Salvo que haya cesión de los derechos contractuales, el remitente primario siempre le pagará al transportador la capacidad contratada con todos los costos que de esa transacción se deriven (i.e. impuestos y cuota de fomento). Con respecto al margen de comercialización ..., lo primero a señalar es que en la Resolución CREG 185 de 2020, las motivaciones que derivaron en la disposición de que en el mercado secundario el precio máximo de las capacidades firmes fuera el mismo del primario, se tomaron porque la actividad del transporte de gas natural tiene características de monopolio natural. Regulatoriamente, la conducta económica de algunos agentes de adquirir capacidad en el primario para su reventa en el secundario a un precio mayor, al ser un producto limitado (i.e. la capacidad de transporte es finita y la red no está enmallada), derivó en problemas de competencia en la atención de usuarios finales. En el mercado de los usuarios no regulados la gestión del comercializador, es decir, el valor que cobra por la gestión, sí se puede incorporar en el valor del costo de comercialización que el comercializador conviene con su cliente.

En línea con la respuesta anterior, la Comisión regula la actividad de autogeneración a pequeña escala mediante la Resolución CREG 174R_CREG_0174_2021#Inicio*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de 2021, y en este sentido define las condiciones de disponibilidad de red, de conexión, de medida, de liquidación de energía, el beneficio conocido como crédito de energía y todos los procedimientos que se deben surtir por parte de un usuario interesado en instalar un proyecto de autogeneración.

Los modelos de negocio que surjan alrededor de la administración de la venta de energía producida en esta actividad y los acuerdos bilaterales entre el usuario que autogenera y quien suministre los activos de generación, se rigen por la autonomía de la voluntad privada conforme a normas civiles y comerciales, y no se encuentran regulados por la CREG.

Ahora bien, entendiendo que el transporte de energía reactiva aumenta las pérdidas de energía en un sistema, pudiendo generar perturbaciones de voltaje no controladas y limitando la capacidad instalada en las redes para el transporte de energía activa, la Comisión ha considerado pertinente, mediante la Resolución CREG 015 de 2018, expedir una reglamentación efectiva para disminuir el transporte de energía reactiva, considerando que no es deseable la inyección no controlada de reactivos en la red y, por ende, sin considerar ningún tipo de "margen" asociado.

Es pertinente mencionar que la fecha de entrada en vigencia del aumento de la variable M, para el cobro de la energía reactiva de que trata el Capítulo 12 de la Resolución CREG 015 de 2018, ha sido modificada por las resoluciones CREG 199 de 2019 y 195 de 2020; en consideración al tiempo solicitado por algunos usuarios que requerían instalar las soluciones para evitar el fenómeno.

Con lo anterior, el incremento de dicha variable, previsto inicialmente para iniciar en el 2019, ha sido aplazado para iniciar durante el 2022, por lo que se considera que ha transcurrido el tiempo suficiente para que se hayan instalado las soluciones requeridas, acorde con la información que los prestadores del servicio han debido ofrecer a sus usuarios, conforme lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 16 de la Resolución CREG 015 de 2018, modificado mediante el artículo 1 de la Resolución CREG 199 de 2019.

El suministro de energía eléctrica a un domicilio mediante una solución individual se considera servicio público domiciliario de energía eléctrica, y en ese sentido el prestador del servicio se encuentra autorizado para trasladarle a los usuarios los costos en que incurra para realizar la operación y mantenimiento de los equipos y, así mismo, deberá cumplir con todas las obligaciones señaladas en la ley y la regulación para la atención de los usuarios, dentro de las que se incluye la suscripción de un contrato de condiciones uniformes con el usuario, de conformidad con lo señalado en la Ley 142 de 1994 y en la Resolución CREG 198 de 1997.

Mientras permanezca vigente la declaratoria de Emergencia Sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, podrá adoptar en forma transitoria esquemas especiales para diferir el pago de facturas emitidas, así como adoptar de manera transitoria todas aquellas medidas, disposiciones tarifarias y regímenes regulatorios especiales que considere necesarios, inclusive lo relacionado con el aporte voluntario de que trata el presente Decreto, con el fin de mitigar los efectos del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica sobre los usuarios y los agentes de la cadena de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible, y sus actividades complementarias

Con base en los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional para hacer frente a la pandemia por el Covid-19, especialmente el Decreto Legislativo 517 de 2020, en el cual se establece que la CREG podrá adoptar en forma transitoria esquemas especiales para diferir el pago de facturas emitidas, así como adoptar de manera transitoria todas aquellas medidas, disposiciones tarifarias y regímenes regulatorios especiales que considere necesarios, se expidieron las Resoluciones CREG 058 del 14 de abril de 2020, CREG 064 del 21 de abril de 2020 y CREG 108 del 05 de junio de 2020, que establecieron las siguientes medidas, mientras dure la emergencia sanitaria:

- Facturas objeto del pago diferido: Las correspondientes a abril, mayo y junio.

