Liquidación oficial de la tasa de vigilancia a cargo de los prestadores del servicio de energía eléctrica, gas natural y gas licuado de petróleo, no requiere una motivación en relación con la base y tarifa imponibles, adicional a la contenida en las normas generales que regentan el tributo. "[L]a actora sustentó la falta de motivación en que no se explicaron los hechos que dieron lugar a que la Creg fijara el presupuesto de gastos en la suma que implicó liquidar la contribución del año 2020 con la base imponible determinada. Reprochó que los actos demandados no señalaban los "criterios razonables que tuvo la administración para fijar la tarifa y la base de liquidación de esta". Sobre el particular, considera la Sala que no le asiste razón a la actora, por cuanto la explicación que reclama, solo competía al acto general, Resolución 235 de 2020, la cual no es objeto de demanda en el sub lite, aunque constituya el fundamento de los actos particulares demandados, pues no puede obviarse que se trata de un acto general vigente que goza de presunción de legalidad, de manera que no era necesario que la liquidación oficial acusada, incluyera los aspectos que extraña la demandante, por lo que no se configuraba una falta de motivación en los actos impugnados. Tampoco era necesario que la liquidación oficial acusada relacionara cada uno de los costos y gastos devengados base de la contribución, pues como se señaló en precedencia, con la Ley 1955 de 2019 la base gravable se establecía a partir de la totalidad de los costos y gastos devengados, menos los impuestos, tasas, contribuciones y los intereses causados a favor de terceros independientes, información que es reportada por la propia actora en el SUI; base que fue señalada expresamente por la contribuyente en el soporte técnico -Documento Creg 170 de 2020- adjunto a la publicación del proyecto de resolución que fijó la tarifa de la tasa. Así, la base señalada en el acto particular resultaba suficiente, no solo porque la composición de la misma fue determinada en la ley como una totalidad de costos y gastos, así como los conceptos depurables -impuestos, tasas, contribuciones e intereses de terceros-, sino principalmente porque la fuente de las cifras en cuestión fue la propia contribuyente, quien las reportó en el SUI, y además fue señalada desde la expedición del acto general (Resolución 235 de 2020)."

Declara la nulidad de la norma que establece la base gravable para la liquidación de la contribución especial y de la contribución adicional a las cuales se encuentran sujetos los prestadores de servicios públicos domiciliarios para el año 2020. "[L]a SSPD fijó la base gravable de la contribución especial a cargo de los prestadores de servicios públicos por el año 2020, en aplicación del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, con la información del año gravable anterior (2019), y no con fundamento en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, como correspondía. Así las cosas, siguiendo el precedente de la Sala en casos análogos, en vista de que la SSPD liquidó la contribución cuestionada (2020) con base en información (hechos) del mismo año en el cual se expidió la citada Ley 1955 (2019), se vulneró el principio de irretroactividad tributaria. En consecuencia, conforme al precedente reiterado de la Corporación y en vista de que la SSPD fijó la base gravable de la contribución conforme a lo señalado en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, la Sala anulará el artículo 2 de la Resolución SSPD 20201000033335 del 20 de agosto de 2020, por ser contrario al inciso final del artículo 338 y al artículo 363 de la Carta, este último que proscribe la aplicación retroactiva de las leyes tributarias."

