Absolución de las entidades públicas no rompe el fuero de atracción para examinar la responsabilidad civil extracontractual de los particulares. Dicho fuero no altera el régimen de responsabilidad de derecho privado aplicable a estos. Daños ocasionados por las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica son imputables a estas bajo el régimen de actividades peligrosas. "Pese a que los entes públicos fueron absueltos en primera instancia -aspecto que no fue objeto de los recursos de apelación-, esta jurisdicción conserva la competencia para determinar la responsabilidad de la Electrificadora […], pero bajo las normas del derecho privado, ya que el fuero de atracción no altera los parámetros normativos sobre los cuales debe adelantarse el juicio de responsabilidad del particular [Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2020, exp. 44428; Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2021, exp. 60078]. […] [E]n el presente asunto se configuró la responsabilidad civil extracontractual de la Electrificadora […] por su condición de guardián del objeto peligroso, toda vez que la causa adecuada de la muerte […] fue el contacto con un cable energizado que comporta peligrosidad en su estructura, el cual se desprendió instantes después de la activación del fluido eléctrico por parte de operarios de la empresa demandada, reuniéndose los presupuestos para encuadrar este caso en el régimen de actividades peligrosas desarrollado por la Corte Suprema de Justicia, sin que se requiera la acreditación de la culpa del demandado. […] [E]l otro argumento de apelación consiste en que la caída de la línea eléctrica se produjo por las fuertes brisas ocurridas en la época, evento que encuadraría en una causa extraña y liberaría de responsabilidad a la empresa electrificadora […]. [E]n contraposición a ello, se evidencia que la Electrificadora […] desconoció normas técnicas sobre la reparación de los circuitos eléctricos que le niegan el carácter de irresistible al accidente ocurrido. En efecto, según la Resolución No. 180466 del 2 de abril de 2007 del Ministerio de Minas y Energía […], las reparaciones adelantadas en las líneas de distribución deben estar precedidas de una señalización de la zona de trabajo y de una verificación del estado de la red eléctrica […]. [D]e haber demarcado la zona de trabajo e instalar señales con el fin de advertir a los transeúntes de ese riesgo, se habría impedido que [la víctima] caminara por ese sitio, evitando así el contacto con la red eléctrica. Aunado a ello, se evidencia que los operarios no verificaron el estado de las líneas eléctricas."

La incompatibilidad para contratar con el Estado establecida en el literal d) del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 no requiere la acreditación de hechos distintos a la relación de parentesco y el cargo del servidor público. "La naturaleza preventiva de aquella inhabilidad está entonces dirigida a evitar que la contratación pública sea utilizada para favorecer los negocios personales o familiares de los directivos de las entidades estatales, quienes […] podrían ejercer algún tipo de influencia directa en las decisiones contractuales de los organismos públicos. Lo que esta causal impide […] es el hecho meramente objetivo, en virtud del cual, si un servidor público directivo o un miembro de una junta directiva de una entidad estatal, o su cónyuge o familiares (en los grados referidos en la norma), tienen empresas o asociaciones, o las dirigen, tales organizaciones puedan celebrar contratos con la entidad o entidades a las cuales ese funcionario directivo presta sus servicios o forma parte de sus juntas o consejos directivos. Es que, al margen de las funciones que el servidor directivo desempeñe en la entidad estatal, del objeto de la contratación iniciada por el ente contratante, de la cuantía del proceso de selección o de la naturaleza de los bienes o servicios adquiridos, la función preventiva, que no sancionatoria, de la causal de inhabilidad aplicada por EPM para rechazar la oferta, lo que justamente evita es la "posibilidad" o "probabilidad", de que el empleado directivo, ejerza algún tipo de influencia en las decisiones contractuales de los organismos públicos, dada la naturaleza del cargo, la autoridad que representa o, incluso, la información a la que tiene acceso, situaciones que, por sí solas, ubicarían a ese proponente -en el que existen nexos de parentesco con el directivo de la entidad contratante-, en una situación más beneficiosa respecto de los demás participantes. […] [L]a causal de inhabilidad aplicada a la demandante no exigía, para su configuración, un supuesto adicional al parentesco, o función determinante y directa de la empleada estatal en el procedimiento de contratación iniciado por EPM. Menos aún, exigía que la directiva del ente prestador de servicios públicos hubiera influenciado, efectivamente la adjudicación del contrato, pues la sola posibilidad de hacer desvanecer el principio de selección objetiva -que regía para la E.S.P demandada-, dado el carácter del cargo desempeñado por [el servidor público], activaba automáticamente y, en forma objetiva, la aplicación del impedimento para contratar por el que [la sociedad accionante] vio restringida su capacidad negocial."

Consideraciones acerca de la ampliación de instalaciones de uso final como eximente de responsabilidad por el hecho de la víctima, cuando se demanda a la empresa de servicio público por los daños causados en la conducción de energía eléctrica. "[E]l incendio se originó en la acometida externa del inmueble, debido a una sobrecarga de voltaje […], por lo que es posible afirmar que el daño ocurrió como consecuencia de la concreción del riesgo inherente a la actividad de conducción de energía eléctrica. […] La Electrificadora de Santander […] adujo que la conflagración había obedecido a la instalación sin autorización de redes eléctricas que generaron una sobrecarga en el sistema, excepción que estructura con base en la hipótesis del acaecimiento de un corto circuito en la instalación realizada por los demandantes con ocasión de una modificación que habría realizado en la conexión eléctrica, sin la debida autorización. […] [L]a Sala se remite […] al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE- […] y que, para junio de 2007 regía en la versión anexa a la Resolución 180466 de abril 2 de 2007. […] [L]a ampliación que tuvo la instalación de uso final en la industria de colchones fue ostensiblemente superior al 80 por ciento y la capacidad instalada adicionada excedió los límites establecidos, de modo que debía obtener certificación. Este proceder, del que tuvo conocimiento la Electrificadora, como operadora de la red de distribución […], debió ser evaluado por ésta para determinar si generaba alto riesgo, en cuyo caso, o fue corregido, o en su defecto, debió darse aviso a las autoridades administrativas y judiciales competentes. Mas aún, si representaba alto riesgo para la vida de personas, pudo dar lugar a la desenergización de las instalaciones industriales, como lo prescribía el artículo 47.9 del reglamento, o tomar las medidas pertinentes, de acuerdo con el contrato uniforme para la prestación del servicio. De estas alternativas, […] la Electrificadora parece haber optado por corregir el estado de riesgo derivando de otro transformador cercano, menos recargado, la red de la que se servía esta industria. Por estas razones, pero especialmente porque la infracción que se atribuye en el informe a la empresaria de la fábrica de colchones y aquí demandante no explica "los recorridos del fuego" del exterior hacia el interior del inmueble, ni la incineración que acusaba el sistema de cableado que ingresaba al contador externo, ni arroja elementos que controviertan eficazmente el informe realizado por la Fiscalía, la Sala no encuentra prueba de culpa grave de la víctima determinante del daño, por lo que declarará impróspera esta excepción."

Consideraciones acerca de la imputación de los daños causados por conducción de energía eléctrica a través de redes de alumbrado público. "[S]i bien en el recurso de apelación la parte demandada alega que la muerte […] es imputable única y exclusivamente a la EPSA S.A. E.S.P., puesto que era la entidad encargada de las redes eléctricas y propietaria de las mismas en la jurisdicción donde ocurrió el siniestro, lo cierto es que […] dicha entidad no tenía a su cargo el servicio de operación, reposición y mantenimiento del sistema de alumbrado público […], cuya falla […] fue […] producto de la omisión de la entidad encargada de mantener adecuadamente y corregir las anomalías presentadas con la instalación de los postes, redes o cableado distribuidores de energía del sistema de alumbrado público en el municipio […]. En este sentido, lo que se probó, […] es que la operación de la infraestructura del servicio de alumbrado público del municipio […], así como la instalación, reemplazo, renovación, expansión y mantenimiento de las luminarias y accesorios eléctricos, recaía única y exclusivamente en cabeza de la Unión Temporal […], de conformidad con lo pactado en el contrato de concesión […] celebrado entre esta última y el municipio […]. De tal suerte se advierte entonces que en el caso sub examine se demostró que la muerte […] no es atribuible a la EPSA S.A. E.S.P., por cuanto se acreditó que dicha entidad únicamente estaba encargada del suministro de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público, más no del mantenimiento de los postes, redes, transformadores exclusivos para alumbrado público, luminarias y demás elementos destinados para la prestación del servicio de alumbrado público. […] [E]stá probada la omisión en la que incurrió el municipio […], dado que no cumplió con el deber de ejercer la permanente vigilancia y control de las actuaciones desplegadas por la Unión Temporal […], en lo atinente a la operación, reposición y mantenimiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público, en tanto "nunca tuvo conocimiento de la situación de peligro que representaba el cable de energía que descolgaba del poste de alumbrado público en el que ocurrió el fatídico accidente", desconociendo así lo dispuesto en el artículo 365 de la Norma Superior y artículos 14 y 32 [núm. 4] de la Ley 80 de 1993. […] Así las cosas, […] el daño es imputable al municipio […] y a la Unión Temporal […]."

Empresas de servicio público deben responder por los daños causados por la conducción de energía eléctrica a través de redes que no son objeto de normalización dentro del plazo acordado con la Administración. "[L]a Resolución No. 120 de 2001 condicionó la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en "barrios subnormales" a la normalización de los circuitos eléctricos dentro de un plazo máximo de dos años. Si este plazo vencía sin obtener el objetivo, el operador de red estaba facultado para desconectar el circuito subnormal, incluso, con la colaboración de la fuerza pública, so pena de asumir bajo su propia responsabilidad las consecuencias que pudiera conllevar la prestación del servicio público de energía en condiciones inseguras. En este caso está demostrado […] las partes del convenio lo adicionaron para ajustar las condiciones de prestación del servicio de conformidad con los esquemas diferenciales y los mecanismos de normalización de redes eléctricas introducidos por la Ley 812 de 2003 y su Decreto Reglamentario 3735 de 2003. Con miras a obtener la normalización del circuito subnormal, en esta adición el Municipio se comprometió a presentar ante el Ministerio de Minas y Energía los estudios y diseños necesarios para la normalización de la zona, mientras que [la ESP] se obligó a gestionar los estudios y diseños técnicos. Las partes acordaron que el Municipio era el responsable directo de desarrollar e implementar el proyecto de normalización de redes. Y en cualquier caso, pactaron que si se vencía el término del proyecto sin que se realizaran las obras de normalización, se debía desconectar el circuito subnormal y el Municipio debía asumir la prestación directa del servicio público de energía eléctrica. En el expediente está demostrado que el plazo del convenio para la normalización de redes se cumplió sin que se lograra el objetivo. […] Sin embargo, [la ESP] permitió que el "asentamiento subnormal" siguiera conectado a su sistema de distribución de energía, lo que por expresa disposición de la Resolución No. 120 de 2001 la obligaba a asumir las consecuencias que pudiera conllevar la prestación del servicio público de energía en condiciones inseguras. Es así que al haberse cumplido el plazo para la normalización de redes y al permitir que el "asentamiento subnormal" siguiera conectado, [la ESP] consintió e introdujo un riesgo de conducción de energía a través de redes inseguras que se concretó con la muerte del menor, por lo que el daño reclamado le es imputable."

Unifica la jurisprudencia acerca de la naturaleza jurídica de los actos contractuales expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios, y el medio de control procedente para controvertirlos. "Que el régimen aplicable a los actos y los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios sea el derecho privado, implica que comparten la naturaleza que tienen aquellos en el tráfico negocial propio del derecho común; es decir, se trata de un escenario donde no obran prerrogativas de poder público o de autoridad, que son las notas distintivas que dan lugar a la expedición de actos administrativos […]. [S]i no se trata de un acto administrativo, aunque sí de un acto jurídico contractual, el medio de control de nulidad y restablecimiento no está disponible para efectuar su examen, aun como pretensión promovida en sede de controversias contractuales, pues su objeto se dirige a enjuiciar la presunción de legalidad que sólo acompaña a tales actos, los administrativos, atributo del que carecen los actos contractuales emitidos en desarrollo de negocios jurídicos sujetos al derecho común. […] La noción de acto administrativo y sus elementos, también permite a la Sala ilustrar el escenario en que se ubica el sub examine pues los actos de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, con indiferencia de si son entidades públicas, privadas o mixtas, no ostentan el carácter de administrativos, conclusión a la que se arriba por medio de la constatación de que en estos casos dichas empresas no actúan -por regla general- en ejercicio de prerrogativas de poder. […] Basado en las anteriores premisas […], se fija la siguiente regla de unificación: (i) Salvo las excepciones legales, los actos jurídicos adoptados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad contractual, no son actos administrativos y se rigen por la normatividad civil y comercial, así como por las reglas atinentes a su régimen especial. Por tal razón, para controvertirlos a través del medio de control de controversias contractuales, el demandante no tiene la carga de solicitar su anulación. (ii) En los asuntos pendientes de solución bajo los que se hubiere solicitado la nulidad de tales actos por considerarlos actos administrativos, no podrá declararse la inepta demanda ni los jueces pueden inhibirse de emitir una decisión de fondo. En garantía del derecho de acceso a la administración de justicia y la aplicación del principio iura novit curia, se debe adecuar e interpretar la demanda y reconducirla para fallarla de fondo, conforme a la presente unificación."