- Consumos sujetos del pago diferido: En el caso de los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2, será sujeto del pago diferido el valor asociado con el consumo del período facturado que supere el consumo básico o de subsistencia. Para los usuarios residenciales del estrato 3, será sujeto del pago diferido el valor asociado con el consumo menos el subsidio. Para los usuarios residenciales del estrato 4, será sujeto del pago diferido el valor del consumo total.

- Período de gracia: El primer pago puede ser cobrado en agosto de 2020.

- Plazo: Para usuarios residenciales de estratos 1 y 2, un período de pago de treinta y seis (36) meses. Para usuarios residenciales de estratos 3 y 4, un período de pago de veinticuatro (24) meses.

- Pago anticipado: En cualquier momento por solicitud del usuario.

- Tasa de financiación: Los comercializadores deberán aplicar a los usuarios residenciales de estratos 1 a 4 el menor valor entre: i) la tasa de los créditos que el comercializador adquiera para esta financiación; ii) la tasa preferencial más doscientos puntos básicos; y, iii) la tasa resultante de los mecanismos de compensación que disponga la Nación, directa o indirectamente, o a través de entidades bilaterales o multilaterales.

- Usuarios residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales: el comercializador deberá ofrecer opciones de financiación antes de realizar la suspensión del servicio, cuya aplicación se hará por mutuo acuerdo.

- Financiación automática: Procede cuando el usuario no paga la factura, es decir, no requiere informar al comercializador que se acoge al diferimiento.

- Opción tarifaria: Se establece la aplicación obligatoria de una opción tarifaria desde la expedición de la Resolución, para que los incrementos que se den en el costo unitario de prestación del servicio, CU, de mayo, junio y julio se apliquen sólo a partir del mes de agosto de este año.

- Zonas de difícil acceso: Se definieron reglas para garantizar la financiación a usuarios ubicados en zonas de difícil acceso y para garantizar, si el usuario lo decide, la recarga y su financiación, a los usuarios que usan la medición prepaga.

- Reporte de lectura por parte del usuario: Se definieron algunas disposiciones para determinar el consumo de energía eléctrica empleado para el cálculo de la tarifa, en los casos en los cuales el comercializador no puede acceder al medidor del usuario. En estos casos el comercializador puede también utilizar la información de lectura del medidor reportada por el usuario.

Ahora bien, en el caso de las Zonas No Interconectadas, mediante la Resolución CREG 118 del 12 de junio de 2020, se hicieron extensivas a los usuarios residenciales de las ZNI algunas de las medidas adoptadas para los usuarios en el SIN, particularmente lo relacionado con: pago diferido (usuarios estrato 1, 2, 3 y 4), tasa de financiación, período de gracia, periodo de pago, pago anticipado y determinación de la cantidad de energía eléctrica a que tiene derecho el suscriptor o usuario en el sistema de comercialización prepago. De otra parte, se establecen las siguientes medidas:

El artículo 2o de la Resolución CREG 108 de 2020, que modificó el artículo 4o de la Resolución CREG 058 de 2020, amplió el pago diferido a las facturas correspondientes a los períodos de facturación de abril, mayo y junio.

Con respecto al costo del servicio o costo unitario, CU, su valor corresponde a la suma del costo asociado con el desarrollo de las actividades de la cadena de prestación del servicio de energía eléctrica, principalmente: producción o generación, transporte, distribución y comercialización. Este valor se calcula con base en la fórmula tarifaria para este servicio público domiciliario para los usuarios regulados.

Es importante aclarar que actualmente se han presentado varias situaciones que han afectado el valor del CU, tal como se menciona en el documento soporte de la Resolución CREG 058 de 2020, la cual fue expedida recientemente dada la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19:

Cada una de estas actividades tiene características diferentes y por lo tanto la forma de establecer el costo que debe pagar un usuario por cada una de estas es diferente.

En la actualidad se están presentando de manera simultánea varias situaciones que afectan el valor del CU como son: el aumento en la tasa de cambio o precio de dólar, la reducción en el precio del petróleo, bajas lluvias que afectan la generación hidráulica y una reducción importante de la demanda agregada (reducción en el consumo industrial y comercial e incremento en el consumo residencial). A continuación, se presenta un resumen del comportamiento esperado de cada componente del CU por los cambios en las variables descritas anteriormente:

a) En el componente de generación el impacto en el CU se presenta de manera importante para los usuarios cuyos comercializadores tienen un alto nivel de exposición a bolsa, es decir que deben comprar en bolsa para cubrir la demanda de sus usuarios, al respecto se observó un aumento en los precios de bolsa de febrero respecto a enero y una reducción del valor actual respecto a los precios de marzo.

b) Por la variación de la tasa de cambio se estima una pequeña variación asociada con el componente de transporte de energía, particularmente en el reconocimiento de proyectos adjudicados mediante convocatorias públicas.

c) Por la reducción agregada de la demanda se estima un incremento en los cargos de las actividades de transporte y distribución de energía, así como en el componente con el cual se reconocen las pérdidas de energía en el sistema. En el caso de las restricciones se tienen dos efectos, el valor total ($) puede reducirse al requerirse menor generación, sin embargo, al calcular el cargo de restricciones ($/kWh) con una menor demanda tiene un efecto al alza.