Deducción del IVA pagado por concepto de servicios públicos domiciliarios exige la acreditación en debida forma del monto pagado. Cartera derivada de las facturas glosadas por las entidades responsables del pago de servicios de salud es deducible bajo el concepto de deudas manifiestamente perdidas o sin valor. "[L]a calidad de arrendatario admite el reconocimiento legal de costos y gastos por el pago de servicios públicos domiciliarios […]. Dicha condición subjetiva se acreditó con los contratos celebrados […] para el arrendamiento de inmuebles […]. No obstante, […] los contratos aludidos […] no son suficientes para verificar el monto pagado por la demandante por el servicio público de energía eléctrica, en cuanto no se acompañaron de la facturación correspondiente […], a la luz del artículo 14.9 de la Ley 142 de 1994 […], sin que el certificado de revisor fiscal aportado supla esa omisión, en tanto se limitó a informar un valor global, sin discriminar los periodos facturados e inmuebles arrendados en los que se dice haber consumido el servicio de energía pagado. […] En sentencia del 10 de septiembre de 2020 (exp. 23186), que reitera la del 28 de mayo del mismo año (exp. 24382), la Sección señaló que la posibilidad de demostrar las deudas manifiestamente perdidas o sin valor […], mediante "cualquier otra causa que permita considerarlas como actualmente perdidas, de acuerdo con una sana práctica comercial", era una cláusula abierta que debía servirse de las reglas de la lógica y de las prácticas comerciales que permitan llevar al juez a constatar que dicha hipótesis se configuró. […] [L]a Sala dista de los señalamientos […] en cuanto a la falta de acreditación de justa causa para las deudas contraídas […] pues, más allá de la efectiva celebración de [los] contratos, lo cierto es que las diferencias frente al valor inicialmente facturado y que no logran conciliarse pueden llevarse como provisión de cartera y, en caso de establecerse que no se pueden recuperar, ha de reconocerse su castigo […]. [L]a cartera derivada de las facturas glosadas es incobrable, porque el ingreso fue registrado al causarse la facturación emitida; ello configura una causa admisible para considerar la deuda como actualmente perdida o sin valor, conforme a la sana práctica comercial […], puesto que dicha cartera cumple los requisitos de la deducción […], en el marco del procedimiento especial sobre el trámite de glosas a las facturas generadas en los contratos […], regido por el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011 […]; con lo cual, la incobrabilidad y pérdida de valor de las facturas de venta descargadas como gasto en el estado de resultados […], se reviste de certeza."

Niega las pretensiones de nulidad de las resoluciones por medio de las cuales la CREG fijó la tarifa de venta en bloque de energía eléctrica para efectos de la liquidación de la transferencia del sector eléctrico establecida en el artículo 45 de la Ley 99 de 1993. "[L]o dispuesto en el artículo 42 de la Ley 143 de 1994 no supuso una derogatoria de la competencia de la Creg para señalar la tarifa con la cual se liquida la transferencia al sector eléctrico de que trata el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 y las normas posteriores que se refieren a esta última, en tanto la primera norma señalada no tiene por objeto esa competencia, sino la de fijar una regla general relativa al mercado de energía eléctrica. […] [D]icha norma tiene un objeto diferente al de fijar la competencia de la entidad a cargo de definir la tarifa de venta de energía en bloque a partir de la cual se liquida la transferencia al sector eléctrico; y por tanto, no afectó la atribución legal de tal competencia. Aunque la norma expedida en 1994, que establece la libertad de precios para las transacciones sobre energía eléctrica entre los agentes de ese mercado es posterior a la Ley 99 de 1993, la diferencia en su objeto descarta que haya una oposición entre ambas que conlleve una derogatoria tácita del artículo 45 de la Ley 99 de 1993. Además, la existencia de normas posteriores a 1994 que reiteran expresamente que la Creg tiene a su cargo la fijación de la tarifa de ventas en bloque que sirve para liquidar la transferencia al sector eléctrico, lleva a concluir que la Ley 143 de 1994 no derivó en la derogatoria de la competencia de la Creg para el cálculo de la transferencia, según lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 (art. 14, Ley 153 de 1887). […] La expedición de las resoluciones demandadas obedeció al ejercicio de una competencia técnica, ordenada por la propia ley, por lo que los criterios para su ejercicio surgen de los aspectos técnicos que son materia de regulación. Así, no puede decirse […] que la Creg actuó con base en una discrecionalidad injustificada por falta de criterios para fijar las tarifas por venta de energía en bloque contenidos o derivados de la propia ley. […] [L]os valores descritos como Costos Variables Agregados utilizados en la fórmula para el cálculo de la tarifa de venta de energía en bloque en la Resolución 010 de 2018 remuneran servicios distintos a la energía generada que entregan los sujetos al pago de la transferencia, por lo cual no se incluyen en el valor de la venta de energía. […] La Sala concluye entonces que no hay lugar a excluir la expresión "descontándole los CVA" a la fórmula de cálculo de la tarifa de venta de energía en bloque […]."

