosperar pues, de una parte, se trata de actos de contenido general que en parte alguna hacen referencia o de ellos pueda inferirse que impliquen la revocatoria de actos de carácter subjetivo y, de la otra, las demandantes no indican o singularizan los presuntos actos administrativos que hubieren creado o modificado una situación de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, y que implicara una revocatoria directa de los mismos por los actos enjuiciados. En consecuencia, el cargo no prospera."

Se resuelve el recurso de apelación contra la sentencia de 25 de abril de 2001, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Cuarta, Subsección A) negó las súplicas de la demanda en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por aquél contra CODENSA S.A. E.S.P. y la Nación - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Demanda de nulidad contra la resolución CREG- 034 de 2001 (13 de marzo) resoluciones modificatorias nos. 038 de 2001 (29 de marzo) y 094 de 2001 (21 de junio), resolución 099 de 2001 (21 de junio) - comisión de regulación de energía y gas -CREG- Niega

¿Es competente la CREG (Comisión reguladora de Energía y Gas) para imponer como Ingresos Regulados por costos operativos, por costos de inversión y por proyectos los honorarios por defensas judiciales y los honorarios por defensa judicial a que haya lugar por aplicación de la reglamentación vigente de la CND, el ASIC y el LAC? -No, atendida su naturaleza, los honorarios por defensas judiciales no son asimilables a un costo operativo, ni a un costo de inversión ni a un costo de proyectos. Se trata de sumas de dinero pagadas a profesionales del derecho por defensas judiciales. Es, fuerza, entonces, concluir que no está comprendido dentro del ámbito material de la competencia de regulación de la CREG, que se contrae a fijar los Ingresos Regulados por costos operativos, por costos de inversión y por proyectos. El establecer los honorarios por defensas judiciales como costas de estas actividades, puesto que las defensas judiciales causan honorarios, es obligado concluir que no se trata de un servicio que el Centro Nacional de Despacho -CND, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales del Mercado de Energía Mayorista -ASIC o que el Liquidador de los Intercambios Comerciales del Sistema Interconectado del sector eléctrico -LAC, presten a los agentes que participan en el Mercado de Energía Mayorista, a saber, los generadores, comercializadores y transportadores de electricidad, sino que es contratado por los primeros con profesionales del derecho. El análisis precedente pone de manifiesto que los artículos 73, 74.1, 167 y 171 de la Ley 142 de 1994, así como los literales c) y d) del artículo 23 de la Ley 143 de 1994 no atribuyen competencia expresa a la CREG para imponer como Ingresos Regulados por concepto de servicios prestados por el CND, el ASIC y el LAC los honorarios por defensa judicial a que haya lugar por aplicación por parte de esas dependencias de la reglamentación vigente, en ejecución del contrato de mandato, puesto que no guarda "relación directa e inescindible" con los servicios de despacho y coordinación

Se decide el recurso de apelación instaurado por la accionante, contra el auto de 3 de noviembre de 2011, por el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Primera, Subsección B), admitió la demanda y negó la suspensión provisional de los artículos 1° y 13 de la Resolución No 097 de 2008 (26 de septiembre) "por la cual se aprueban los principios generales y la metodología para el establecimiento de los cargos por uso de los sistemas de Transmisión Regional y Distribución Local"

Acuerdos de coexistencia marcaria

Declara la nulidad de la Resolución 245 de 22 de Abril de 2003, proferida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA. Falta de competencia de la CRA para reglamentar el procedimiento administrativo especial destinado a la solución de los conflictos de que tratan los numerales 73.8 y 73.9 del artículo 73 de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios

Demanda de nulidad contra la Resolución núm. 013 de 20 de marzo de 2002, "por medio de la cual se establece la metodología de cálculo y ajuste para la determinación de las tasas de retorno que se utilizarán en las fórmulas tarifarias de la actividad de distribución de energía eléctrica para el próximo período tarifario. Niega