El valor de la actividad de comercialización depende del comportamiento de los demás componentes, por lo cual, ante un incremento de las demás variables se espera lo mismo en este costo.

Se recuerda que la actividad de autogeneración es realizada por personas naturales o jurídicas que producen energía eléctrica principalmente para atender sus propias necesidades. Además, entre las posibilidades de venta de excedentes se encuentra que se puede vender la energía a un agente comercializador. En todo caso, le aclaramos que es el usuario autogenerador quien puede aplicar la Resolución CREG 030 de 2018 y no un tercero, es decir, el usuario que genera la energía y la consume es el que comercializa los excedentes con el comercializador.

El artículo 14, numeral 25, de la Ley 142 de 1994 define el servicio público domiciliario de energía eléctrica como el transporte de energía eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición. También expresa que se aplicará dicha ley a las actividades complementarias de generación, de comercialización, de transformación, interconexión y transmisión.

El valor de la factura del servicio de energía eléctrica que cada usuario paga es el resultado de multiplicar el consumo del período (medido en kilovatios hora, kWh) por el costo del kilovatio hora en el respectivo mes (CU). A este valor se le suma la contribución que deben pagar los usuarios de estratos altos o se le resta el subsidio a que tienen derecho los usuarios de menores ingresos.

El costo del kilovatio hora, denominado costo unitario de prestación del servicio, CU, es el valor que remunera al prestador del servicio para que el usuario pueda disfrutar de la energía eléctrica.

El CU se obtiene al sumar lo que cuesta generar la energía, que se representa con la letra G, más lo que cuesta transmitirla, que se representa con las letras T y D de Transmisión y Distribución, más lo que cuesta comercializar la energía, es decir el proceso de comprarla, medirla, facturarla y atender las peticiones, quejas y reclamos del usuario, que se representa con la letra C.

Adicionalmente se incluyen los costos de la energía que debió utilizarse para que el sistema de transmisión opere de manera segura o por las limitaciones de su red. Esto se presenta en la factura con la letra R.

Finalmente se incluye el costo de la energía que se pierde en los sistemas eficientes de producción y transporte.

El usuario solamente paga el valor de las perdidas eficientes, en caso de que las pérdidas reales sean superiores a las pérdidas reconocidas la empresa responde por la diferencia. Este costo aparece en la factura con la letra P.

CU= G+T+D+C+R+P

Los municipios o distritos son los responsables de la prestación del servicio de alumbrado público. El municipio o distrito lo podrá prestar directa o indirectamente, a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado público.

La forma como se determina el tributo de alumbrado público de su municipio, dentro de la autonomía territorial, principio de raigambre constitucional, le corresponderá al Concejo Municipal, el cual establecerá quiénes son sujetos pasivos del tributo, la base gravable, las tarifas, su destinación y demás asuntos relacionados con dicho impuesto.

La definición del sujeto pasivo, bien sea éste un usuario residencial urbano, rural, industrial, comercial, etc., corresponderá al municipio mediante la expedición de un acuerdo municipal.

Respecto a la calidad del producto, conocida en la regulación como calidad de la potencia, el numeral 6.2 de la Resolución CREG 070 de 1998, modificado por las resoluciones CREG 024 de 2005 y CREG 016 de 2007, define los estándares de calidad de la potencia suministrada y los plazos para corregir las deficiencias en la calidad de la potencia suministrada.

En relación con el tema de la falla en la prestación del servicio, dicha materia se encuentra prevista en el artículo 136 y siguientes de la Ley 142 de 1994, los cuales disponen que la prestación de un servicio de buena calidad es la obligación principal de la empresa en el contrato de servicios públicos y el incumplimiento de la empresa en la prestación continua del servicio se denomina para los efectos de esa misma ley falla en la prestación del servicio.

Así mismo, el artículo 137 de la Ley 142 de 1994 señala que la falla del servicio da derecho al suscriptor o usuario, desde el momento en el que se presente, a la resolución del contrato, o a su cumplimiento teniendo derecho en este último caso a las reparaciones definidas previstas en ese mismo artículo.

La revisión periódica se puede realizar en periodos más cortos a los cinco (5) años siempre que se efectúe alguna modificación a las instalaciones existentes, es obligación del usuario informar tal circunstancia a la empresa distribuidora y hacer revisar la instalación modificada con el fin de obtener la certificación de conformidad de la instalación modificada.

Si con la modificación y posterior revisión se obtiene la certificación de conformidad en un plazo inferior a los cinco años, se tiene en cuenta esta fecha como la última para realizar la próxima revisión.

(...) conforme con lo dispuesto en la Resolución CREG 225 de 1997, el suministro de materiales de la acometida y la ejecución de la obra de conexión son responsabilidad del usuario y pueden ser contratadas por éste con un tercero diferente al prestador del servicio.

(...) conforme a la ley y la regulación, en el caso de que el medidor sea de propiedad del usuario, la empresa debe justificar su retiro para ser sometido a calibración. Solo cuando los resultados de estas pruebas confirmen que el medidor no permite establecer adecuadamente los consumos, corresponderá al usuario o la empresa, según se haya definido en el contrato de condiciones uniformes, proceder a su cambio.