Niega las pretensiones de nulidad de la circular proferida por la SSPD en relación con los efectos en el tiempo de la sentencia C-504 de 2020 que declaró inexequible la sobretasa por kilovatio hora consumido para fortalecer al fondo empresarial en el territorio nacional. "[L]as instrucciones allí impartidas a los comercializadores, en el sentido de recaudar la sobretasa ya causada durante el año 2020 y en aquellos periodos de facturación al 03 de diciembre de 2020, se adecúan completamente a lo ordenado en la sentencia que declaró la inconstitucionalidad, pues […] la inexequibilidad del artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 no afectaba los períodos anteriores a la decisión, pues aunque la corte tenía la potestad para darle efectos retroactivos, no lo hizo; por el contrario precisó su aplicación desde la decisión y hacia el futuro. […] [T]ambién debe ser desestimado el reproche atinente a que la SSPD no acató el efecto inmediato ordenado en la sentencia de inconstitucionalidad del artículo 313 ibidem, en tanto se advierte que el numeral 2 de la circular demandada, expresamente dispuso que: "Los agentes de recaudo de la sobretasa prevista en el artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 deben abstenerse de facturar, cobrar y recaudar la sobretasa en aquellos periodos de facturación inmediatamente siguientes al 03 de diciembre de 2020. En consecuencia, las facturas correspondientes a ciclos de facturación que inicien con posterioridad al 03 de diciembre de 2020 no deben incluir el concepto denominado "Sobretasa artículo 313 L.1955-19 o de incluirlo, el valor deberá ser 0.", lo que pone de presente que, a partir de la decisión que declaró el tributo como inconstitucional, el mismo debía ser eliminado de la facturación que emitieran los recaudadores […], lo que significaba que no podía causarse en lo sucesivo, lo que no afectaba […] la sobretasa que ya había sido facturada por haberse configurado los elementos del tributo en períodos anteriores de facturación, con independencia de las reclamaciones presentadas con posterioridad a la emisión de la sentencia […]. Respecto de la vulneración del debido proceso, en razón de la omisión de la publicación previa a la expedición de ese acto administrativo, conforme al artículo 8.8 del CPACA […], en criterio de la Sala, el contenido de la circular acusada, en cuanto directriz interna a los agentes recaudadores del tributo […], no era susceptible de ser modificado, que es lo que justifica la publicación reclamada, pues […] la circular se circunscribió a los efectos que fueron previstos por la Corte en la providencia de inconstitucionalidad, lo que de suyo, descarta la afectación de la dimensión formal de tal acto."

Niega las pretensiones de nulidad del acto administrativo por medio del cual la SSPD establece disposiciones referentes a la liquidación de la contribución adicional para el Fortalecimiento del Fondo Empresarial establecida en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, para la vigencia 2021. "[C]conforme lo dispuso la propia Ley 1955 de 2019, la contribución adicional a favor de la Superintendencia de Servicios Públicos constituía un tributo de periodo, en la medida en que la base gravable de la misma está determinada con fundamento en los costos y gastos de un periodo (el año anterior a la fecha de liquidación del tributo). Debe entenderse por lo tanto que la contribución adicional correspondiente a un año determinado debía liquidarse sobre los costos y gastos totales devengados en un periodo (anual), que hubiere transcurrido en su totalidad con posterioridad a la vigencia de la norma que lo estableció. […] En este caso, la resolución demandada se refiere a la contribución adicional aplicable a la vigencia 2021, que se liquida con los costos y gastos del año 2020, periodo para cual era aplicable la Ley 1955 de 2019. Por lo tanto, aunque la resolución demandada fue expedida con posterioridad a la sentencia C-147 de 2021, la administración podía adelantar el cobro de la contribución adicional del año 2021, cuya base de liquidación se determina con base en hechos costos y gastos correspondientes al año 2020, año para el cual era aplicable el artículo 341 de la Ley 1955 de 2019 por disposición de la misma Corte Constitucional, y por lo tanto, era plenamente competente para expedir los actos necesarios para ello. […] [L]a Corte consideró que los vicios de constitucionalidad advertidos no justificaban retrotraer los efectos de su decisión, de tal manera que se vieran afectadas las contribuciones ya causadas hasta el momento de la adopción de la sentencia, incluyendo la contribución adicional correspondiente al año 2021, que es objeto de reglamentación en la resolución demandada. Por tanto, y siguiendo la decisión de la Corte Constitucional, la Sala concluye que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios era competente para adelantar el cobro de la contribución adicional a su favor reglada en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2012 para el año 2021, pues para el periodo con base en el cual se fija su base gravable (el año 2020) se entendían vigentes las normas que le daban sustento jurídico. Dados los efectos de la sentencia que declaró inexequible tal norma, los vicios de inconstitucionalidad que la afectaban no cobijaron la contribución correspondiente a ese año, por lo que la Sala negará las pretensiones de la demanda."