No es procedente atribuir responsabilidad patrimonial a los trabajadores de las empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas a través de la acción de repetición. "[L]a ley regula quiénes son los agentes estatales para efectos de la posibilidad de repetir en su contra; el artículo 2 de la Ley 678 determina […] que la acción de repetición procede en contra de servidores o exservidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas. […] [E]l artículo 41 de la Ley 142 de 1994 dispone que los trabajadores de las empresas de servicios públicos privadas o mixtas son particulares […]. En relación con los hechos que dieron lugar a la condena judicial en contra de la demandante se tiene que estos no corresponden al ejercicio de "función pública", la cual se manifiesta a través del ejercicio de prerrogativas que corresponden en forma única y exclusiva al Estado, las cuales se identifican normalmente con el ejercicio de los poderes públicos y de los organismos de control e implican el desarrollo de potestades sancionadoras, coercitivas, unilaterales y obligatorias para los asociados; en esas condiciones, el objeto social de la empresa demandante correspondiente a la prestación de servicios públicos no permite concluir que la demandada sea sujeto de la acción repetición por el hecho de haberla gerenciado […]. Destaca la Sala que los conceptos de "función pública" y "servicio público" no son equivalentes ni tampoco es predicable respecto de ellos una relación de sinonimia en la medida en que corresponden a dos distintas nociones jurídicas […]. De conformidad con lo expuesto, el solo hecho consistente en el que objeto social de la empresa demandante esté relacionado con la prestación de servicios públicos domiciliarios no permite considerar que el trabajo se su gerente para la época de los hechos correspondía al concepto de función pública; por el contrario, la administración del personal por parte de la trabajadora particular, propia de su condición de gerente, no se materializó a través del ejercicio de una competencia legal sino del cumplimiento de funciones asignadas en virtud de un contrato individual de trabajo, por lo cual no corresponde a un acto administrativo ni implica el ejercicio de función pública y, por ende, no permite considerar a la demandada como sujeto de la acción de repetición. […] [L]a presente decisión no implica un escenario de irresponsabilidad de los representantes legales de dichas empresas, la cual está regulada en el artículo 200 y siguientes del Código de Comercio, pero, es ajena al conocimiento de esta jurisdicción y al medio de control específico ejercido con la demanda."

Declara la nulidad parcial de la reglamentación de la obligación de compras mínimas de energía proveniente de fuentes no convencionales de energía renovable respecto de los comercializadores del mercado de energía mayorista, por desconocimiento de las reglas de abogacía de la competencia. "[P]ara la expedición de este tipo de actos administrativos regulatorios se requiere, por expresa previsión legal Ley 1340 de 2009 y Decreto 1074 de 2015- y dada su incidencia en la libre competencia económica, atender rigurosamente los argumentos que expone la SIC en el concepto de abogacía de la competencia […]. [N]o es dable únicamente incluir en la regulación el tenor literal de las "recomendaciones", sin tener en cuenta el análisis realizado para tal fin, ya que […] este comporta la parte motiva de la decisión, cuya inobservancia puede generar su nulidad. Lo anterior no pretende de ningún modo tornar en obligatorias las recomendaciones de la SIC, pues este no fue el sentido previsto por el legislador, pero […], ante la formulación de estas observaciones sobre la incidencia en la libre competencia económica, la entidad puede apartarse, pero "deberá manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la decisión los motivos por los cuales se aparta" y, como consecuencia, la argumentación de la autoridad de regulación para separarse de dicho concepto ha de ser no solo expresa sino suficiente, basada en razones constitucionales y legales de mayor peso que determinan la necesidad de expedir la regulación, al margen de las consideraciones que le han sido expuestas por la Superintendencia. […] [E]l Ministerio no motivó de manera expresa y suficiente la inclusión de la expresión "registrado en el MEM" del inciso primero del artículo 11 de la Resolución 40305 de 2021, pese a que fue un aspecto que se incluyó en el concepto de abogacía de la competencia emitido por la SIC, dado que en el proyecto de regulación "no es claro, si la participación en el mecanismo complementario es obligatoria o voluntaria (…), de ser coercitivo este mecanismo dejaría de ser el vehículo idóneo para la asignación eficiente de la energía disponible para la venta", sin que en el acto se observe razonamiento alguno […] para hacer extensivos los efectos de la subasta de contratación a largo plazo de energía eléctrica […] a los comercializadores que decidieron no participar en ella, pero que están inscritos en el MEM, e imponerles obligaciones como la suscripción de contratos a largo plazo […], la entrega de la garantía de pago […] y, ante un incumplimiento, exponerse a la sanción a que haya lugar por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios […]."

Daños ocasionados por la ocupación permanente de inmuebles de propiedad privada producto de la imposición de servidumbres de hecho para la instalación de redes de servicios públicos domiciliarios no son imputables a las entidades territoriales que asumen la prestación indirecta de los mismos. "[E]n el líbelo de la demanda se solicita condenar al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena "como garante de los servicios públicos domiciliarios conforme el artículo 5 de la Ley 142 de 1994" por "la ocupación ilegitima y continuada de un bien privado consistente en un lote de terreno […] para fines de uso público (tráfico y servidumbre de servicios públicos)". Lo expuesto permite constatar que la demanda está encaminada a cuestionar el comportamiento de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en Cartagena, quienes son las encargadas de prestar dichos servicios e instalar las redes de los mismos, más no a debatir la posible falla en la que incurrió el Distrito […] por no garantizar adecuadamente la prestación de los servicios públicos domiciliarios a sus habitantes por medio de las empresas de servicios públicos […], ni la incidencia de dicha entidad en la causación del daño antijurídico reclamado. En este punto, es menester destacar que de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 142 de 1994, las entidades prestadoras de servicios públicos son las entidades responsables de asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente. Su función básica es garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios a los usuarios. […] Y si bien está en cabeza del Estado garantizar la prestación de los diferentes servicios públicos, esto no significa que siempre lo haga de manera directa, razón por la cual en aquellos casos en que una entidad prestadora de servicios públicos causa daños a los usuarios, éste debe responder por sus actos con su propio patrimonio y no están llamadas a hacerlo las entidades encargadas de la prestación de dichos servicios. Por lo tanto, en atención a que de la lectura integral de la demanda se determina que en el sub judice la parte actora encaminó la causa petendi hacia la ocupación permanente en que incurrieron las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en Cartagena, cuando instalaron las diferentes redes de servicios públicos domiciliarios en el predio de propiedad de la [demandante], se concluye que el Distrito […] no se encuentra legitimado en la causa por pasiva, pues no es la entidad encargada de prestar los servicios públicos domiciliarios, ni fue la entidad que presuntamente ocupó el predio de la demandante, producto de una servidumbre de redes de servicios públicos."

Daños causados por descargas eléctricas no son imputables a las empresas prestadoras del servicio público, cuando se originan en inmuebles que incumplen las distancias de seguridad establecidas en el RETIE. "La parte demandante interpuso recurso de apelación. Sostuvo que la Electrificadora […] tenía conocimiento del riesgo que generaban las redes eléctricas en el barrio […]. Si bien el barrio inició como un asentamiento irregular que luego se legalizó, correspondía a la demandada tomar las medidas correctivas y cumplir con el mantenimiento y reparación del tendido eléctrico, de acuerdo con la normativa vigente, por lo que estaba probada la falla en el servicio. […] Del informe del accidente suscrito el 9 de agosto de 2011 por la Electrificadora […], se advierte que, […] ese día "la ESSA [realizó] visita al predio […], encontrando una construcción de 5 pisos incumpliendo las distancias mínimas de seguridad, se le notifica al dueño del predio […]". En el documento de notificación de violación de distancias de seguridad a las redes eléctricas según el RETIE, se indicó lo siguiente: "(…) de acuerdo con la inspección realizada por personal de ESSA en el día de hoy, se le solicita que de manera inmediata se suspendan en la obra de construcción, todas las actividades que puedan poner en peligro de electrocución a obreros, transeúntes y residentes (…) pues se observa que en su caso específico no se cumplen las distancias mínimas de seguridad especificadas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE-". Si bien dicho informe fue posterior al 31 de julio de 2011, fecha del accidente, lo cierto es que la parte actora no demostró que el propietario del inmueble contaba con los permisos ni licencias para construir tan cerca a la red eléctrica que desde hacía tanto tiempo estaba instalada, ni que realizó lo necesario para desplazarla y así no exponer a los trabajadores a una descarga eléctrica. […] Así las cosas, está probado que el propietario del inmueble donde [el demandante] recibió la descarga, realizó modificaciones irregulares al edificio y desconoció lo ordenado por el RETIE. Aunque no se cuenta con la fecha de construcción del inmueble, lo cierto es que la construcción del último piso, en el cual ocurrió el accidente, fue posterior a la instalación de la red eléctrica. El cumplimiento de las distancias de seguridad respecto de las líneas eléctricas existentes era una obligación a cargo del dueño del edificio y su inobservancia fue determinante en la producción del resultado, por lo que se configura la causal eximente de responsabilidad de hecho de un tercero."

Anula las normas que establecieron los lineamientos, la definición y la implementación del mecanismo que promueve la contratación de largo plazo para los proyectos de generación de energía eléctrica, por falta de agotamiento del trámite de abogacía de la competencia. "[E]l legislador puede establecer etapas previas o requerimientos especiales para el ejercicio de la potestad reglamentaria, como sucede con el trámite de "abogacía de la competencia". […] Como el Gobierno lo constituye el Presidente de la República y el ministro del ramo respectivo, la potestad reglamentaria se entiende incluida en el artículo 2 del Decreto 2897 de 2010, al mencionar a los ministerios como una de las autoridades sujetas al trámite de "abogacía de la competencia". Además, los decretos reglamentarios no solo están incluidos por tratarse de actos que requieren la refrendación ministerial, sino porque por la vía de la cumplida ejecución de la ley, se pueden adoptar normas que de alguna manera incidan en la libre competencia. […] La naturaleza reglamentaria del Decreto 570 de 2018 no era, pues, una razón que relevara al MME del cumplimiento del trámite de abogacía de la competencia. […] [L]a memoria justificativa del proyecto del Decreto 570 de 2018 evidencia que el MME dio respuesta negativa a las preguntas del cuestionario de abogacía de la competencia y dejó en blanco las casillas de explicación y observaciones, es decir, no respondió "fundadamente" las preguntas centrales del cuestionario y tampoco dio cuenta de los estudios que realizó para dar sustento a sus respuestas, como lo exigía el artículo 6 del Decreto 2897 de 2010. Como se omitió el procedimiento descrito en el reglamento para dar respuesta al cuestionario, la consecuencia descrita por el artículo 6 del Decreto 2897 de 2010 no se configuró en debida forma, esto es, el MME no podía dar por entendido que su proyecto no tenía incidencia en la libre competencia y, por ende, su decisión de no remitir el proyecto a la SIC también quedó viciada. […] [L]a memoria justificativa del proyecto de la Resolución 40791 de 2018 […] no da cuenta de los estudios técnico-económicos de que tratan los artículos 6.3 y 8.3 del Decreto 2897 de 2010, es decir, no se respondió el cuestionado "fundadamente" como lo exigía el reglamento. […] La Resolución 40795 de 2018 […] presenta una omisión completa del requisito, pues ni siquiera hizo mención en la parte resolutiva acerca del diligenciamiento del cuestionario de la SIC."