El modalidad residencial es aquella que se presta directamente a los hogares o núcleos familiares, incluyendo las áreas comunes de los conjuntos habitacionales. El servicio no residencial es el que se presta para otros fines.

Podrán considerarse como residenciales los pequeños establecimientos comerciales o industriales conexos a los apartamentos o casas de habitación, cuya carga instalada sea igual o inferior a tres (3) kilovatios, si el inmueble esté destinado, en más de un 50% de su extensión, a fines residenciales.

Conforme al régimen de los servicios públicos domiciliarios no existe gratuidad ni exoneración en el pago de tales servicios. De conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 130 de la Ley 142 de 1994, si el usuario o suscriptor incumple su obligación de pagar oportunamente los servicios facturados dentro del término previsto en el contrato, el cual no excederá de dos períodos consecutivos de facturación, la empresa de servicios públicos estará en la obligación de suspender el servicio.

La autogeneración, es decir sin conexión a la red no se encuentra regulada actualmente ni necesita regulación. Los requisitos como por ejemplo de compra, instalación o conexión de paneles solares para propio consumo no son de competencia de esta Comisión. En todo caso entendemos que para la instalación de este tipo de generación se deben cumplir los requisitos que establezca el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, que es expedido por el Ministerio de Minas y Energía.

En primer término, desde el punto de vista regulatorio, el contrato de transporte de contingencia, CTC, es un contrato complementario a un contrato de suministro de contingencia, por lo que no le resultaría posible a Ecopetrol S.A. la negociación de esa modalidad contractual en el mercado primario. La Comisión considera que las reglas para la comercialización de capacidad de transporte están claramente definidas en la Resolución CREG 185 de 2020, y no se contempla la aplicación de una regla diferencial a los productores - comercializadores en el marco de lo descrito en los artículos 8 y 11 del Decreto 2100 de 2011. Finalmente, es importante mencionar que, con las disposiciones vigentes en la Resolución CREG 185 de 2020, Ecopetrol S.A. podría acceder a corto plazo a mayor capacidad de transporte en un tramo regulado del Sistema Nacional de Transporte a través de la figura de los contratos diarios, siempre y cuando cuente con capacidad contratada con el transportador en ese tramo.

El prestador del servicio sólo puede proceder a la suspensión del servicio al vencimiento del Plazo Máximo de Revisión Periódica que, conforme a la definición establecida en el Artículo 2 de la Resolución CREG 059 de 2012, "corresponde al último día hábil del mes en que se cumplen los cinco años de haberse efectuado la última revisión de la instalación interna de gas o la conexión del servicio." El procedimiento de notificación al Usuario, tiene como propósito que el prestador del servicio ponga de presente al Usuario, con suficiente antelación (5 meses), la fecha en que vence el término legalmente previsto para que cumpla con su obligación de efectuar la Revisión de su Instalación Interna de Gas Combustible y obtener el correspondiente certificado de conformidad de la misma y que, además, le recuerde en las facturas de los meses siguientes y anteriores al vencimiento del Plazo Máximo de Revisión Periódica dicho vencimiento, incluyendo un campo adicional en la misma, en el que éste se indique.

En relación con su consulta, conforme al Artículo 16 y el Anexo 4 de la Resolución CREG 114 de 2017, compilada junto con sus modificatorias y sustituida por la Resolución CREG 186 de 2020, las ecuaciones mediante las cuales se actualizan los contratos de tres (3) o más años, toman como referencia los precios de los contratos firmes de duración de un año. Dicha resolución define los contratos firmes o que garantizan firmeza así:

"Contrato firme o que garantiza firmeza, CF: contrato escrito en el que un agente garantiza el servicio de suministro de una cantidad máxima de gas natural y-o de capacidad máxima de transporte, sin interrupciones, durante un período determinado, excepto en los días establecidos para mantenimiento y labores programadas. Esta modalidad de contrato requiere de respaldo físico."

"Contrato de suministro con firmeza condicionada, CFC: contrato escrito en el que un agente garantiza el suministro de una cantidad máxima de gas natural durante un período determinado, sin interrupciones, excepto cuando se presente la condición de probable escasez y excepto en hasta cinco (5) días calendario definidos a discreción del vendedor

Contrato de opción de compra de gas, OCG: contrato escrito en el que un agente garantiza el suministro de una cantidad máxima de gas natural durante un período determinado, sin interrupciones, cuando se presente la condición de probable escasez y en hasta cinco (5) días calendario adicionales definidos a discreción del comprador. El comprador pagará una prima por el derecho a tomar hasta la cantidad máxima de gas, y un precio de suministro al momento de la entrega del gas nominado. Las cantidades nominadas deberán ser aceptadas por el vendedor al ejercicio de la opción. La prima se pagará mensualmente."