Niega las pretensiones de nulidad de la norma que estableció disposiciones referentes a la liquidación de la contribución adicional para el Fortalecimiento del Fondo Empresarial establecida en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 para la vigencia 2021. "[E]l análisis de la Sentencia C-147 sobre la causación del tributo no corresponde a un obiter dicta, en tanto que su objetivo fue precisar cuáles serían los efectos en el tiempo de esa providencia. De esta forma, cómo lo indicó la sentencia reiterada del 24 de agosto de 2023 [exp. 25961], la Corte Constitucional salvaguardó la causación de la contribución adicional por los años 2020 y 2021, "ya que la inexequibilidad ordenada por la Corte solo puede afectar el periodo 2022 porque para ese periodo aún no se ha causado el tributo". Por este mismo motivo, resulta irrelevante que la sentencia de inexequibilidad haya sido proferida antes que el acto acusado […]. [D]ebido a que la Sentencia C-484 de 2020 declaró inexequible el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 y ordenó la reviviscencia del texto original de la Ley 142 de1994, la remisión contenida en el artículo 314 permite que se utilice cómo base gravable del tributo para la vigencia 2021 lo dispuesto en el artículo 85 original. En otras palabras, la declaratoria de inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955 no implicaba la desaparición de la contribución adicional para el 2021 […]. De otro lado, no es cierto que la versión sin modificación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 no pueda ser utilizada como base gravable del tributo porque al momento de su expedición no había sido creada la contribución adicional, pues este hecho resulta irrelevante. En efecto, aunque el tributo referido solo fue creado en 2019, sus elementos fueron definidos por el artículo 314 de la Ley 1955 de dicho año, aunque fuera mediante una remisión normativa a una norma preexistente. Frente a los reparos referentes a la posibilidad de incluir rubros tales como los gastos de funcionamiento, en caso de faltantes presupuestales, se reitera que la reviviscencia del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 con ocasión de la Sentencia C- 484 de 2020 permite que, en la determinación de la base gravable de la contribución adicional, se aplique el parágrafo de la norma. Es decir que no existió una aplicación analógica del parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 […]."

Consejo de Estado niega las pretensiones de nulidad de algunas disposiciones que reglamentaron el procedimiento de liquidación y cobro de las contribuciones especiales a favor de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y de la contribución adicional a favor del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. "El artículo 2.2.9.9.2 [del Decreto 1150 de 2020] es válido, porque se ajusta al parámetro legal general de sujeción pasiva del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 […]. El citado artículo […] solo previó situaciones societarias especiales para dichos prestadores […], en modo alguno opuestas al carácter prestador de servicio público domiciliario que perfiló la condición de sujeción pasiva de las contribuciones previstas en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, durante su vigencia. Los artículos 2.2.9.9.3., 2.2.9.9.6. y 2.2.9.9.7. reglamentan obligaciones formales para la debida unificación del número de prestadores y sujetos registrables en el Sistema Único de Información - SUI, así como procedimientos expresamente autorizados por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, vigente para el año 2020 por la inexequibilidad operante a partir de 2021. […] Para reglamentar la fijación de tarifas por parte de los sujetos activos de la contribución, el artículo 2.2.9.9.10. ordena aplicar los criterios establecidos en el numeral 2 del artículo 85 de la ley 142 de 1994 […]. El cuestionamiento sobre cualquiera de esos elementos legales que integran la regulación de la tarifa escapa al ámbito del medio de control de nulidad aquí ejercido, por no ser de suyo el examen formal ni material de los contenidos legislativos. […] [E]l artículo 2.2.9.9.13 demandado sólo reguló los excedentes de la contribución especial, en los términos previstos por la fuente legal de las contribuciones especiales de la CRA y la CREG, esto es, el mencionado artículo 85 de la Ley 142 de 1994, con la modificación introducida por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 […]. Así, la aplicación de excedentes de la contribución especial a favor de la CRA y la CREG, "al pago de la contribución especial del sector de combustibles líquidos en la siguiente vigencia fiscal", es acorde con la autorización legal dada en el marco del parágrafo 2 del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, motivo por el cual, no se transgrede el principio de reserva legal alegado por la demandante, respecto del manejo de excedentes de los sujetos pasivos de la contribución, antes indicados."