Agotamiento de vía gubernativa - Presupuesto de la acción; casos en que se agota

Pertinencia de la prueba - Relación con el objeto materia del proceso

No se puede excusar la indebida prestación del servicio de TPBC alegando que la red objeto de debate es privada pues el mantenimiento de la red local de TPBC es competencia del operador del servicio público. Servicio público domiciliario de telecomunicaciones - Mantenimiento de redes. Cobro del cargo básico a los usuarios o suscriptores. Telefonía Básica Conmutada - Redes locales y externas

¿Cuál es la fórmula que se utiliza para calcular el precio del GLP al usuario final, con el fin de que los factores de conversión utilizados reflejen la composición del GLP que se distribuye en el país y se protejan los intereses de los usuarios? A las actividades tales como la distribución y comercialización del gas combustible, sí les son aplicables las disposiciones de la Ley 142 de 1994. En cuanto a que la actividad del transporte del petróleo crudo o de sus derivados no se regula por la Ley 142 de 1993. Gas licuado de petróleo - Fórmulas tarifarias de gas en cilindros. Comercialización. Distribución. Transporte. Comisión Reguladora de Energía y Gas -CREG- Competencia

Las pruebas deben ser conducentes, pertinentes y eficaces y el medio probatorio apto jurídicamente para demostrar los hechos alegados. Acto administrativo - Impugnación. Proceso contencioso administrativo - Prueba testimonial. Servicio público de energía eléctrica - Contrato de condiciones uniformes

La toma de posesión de una empresa de servicios públicos domiciliarios, que lleva mas de 4 años y que aún no ha superado las causales de no viabilidad empresarial y se ha agravado la situación financiera de dicha empresa, ¿vulnera derechos colectivos? Entidades territoriales - Aportes para el fondo de solidaridad y redistribución del ingreso. Empresas de servicios públicos domiciliarios - Subsidios. Fuentes de financiación. Derechos de los usuarios. Derecho de acceso a los servicios públicos. Derecho a la salubridad pública

La CREG, como organismo especializado de carácter técnico, goza de plenas potestades para precisar el concepto y los alcances de los términos propios de su materia, o sea el servicio de energía eléctrica, sin que ello implique la posibilidad de inmiscuirse en la función legislativa asignada al Congreso o en la potestad reglamentaria exclusiva del Presidente. Acción de nulidad contra la Resolución 120 de 2001 CREG, sobre la prestación del servicio de energía eléctrica en Barrios Subnormales conectados al Sistema Interconectado Nacional - SIN. Fallo: Legal. Servicio público domiciliario de energía eléctrica - Prestación por particulares. Financiación de obras con recursos del sector privado

¿El agrietamiento estructural por falta de mantenimiento de postes de conducción de energía eléctrica que genera riesgos a transeúntes, hace procedente la acción popular? Empresas prestadoras de servicio de energía eléctrica - Mantenimiento de postes de conducción de energía. Alumbrado público. Servicio público de energía eléctrica - Redes locales de transmisión. Entidades territoriales - Mantenimiento de redes de alumbrado público

¿La Comisión de Regulación de Energía y Gas no regula directamente las tarifas de las instalaciones internas de los usuarios del gas natural? Servicio público domiciliario de gas natural - Tarifa de instalaciones internas. Comisión de Regulación de Energía y Gas - Competencia en tarifas de instalaciones internas de gas. Empresas prestadoras del servicio de gas - Libertad tarifaria. Contrato de condiciones uniformes. Instalaciones internas a usuarios. Normas técnicas en instalaciones internas a usuarios. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Función de control y vigilancia. Actividad de distribución de gas natural

¿Al juez ordinario le compete dirimir los conflictos que surjan entre los actos y contratos relacionados con actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad y el servicio público domiciliario de energía eléctrica? ¿Los contratos celebrados por las entidades estatales prestadoras de servicios públicos domiciliarios no están sometidos al Estatuto de Contratación de la Administración Pública? ¿ISA ejerce de manera excepcional la función pública administrativa de realizar la liquidación del cargo por capacidad entre los agentes generadores de energía eléctrica? Entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios - Régimen contractual. Entidades prestadoras de servicio de energía eléctrica - Régimen contractual. Jurisdicción ordinaria - Competencia en materia de energía eléctrica. Transacciones de la bolsa de energía. Mercado mayorista de energía eléctrica