Daños ocasionados por descargas eléctricas no son imputables a las empresas de servicio público que no son informadas sobre el incumplimiento de la distancia de los inmuebles respecto de las redes eléctricas. Tampoco cuando son atribuibles a un hecho de la víctima. "[N]o se probó que EMCALI hubiera tenido conocimiento de la cercanía de la construcción con las redes eléctricas o hubiera tenido conocimiento de dicha situación y, a pesar de ello, no hubiera actuado. Cabe precisar que no resultaría posible exigir a las empresas de energía que conozcan, caso a caso, si todas las viviendas cuentan con licencia de construcción o si las que la tienen se ciñen a esta, pues se trata de un imposible fáctico al que nadie puede estar obligado. En este punto, se tiene que la Ley 142 de 1994 obliga a las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica a velar por el adecuado funcionamiento del servicio y, en ese orden de ideas, realizar mantenimiento a sus redes en aras de evitar que se causen daños a las personas; sin embargo, dicha obligación debe ser estudiada desde la realidad de la administración pública. En ese orden de ideas, a EMCALI no le asiste responsabilidad en el presente asunto, toda vez que no media prueba de que tuvo la oportunidad de enterarse de que la vivienda se encontraba tan cerca de las redes eléctricas. En consecuencia, se debe concluir que el material probatorio recaudado a lo largo del proceso no demuestra que EMCALI hubiera incurrido en una falla en el servicio […]. [E]xiste claridad meridiana en la utilización por parte [de la víctima] de unas varillas o tubos metálicos al momento del accidente, las cuales, al entrar en contacto con el fluido eléctrico, generó la descarga que acabó con su vida, aspecto que se ve corroborado con la distancia entre la línea de conducción eléctrica y la vivienda, que razonablemente hace pensar sobre la facilidad con que una persona pudiera tener contacto con dichas redes eléctricas […]. Así, debe concluirse que la conducta desplegada por la víctima directa, además de hallarse desprovista de cualquier criterio de diligencia que se pueda exigir a una persona promedio, fue la causa eficiente del menoscabo por el que ahora se demanda, en tanto que, siendo consciente del peligro que representa un cableado conductor de energía eléctrica en las proximidades del lugar en el que se encontraba, decidió deliberada e imprudentemente manipular utensilios metálicos altamente conductores de energía eléctrica y con una envergadura suficiente para reducir a cero la distancia entre la fuente de riesgo y su humanidad […]."

Consideraciones acerca de la imputación de los daños causados por conducción de energía eléctrica a través de redes de alumbrado público. "[S]i bien en el recurso de apelación la parte demandada alega que la muerte […] es imputable única y exclusivamente a la EPSA S.A. E.S.P., puesto que era la entidad encargada de las redes eléctricas y propietaria de las mismas en la jurisdicción donde ocurrió el siniestro, lo cierto es que […] dicha entidad no tenía a su cargo el servicio de operación, reposición y mantenimiento del sistema de alumbrado público […], cuya falla […] fue […] producto de la omisión de la entidad encargada de mantener adecuadamente y corregir las anomalías presentadas con la instalación de los postes, redes o cableado distribuidores de energía del sistema de alumbrado público en el municipio […]. En este sentido, lo que se probó, […] es que la operación de la infraestructura del servicio de alumbrado público del municipio […], así como la instalación, reemplazo, renovación, expansión y mantenimiento de las luminarias y accesorios eléctricos, recaía única y exclusivamente en cabeza de la Unión Temporal […], de conformidad con lo pactado en el contrato de concesión […] celebrado entre esta última y el municipio […]. De tal suerte se advierte entonces que en el caso sub examine se demostró que la muerte […] no es atribuible a la EPSA S.A. E.S.P., por cuanto se acreditó que dicha entidad únicamente estaba encargada del suministro de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público, más no del mantenimiento de los postes, redes, transformadores exclusivos para alumbrado público, luminarias y demás elementos destinados para la prestación del servicio de alumbrado público. […] [E]stá probada la omisión en la que incurrió el municipio […], dado que no cumplió con el deber de ejercer la permanente vigilancia y control de las actuaciones desplegadas por la Unión Temporal […], en lo atinente a la operación, reposición y mantenimiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público, en tanto "nunca tuvo conocimiento de la situación de peligro que representaba el cable de energía que descolgaba del poste de alumbrado público en el que ocurrió el fatídico accidente", desconociendo así lo dispuesto en el artículo 365 de la Norma Superior y artículos 14 y 32 [núm. 4] de la Ley 80 de 1993. […] Así las cosas, […] el daño es imputable al municipio […] y a la Unión Temporal […]."

Consejo de Estado refrenda la legalidad del acto que negó una solicitud de contrato de estabilidad jurídica fundamentada en un proyecto de inversión para potencializar y expandir el servicio de gas natural en Bogotá y Soacha. "Como la actividad económica descrita en el proyecto de inversión desarrollaba el servicio público domiciliario de gas combustible, regido expresamente por la Ley 142 de 1994, el Comité debía acudir forzosamente a su normativa, en aras de ejecutar debidamente el análisis que la Ley 963 de 2005 le asignaba. Por tanto, la consideración de las particularidades de la regulación atinente al sector económico de la prestación del servicio de gas natural, particularmente en materia tarifaria, no era extraña sino imprescindible para que las entidades demandadas y reunidas en el Comité efectuaran su labor, y no significaba la inclusión de requisitos adicionales, sino la observancia de normas imperativas, aplicables al sector del proyecto, que buscaba desarrollarse en ese sector de la economía; normas a las cuales se encuentra sometida la Administración. […]. [E]l análisis sobre la validez de los actos en razón de las externalidades positivas del proyecto no puede fundarse en elementos de juicio que, al momento de la evaluación del proyecto, no hayan sido conocidos por el Comité. Es decir que, en este caso, no pueden ser valorados los elementos que, para la fecha de presentación de la solicitud […], de la decisión inicialmente adoptada […], y de su confirmación […], reflejarían los beneficios sociales y económicos que, de acuerdo con la actora, finalmente tuvo la ejecución del proyecto […], porque no hay prueba de que todos estos insumos hayan sido conocidos oportunamente por el Comité durante el trámite de evaluación […]. [E]n estas específicas materias, la [representante legal de la sociedad demandante], con capacidad y poder dispositivo sobre el derecho en disputa […], realizó una confesión judicial […]. Así, de su versión se destaca que: (a) describe el proyecto como una "aceleración de las inversiones", planificadas dentro de lo establecido por las autoridades nacionales y locales, por lo que esta inversión no requería de la estabilidad jurídica solicitada ya que, en palabras de la testigo, esta "seguramente" hubiera tenido desarrollo "con posterioridad"; (b) aseguró que la estabilidad no era determinante para la inversión y que esta tenía el propósito de cumplir con los requerimientos de los gobiernos distrital y nacional; y (c) confirmó que en el sector económico de […], las inversiones sí se recuperaban a través de la tarifa del servicio, aunque fuera de modo parcial y dilatado."

Imputación de daños causados por descargas eléctricas por falla del servicio del municipio y de la empresa de servicio público de energía. "Es cierto que el servicio de alumbrado público se encontraba concesionado a la Unión Temporal […]; no obstante, la concesión no releva a la entidad territorial de sus obligaciones de vigilancia y control como lo dispone el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Un entendimiento contrario llevaría a desnaturalizar el carácter público de este servicio y a poner en tela de juicio la supremacía jerárquica de las normas constitucionales, legales y reglamentarias respecto de lo acordado en un contrato estatal. La entidad territorial no acreditó que ejerció su función de vigilancia y control al rechazar la instalación inadecuada de las redes de alumbrado público, incumplimiento agravado por el tiempo que había transcurrido desde la instalación de las redes […]. [E]l municipio tuvo cuatro años para advertir que las redes de alumbrado público estaban instaladas irregularmente, puesto que no respetaban las medidas mínimas de seguridad que debían existir respecto del templete. La falta de diligencia en sus obligaciones de control y vigilancia sobre el servicio de alumbrado público le impidió advertir el peligro creado, para así poder solicitar las correcciones del caso, actuaciones que habrían evitado la muerte del joven […]. [E]l daño también le resulta imputable jurídicamente a la Compañía Energética […], porque si bien la energización del templete ocurrió por el contacto con las líneas de alumbrado público, frente a las cuales no tenía una responsabilidad directa, lo cierto es que el poste y el templete que causó el accidente eran de su propiedad; por tal motivo, contaba con una obligación de inspección y mantenimiento periódico sobre tales elementos, la cual fue omitida […]. [E]l a quo erró al declarar la concurrencia de culpas por el hecho de que el menor se estuviera bañando en un canal de riego, cuya destinación no comprendía tal actividad […]. [E]l templete, generador del accidente, estaba destinado a sostener el poste del cual pendían las líneas eléctricas, es decir, no cumplía una función de conducción de energía eléctrica […]. [S]e encontraba al lado de un puente, cualquier persona que transitara por el lugar se encontraba expuesto al peligro, independientemente que estuviera dentro o fuera del canal de riego; al mismo tiempo, no se comprobó la existencia de avisos o señales que advirtieran sobre el eventual riesgo de electrocución ni tampoco barandas que impidieran el contacto de las personas con el templete, bajo esa lógica, el daño resulta imputable exclusivamente a las entidades demandadas […]."

Empresa de servicio público debe responder por los daños ocasionados por descargas eléctricas en eventos de posición anormal de la red eléctrica. "No es la condición de propietario de la infraestructura lo que hace responsable del daño a Electricaribe S.A. E.S.P., sino su condición de guardián de la actividad peligrosa; y está acreditado que Electricaribe prestaba el servicio de energía en la zona y, por ende, se servía de las redes para hacerlo. Al respecto, la demandada trató de demostrar que había efectuado un correcto mantenimiento a las redes, lo que permite inferir en que, en efecto, detentaba la condición de guardián de las mismas. Se acreditó, y no es discutido, que la red eléctrica que causó el daño fue un cable que se encontraba a baja altura debido a la ruptura del travesaño que lo sostenía. En consecuencia, el daño es imputable a Electricaribe S.A. E.S.P. bajo un régimen objetivo de responsabilidad, debido a la "posición anormal" de la red eléctrica a partir de la cual se estructura la relación de causalidad con el daño, tal y como precisó la Sala en reciente sentencia [Sentencia del 25 de mayo de 2023. Exp. 51864] […]. No se configura la excepción de culpa exclusiva de la víctima debido a su edad avanzada y discapacidad visual, pues es la "posición anormal" de la red eléctrica lo que determina que el daño se le impute causalmente a esta, así se trate de una cosa inerte. En estos casos, el análisis de la causalidad no se agota en el estudio de la causalidad material, sino que debe plantearse en términos de la causalidad jurídica a partir de los criterios de imputación objetiva como el de la creación de riesgos jurídicamente relevantes. En este caso, la responsabilidad objetiva de Electricaribe S.A. E.S.P. proviene del riesgo creado con la posición anormal de la red eléctrica. […] El contacto de la víctima con la red eléctrica termina siendo solo una condición del daño que no puede tenerse como causa jurídicamente determinante del mismo. Tal y como lo señala la doctrina, "[s]e tiene, entonces, que es habitual que la víctima aporte al resultado, aunque su aporte no sea determinante, evento en el cual se participación no genera efecto alguno: "es imprescindible que la actividad del que sufrió el percance haya colaborado en su producción de un modo eficiente, que no quiere decir único, sino con idoneidad o aptitud para la generación del resultado, con trascendencia directa en su aparición, con auténtico rango de concausa"."

La falta de registro de la terminación de contratos de suministro de energía eléctrica ante el ASIC no le otorga vigencia a los mismos. "[S]egún la Resolución CREG 038 del año 2010, "Cuando en el contrato se haya pactado la terminación unilateral, bastará con que una de las partes informe al ASIC que se ha producido la terminación del contrato" [Esta resolución fue expedida el 5 de marzo de 2010, es decir, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato. Sin embargo, como este acto administrativo no reguló ningún elemento sustancial del negocio, ni su terminación, pues solamente definió un procedimiento para informarle al ASIC sobre este último punto, resulta plenamente aplicable al caso concreto.]. Dicha solicitud ante el ASIC debía ser con 7 días de anticipación a la fecha de terminación, y tenía como finalidad que [este] dejara de considerar al contrato en la comercialización en el mercado mayorista. De esta manera, es claro que EMCALI no cumplió con esa disposición, dado que la aludida solicitud fue posterior al acta de terminación del contrato. Al margen de esta situación, [la actora] no tiene derecho a que se le reconozca ningún dinero por el periodo de tiempo transcurrido entre el 5 de mayo de 2010 y el 4 de febrero de 2011, por lo siguiente: En primer lugar, la Resolución CREG 038 de 2010 solo regulaba los deberes de los actores del mercado con el ASIC, que no era parte del contrato -en tanto solamente brinda un apoyo para el proceso de compraventa de energía-, por lo que el procedimiento de terminación anticipada estaba sometido a lo explícitamente acordado por las partes [Resolución CREG 024 de 1995 art. 15]. Según la multicitada Condición Decimosegunda, la terminación anticipada del contrato solo requería de una previa comunicación escrita, lo cual fue cumplido por EMCALI […]. Aunque el parágrafo primero de dicha condición señalaba que: "Para la suspensión y-o terminación de la presente oferta se requerirá sólo de la comunicación del VENDEDOR al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), donde se manifieste el incumplimiento del COMPRADOR, previa comunicación al COMPRADOR", tal obligación solo operaba cuando el incumplimiento recayera en EMCALI, e implicaba una carga en cabeza de [la demandante]. Por tal motivo, es posible colegir que el contrato, ciertamente, terminó con el acta de terminación unilateral, sin que el desconocimiento de los términos de la Resolución 038 doten de vigencia al acuerdo negocial."