Municipios no pueden desconocer las facturas de cobro del impuesto de alumbrado público emitidas por las empresas de servicio público. "[A]l no prever el ordenamiento local el deber formal de declarar el impuesto de alumbrado público en el municipio de Santiago de Cali, no es posible, como lo dispuso el a quo, que se exija el cumplimiento del procedimiento previsto para la expedición de los actos de determinación del tributo, incluido el relacionado con los términos legales señalados para tal fin. Por lo anterior, no le asiste razón al tribunal al afirmar que para la expedición de los actos administrativos demandados se debía atender el procedimiento establecido en el artículo 71 y siguientes del Decreto Extraordinario […], en concreto, los plazos para notificar el requerimiento especial y la liquidación de revisión, porque en este caso particular el municipio no está ejerciendo la facultad de modificar una liquidación privada. Sin embargo, lo anterior no es suficiente para que prospere el recurso de apelación, en consideración a que […] el impuesto de alumbrado público de los periodos de enero a diciembre de 2014 fue liquidado por EMCALI mediante facturas […]. Destaca la Sala que, las facturas mediante las cuales se cobró el impuesto de alumbrado público a [la demandante], al contener la liquidación del tributo cuya tarifa debía ser liquidada por EMCALI en cumplimiento del convenio interadministrativo […], no pueden ser desconocidas por el municipio de Santiago de Cali, en tanto se trata de actos administrativos que si bien fueron proferidos por un tercero, expresan la voluntad unilateral de la administración, los que gozan de presunción de legalidad mientras no hayan sido suspendidos o anulados por esta jurisdicción. De modo que, si el ente territorial consideraba que las facturas emitidas por EMCALI eran contrarias al ordenamiento legal porque la tarifa aplicada no correspondía con la realidad, lo procedente no era expedir una nueva liquidación para modificar la inicial, pues dicha actuación desconoce la naturaleza de esos actos administrativos, que, para dejarlos sin efectos, bien podían ser revocados o demandados, motivo por el cual, está probada la ilegalidad de los actos administrativos demandados, como lo dispuso el tribunal, pero por las razones expuestas en esta providencia."

Empresas de servicios públicos domiciliarios no son destinatarias de la excepción al régimen de subcapitalización de intereses en el desarrollo de proyectos de infraestructura. "[L]a ley limita el alcance de la aplicación de la excepción al régimen de subcapitalización, pues resulta claro que no se refirió en general a cualquier tipo de sociedad, ni calificó la excepción refiriéndose únicamente a la actividad (el desarrollo del proyecto de infraestructura), sino que acudió a la calificación subjetiva de sus destinatarios señalando que cubría a "sociedades, entidades o vehículos de propósito especial", lo cual descarta de entrada entender que la misma cobija a cualquier tipo de sociedad, o que la misma se refiere a quien desarrolla ese tipo de proyectos, independientemente de que adelante otro tipo de actividades. […] La inclusión en este caso de la expresión "sociedades, entidades o vehículos de propósito especial" no atiende a un lenguaje que lleve a concluir que se buscó incluir a cualquier ente que desarrollara proyectos de infraestructura de servicios públicos como lo entiende la demandante, sino que se refiere a la clase de entes especialmente constituidos para el desarrollo de un proyecto, que ha sido reconocido en el sector de la infraestructura. Por otra parte, y atendiendo a una interpretación sistemática de la norma objeto de interpretación y el régimen propio de las empresas prestadoras de servicios públicos, la excepción del parágrafo 4.º del artículo 118-1 E.T. no supone desconocer el hecho de que las empresas prestadoras de servicios públicos pueden llevar a cabo proyectos de infraestructura. Si bien es cierto que las empresas de servicios públicos tienen un "propósito especial", en la medida en que son constituidas específicamente para la prestación de servicios públicos y adelantar las demás actividades complementarias a esta que son autorizadas por la ley, el artículo 118-1 E.T. no se refiere a este propósito especial para definir a los destinatarios de la excepción al régimen de subcapitalización, sino a entes constituidos con el cometido específico de llevar a cabo tales proyectos. […] Por todo lo anterior, resulta ajustado a la ley y a sus fines que la DIAN concluyera que la excepción a la aplicación de la regla de subcapitalización establecida en el parágrafo 4.º del art. 118-1 E.T. solo abarca a las sociedades, entidades y vehículos de propósito especial que tienen a su cargo el proyecto de infraestructura de servicios públicos, con exclusión de las empresas prestadoras de servicios públicos, en tanto estas últimas no corresponden a las entidades o vehículos de inversión de propósito especial para el manejo de proyectos de infraestructura."