Dada la complementariedad de estos dos contratos, el cálculo de los factores debe considerar tan solo una de las dos modalidades. En consecuencia, toda vez que los contratos de Opción de Compra no tienen garantía de ejecución, a diferencia de los Contratos de Firmeza Condicionada, no se deben considerar para el cálculo de los factores de actualización de los contratos de tres (3) o más años los precios de los contratos de opción de compra.

Actualmente en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la resolución CREG 186 de 2020, un productor-comercializador puede vender parte de su producción de gas natural en el mercado primario a un usuario no regulado sin la necesidad de intermediación de un comercializador, ni de constituirse como un agente comercializador. No obstante, éste debe dar previo cumplimiento a las disposiciones que con ese objetivo se han incluido en la Resolución CREG 123 de 2013. Finalmente, el productor-comercializador no puede vender gas natural directamente a usuarios regulados.

Mediante la resolución CREG 108 de 1997, se establecieron los criterios generales sobre protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por red física, en lo concerniente con los asuntos relativos a la relación entre la empresa y el usuario.

Respecto al procedimiento a seguir para acceder al servicio de gas domiciliario, le informamos que los artículos 16,21 y 22 de la Resolución CREG 108 de 1997, señalan que cualquier persona que habite o utilice de modo permanente un inmueble, tiene derecho a suscribir un contrato para recibir el servicio de gas por redes. La empresa sólo podrá solicitar a la persona interesada los requisitos necesarios para identificarla a ella y al inmueble, y las condiciones especiales del suministro en caso de existir alguna.

Realizada la solicitud para la conexión del servicio de gas, debe tener presente que el contrato de condiciones de uniformes se entiende celebrado desde el momento en que la empresa distribuidora comunica al solicitante su disposición a prestarle el servicio, definiendo las condiciones uniformes para el derecho a conexión, lo anterior una vez se haya resuelto de forma favorable la solicitud de conexión presentada por el usuario, que para su presentación sólo podrá exigir los requisitos estrictamente necesarios para identificar al suscriptor potencial.

Con relación a la negativa del servicio, el artículo 17 de la citada Resolución dispuso que la empresa sólo podrá negar la solicitud de conexión del servicio por razones técnicas susceptibles de ser probadas y que están expresamente previstas en el contrato; o cuando la zona haya sido declarada como de alto riesgo, según decisión de la autoridad competente y cuando el suscriptor potencial no cumpla las condiciones establecidas por la autoridad competente.

(...) el distribuidor del servicio público domiciliario de gas debía efectuar una revisión a las instalaciones internas, con una periodicidad no superior a cinco años, cuyos costos eficientes podían ser cobrados al usuario.

Lo anterior se reguló considerando el aspecto de seguridad dado que una instalación interna de gas defectuosa representa un riesgo que eventualmente puede generar un accidente que afecta no sólo al usuario donde está localizada la instalación sino al servicio de suministro de gas en general. Fue así como, mediante la Resolución CREG 059 de 2012 y la Resolución CREG 014 de 2014, la Comisión modificó el Código de Distribución de Gas Natural en lo que tiene que ver con la actividad de revisiones periódicas.

(...) de conformidad con el artículo 140 de la Ley 142 de 1994 las empresas de servicios públicos pueden suspender el servicio por incumplimiento del contrato de servicios públicos o por falta de pago por el término que la empresa señale en el contrato, sin exceder en todo caso de dos (2) periodos de facturación cuando ésta sea bimestral y de tres (3) periodos cuando la facturación sea mensual. En este caso se trata de una suspensión temporal o transitoria del suministro del servicio, hasta tanto el usuario cumpla con la obligación de pago de las facturas.

Así las cosas, si la suspensión o corte del servicio se ocasionó por una conducta imputable al suscriptor o usuario, como puede ser la mora en el pago de sus obligaciones, éste debe eliminar su causa pagando todos los gastos debidos, así como los relacionados con la reinstalación o reconexión en los que la empresa incurra de acuerdo con lo establecido en el contrato de condiciones uniformes.

En todo caso si la materialización del pago de la factura se realizó antes del corte o suspensión del servicio por parte de los representantes de la empresa, este corte o suspensión carece de fundamento, toda vez que al momento de materializarlo ya no existía el derecho de realizar dicho corte o suspensión.

(...) en virtud del artículo 37 de la Resolución CREG 108 de 1997 le corresponde a la empresa prestadora del servicio público domiciliario definir los porcentajes de las desviaciones significativas de acuerdo con los consumos de sus usuarios en el contrato de condiciones uniformes. Por ende, para conocer de manera precisa los porcentajes que fueron fijados le sugerimos solicitar a la empresa que le presta el servicio una copia del contrato de condiciones uniformes.

La Ley determina que el contrato existe desde que la empresa define las condiciones uniformes en las que está dispuesta a prestar el servicio y el propietario, o quien utiliza un inmueble determinado, solicita recibir allí el servicio, si el solicitante y el inmueble se encuentran en las condiciones previstas por la empresa.

Dentro de las condiciones uniformes se deben estipular los eventos en los cuales se suspende el servicio por incumplimiento al contrato por parte del suscriptor o usuario y agrega en todo caso el fraude a las conexiones acometidas, medidores o líneas (artículo 140, de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 19 de la Ley 689 de 2001).