En cuando al servicio de energía eléctrica, habiéndose encontrado el medidor en perfecto estado de funcionamiento, la empresa debió reportar el consumo de acuerdo con las lecturas reportadas por el mismo y facturar el servicio con base en estrictas diferencias de lecturas. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Competencia. Servicio público domiciliario de energía eléctrica - Medición de consumo. Precio de contrato. Facturación. Abono a usuarios de kilovatios cancelados en consumos posteriores

¿Al ser insuficiente el alumbrado público en un sector, se vulneran los derechos colectivos de acceso a los servicios públicos, a que su prestación sea eficiente y oportuna, y de acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública? Derecho a un ambiente sano. Espacio público - Protección. Servicio de alumbrado público. Entidades territoriales - Pavimentación de vías públicas. Cerramiento de lotes usados como botaderos de basura

¿Es al municipio a quien le compete prestar el servicio de alumbrado público (ya sea directamente o a través de quien haya contratado para tal fin) y por ende debe garantizar que dicha prestación sea eficiente? ¿El suministro de la energía eléctrica para el servicio de alumbrado público es responsabilidad de la empresa distribuidora o comercializadora con quien el municipio acuerde el suministro, mediante convenios o contratos celebrados con tal finalidad? Servicio de alumbrado público - Mantenimiento. Operación. Contrato estatal de concesión para prestación de servicio de alumbrado público

¿Tratándose de espacios de libre circulación o de otros bienes a cargo de personas de derecho privado, le corresponde a éstas el alumbrado de las mismas? Alumbrado público. Bienes de propiedad privada - Alumbrado. Entidades territoriales - Cobertura en materia de alumbrado público

¿En el servicio de energía eléctrica los indicadores de calidad del servicio prestado se clasifican en: - Indicador de duración equivalente de las interrupciones del servicio (DES), que corresponde a la sumatoria del tiempo en horas de las interrupciones del servicio en un circuito durante los últimos doce meses. - Indicador de frecuencia equivalente de las interrupciones del servicio (FES), que corresponde a la sumatoria del número de veces que el servicio es interrumpido en un circuito durante los últimos doce meses? Servicio público de energía - Descuento de cargo fijo e indemnización por cada día de consumo. Indicadores de calidad. Falla del servicio. Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica. Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional

¿Una tormenta eléctrica no es fuerza mayor que justifiquen la suspensión de la prestación del servicio de energía eléctrica? Servicio público de energía - Interrupciones. Falla del servicio. Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica. Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional

¿En el evento en que las interrupciones del servicio energía eléctrica sobrepasen los límites permitidos por la ley, la empresa deberá aplicar las compensaciones de acuerdo con las reglas establecidas por la CREG? Servicio público de energía eléctrica - Racionamiento. Suspensión por mantenimiento técnico

Demanda de nulidad contra la Resolución GREG 10 de 2001, "por la cual se modifica la fórmula tarifaria para determinar el precio al usuario final del servicio público domiciliario de Gases Licuados del Petróleo, (GLP)" ¿Tenía competencia la CREG para modificar la fórmulas tarifaria para determinar los precios del G.L.P? ¿Observó la Creg los lineamientos fijados por la Ley 142 para adoptar tal medida? GAS COMBUSTIBLE - Aplicación de la Ley 142 de 1994. TARIFAS DE GAS COMBUSTIBLE - Vigencia de cinco años: excepción por errores en su cálculo. Modificación de vigencia de tarifas por error en factores de conversión. Negada