Derecho a la exención de la contribución especial en el sector eléctrico nace por ministerio de la ley. "[E]sta Sección en sentencia del 09 de marzo de 2017 (exp. 19715), en la cual se resolvió un asunto […] relativo a la contribución especial en el sector de gas natural, precisó que "el usuario industrial tendrá derecho a gozar de la exención a partir de la vigencia de la ley". Así porque "el beneficio tributario nace a partir de la publicación de la Ley 1450 de 2011 en favor de quienes ostenten la condición de usuarios industriales del servicio de gas natural domiciliario, cuya actividad económica principal corresponda a los códigos 011 a 456 de la Resolución 432 de 2008". Asimismo, en la sentencia del 02 de diciembre de 2021 (exp. 24830), sobre los efectos de la solicitud para la aplicación del beneficio tributario en cuestión, la Sala concluyó que se "exige como condición para aplicar el beneficio que el interesado lo solicite a la respectiva entidad prestadora del servicio público, pues no opera de oficio, de modo que, una vez pedida la exención y reconocida por la competente, no hay lugar a que se realice el cobro de la contribución por solidaridad mediante factura". El criterio desarrollado en esos precedentes es aplicable al presente caso, pues la contribución especial del sector de energía eléctrica y los presupuestos para la exoneración comparten los mismos elementos. Entonces, a partir de ellos, en esta oportunidad la Sala aclara que la solicitud para la exención del cobro de la contribución especial tiene como efecto que la empresa encargada del recaudo deje de realizar su cobro en la factura del servicio público correspondiente, por la comprobación de los requisitos para la desgravación (sentencia del 02 de diciembre de 2021 antes referida), para lo cual, en su calidad de agente recaudador, debe reportar esa información a la SSPD. Lo anterior, no significa que el beneficio tributario se origine a partir de la petición o la comprobación del cumplimiento de los requisitos, puesto que la exención fue prevista en la ley "a partir del año 2012", de manera que rige conforme a lo ahí previsto (sentencia del 09 de marzo de 2017 ya citada). Contrariamente a lo señalado por las entidades demandadas, la petición que deben formular los beneficiarios de la exención será necesaria para que se verifique el cumplimiento de los requisitos y se suspenda el cobro del tributo en las facturas del servicio público correspondiente, pero no para tener derecho al beneficio tributario, el cual fue previsto en el artículo 211 del ET a partir del 2012."

Niega la pretensión de nulidad de la norma que estableció el número de prestadores que servirá como base para liquidar la contribución para el fortalecimiento del fondo empresarial, creada por el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019. "[E]n la sentencia C-147 de 2021, la Corte precisó que, teniendo en cuenta que la declaratoria de inexequibilidad era inmediata y con efectos hacia el futuro o ex nunc "las contribuciones que ya se hayan causado conforme a la ley, con anterioridad a la fecha de esta sentencia [20 de mayo de 2021, notificada por edicto el 14 de julio de 2021], podrán ser cobradas, independientemente del procedimiento establecido en la ley para su liquidación y pago". Ahora bien, la causación de un tributo está relacionada con el aspecto temporal del elemento objetivo del hecho generador del tributo y alude al momento en que se entiende realizado el hecho generador y nace la obligación tributaria. Como se anticipó, a la nueva contribución para el fortalecimiento del fondo empresarial se le aplican las reglas de la contribución especial definida en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y, por ello, en la sentencia C-147 de 2021, la Corte reconoció que su causación tenía lugar a "1 de enero de cada año gravable, durante la temporalidad definida en la norma [1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022]", momento en el que también se causaba la referida contribución especial, como se recalcó en la precitada sentencia C-484 de 2020. En orden de lo anterior, como la inexequibilidad con efectos inmediatos y a futuro del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 tuvo lugar con posterioridad a la causación de la contribución para el fortalecimiento del fondo empresarial por el año gravable 2021, dicha causación quedó rescatada de los efectos de la inconstitucionalidad de la norma legal, en los términos de la sentencia C-147 de 2021, de modo que la resolución demandada, que fijó algunos aspectos de la base gravable atendiendo a los criterios definidos por el legislador para ese momento, mantiene su legalidad por ese mismo periodo, ya que la inexequibilidad ordenada por la Corte solo puede afectar el periodo 2022 porque para ese periodo aún no se ha causado el tributo."