La Resolución CREG 057 de 1996, establece el marco regulatorio para el servicio público de gas combustible por red y para sus actividades complementarias, en su artículo 107.2.2.2., establece lo relacionado con los subsidios y contribuciones en las conexiones, en donde manifiesta lo siguiente:

"(...) Los usuarios residenciales de estratos 1,2, y 3, podrán recibir subsidios sobre el valor de sus cargos por conexión, incluyendo el costo del medidor. Estos subsidios podrán ser dados por la nación o por las entidades territoriales. (…)"

(...)se entiende que los costos de conexión domiciliaria incluyendo el medidor de los estratos 1, 2 y 3 podrán (es decir, no constituye una obligación) ser cubiertos por las entidades territoriales, siendo estas departamentos, municipios o distritos.

(... ) b. El numeral 4.13 indica que "(l)os elementos necesarios para la acometida, según lo definido en el artículo 14.17 de la Ley 142 de 1994(1), deberán ser suministrados por el distribuidor e instalados por él mismo. Los elementos y su instalación, por personal habilitado de la empresa (Resolución 039 del 23 de octubre de 1995), estarán a cargo del usuario. Estos equipos, incluyendo el medidor, serán de propiedad del usuario. El usuario deberá pagar el costo de todo el equipo de conexión requerido para su servicio y el costo de su instalación".

c. El numeral 4.15 establece que "(e)l usuario consultará al distribuidor respecto al punto exacto en el cual la tubería del servicio ingresará al predio, antes de instalar la tubería interior de gas o de comenzar cualquier trabajo que dependa de la ubicación de la tubería del servicio o de las restricciones físicas en la calle y otras consideraciones prácticas" (subrayado fuera de texto).

d. El numeral 4.16 indica que "(l)a modificación en la ubicación de la tubería de servicio existentes y/o instalaciones de medición solicitada por el usuario debe ser sometida a consideración de la empresa distribuidora. En caso de ser aprobada se realizará con cargo al usuario. En caso de no ser aprobada, la empresa deberá notificar al usuario exponiendo las razones del caso" (subrayado fuera de texto). (...)

El Código de distribución de gas combustible por redes -Resolución CREG 067 de 1995- establece en su numeral 5.17, modificado por la Resolución CREG 059 de 2012, las causas atribuibles al usuario para la suspensión o terminación del servicio de distribución de gas:

"5.17 El distribuidor o el comercializador tendrán derecho a suspender o descontinuar el servicio por cualquiera de las siguientes razones, previa notificación escrita al usuario:

(i) Falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de tres períodos de facturación; (…)

(...) 3- Según lo establecido en el numeral (i) del numeral 5.17 del Código de distribución de gas combustible por redes, la falta de pago por parte del usuario, por el término fijado por la empresa distribuidora, es una causal para la suspensión del servicio de gas. Este término no debe exceder tres periodos de facturación.

(...) el incremento tarifario para el consumo de subsistencia (los primeros 20 m3) de los usuarios de estratos 1 y 2 está determinado por el Índice de Precios al Consumidor. Para los demás consumos y usuarios aplican las actualizaciones que establece la fórmula tarifaria.

(...) De acuerdo con lo anterior, un usuario puede solicitar la suspensión a la empresa prestadora y esta debe acceder a esta petición, si convienen en ello la empresa y los terceros que puedan resultar afectados. De la misma manera podrán las partes terminar el contrato.

Ahora bien, en la Resolución CREG 108 de 1997 se determina que una vez se procede a la suspensión del servicio de común acuerdo, la empresa no podrá facturar los cargos tarifarios aprobados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, exceptuando cuando existan deudas pendientes por consumos anteriores, por financiación de cargos por conexión, o cuando se compruebe que existe consumo en la instalación.

(...) De otra parte, respecto del Artículo 96 de la Ley 142 de 1994, al que usted también se refiere, este dispone lo relacionado a OTROS COSTOS TARIFARIOS, en los siguientes términos:

"Artículo 96. Otros cobros tarifarios. Quienes presten servicios públicos domiciliarios podrán cobrar un cargo por concepto de reconexión y reinstalación, para la recuperación de los costos en que incurran.

En caso de mora de los usuarios en el pago de los servicios, podrán aplicarse intereses de mora sobre los saldos insolutos.

Las comisiones de regulación podrán modificar las fórmulas tarifarias para estimular a las empresas de servicios públicos domiciliarios de energía y acueducto a hacer inversiones tendientes a facilitar a los usuarios la mejora en la eficiencia en el uso de la energía o el agua, si tales inversiones tienen una tasa de retorno económica suficiente para justificar la asignación de los recursos en condiciones de mercado."

(...) El artículo 108 de la Resolución CREG de 1996 establece:

"... b.- Cargo de conexión. Este cargo cubre los costos involucrados en la acometida y el medidor, y podrá incluir, de autorizarlo la CREG, una proporción de los costos que recuperen parte de la inversión nueva en las redes de distribución. No incluye los costos de la red interna, definida en el artículo 14.16 de la Ley 142 de 1994. El cargo por conexión será cobrado por una sola vez y será financiado obligatoriamente a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en plazos no inferiores a 3 años y se podrá otorgar financiación a los demás usuarios.