El hecho de la víctima constituye una causa extraña que rompe el nexo de causalidad entre el daño y la conducción de energía eléctrica como actividad riesgosa. "[L]a red eléctrica con la cual hizo contacto la víctima cumplía con la distancia reglamentaria de altura, según lo dispuesto en el numeral 13,2, tabla 16, del Capítulo I del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE-16, con las modificaciones vigentes para la época de los hechos, en el cual se indica que la altura mínima de los conductores de tensión nominal equivalente a 13.2 Kv, respecto del piso o rodamiento de la vía, en cruces con carreteras, calles, callejones, zonas peatonales, áreas sujetas a tráfico vehicular (distancia "d"), es de 5.6 metros. […] Ahora bien, aunado al hecho de que las fallas del servicio que el Tribunal Administrativo de Caldas atribuyó a las entidades demandadas no aparecen demostradas, en el presente caso no hay duda de la configuración de la eximente de culpa exclusiva de la víctima, excepción que no fue abordada a fondo en primera instancia y que exonera de responsabilidad a la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A. E.S.P. […] En el presente asunto, […] [la víctima] subió a la parte más alta de un tracto camión y, cuando intentaba acomodar la carpa del vehículo, se enderezó al punto de hacer contacto con la red de energía eléctrica que se ubicaba justo encima del automotor, lo cual le produjo el deceso. La Sala considera imprudente la conducta asumida por la víctima, teniendo en cuenta el peligro que entrañan los conductores aéreos de energía eléctrica, de conocimiento público, y el riesgo al que se sometió al acercarse, por su propia voluntad, a dicho cableado energizado. En ese orden de ideas, pese a la peligrosidad que entraña la conducción de energía eléctrica, que exige del ejecutor de la actividad el mayor respeto y diligencia, en el caso concreto el actuar de la víctima escapó por completo a la esfera de control de los entes encargados de la vigilancia y mantenimiento de la red eléctrica implicada, al punto de hacerse irresistible e imprevisible, por la imposibilidad de contemplar su acaecimiento con anterioridad y de evitar su concreción."

Daños causados por descargas eléctricas no pueden ser atribuidos a la víctima cuando la red eléctrica incumple los parámetros del RETIE. "[L]a actuación de la víctima dentro del riesgo creado únicamente por el guardián de la cosa que se tiene como causante del daño por haberla puesto de manera anormal, no puede considerarse causado también por la actividad desplegada por la víctima al generarse un contacto con ella. […] La responsabilidad objetiva del guardián de la cosa peligrosa (red eléctrica) proviene del riesgo que crea en los asociados y la causación del daño de su posición anormal: es la creación de este riesgo la que lo hace responsable y es ese riesgo el que precisamente ocurre cuando la niña entra en contacto con la red (mal puesta) y sufre el accidente. […] [L]a constatación de la causalidad jurídica requiere indagar cuál de los distintos antecedentes del daño tiene relevancia jurídica en su materialización, para lo cual resultan útiles, tanto el criterio de la causalidad adecuada, como los aportes de la teoría de la imputación objetiva. […] Para la fecha en la que ocurrió el daño, de acuerdo con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE- aprobado en la Resolución 180398 del 7 de abril de 2004 del Ministerio de Minas y Energías, la distancia mínima horizontal entre una red de 13.200 voltios -equivalente a la potencia de la red con la que entró en contacto la víctima directa- y una edificación debía ser de 2,30 metros. […] Si bien existe una discrepancia entre la distancia horizontal señalada en los documentos suscritos por los funcionarios de Emcali (2,20 metros) y la señalada en el dictamen pericial (1,62 metros), independientemente de cuál se tome como referencia, está acreditada la posición anormal de la red eléctrica causante del daño […]. Emcali no cumplió la carga de probar que el conjunto [residencial] fue construido con posterioridad a la instalación de la red eléctrica que ocasionó el accidente […]. Y menos puede considerarse [la] actuación [de la víctima] como constitutiva de culpa […], puesto que no está acreditado que los demandantes hubiesen creado un riesgo desaprobado. En esa medida, […] la utilización de listones o de instrumentos similares para recoger ropa no está desaprobada o prohibida por ninguna norma, sino que se trata de un riesgo permitido […]. El ámbito de protección del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas […] tiene por objeto impedir que las personas entren en contacto con las redes eléctricas […]. Por lo tanto, en este caso, la creación del riesgo desaprobado -violación del reglamento técnico- fue lo que generó el daño […]."

Inclusión y aplicación de cláusulas excepcionales en los contratos celebrados por empresas de servicios públicos domiciliarios. "En el pliego de condiciones que rigió la contratación se incluyeron cláusulas excepcionales y se motivó tal determinación […]. Aunque el contrato es de derecho privado y no se hizo mención en este a las facultades excepcionales, lo dispuesto en el pliego de condiciones hace parte integral del acuerdo de voluntades porque así lo pactaron expresamente las partes en la cláusula sexta del contrato según la cual "el pliego de condiciones, la adenda y las demás disposiciones del mismo, se entienden incorporadas en este contrato (…) al igual que las normas de la Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, en cuanto sean aplicables en un caso determinado". La inclusión de las cláusulas excepcionales se sustentó en la entonces vigente Resolución número 01 de 18 de mayo de 1995 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico que […] impone a las ESP justificar la inclusión de estas estipulaciones de manera expresa y de cara a contratos similares en atención a que aquello que justifica su inclusión es la preservación de la continuidad y calidad de la prestación del servicio público; sin embargo, ello no implica que la ESP solo pueda hacer efectivas estas potestades en aquellos eventos en los cuales exista interrupción del servicio o se afecte la calidad del agua, pues, se insiste, los referidos criterios solo definen la inclusión de dichas potestades en el contrato, mientras que su aplicación está llamada a regirse por las normas correspondientes del estatuto de contratación. En el numeral 49 del pliego de condiciones […], aunque no se hizo referencia específica a determinados contratos, de modo que puedan ser identificados en forma plena para el análisis que ahora corresponde […], el objeto contractual incluía componentes de suministro de los materiales necesarios para las acometidas e instalaciones, así como de obra, en la ejecución material de los trabajos. […] Por su parte, la declaración de caducidad se fundamentó, precisamente, en el hecho consistente en que se presentaron interrupciones en el servicio […]. De acuerdo con lo expuesto, se concluye que las cláusulas excepcionales fueron debidamente pactadas y no hay evidencia de que dicho pacto hubiera desconocido las condiciones que para esa época imponía el reglamento […]. Tampoco se acreditó la ausencia de los supuestos legales para declarar la caducidad, porque el incumplimiento del contratista no solo amenazaba con paralizar la ejecución del contrato, sino que, efectivamente, esta se paralizó […]."

Empresas de servicios públicos mixtas se encuentran exentas del pago de derechos notariales. "[L]a Corte Constitucional, en la Sentencia C-736 de 2007, expresó que las empresas de servicios públicos mixtas son entidades descentralizadas que constituyen una tipología especial definida por el legislador por mandato expreso de los artículos 365 y 367 de la Constitución Política que, como tales, no se pueden asemejar a las sociedades de economía mixta. […] En esas condiciones, fuerza concluir que la Notaría […] erró al liquidar los derechos notariales a EPM Ituango por concepto del registro de la escritura pública en donde se protocolizó la reforma de sus estatutos y el aumento de capital social, pues dada su condición de empresa de servicios públicos mixta, es una entidad descentralizada y por ende considerada como una "entidad estatal" las cuales se encuentran exentas del cobro de los derechos notariales. A continuación, la Sala entrará a examinar si es cierto […] que EPM Ituango […], por el hecho de desarrollar actividades de explotación comercial sobre la Central Hidroeléctrica Ituango SA ESP con ánimo de lucro se le debe conferir el mismo tratamiento que a las empresas industriales y comerciales del Estado y que las sociedades de economía mixta […]. Esta Sección prohíja lo dicho por la Sala de Consulta y Servicio Civil, quien en Concepto de 29 de octubre de 2019, precisó que lo atinente a la construcción de plantas generadoras con sus respectivas líneas de conexión a las redes de interconexión y transmisión está permitida a todos los agentes económicos, en los términos definidos en el artículo 79 de la Ley 143 de 1994 y constituye una actividad inherente al servicio público de energía eléctrica, la cual es definida como aquella que está relacionada intrínsecamente con la prestación de los servicios públicos domiciliarios […]. EPM Ituango tiene, dentro de su objeto social, la construcción, operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Pescadero Ituango, las cuales sí constituyen actividades inherentes al servicio público de energía y por el hecho de que desarrolle algunas actividades de explotación comercial no pierde su naturaleza jurídica. […] [E]l argumento de alzada relativo a que EPM Ituango está expresamente excluida del beneficio de exención del pago de derechos notariales […] por ser una empresa filial de las Empresas Públicas de Medellín, la cual cuenta con naturaleza de Empresa industrial y comercial del Estado […] carece de vocación de prosperidad, porque no consulta el principio de legalidad que rige en materia tributaria."

Norma sobre tránsito de legislación en materia de tarifas de servicios públicos domiciliarios no autoriza a las empresas prestadoras a interpretar unilateralmente los contratos por ellas celebrados. "[A juicio de la actora] tanto CODENSA [como] la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pretendieron acomodar los artículos 128 y 134 de la Ley 142 de 1994 para desconocer un contrato válidamente celebrado, pues la Empresa de Energía de Bogotá y la demandante acordaron como forma de pago del precio del bien objeto de la venta, el suministro de energía eléctrica por parte de la compradora, de modo que no es admisible que una persona que cedió a título de venta un bien propio no reciba el justo precio en la forma y términos pactados en el contrato. […] [B]asta señalar, en relación con el reproche del censor encaminado a revocar la declaratoria de nulidad de los actos demandados, aduciendo que ello tuvo lugar en aplicación del tránsito de legislación que dispuso la Ley 142 de 1994 en su art. 179, […] que, tal como ampliamente lo señaló el a quo, la Sala comparte la tesis de que Codensa carecía de facultades unilaterales para pronunciarse y calificar el contrato celebrado en 1939 - 1941 como lo hizo en su decisión del 24 de junio de 1999, en la que indicó: "en lo que se refiere al acuerdo entre las Empresas Unidas de Energía Eléctrica y doña [L.M.C], sus términos no corresponden a la normatividad establecida en la Ley 142 de 1994 y su reglamentación posterior que prohíbe expresamente, en virtud del principio de neutralidad, un tratamiento de excepción como el contenido en el texto de la escritura". La regularización o normalización ordenada por la ley para alcanzar progresivamente los límites establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994 en materia de factores de contribución, tarifas y subsidios del servicio, no autorizaba o confería facultades como las desplegadas por Codensa, avaladas por la Superintendencia de Servicios Públicos al resolver el recurso de apelación en sede administrativa, puesto que para tales efectos bien podía haber acudido al arreglo directo con el usuario o suscriptor, o en su defecto, ir ante el juez del contrato para pedir p. ej. que diera por cumplida la prestación del suministro acordada en 1941, o su nulidad, o cualquier forma que revelara el interés en efectuar la normalización; pero definitivamente carecía de facultades para incursionar en el citado contrato, calificarlo, e interpretarlo, en contra del otro contratante."