Agente recaudador del impuesto de alumbrado público no puede ser obligado solidariamente al pago del tributo. "[E]l aparte demandado determina responsabilidad en el agente recaudador en el evento en el que el sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público decida no realizar el pago del tributo liquidado en la factura del servicio de energía eléctrica. Si bien, el tribunal adujo que la norma demandada fue taxativa en señalar que entre el agente recaudador y el sujeto pasivo del tributo no existe responsabilidad solidaria, salvo que la entidad recaudadora no facture el respectivo tributo, para la Sala, esa afirmación no se extrae del contenido íntegro de la misma, en la que se prevé que no habrá responsabilidad solidaria en todos los casos en los que el pago sea del total de la factura del servicio de energía eléctrica por parte de los contribuyentes, de modo que, al tenor de la disposición demandada, si el usuario del servicio de energía eléctrica decide no pagar el tributo liquidado junto con el servicio público domiciliario, se le traslada esa carga, en este caso, a la empresa comercializadora de energía por actuar como agente recaudador del tributo, lo que desconoce que solo el incumplimiento de sus deberes en dicha calidad genera las sanciones contenidas en el Acuerdo 050 de 2009, al que remite el parágrafo segundo del artículo 10 del Acuerdo 020 de 2016. Con todo, no se puede perder de vista que conforme al artículo 3 de la Resolución CREG 5 de 2012, que modificó el artículo 6 de la Resolución CREG 122 de 2011, dentro de las obligaciones del prestador del servicio público de energía eléctrica están, entre otras: (i) "[e]fectuar la facturación del impuesto al alumbrado público según las condiciones indicadas en el contrato y en esta resolución" y (ii) "[t]otalizar en el cuerpo de la factura de energía eléctrica el valor correspondiente al impuesto al alumbrado público, indicando claramente el concepto e incluyendo la información mínima establecida en el artículo 7 de la presente resolución, realizar el recaudo de dicho impuesto de manera conjunta con el servicio domiciliario de energía eléctrica y en caso de ser requerido por el usuario, facturar de manera separada el valor del respectivo impuesto", con lo cual, es factible que en esos eventos, de mantenerse el aparte demandado, el prestador del servicio público tenga que responder por el no pago del tributo, que se repite, es una carga que le corresponde asumir al sujeto pasivo del impuesto, no al agente recaudador."