La red interna no será negocio exclusivo del distribuidor y por lo tanto, cualquier persona calificada e idónea podrá prestar el servicio. En todo caso, el distribuidor deberá rechazar la instalación si no cumple con las normas de seguridad del Ministerio de Minas y Energía, y las del Código de Distribución. El costo de la prueba estará incluido en el cargo por acometida".

Del mismo lado, el artículo 108,2 de la misma Resolución estipula que las empresas distribuidoras deberán asegurar que el cargo promedio por acometida no sea superior a $ 100.000.00 y el cargo por el medidor no superior a $ 40.000.oo, ambos a precios de 1996, actualizados anualmente con la variación del índice de precios al consumidor del año anterior calculado por el DANE.

(...) La regulación contempla la posibilidad de que un suscriptor o usuario pague en forma anticipada a la empresa sus consumos de energía eléctrica y/o gas combustible, ya sea porque el usuario desea pagar por el servicio en esa forma o porque se acoge voluntariamente a la instalación de medidores de prepago, condición que debe contener el contrato de condiciones uniformes celebrado entre la empresa y el usuario. La regulación parte de la existencia de medidores de prepago, que las empresas pueden ofrecer a los usuarios.

Sin embargo no señala la obligación por parte de la empresa de ofrecer el servicio público bajo esta modalidad de pago sólo cuando el usuario compre e instale un medidor con características y condiciones especiales de prepago. Técnicamente el medidor utilizado en la actualidad puede adecuarse a un dispositivo que entregue una cantidad predeterminada de energía eléctrica o gas combustible.

(...) Sobre las posibilidades de defensa de los usuarios en sede la empresa, la Resolución CREG 108 de 1997, en desarrollo de lo ordenado por la Ley 142 de 1994, establece las peticiones, quejas y los recursos, los cuales se ejercen ante la empresa en la oficina de peticiones y recursos. Dicha oficina está encargada de recibir, atender, tramitar y responder las peticiones, quejas y recursos de reposición que presenten los usuarios.

En relación con los recursos, es necesario aclarar que existen dos tipos de los mismos. El recurso de reposición, con el cual se obliga a la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato, que se presenta ante la empresa y lo resuelve ella misma. Y el recurso de apelación que únicamente puede interponerse como subsidiario al de reposición ante el gerente o representante legal de la empresa prestadora del servicio, quien deberá remitir el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para su decisión.

Mediante Resolución 40245 del 7 de marzo de 2016, el Ministerio de Minas y Energía expidió el "Reglamento técnico para cilindros y tanques estacionarios utilizados en la prestación del servicio público domiciliario de gas licuado de petróleo, GLP, y sus procesos de mantenimiento". Dicho reglamento tiene por objeto que las condiciones de operación de los mencionados cilindros y tanques estacionarios "garanticen la calidad y la seguridad de los usuarios y de la comunidad en general" y, específicamente respecto al mantenimiento de los cilindros metálicos, el artículo 7 del precitado reglamento prevé cómo debe realizarse el proceso de revisión, los tipos de mantenimiento, la identificación y registro de los cilindros metálicos.

En el caso del GLP distribuido mediante cilindros, el esquema tarifario actual que determina el costo de prestación del servicio al usuario final contempla la remuneración de algunas actividades involucradas en la prestación del servicio bajo el régimen de libertad regulada y otras bajo el régimen de libertad vigilada. Lo anterior resulta en que la agregación de los costos de cada actividad haga que la tarifa al usuario final cambie entre las diferentes empresas que prestan el servicio en una misma zona, permitiendo que el usuario pueda elegir la mejor relación precio-calidad.

Los usuarios que aún tengan cilindros universales en su poder podrán acordar con un distribuidor su entrega para su posterior recolección y destrucción, toda vez que en la actualidad solo se puede prestar el servicio público en cilindros marcados.

La marca con la cual los Distribuidores van a identificar los cilindros de su propiedad debe ser reportada por éstos ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al menos un mes antes de empezar a marcar los cilindros que utilizará en la prestación del servicio. La Superintendencia informará a través del SUI sobre las solicitudes de marca recibidas y en el mismo sistema permanecerán publicadas las marcas que se están utilizando junto con la identificación plena de su propietario.

Las normas vigentes expedidas por la CREG no se han pronunciado sobre este tema. Dado que no se ha establecido una prohibición en este sentido, entendemos que se puede exportar GLP.

No obstante, consideramos importante realizar las siguientes consideraciones. De conformidad con lo dispuesto en la Resolución CREG 059 de 2008, el Comercializador Mayorista debe celebrar contratos para garantizar el suministro continuo y confiable de GLP a los distribuidores. Por lo tanto, una vez celebrados estos contratos, el Comercializador Mayorista debe cumplirlos independientemente de si realiza exportaciones.