Demanda de nulidad contra los apartes de los artículos 1 y 2 de la Resolución 39 de 2001.Niega. Se observa, entonces, que son dos las acusaciones que le hace el actor a los preceptos en cuestión: Una, que prohíben la relación directa entre los usuarios no regulados, llamados también grandes consumidores de energía, y los generadores de la misma, y, la otra, que impiden que esas relaciones se den libremente. En lo atinente a la libertad de negociación, ciertamente consagrada en las normas invocadas como violadas, en especial en los artículos 4° y 26 de la Ley 143 de 1994, no aparece en los apartes o numerales demandados disposiciones que violen o impidan la libertad en las transacciones a que se refieren, pues se limitan a señalar en cada uno de los casos que contemplan, una opción, entre otras que en cada acápite se señala y que no impugna el actor, para la venta de energía por las plantas menores y los cogeneradores con energía excedente, y por lo mismo no significan imposición o limitación, sino una entre varias posibilidades de negociación de energía, la cual en cada situación se caracteriza por tratar de atender exclusivamente a usuarios no regulados, de donde el precio de la energía se pactaría libremente, toda vez que ésta es una característica contenida en la definición de tales usuarios

Demanda de nulidad contra el artículo 4 de la RESOLUCIÓN 48 DE 11 DE AGOSTO DE 2000. Niega. COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS. CREG - Facultad para determinar tamaño de cilindros de gas

Nulidad de la Resolución Núm.024 de 13 de mayo de 1998, por la cual se niega una solicitud de revocación directa, y de los parágrafos 2 y 3 del artículo 3º de la Resolución Núm. 083 de 30 de diciembre de 2002, "por la cual se establecen los Ingresos Regulados por concepto de los servicios prestados por el CND, el ASIC y el LAC para el año 2003", expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, "CREG"

Demanda de nulidad contra las resoluciones 042 de 1999 y 003 de 2 de marzo de 2000 expedidas por la CREG. NIEGA. En estas circunstancias resulta pertinente la excepción de cosa juzgada que propone la entidad demandada, atendiendo la sentencia de esta Sala de 7 de diciembre de 2000, expediente Núm. 6022, consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero, en orden a lo cual se observa que el argumento central y común de los cargos es la falta de competencia de la CREG para expedir la Resolución Núm 042 de 1999 y, por tanto, para establecer la franja de potencia y disponer que la misma Comisión deba calcular esa para cada año. Al respecto se encuentra que los cargos aquí planteados fueron los mismos en que se sustentó la demanda de nulidad que la misma actora presentó contra la aludida resolución, como que parecen copiados de ella, y cuya decisión se dio en la sentencia atrás referenciada, de modo que ya fueron examinados por esta Sala en esa oportunidad, de forma que fueron despachados de manera desfavorable, de donde se denegaron las pretensiones de la demanda

¿Se debe declarar la nulidad de las resoluciones 70 de 1998, 25 de 1999 y 89 de 1999 expedidas por la CREG como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional dado que dicha entidad invadió órbitas de competencia que no le corresponden, pues la regulación de los aspectos contenidos en los apartes demandados de la Resolución deben ser reglamentados por el legislador? NIEGA -Todos los aspectos demandados de la Resolución 070 de 1.994 constituyen actividades del sector energético, relativos a la prestación de un servicio público domiciliario, y obsérvese que la finalidad de la Comisión es precisamente regular dichas actividades, razón por la cual, contrario a lo expresado por los demandantes, la CREG tenía competencia para regular las materias a que se refieren los apartes demandados

Demanda de nulidad contra del artículo 6º de la Resolución Núm. 070 de 3 de diciembre de 1999, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. Niega

Demanda de nulidad contra la resolución 215 de 19 de noviembre de 1997, mediante la cual la CREG modifica el artículo primero de la Resolución 058 de 12 de diciembre de 1995, con relación a los precios de intervención de la energía. Niega. SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - El reglamento de operaciones comprende los niveles mínimos operativos y la intervención de precios de oferta, la CREG tiene competencia para expedir el reglamento de operaciones del sistema interconectado nacional y en él el del mercado mayorista

Demanda de nulidad contra la resolución 116 de 6 de noviembre de 1998, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG. Niega

Falsa motivación - Concepto y Clases, por error de hecho, por error de derecho

Certificado de aeronavegabilidad - Principio de legalidad - Irretroactividad de la ley - Carga de la prueba - Derecho de defensa