La indemnización de los perjuicios causados por un acto administrativo de carácter mixto declarado nulo debe solicitarse a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. "El 9 de noviembre de 2016, la empresa Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. […], en ejercicio del medio de control de reparación directa […] presentó demanda contra el municipio de Bucaramanga […]. [S]e observa que el Concejo Municipal de Bucaramanga […] profirió el Acuerdo 012 a través del cual modificó la estructura de recaudo del impuesto al servicio del alumbrado público […]. Como se evidencia de su contenido, […] esa decisión […] contuvo una disposición de contenido particular en cuanto afectaba de manera directa a la empresa que […] prestaba los servicios públicos de energía en la ciudad de Bucaramanga, que no era otra que la demandante […]. Esa afectación se desprendía del hecho de que, no obstante que la prestación del servicio de recaudo del impuesto del alumbrado público se había amparado en varios vínculos contractuales celebrados con el municipio, en virtud de los cuales se pactaba un sistema de remuneración en favor de la prestataria, en adelante y por cuenta del citado Acuerdo, su ejecución se situaba en cabeza de la ESP sin contraprestación alguna. […] [E]sta fue la consecuencia que se derivó del hecho de imponer mediante ese Acuerdo la responsabilidad directa de su cobro en cabeza de las ESP, sin que para el efecto debiera mediar un contrato o un convenio entre el municipio y la empresa en el que se pactara la ejecución de esa actividad ni su sistema de remuneración. Esa también fue la interpretación dispensada por la Sección Cuarta de esta Corporación en la sentencia del 12 de agosto de 2014 en la que declaró la nulidad del Acuerdo 12 de 2010 […]. En segundo lugar, considera la Sala que los efectos del acto también fueron de contenido general, en la medida en que tenía vocación de afectar a quienes en un futuro y durante la vigencia del acuerdo tuvieran la aspiración de convertirse en prestadores del servicio de energía eléctrica en Bucaramanga. […] [L]a Sala estima que si la demandante pretendía obtener la reparación de los perjuicios causados por el acto administrativo que consideraba ilegal, le correspondía ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Si su pretensión se circunscribía a cuestionar la legalidad de esa decisión y renunciar al restablecimiento, podía ejercer la simple nulidad. Con todo, esto último no fue lo que aconteció, pues surge con claridad que la empresa actora no declinó de sus aspiraciones indemnizatorias derivadas de la ilegalidad del acto."

Reglamentación de la obligación de compras mínimas de energía proveniente de fuentes no convencionales de energía renovable respecto de los comercializadores del mercado de energía mayorista, comporta una restricción leve de los derechos de la libertad económica y la libre competencia en materia del servicio público de energía eléctrica y sus actividades complementarias. "[S]i bien es cierto que, en los términos de los artículos 9 y 11 de la Resolución 40305 de 23 de septiembre de 2021, una vez cumplida y declarada la CA2, la aplicación del mecanismo complementario implica la asignación, entre todos los agentes comercializadores registrados en el MEM, de los saldos de energía no adjudicados en la SCLP, lo que […] apareja la restricción de una expresión de la libertad económica de empresa de dichos agentes, consistente en la posibilidad de elegir si suscriben o no los contratos de largo plazo de FNCER, siguiendo las consideraciones de la jurisprudencia constitucional [Sentencia C-056 de 2021], esa afectación resulta ser leve, puesto que tales contratos corresponden a un mínimo obligatorio del 10 por ciento de la totalidad de las compras de energía que aquellos realicen, lo que supone que, frente al 90 por ciento restante, conservan la posibilidad de contratar la adquisición de energía a través de contratos en bolsa y contratos bilaterales ordinarios. En ese sentido, la afectación menor de dicha expresión de la libertad económica […], constituye una de las medidas idóneas que contribuyen en el proceso de transición energética hacia la utilización, desarrollo y promoción de fuentes no convencionales de energía […]. En lo que atañe al cuestionamiento sobre [la restricción de la libre competencia por cuenta de] la adjudicación o asignación forzosa, es del caso reiterar […] que, además de legítima, se trata de una afectación leve, puesto que los contratos […] corresponden a un mínimo obligatorio del 10 por ciento […]. Tampoco puede perderse de vista que […] la energía proveniente de FNCER que permite acreditar el cumplimiento de la obligación del artículo 296 de la Ley 1955 de 2019 corresponde únicamente a la de los agentes del MEM y-o personas naturales o jurídicas propietarios o representantes comerciales de proyectos de generación que participen en la SCLP […]. Se advierte lo anterior porque la parte actora sugiere una visión aislada del mecanismo complementario bajo la CA2, cuando lo cierto es que respecto de la energía que en este se asigna se agotó el mecanismo de la subasta […], en la que, además de que sí se presenta una interacción anónima entre vendedores y compradores, las ofertas de venta no pueden exceder el valor del tope máximo individual."

Empresas de servicio público no deben responder por los daños causados a menores de edad derivados de descargas eléctricas cuando los padres omiten sus deberes de cuidado y protección. "La parte demandante apeló […], por considerar que todo ocurrió por la cercanía de los cables de energía con el inmueble […]. En primer lugar, la víctima directa para la época de los hechos tenía 11 años, por tal razón resulta aplicable el artículo 2346 del Código Civil, según el cual no es posible predicar dolo o culpa frente a los menores de 12 años. Además, no puede pasarse por alto que esta Sección ha establecido que en aquellos eventos en los que se estudia la responsabilidad por actividades peligrosas, como lo es la conducción de energía, se ha considerado que los padres del menor lesionado son víctimas indirectas, por lo que su actuar negligente contribuye a la causación del daño. […] Para la Sala cobra gran relevancia el hecho de que dentro de las principales obligaciones de los padres estén los deberes de cuidado y custodia para con sus hijos, por ende, las personas en cuya cabeza se encuentra la patria potestad asumen una posición de garantes. Los mencionados deberes encuentran su configuración legal en los artículos 7, 20 y 39 de la Ley 1098 de 2006, los cuales disponen que los padres tienen a su cargo, de forma prioritaria, el deber de velar por la integridad física y síquica de los menores, lo cual incluye, como es natural, la obligación de mantenerlos alejados de los objetos y actividades riesgosas que puedan hacerles daño, así como evitar que con su propia conducta se pongan en peligro. Como consecuencia, la Sala encuentra acertada la decisión del a quo de reprochar la omisión en la que incurrieron los padres respecto de sus deberes de cuidado y protección, por cuanto no vigilaron a su hijo cuando este ingresó desde la parte superior de su vivienda a la terraza de un inmueble vecino para tratar de bajar una cometa e hizo contacto con las redes eléctricas al acercarse a ellas con ayuda de un elemento metálico, evento que era imprevisible e irresistible respecto de Emcali ESP. […] [T]eniendo en cuenta que se puede deducir lógicamente que de encontrarse presentes los representantes legales del menor afectado se podría haber evitado el siniestro, dado que, por lo general, los hijos suelen obedecer las órdenes de sus padres, se concluye que la omisión en la que incurrieron fue la causa directa y determinante en la producción del daño, al margen de la supuesta cercanía de las redes eléctricas."

Suspenden provisionalmente disposiciones que reglamentan el régimen sancionatorio aplicable en la prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. "[T]ratándose del funcionamiento del servicio público de distribución, transporte y almacenamiento de CLDP -exceptuándose el GLP-, el legislador sí previó, de manera general, un régimen sancionatorio, contenido en el artículo 3 de la Ley 26 de 1989, a diferencia de lo que sucede con las Leyes 489 de 1998 y 697 de 2001, estas últimas que el decreto compilado Decreto 3683 de 2003 con sus modificaciones, al que pertenece la norma demandada, anunció que reglamentaba. […] Someter al artículo 3 de la Ley 26 de 1989 a "Las personas que infrinjan el presente decreto", en los términos del [Decreto 1073 de 2015 art. 2.2.1.1.1.9 parágrafo 2 (inciso final)], implica vincular in genere el incumplimiento de todas las normas del Decreto 3683 de 2003 a las normas sancionatorias del régimen de dicha ley, cuando no necesariamente todo el contenido de ese decreto está relacionado con el funcionamiento del servicio público de la distribución de los CLDP. […] Someter al artículo 3 de la Ley 26 de 1989 a "Las personas que infrinjan (…) las demás normas sobre el funcionamiento del servicio público de distribución, transporte y almacenamiento de crudo de calidad igual o inferior a 14 grados API y-o las mezclas que los contengan", […] implica hacer extensivo el régimen sancionatorio contenido en dicha ley a infracciones de normas sobre el funcionamiento de ese servicio público cuando versen sobre petróleo crudo de calidad igual o inferior a 14 grados API, siendo que el referido régimen está circunscrito a los CLDP. […] En cuanto concierne a los literales f) y a) de los artículos 2.2.3.5.2.2.1.1. y 2.2.3.5.2.2.1.4. del Decreto 1073 de 2015, respectivamente, […] la expresión "de conformidad con las normas previstas en este Decreto;" contenida en ellos se quedó sin objeto, puesto que […] las disposiciones del Capítulo VI, "Procedimiento disciplinario" del Decreto 1873 de 1996 no se compilaron y sí fueron objeto de la derogatoria integral del Decreto 1073 de 2015. Tampoco cabe entender que el alcance de la expresión antedicha se refiere a las normas del Decreto 1073 de 2015, puesto que ello excedería los límites del ejercicio compilatorio, en contravía de lo expresado en los considerandos de aquel […]"

Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de las acciones dirigidas a reclamar la indemnización de perjuicios causados por el ejercicio de los derechos otorgados sobre servidumbres de servicios públicos domiciliarios por parte de entidades públicas. Tratándose de la ampliación de servidumbres como consecuencia las disposiciones del RETIE, dichas acciones no caducan a partir de la publicación de dicha reglamentación. "[E]l artículo 33 de la [Ley 142 de 1994] dispone las facultades especiales para la prestación de los servicios públicos y permite el conocimiento de ciertas situaciones al juez contencioso administrativo. […] [E]l conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, definido en el artículo 33 de la Ley 142 de 1994, versa sobre aquellas pretensiones encaminadas a reclamar la indemnización de los perjuicios que se causen de manera posterior con ocasión al ejercicio de los derechos otorgados sobre las servidumbres de servicios públicos. […] En tal virtud, el análisis anterior supone que el asunto bajo estudio corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, atendiendo a lo consagrado en el artículo 104 del CPACA, que establece la cláusula general o residual de competencia, según la cual, la jurisdicción contenciosa conoce de aquellos actos o hechos sujetos al derecho administrativo, en los que resultan involucradas entidades públicas […]. En consecuencia, con el objeto de resolver el caso sub lite, es imperativo recordar que EPM […] se transformó en empresa industrial y comercial del Estado […], cuyo capital […] es de naturaleza pública […]. [S]i bien la naturaleza jurídica de la norma RETIE constituye un acto administrativo de carácter general, cuya exigencia se perfecciona con la simple publicación en el medio idóneo establecido […], lo cierto es que, desde una perspectiva de realidad material, la sola expedición o publicación en sí misma no garantiza que efectivamente las personas que se pueden ver afectadas con el contenido del acto, tengan conocimiento de los presupuestos comprendidos en el mismo, así como de las consecuencias que de él se generen. En este sentido, […] el daño alegado, correspondiente a las nuevas distancias establecidas por el RETIE y la exigencia de estas para la solicitud de licencias de construcción, solo fueron conocidas por los accionantes a través de la respuesta otorgada por EPM, en la que esta entidad da a entender que la servidumbre objeto de estudio ocupa una franja de terreno de 20 metros de ancho y no los 15 que se habían establecido en un principio."

Tratándose de contratos con régimen exceptuado, las obligaciones de naturaleza pecuniaria no requieren estar justificadas en análisis financieros o de mercado desarrollados en el pliego de condiciones. "El Tribunal […] declaró de oficio la nulidad absoluta del pacto de honorarios variables a título de prima de éxito […] con base en la siguiente sustentación: 1) En cumplimiento del principio de conmutatividad de la contratación estatal, los pliegos de condiciones deben contener los análisis financieros económicos presupuestales y de mercado que permitan sustentar y determinar su proyección en tiempo y cuantía. 2) En el presente asunto, el pacto de prima de éxito violó los principios que rigen la contratación de las empresas oficiales de servicios públicos, en especial los de eficiencia, eficacia, economía y de planeación. […] La sentencia apelada mediante la cual se declaró la nulidad absoluta de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios profesionales no. 030 de 2011 será revocada, por cuanto el contrato se rige por las leyes civiles y comerciales y sí contaba con respaldo presupuestal el valor de aquel. […] Sobre ese punto de la controversia pone de presente la Sala que, como la entidad contratante es una empresa de servicios públicos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 los contratos que esta celebre no están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública […]. En los términos planteados por el tribunal de primera instancia, la entidad contratante vulneró los principios de la contratación estatal por el hecho de no desarrollar en los estudios previos del contrato de prestación de servicios no. 030 de 2011 los estudios de mercado y análisis financieros que permitieran soportar el monto de contratación previsto, sin embargo, para la Sala este argumento por cuanto el pacto del monto de los honorarios respondió a la libre voluntad negocial de las partes, sin que en modo alguno ello se cimentara en nulidad. De otra parte, se advierte que la capacidad económica de la entidad contratante se sustentó en la apropiación presupuestal […], de manera que se respeta lo que expresa y debidamente se pactó en el negocio jurídico bajo análisis. […] En ese sentido, si no es palmaria "o manifiesta" la causal de nulidad no es viable su decreto de oficio, y en el presente asunto […] las partes suscribieron un contrato de prestación de servicios profesionales en ejercicio de la libre voluntad negocial, razón por la cual, la decisión adoptada por el tribunal de primera instancia será revocada."