(...) en el caso del GLP distribuido mediante cilindros, el esquema tarifario actual que determina el costo de prestación del servicio al usuario final contempla la remuneración de algunas actividades involucradas en la prestación del servicio bajo el régimen de libertad regulada y otras bajo el régimen de libertad vigilada. Lo anterior resulta en que la agregación de los costos de cada actividad haga que la tarifa al usuario final cambie entre las diferentes empresas que prestan el servicio en una misma zona, permitiendo que el usuario pueda elegir la mejor relación precio-calidad.

(...) Respecto de la obligación de publicación de precios, en la Resolución CREG 059 de 2008, "Por la cual se modifica la Resolución CREG 066 de 2007 relacionada con la regulación que establece los precios de suministro de GLP de Comercializadores Mayoristas a Distribuidores", se le definió la siguiente obligación a los comercializadores mayoristas:

"(...) ARTÍCULO 7. PUBLICACIÓN DE PRECIOS. Los Comercializadores Mayoristas de GLP deben hacer pública, en forma simple y comprensible al público, mediante publicaciones en un periódico de circulación nacional, la fórmula tarifaria para el cálculo de los precios de suministro del GLP y/o los precios que aplicarán, con una antelación de por lo menos siete días a la aplicación de los precios.

Parágrafo 1. En todo caso, los Comercializadores Mayoristas solo podrán cobrar los precios resultantes de la aplicación de las fórmulas tarifaria o, en el caso de precios libres, el precio que aplicarán, una vez efectúen las publicaciones a que se refiere este artículo. (...)

(...) Para consultar las variaciones mensuales en las tarifas asociadas a cambios en cualquiera de estos componentes existe una herramienta llamada Sistema Único de Información, SUI, a través de la cual las empresas reportan las tarifas máximas que aplicaron en el mes anterior a sus usuarios.

El acceso a la información lo puede hacer a través de la siguiente secuencia de enlaces en la página WEB del SUI,

www.sui.gov.co.

GLP (un icono en forma de cilindro), en Reportes de Servicio

Información PVP y flete publicado DI, en Reportes Comerciales

(...) En relación con las sanciones imponibles a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, le informamos que la Ley 142 de 1994 establece:

"ARTICULO 79. Funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos. Las personas prestadoras de servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujeto de aplicación de la presente ley, estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia. Son funciones especiales de ésta las siguientes:

79.1.- Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad. (...)

(...) para la obtención del servicio de gas licuado de petróleo o gas natural por redes en un inmueble, es necesario dar cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento de propiedad horizontal, las condiciones particulares que exige el distrito y las regulatorias descritas.

Debe tenerse en cuenta que la eventual contratación de un tercero en forma alguna eximiría al Comercializador Mayorista de sus responsabilidades, lo que supone cumplir, entre otros, con los requerimientos de medición y olorización establecidos por la regulación vigente.

Con respecto a las obligaciones de los comercializadores mayoristas en la entrega de producto, que es obligación del comercializador mayorista "garantizar la disponibilidad de todos los medios físicos y logísticos para hacer la entrega del producto en cada uno de los puntos de entrega pactados en los contratos de suministro". Así las cosas, el punto de entrega al que se hace referencia en el reglamento debe contar con los medios físicos y logísticos para hacer la entrega del producto.

Se debe tener en cuenta lo previsto en el Reglamento de Comercialización Mayorista de GLP, artículo 7 de la Resolución CREG 053 de 2011, modificado mediante Resolución CREG 154 de 2014

Se define en el artículo 3 de la Resolución CREG 232 de 2020 lo siguiente: Combustibles líquidos derivados de petróleo: Son todos los productos clasificables dentro de las categorías de las gasolinas, gasóleos, querosenes y fuelóleos, entre los cuales se cuentan: Combustibles para aviación (avigás), gasolina motor (gasolina extra, gasolina corriente, gasolina corriente oxigenada, gasolina extra oxigenada), combustibles de aviación para motores tipo turbina, queroseno, diésel extra o de bajo azufre, diésel corriente (ACPM), diésel marino (se conoce también con los siguientes nombres: diésel fluvial, marine diésel, gas oil, intersol, diésel número 2), y combustible para quemadores industriales (combustóleos fuel oil). Así mismo, mediante Resolución CREG 126 de 2017 "Por la cual se define el código de medida de combustibles líquidos", en su artículo 3, se establece: Combustibles líquidos: Productos clasificables dentro de las categorías de las gasolinas, gasóleos, querosenes, fuelóleos, biocombustibles y sus mezclas, entre los cuales se cuentan: combustibles de aviación para motores de pistón (Avgas), gasolina motor (gasolina corriente básica, gasolina corriente oxigenada, gasolina extra básica, gasolina extra oxigenada), combustibles de aviación para motores tipo turbina (Jet A-1), queroseno, diésel extra básico y sus mezclas con biodiesel, diésel corriente básico y sus mezclas con biodiesel, diésel marino (se conoce también con los siguientes nombres: diésel fluvial, marine diésel, gas oil, intersol, diésel número 2), alcohol carburante, biodiesel, diésel renovable y combustible para quemadores industriales (combustóleos-fuel oil).