Recursos asignados a los FSRI pueden ser destinados a la retribución económica en proyectos de agua potable y saneamiento básico bajo esquemas de APP. "[L]a parte actora pareciera entender que los subsidios son entregados directamente a los usuarios, por lo que emplearlos como retribución económica de un proyecto de APP implicaría desviarlos de su destinación específica. Tal interpretación es errada, pues el reparto de los subsidios, según el numeral 99.3 del artículo 99 de la Ley 142, se hace mediante un descuento en la factura del servicio, es decir, que el operador cubre directamente esta deducción con los recursos asignados para solventar los subsidios. Sumado a ello, los subsidios buscan cubrir la diferencia entre el valor del servicio público prestado y lo que efectivamente paga el usuario de estratos 1, 2 o 3, por lo que su finalidad es retribuirle a la empresa prestadora los gastos en que incurrió para prestar el servicio, lo cual incluye las inversiones que se realizan en el marco de un proyecto de APP. La tarifa de los servicios públicos domiciliarios abarca varios conceptos, entre ellos, las inversiones hechas para prestar el servicio, las cuales, por mandado del numeral 99.6 del artículo 99 de la Ley 142, pueden ser cubiertas por los subsidios. Aunque es verdad que, en principio, la inversión no es realizada por el Estado, ya que el inversionista privado es quien debe financiar el proyecto, condicionando los pagos con recursos públicos a la disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento de niveles de servicio y a estándares de calidad, eventualmente deberá iniciarse con la retribución de tal inversión, que es, en últimas, el precio o la compensación que pagará la entidad pública por la ejecución del contrato de concesión bajo la modalidad de APP. Teniendo de presente esta situación, no resultaría ilegal que en los contratos de APP los dineros de los subsidios asignados a los FSRI sean considerados como recursos públicos, para efectos de fijar la retribución económica de la inversión del contratista privado, en tanto estos seguirían cumpliendo su finalidad constitucional, que es garantizar el acceso de todas las personas a los servicios públicos domiciliarios -con estos proyectos se moderniza y optimiza la prestación del servicio-."

Eximen de responsabilidad a EPM por los daños ocasionados a una vivienda, producto de un rayo que generó un cortocircuito que se propagó por la acometida interna. "[E]n el informe técnico elaborado por los ingenieros […] se afirmó que los DPS (dispositivos de protección de sobretensiones) se activaron en la noche del 14 de agosto de 2009 y por ello "se suspendió el servicio de energía no solo en el sitio de la finca 'Mi Refugio' sino a nivel de toda la zona". Entonces, según la prueba técnica aportada por la entidad demandada […], la causa más probable en la producción del daño se encuentra en el impacto de la descarga atmosférica que hizo que chispas se propagaran por la acometida interna de la finca y terminaran en el medidor de la casa instalado dentro del inmueble construido en madera. En este punto la declaración de los ingenieros es contundente y no deja lugar a dudas: "En los registros se encontró que los oficiales que atendieron allí solo se cambiaron el fusible de protección y aislaron la acometida de la vivienda afectada, las redes de uso general no sufrieron averías, no se cambiaron y hasta hoy son las mismas", de allí que no pueda la Sala acoger el dictamen de parte aportado por los demandantes […] puesto que no tendría sentido que la causa del daño hubiera sido la falta de recubrimiento de los cables de energía de la red de servicio público pero que estos no hubieran sufrido daño alguno, a diferencia de la acometida interna […] la cual tuvo que ser aislada. […] En este caso concreto se cumplen a cabalidad con todos los elementos constitutivos y configurativos de la fuerza mayor porque, si bien EPM ESP tenía conocimiento de que la zona o el sector tenía gran actividad atmosférica, lo cierto es que adoptó las medidas propias de protección para mitigar el riesgo asociado a una descarga eléctrica, tanto así que la red eléctrica de su propiedad no sufrió daños tal como se concluyó en el informe técnico elaborado; contrario sensu, la parte actora al conocer el riesgo que implicaba tener el transformador dentro del inmueble de madera en una zona de significativa actividad atmosférica debió anticiparse al evento y precaverlo para mitigar y controlar sus efectos, por cuanto no queda duda de que la descarga impactó el poste de la acometida privada -como lo indicó la testigo presencial de los hechos- y eso produjo la conflagración del contador y de la casa propiedad de los demandantes y como efecto de la construcción de la vivienda."

La imputación de responsabilidad por los daños causados a raíz de la conducción de energía eléctrica, a través de la teoría del riesgo excepcional, exige la comprobación del nexo causal con la actividad de los responsables de la prestación del servicio público de energía. "[A]unque no es posible negar que la producción y conducción de energía eléctrica es una actividad peligrosa, ello no implica abandonar toda labor crítica para aceptar sin más que el agente encargado de la transmisión de electricidad deba responder por todo fenómeno remotamente asociado a la prestación de ese servicio público […], máxime tratándose de redes eléctricas que se encontraban al interior de la vivienda, esto es, de unas que no se encontraban bajo la egida de alguna de las entidades demandadas. Al efecto, se tiene que el artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público domiciliario de energía como "el transporte de energía eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición", y determinó que la red interna es "el conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de suministro del servicio público al inmueble a partir del medidor […]". De estas reglas puede inferirse que el servicio público de energía eléctrica como tal llega hasta los medidores de consumo, sin incluir las redes interiores de los inmuebles, lo que eventualmente trazaría una frontera entre la responsabilidad de la entidad prestadora del servicio derivada de las instalaciones externas, cuyo mantenimiento le corresponde, y el compromiso del consumidor final, quien tiene a su cargo el cuidado, atención y mantenimiento del cableado interno, por hacer parte de su dominio. Esta diferencia es importante, pues si algún perjuicio resulta imputable al mal estado de las instalaciones internas por falta de reparaciones o actividad a cargo del usuario, ningún reclamo fundado podría elevar el consumidor frente a la entidad distribuidora del servicio domiciliario de energía, pues en tal caso el daño devendría de su propia incuria. […] Entonces, para que la pretensión de responsabilidad extracontractual por actividad peligrosa pueda tener vocación de prosperidad, el demandante debe acreditar, además del daño cuyo resarcimiento persigue, que tal resultado tuvo por causa directa y adecuada aquella actividad imputable al demandado y de la que sobrevino la consecuencia lesiva […]."

Es nulo el acto que modifica unilateralmente el contrato sin intentar previamente el acuerdo con el contratista, y que no está fundado en hechos concretos. En el desarrollo de un contrato de concesión que otorgó la explotación de un área de servicio exclusivo para la prestación del servicio público de aseo, la entidad demandada dispuso la modificación unilateral del mismo, en el sentido establecer que el contratista debía migrar, restituir o entregar "todos los bienes afectos directamente al servicio de aseo público en la modalidad contratada, para que así, con el uso de dichos bienes, el Distrito de Cartagena pueda tener las condiciones y los medios para operar el servicio de manera directa si a ello hubiere lugar […] en aras de mejorar la calidad del servicio o garantizar la continuidad y permanencia de su prestación bajo el acaecimiento de cualquier contingencia que llegare a presentarse". A juicio de la Sala, "no se cumplió el requisito relativo a que este acto solo puede expedirse para evitar la paralización o la grave afectación del servicio público". La modificación unilateral "debe fundamentarse en hechos concretos que permitan indicar que existe un riesgo real de paralización o afectación del servicio", por lo que "no puede referirse a circunstancias generales que no establezcan los motivos específicos que conllevan a la Administración a expedir el acto administrativo." El Alto Tribunal advirtió que, "para el momento de expedición del acto administrativo el Contrato llevaba sólo un año de ejecución, por lo que restaban siete años para que tuvieran que revertirse los bienes afectos a él". En dicho contexto, "no es claro por qué concretamente la entidad debió expedir un acto administrativo modificando el contrato en esa etapa de la ejecución contractual." Finalmente, la Sala constató que "no se cumplió el procedimiento que las partes previeron en relación con la modificación unilateral por varios motivos: uno, no se refiere que [la concesionaria] haya sido convocada previamente para que el Distrito le expusiera "su criterio sobre las modificaciones requeridas"; dos, no existe prueba de si hubo un acto delegación para que la Oficina Jurídica pudiera adelantar la etapa de concertación; y tres, el Distrito no aportó los "requerimientos escritos" realizados al Contratista."

La indemnización de los perjuicios derivados de la suspensión del servicio público domiciliario no puede reclamarse a través de la acción de reparación directa. La Sala declara probada la excepción de indebida escogencia de la acción al constatar que el medio de control de reparación directa no resultaba procedente en el caso concreto, conclusión a la que arribó "en observancia de la naturaleza de la relación jurídica entre los usuarios y las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, que ha sido catalogada como mixta", teniendo en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional en el sentido que "la situación jurídica del usuario en parte es contractual y en parte reglamentaria, según lo establezca el propio legislador (CP art. 365). […] [habida cuenta de que la] relación legal y reglamentaria, estrictamente objetiva, se concreta en un derecho a la prestación legal del servicio en los términos precisos de su reglamentación, […] La relación estatutaria o reglamentaria que aparte de la contractual rige las relaciones usuario - empresa tiene especial significación, cuando la ley 142 en los artículos 152 a 159 regula los mecanismos de defensa de los usuarios en sede de las empresas, entre los cuales se encuentra el derecho de petición y los recursos de reposición y apelación, así como los requisitos y la oportunidad para hacer uso de estos, su trámite y los órganos competentes para resolverlos" [Sentencia T-540 de 1992]. Así mismo, la jurisprudencia del Consejo de Estado (Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto S-701 de 23 de septiembre de 1997) y de la Corte Constitucional (Sentencia C-150 de 2003), ha reconocido que "los actos de facturación, suspensión y corte de los prestadores de servicios públicos domiciliarios son típicos actos administrativos, en contra de los cuales, además de los recursos administrativos […], procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho". Por tal razón, "[l]os supuestos daños alegados en el presente caso tenían origen en los citados actos administrativos de carácter particular, por lo que, a fin de obtener la solicitada indemnización de perjuicios, era indispensable que la actora los atacara directamente y solicitara la declaratoria de su nulidad. […] La ausencia de una pretensión de nulidad […], o de una pretensión relativa a un eventual incumplimiento contractual, convierte en improcedente cualquier análisis de fondo sobre la responsabilidad patrimonial de las partes."

Daño derivado de una descarga de energía eléctrica es atribuible a la empresa de servicio público, a una falla del servicio del municipio y al hecho de un tercero. "[E]l municipio… no aportó prueba tendiente a demostrar que, en vigencia del contrato suscrito en el 2001 [con la empresa de servicio público], desarrolló la expansión de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio público de energía eléctrica…, ni que con posterioridad a la firma del otro sí, instalara las redes y acometidas requeridas para una buena prestación del servicio, situación que incidió en el resultado. [T]ampoco acreditó que hubiera presentado ante el Ministerio de Minas y Energía, en su condición de administrador del proyecto de normalización de redes eléctricas en los barrios subnormales, los respectivos estudios y diseños para la normalización de la zona [Ley 812 de 2003 y Decreto 3735 de 2003]. Como consecuencia, el municipio incumplió con el deber que tenía de expandir la infraestructura necesaria, que cumpliera con los estándares de eficiencia, calidad y seguridad exigida por las normas para la prestación del servicio público de energía eléctrica; de lo contrario, los usuarios hubieran contado con los sistemas de seguridad que los protegieran en casos como el que es objeto de estudio… Asimismo, de conformidad con las conclusiones del dictamen, la comercializadora de energía no debía energizar instalaciones ni suministrar el servicio si el propietario o tenedor de la instalación no demostraba la conformidad con el RETIE, obligación que incluía a los barrios subnormales… Esta condición no se cumplió…, por cuanto… se pudo demostrar que las instalaciones no cumplían con los parámetros de seguridad establecidos…; debía abstenerse de prestar el servicio, por cuanto era de amplio conocimiento que las viviendas no cumplían con los requisitos mínimos para soportar una sobrecarga… [E]n el presente caso también contribuyó a la causación del daño el incumplimiento de [los] padres frente al deber de protección y cuidado que debían ejercer sobre su hija [L. 1098 de 2006, art. 7, 20 y 39]"

La terminación anticipada del contrato de suministro de energía y la aplicación de las cláusulas penales, deben ajustarse a lo convenido por las partes. "[E]n punto a las estipulaciones contractuales atinentes al pago del suministro de energía eléctrica, es pertinente indicar que las partes convinieron […] que la demora en el pago de los documentos de cobro presentados para el prepago de la energía a ser suministrada, […] daba lugar al reconocimiento y pago […] de intereses moratorios. A su vez, en cuanto a la cláusula penal, […] las partes acordaron que la misma se haría efectiva ante el incumplimiento de los contratos, siempre y cuando dicho incumplimiento diera lugar a su terminación. […] [S]i bien se presentó un cumplimiento tardío de la obligación de realizar el prepago […], el pago tardío realizado por CEDELCA S.A. E.S.P. no configuró la causal de terminación de los contratos […], de acuerdo con la cual, se itera, solamente la no cancelación de los documentos de cobro del prepago o el pago extemporáneo de documentos de ajuste daba lugar a la terminación de la relación contractual, de conformidad con lo pactado […]. Por esta misma razón, concluye la Sala que, al no configurarse la causal de terminación anticipada aducida […], tampoco se reúnen los supuestos contemplados para la aplicación de las cláusulas penales […], toda vez que […] estas fueron pactadas únicamente para "el evento de que una de las partes incumpla con las obligaciones derivadas del presente contrato y su incumplimiento de lugar a la terminación del mismo" […] De otro lado, observa la Sala que dentro del proceso no se acreditó que el retardo en el pago hubiese generado alguna perturbación o contratiempo que afectara la ejecución de los contratos, ni mucho menos que haya sido la causa que dio lugar al proceso de limitación al suministro de energía, aspecto que se abordará en detalle más adelante. En todo caso, es menester recordar que el pago tardío de una obligación dineraria genera como consecuencia la causación de intereses moratorios […]. En este sentido, de tiempo atrás esta Subsección ha indicado que la ejecución tardía de la obligación frente al pago del precio constituye un incumplimiento relativo o no definitivo, que trae como consecuencia que el deudor resulte obligado al pago de intereses moratorios a favor del acreedor […]"

Niega la acción de repetición contra el gerente de una empresa de servicio público, sustentada en el actuar gravemente culposo por sobrecompra de energía eléctrica. "[L]os informes de evaluación de propuestas y los contratos suscritos indican que lo pactado por [la E.S.P.] en el Sistema Energético Mayorista […] no superó las necesidades energéticas que planteaba aquella empresa de servicios públicos cuando surtió las invitaciones públicas […] En este caso, el contrato de transacción que celebró [la E.S.P.] se produjo en el marco de un escenario de comercialización de bienes intangibles de energía eléctrica, esto es, en el Mercado de Energía Mayorista -MEM- y, por ende, tanto este contrato transaccional como aquellos otros bilaterales de suministro pactados con diversos generadores y comercializadores de energía eléctrica se rigieron por las condiciones del mercado, […] sin que la suscripción de un contrato de naturaleza transaccional u otro tenga la capacidad de demostrar aisladamente condiciones objetivas que lleven al convencimiento de que el gerente o representante legal de la persona jurídica contrayente actúo prevalido de culpa grave. Sustento de esta premisa es que en el contenido del acuerdo transaccional se dispuso a título de antecedentes contractuales que la justificación de la transacción no correspondía a un criterio objetivo y verificado por un órgano técnico sino por la evaluación subjetiva de la nueva gerencia, en cuyo sentir se había incurrido en una sobrecontratación […] Así, por ejemplo, no se allegó el informe del comité de conciliación […], [ni] las comunicaciones cruzadas […] que evidenciaran las condiciones objetivas de la negociación que justificaban la terminación anticipada del contrato de suministro, falencias probatorias que sin duda dejan sin asidero la pretensión de reembolso de lo pagado, en el que el título fundante es una obligación voluntariamente adquirida a través de un contrato de transacción. [… P]ara demostrar un actuar gravemente culposo […] la prueba que exigía las condiciones particulares del caso […] demandaban una demostración meridiana de los motivos y circunstancias en las que podía calificarse de irregular la actuación de un gerente en un escenario de liberalidad económica, en el cual las condiciones de mercado son determinantes, dada la libre competencia que asiste entre públicos y privados, como es el caso del Mercado Mayorista de Energía."

Privatización de la empresa de servicios públicos domiciliarios que sobreviene a la cesión del convenio de facturación del servicio de aseo realizada a su favor, hace que las controversias derivadas del mismo deban ser conocidas por la jurisdicción ordinaria. "La naturaleza de Electrocosta como entidad oficial de servicios públicos fue reafirmada al suscribir la cesión del convenio de facturación por parte de Electribol, en el documento de transferencia de activos y pasivos. Con todo, entre los años 1999 y 2000 se surtió el proceso de privatización de Electrocosta […] De ahí que, para el 21 de marzo de 2001 [fecha de presentación de la demanda], Electrocosta ya no era una empresa prestadora de servicios públicos de carácter oficial, sino de naturaleza privada. [… N]o cabría catalogar a Electrocosta, hoy Electricaribe en liquidación, como entidad pública, porque el artículo 82 del CCA era claro en que sólo conocía frente a "las entidades públicas", norma que no puede entenderse extensiva a otras entidades que, si bien tienen una composición mixta en su capital, no son sociedades de economía mixta. […] Lo expuesto se traduce en que a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no le corresponde conocer de la presente controversia contractual, pues a la luz de lo dispuesto en el artículo 82 del CCA vigente para la época en que se interpuso la demanda, esa posibilidad se circunscribía a las controversias en las cuales fueran parte entidades públicas o particulares que prestaran funciones propias de los distintos órganos del Estado, supuestos que no se materializaron en este caso."

Caducidad de la acción originada en los daños causados por la escogencia de contratista por parte de las prestadoras de servicios públicos domiciliarios, debe contabilizarse desde la fecha en que la empresa comunica la elección. "[E]n vista de que…, la responsabilidad precontractual de los prestadores de servicios públicos domiciliarios debe reclamarse mediante la acción de reparación directa, la Sala tendrá en cuenta el término de caducidad previsto en el inciso cuarto del artículo 136 del CCA [Antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998]… [E]l Tribunal consideró que no había operado la caducidad de la acción puesto que… el término de caducidad debía computarse desde [la] fecha en la cual se celebró el contrato interventoría... Sin embargo, para la Sala no son de recibo las consideraciones del Tribunal, toda vez que la celebración del mencionado contrato no fue el hecho que dio origen a la presente acción, sino que lo fue la decisión de ISA de escoger a un proponente distinto al [demandante]… Al no existir un acto administrativo de adjudicación propiamente dicho, se tiene que la escogencia del contratista se materializó… cuando ISA informó a los participantes del concurso público No. 2 de 1996 que "efectuado el análisis y la evaluación de propuestas, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., adjudicó la primera opción del contrato […] al Consorcio […]". En ese sentido, la fecha límite con que contaba la parte demandante para interponer la acción era el 12 de octubre de 1998. Comoquiera que la respectiva demanda apenas fue presentada el 4 de diciembre de 1998, la Sala concluye que la acción fue incoada por fuera del término legalmente establecido. En consecuencia, las pretensiones de la demanda serán negadas"

Consideraciones acerca del respeto a los actos propios y el deber de información como mandatos derivados de la buena fe contractual en la contratación de entidades con régimen exceptuado. "[C]uando un sujeto convoque a otros a presentar ofertas, definiendo […] los requisitos de los oferentes, así como unos criterios de calificación de las ofertas y el procedimiento a seguir para contratar, emite un acto jurídico unilateral, con el que […] genera en los destinatarios de la invitación a ofertar unas expectativas […] Tales destinatarios y eventuales oferentes no tienen […] el deber jurídico de soportar el menoscabo a los intereses jurídicos que puedan padecer, como consecuencia de una actuación del convocante contraria a sus propios actos […]. De esa forma, se configura el daño antijurídico, previsto en el artículo 90 de la Constitución, en la responsabilidad precontractual de entidades del Estado sujetas a un régimen contractual de derecho privado preponderante. […] Aparte, reconociendo que la buena fe constituye una cláusula amplia, […] la doctrina se ha encargado de perfilar el deber precontractual jurídicamente tutelado de información, de acuerdo con el cual las partes recíprocamente deben poner en conocimiento a la otra, de manera veraz, cada circunstancia capaz de influenciar en la decisión de contratar. Este deber también incluye el deber de diligencia consistente en la autoinformación, en la medida que "la responsabilidad o garantía asumida por una parte, sólo es factible edificarla sobre la base de la ignorancia excusable o legítima de la otra", deber acentuado si el acreedor de la información es un profesional. […] [L]a Colegiatura no encuentra que la interpretación hecha por la Empresa de las reglas de la invitación fijadas previamente por ella misma, para hallar que la propuesta del Consorcio se haya apartado de los requisitos técnicos, […] hubiera resultado opuesta al deber de aceptar las consecuencias vinculantes que se desprenden de sus propios actos […]. Conforme a […] el deber de información […], a partir del contraste entre la documentación originalmente allegada con la propuesta […] y la que posteriormente se obtuvo tras el cierre y la primera evaluación de las ofertas […], la Sala advierte que en la primera oportunidad el Consorcio arrimó una información imprecisa e incompleta que no reflejaba las dimensiones reales de la […] construcción [que] era presentada como parte de su experiencia específica."

Daños derivados de la manipulación de objetos energizados por redes internas no son atribuibles a las empresas de servicio público. "[L]a red que suministraba energía a la motobomba que funcionaba en el pozo en el que falleció la víctima, era una red interna pues su disposición se encontraba después del medidor…, y respecto del cual el técnico que visitó el lugar el día de los hechos debió abrir la acometida para poder efectuar el levantamiento del cadáver. Ahora, en relación con la responsabilidad de las instalaciones internas, la resolución CREG 070 de 1998, por la cual se establece el Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica…, dispone que las instalaciones internas son responsabilidad de los usuarios y deberán cumplir las condiciones técnicas que aseguren que las mismas no afecten la seguridad del STR y-o SDL, ni de otros Usuarios. En este sentido, en tanto que la red que suministraba energía a la motobomba ubicada en el lugar en el que falleció el señor […] era interna, es evidente que era de responsabilidad tanto en su instalación como en su mantenimiento del usuario y no de la entidad demandada. De acuerdo con lo visto y probado como está que uno de los cables de dicha red se encontraba en mal estado (pelado) y que, por esta razón, al hacer contacto con el cerco, lo energizó, no cabe duda de que la muerte del señor […], causada por la descarga eléctrica que le produjo el hecho de haber tomado con sus manos el cerco energizado, no puede atribuirse a la EPM… En el caso concreto está demostrado que la única causa del daño provino del contacto que efectuó la víctima con un cerco energizado que había adquirido tal condición en razón del defectuoso estado en el que se encontraba uno de los cables que proveía energía a la motobomba que funcionaba en el pozo de una propiedad privada... Así mismo, está demostrado que la red de energía se encontraba ubicada después del medidor, razón por la que su adecuación y mantenimiento era responsabilidad del usuario al que pertenecía el medidor… donde se cortó la acometida para poder efectuar el levantamiento del cadáver"

Adolece de nulidad el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato, así como el clausulado que consagra dicha potestad en cabeza de la empresa de servicios públicos domiciliarios. "En los contratos regidos por el derecho privado las partes pueden pactar facultades que impliquen que, de no llegarse a un acuerdo, por ejemplo, sobre el cierre final de cuentas, una de ellas establezca "quién le debe a quién y cuánto"; esto es, determinar, unilateralmente, una situación jurídica. Lo que no puede pactarse es la facultad de proferir un acto administrativo que constituye título ejecutivo sobre las sumas determinadas a favor de la Contratante y cuya expedición impone al Contratista la obligación de demandarlo y de desvirtuar la presunción de legalidad propia del mismo. La liquidación unilateral del contrato mediante acto administrativo comporta el establecimiento de una potestad prevista solo para las entidades estatales en los contratos sujetos al estatuto de contratación pública, en los cuales se pueden expedir actos administrativos con fuerza ejecutoria en los que se establezca el saldo del contrato y se creen, de ser el caso, obligaciones patrimoniales a cargo del contratista; en la medida en que tales actos gozan de presunción de legalidad, le incumbe al Contratista la carga de desvirtuarla judicialmente. Corresponde a una competencia legal que no aplica para el contrato objeto del proceso"

Controversias relacionadas con la suspensión del servicio están sujetas al requisito de procedibilidad consistente en el agotamiento de los recursos en los términos de la ley. "[D]e conformidad con el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y con la cláusula vigésima del propio contrato, el acto de suspensión del servicio de energía era pasible del recurso de reposición ante la misma empresa y del de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios…, pese a lo cual, la [accionante] se abstuvo de ejercer dichos mecanismos para procurar la reanudación del suministro… A lo anterior se agrega que la valoración judicial del pretendido incumplimiento del contrato por [E], merced a la suspensión, implicaba necesariamente el examen de la facturación respectiva -por cuanto sirvió de base a la empresa prestadora para suspender el servicio-, aspecto que fue resuelto por la hoy demandada…, sin que se hubiera impugnado tal decisión, lo cual refuerza la circunstancia… sobre la imposibilidad de examinar en sede judicial la responsabilidad contractual que se alegó en el libelo… [N]o desconoce la Sala que, de conformidad con [el] contrato, la suspensión del servicio podía disponerse por incumplimiento en el pago de las facturas, "salvo que existiera reclamación", y que en ese marco…, la [accionante] reclamó ante [E] la revisión de la facturación [de] los cobros causados [en] cuatro meses. Por su parte, [E] procedió a suspender el suministro de energía sin haber resuelto previamente las solicitudes de la usuaria. Sin embargo, en la orden de suspensión… señaló que eran seis… los meses adeudados…, lo que pone de manifiesto que la medida sancionatoria obedeció a la falta de pago de períodos adicionales… cuya facturación no fue… reclamada ni recurrida ante la empresa ni ante la autoridad"

En la tasación de los perjuicios derivados de la privación injusta de la ejecución de la concesión del servicio de alumbrado público, el juez debe tomar en cuenta el esquema financiero pactado y las disposiciones jurídicas pertinentes, mientras no se desvirtúe la legalidad de las mismas. “En atención al escenario fáctico y normativo planteado, no podía perder de vista el Tribunal que, para la apreciación de los flujos de caja del contrato de concesión, en orden a medir la utilidad neta dejada de percibir en esta tipología negocial, debía atender tanto al esquema financiero plasmado en el negocio como al contexto legal que le sirvió de marco jurídico [L. 80 de 1993, art. 32 (núm. 4); L. 143 de 1994, art. 58 y 60; Resol. CREG 043 de 1995], y en ese orden debía considerar la diferencia existente entre ingresos y egresos proyectados por el plazo de ejecución de la concesión, con inclusión de todos sus componentes económicos. No bastaba para ese propósito simplemente con tener en cuenta la utilidad esperada respecto de dos de los rubros concebidos en la propuesta, dado que con esta manera fragmentada de valorar la propuesta no resultaba posible técnicamente definir o calcular el rubro destinado al pago de la retribución por la inversión del concesionario, así como por su operación y mantenimiento… [Aunque] de acuerdo con lo pactado en el contrato, sería el municipio el encargado de ajustar las tarifas de impuestos de alumbrado público, con el fin de garantizar al concesionario los recursos mensuales necesarios para la operación eficiente del sistema…, la facultad otorgada al alcalde para ajustar las tarifas de alumbrado público, con el fin de preservar el flujo de ingresos del contrato con los que habría de financiar la operación y mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público, devino en ilegal por cuenta de su declaratoria de nulidad. Por contera, no resultaría jurídicamente admisible derivar de allí la posibilidad de obtener válidamente las utilidades que proyectaron recibir con base en la creación y ajuste de tarifas durante la totalidad del plazo contractual y cuya estimación fue tomada en consideración en el dictamen que el apelante solicita acoger íntegramente”

La Sala decidió el recurso de anulación interpuesto por la parte convocada GECELCA 3 S.A.S. E.S.P. -demandante en reconvención- contra el laudo arbitral internacional de 2017, proferido por el Tribunal Arbitral constituido para resolver las diferencias surgidas entre el Consorcio China United Engineering Corporation y Dongan Turbine Co. Ltda. "Consorcio CUC-DTC" y las sociedades Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe-GECELCA S.A. E.S.P. y GECELCA 3 S.A.S. E.S.P. El arbitraje internacional es un género que comprende dos especies, el arbitraje comercial internacional y el arbitraje de inversión internacional. El arbitraje será internacional si las partes del acuerdo arbitral tienen, al momento de la celebración del mismo, sus establecimientos en Estados diferentes. Además, es internacional el arbitraje si el lugar de desarrollo del procedimiento, el lugar de cumplimiento del contrato o el sitio del objeto del litigio están situados fuera del Estado en el que las partes tienen sus domicilios o establecimientos. El Estatuto Arbitral Colombiano reguló no solo el arbitramento nacional, también el internacional, en aras de establecer unas disposiciones que permitieran contar con un ordenamiento moderno e integral en materia de arbitraje, máxime si las pocas normas que regulaban el arbitramento internacional estaban dispersas y, en la práctica, eran obsoletas/

Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente No. 42003 de 3 de septiembre de 2020. Jurisprudencia Unificación. Naturaleza jurídica de los actos precontractuales emitidos por prestadores de servicios públicos domiciliarios. Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente No. 42003 de 3 de septiembre de 2020. Medio de control procedente para demandar actos precontractuales emitidos por prestadores de servicios públicos domiciliarios ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Cuando no exista norma expresa legal sobre la jurisdicción que debe conocer de controversias en las que haga parte un prestador de servicios públicos domiciliarios, deberá acudirse a la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (artículo 82 del CCA, hoy 104 del CPACA) para resolver el vacío normativo; si, con base en ello, no se desprende el conocimiento de esta jurisdicción, corresponderá a la jurisdicción ordinaria. - Salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, los actos precontractuales de los prestadores de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos y se rigen por la normatividad civil y comercial, así como, de resultar aplicables, por los principios que orientan la función administrativa. Salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, las controversias relativas a actos precontractuales de prestadores de servicios públicos domiciliarios de conocimiento de esta jurisdicción, que no correspondan a actos administrativos, deberán tramitarse a través de la acción (medio de control en el CPACA) de reparación directa. - Como garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, el juzgador de conocimiento de este tipo de controversias, en relación con las demandas presentadas antes de la notificación de esta providencia, resolverá la controversia de fondo, aunque no se haya empleado la acción (medio de control) que corresponda, en el marco del régimen jurídico aplicable a este tipo de actos

Expedición de un acto administrativo que causa un daño antijurídico, procede la acción de reparación directa para obtener la indemnización de los perjuicios causados a través del acto - Expedición de un acto administrativo que causa un daño antijurídico - Procede el medio de control de reparación directa para obtener la indemnización de los perjuicios causados a través del acto

Nulidad de unos apartes de las Resoluciones CREG 74 de 1996, 96 de 1996; 146 de 1997; 2637 1997; y Resolución 91 de 1998 que fijaban la distribución de recursos por prestación del servicio de gas, por extralimitación de funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible - CREG, siendo ello una potestad del Gobierno Nacional

Anula de oficio el acto administrativo mediante el cual una empresa de servicios públicos domiciliarios declaró la terminación unilateral de un contrato. "Si bien es cierto que en las pretensiones de la demandada no se solicitó la nulidad del acto administrativo por medio del cual [la demandada], dio por terminado unilateralmente el contrato celebrado con la demandante […], la Sala recuerda que la falta de competencia, con ocasión de la usurpación de las atribuciones que corresponden a otra autoridad, es sin duda una de las formas de ilegalidad más grave que puede afectar la validez de un acto administrativo. […]. Según este postulado, ejercer funciones que no le han sido asignadas acarrea que se desvanezca la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos expedidos con desconocimiento de las mismas, lo cual autoriza al fallador para invalidarlo oficiosamente cuando en el ejercicio de las acciones pertinentes los interesados no hayan invocado esta agresión al orden jurídico, resultante de la usurpación de atribuciones que competen a otras autoridades. Al respecto esta Sección ha señalado lo siguiente: "[…] la Sala, al igual que la doctrina, ha considerado que "...por tratarse del cargo de incompetencia (...) que constituye el vicio más grave de todas las formas de ilegalidad en que puede incurrir el acto administrativo y por el carácter de orden público que revisten las reglas sobre competencia (Art. 121 y 122 Constitución Política), es posible su examen en forma oficiosa por el juzgador" [Sentencia de 16 de febrero de 2006, Exp. 13414]. […] De acuerdo con lo anterior, en el contrato de obra […] solamente era posible estipular y aplicar la cláusula excepcional de terminación unilateral […], previa consulta y autorización expresa de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, sin embargo, no aparece en el proceso acto administrativo alguno de dicha Comisión Reguladora que hubiere autorizado a la empresa demandada la inclusión de cláusulas excepcionales, ni tales cláusulas se encuentran contenidas en el contrato celebrado con la actora. Quiere decir lo anterior que el acto expedido por [la] E.S.P. [mediante el cual resolvió "Cancelar dicho contrato en razón de que no existía a la firma del contrato certificación expedida por el tesorero, por la imputación presupuestal para la realización de dicha obra"], adolece de un vicio de falta de competencia por cuanto que no estaba autorizado por la CREG para incluir la cláusula excepcional de terminación unilateral y, menos aún, tenía habilitación legal para ejercer dicha prerrogativa sin que dicha cláusula estuviera estipulada en el contrato."

Acción contractual - Procedencia - Actio in rem verso - Subsidiaria - Procedente para reclamar el perjuicio derivado del contrato celebrado - Lesión enorme - Desequilibrio contractual

Las ESP no pueden imponer sanciones o multas - Demanda de nulidad formulada contra los artículos 53 y 54 parágrafos 1º y 2º inclusive, de la Resolución No. 108 de 1997 de la CREG

Reglas para prevenir el abuso de posición dominante de las empresas en la actividad de transmisión nacional - Actividad de Transmisión Nacional como objeto exclusivo - Nulidad del Artículo 10 Literal a), "en tanto se interprete que la restricción prevista para participar en los procesos de selección allí regulados se extiende a las empresas constituidas con anterioridad a la vigencia de la ley 143"

¿Los usuarios de servicios públicos domiciliarios tiene derecho a obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante instrumentos tecnológicos apropiados? Empresas de servicios públicos domiciliarios - Instalación de medidores de consumo. Servicio público domiciliario de agua potable - Medidores de consumo. Derechos de los usuarios. Acción popular. Proceso contencioso administrativo - Prueba testimonial. Prueba pericial. Recurso de apelación. Principio de la no reformatio in pejus

¿La CRT tenía competencia para regular la concesión de licencias para el establecimiento de operadores del servicio público de larga distancia nacional e internacional y del espectro electromagnético? Acción de nulidad de las resoluciones No. 028 de 1995 y 032 de 1996 expedidas por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, que reglamentan la concesión de licencias para el establecimiento de operadores del servicio público de larga distancia nacional e internacional y del espectro electromagnético requerido, lo mism que los plazos para la concesión de licencias para el establecimiento de operadores del servicio de TPBCLD y los plazos para el acceso y uso equivalentes y los cargos de acceso de acuerdo a los costos. Fallo: Los artículos 9, 25, 26 y 27 de la resolución N° 028 de 1995 Nulos. Resolución 032 de 1996 es legal. Cosa juzgada. Operadores del servicio público de larga distancia nacional e internacional y del espectro electromagnético - Licencia de establecimiento. Servicio público de telecomunicaciones. Bien de uso púiblico. Comisión de Regulación de Telecomunicaciones - Competencia

¿La jurisdicción contenciosa es competente para conocer de los procesos ejecutivos donde el título valor lo constituyen facturas de cobro por prestación de servicios públicos domiciliarios o de alumbrado público? Jurisdicción contencioso administrativa - Competencia. Proceso ejecutivo respecto de servicios públicos. Proceso ejecutivo respecto de alumbrado público. Servicios públicos domiciliarios - Cobro ejecutivo de facturas. Servicio de alumbrado público - Cobro ejecutivo de facturas. Contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios - Régimen aplicable

Clausula compromisoria - Finalidad. Límites - Acto administrativo contractual - Incompetencia para conocer del Tribunal de Arbitramento - Jurisdicción contencioso administrativa - Competente para conocer declaratoria de terminación unilateral

Empresas de servicios públicos domiciliarios - Normas aplicables respecto de la inclusión de cláusulas exorbitantes en los contratos. Contratos que celebren las empresas de servicios públicos en materia energética - Aplicación de cláusulas exorbitantes. Acto administrativo - Suspensión provisional

Electrificadora del Meta S.A., formuló demanda ejecutiva de mayor cuantía en contra del municipio de Guamal - Meta, para que se librara orden de pago por varias sumas de dinero, algunas derivadas de unos convenios de pagos celebrados entre las partes, acompañados de sus respectivos pagarés, y otras correspondientes a facturas de cobro de energía

Contrato de suministro de energía entre electrificadora y empresa prestadora del servicio. Efectos de la factura; inexistencia de contrato. Alcance de la jurisdicción contenciosa administrativa

Formulación de políticas generales de administración de los servicios públicos domiciliarios - Indelegabilidad - Presidente de la Republica - Poder reglamentario - Diferencias - Facultades extraordinarias - Competencia compartida