No procede la inclusión de gastos de funcionamiento no asociados al servicio en la base gravable de la contribución especial para empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, aun en los casos de faltante presupuestal, y no obstante la nueva definición de gastos adoptada en las NIIF. "[L]a actora reprocha que en los gastos de administración se hayan incluido -otros gastos- que corresponden a pérdidas reportadas en aplicación del método de participación patrimonial […]. En ese sentido, ha sido criterio de la Corporación que no todos los gastos de la cuenta de la clase 5, integran la base gravable de la contribución especial, sino que se restringe a aquellos asociados a la prestación del servicio [Sentencia del 29 de septiembre de 2010, exp. 16874, reiterada en sentencia de 11 de mayo de 2017, exp. 20179] […]. Puntualmente, sobre la inclusión del grupo 58 -otros gastos-, y en específico sobre las cuentas 5805 -financieros-, 5810 -extraordinarios- y 5815 -ajustes de ejercicios anteriores-, se precisó que no podían integrar la base gravable de la contribución por no estar asociados a la prestación del servicio regulado [Sentencia del 12 de agosto de 2014, exp. 19853]. En ese entendido, la inclusión en la base gravable de erogaciones que no están asociadas a la prestación del servicio vigilado, excede la facultad prevista por el legislador, comoquiera que no se trata rubros que excepcionalmente puedan adicionarse "inclusive bajo el supuesto del faltante presupuestal" [Sentencia del 12 de noviembre de 2020, exp. 24498]. Se advierte que, si bien en los actos particulares demandados se adujo que la inclusión en la base gravable de "la cuenta del grupo 58", se justificaba en la nueva definición de gastos adoptada con las normas de información financiera, dicho argumento no es de recibo, en tanto "el cambio o la ampliación del concepto de gasto en las normas de información financiera -NIIF- no se traduce en el desuso del concepto de gasto de funcionamiento" [Sentencia del 12 de noviembre de 2020, exp. 24498]. […] Con base en lo anterior, se considera que la SSPD quebrantó el artículo 338 de la Constitución Política al incluir el concepto discutido dentro de los gastos de administración, excediendo la facultad prevista en el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994. En consecuencia, se anulará parcialmente el artículo 2 de la Resolución SSPD 20191000022815 del 16 de julio de 2019, para excluir de la base gravable, y en específico de los gastos de administración -además de las exclusiones enlistadas en la resolución demandada-, el concepto de pérdidas por el método de participación patrimonial."

La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF- no autoriza a la SSPD podía incluir los rubros de servicios personales, generales, arrendamientos, honorarios, servicios públicos y seguros, en la base gravable de la contribución especial del año 2018. "[S]e reiterará, en lo pertinente, el análisis efectuado por la Sala en la sentencia del 12 de noviembre de 2020 [Exp. 24498], en la cual se resolvió la legalidad del artículo segundo de la Resolución SSPD 20185300100025 del 30 de julio de 2018, que fijó la base gravable de la contribución especial de la vigencia 2018. […] [L]a Sección precisó en la sentencia reiterada que "el cambio o la ampliación del concepto de gasto en las normas de información financiera -NIIF- no se traduce en el desuso del concepto de gasto de funcionamiento que establece la norma para efectos fiscales desaparezca para el año en discusión, y por el contrario, al no ser un concepto considerado contablemente incluso en la normas de información financiera, se debe acoger la definición de gastos de funcionamiento desarrollada vía jurisprudencia para determinar la contribución". En ese orden de ideas, no le asiste razón a la SSPD, puesto que, en la sentencia traída a colación se realizó el análisis correspondiente a la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF- y su impacto en la determinación de la base gravable de la contribución especial para la vigencia del año 2018, así como la inclusión de gastos operativos en la base gravable aludida y se concluyó que "[…] la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desconoció el principio de legalidad al ampliar la base gravable de la contribución especial, prevista en el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, e interpretó en forma errónea esa norma, lo que hace imperioso su anulación parcial frente a los rubros que no corresponden a gastos de funcionamiento." Como consecuencia de la anulación parcial de la norma acusada, se excluyeron de la base gravable de la contribución discutida, los rubros de: i) Servicios personales, ii) Generales, iii) Arrendamientos, iv) Licencias, contribuciones y regalías, v) Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones, vi) peajes terrestres, vii) honorarios, viii) servicios públicos, ix) materiales y otros gastos de operación, x) seguros y xi) órdenes y contratos por otros servicios."

La actividad de comercialización de energía eléctrica por la misma empresa que la genera se grava con ICA en el municipio donde se ubica la central generadora. "[L]as circunstancias jurídicas y fácticas que concurren en el sub lite, guardan identidad con los que se analizaron por esta Sala, entre las mismas partes, en las sentencias del 06 de junio de 2019 (exp. 22852) y del 02 de mayo de 2019 (exp. 22693), por lo que se reiterará, en lo pertinente, el criterio jurisprudencial expuesto en las citadas providencias. […] [L]as sentencias reiteradas concluyeron que la comercialización de la energía generada por la misma empresa es gravada con ICA en el municipio donde se ubica la central generadora. Entonces, la venta de la energía producida no puede gravarse de forma separada a la actividad comercial. Este precepto guarda relación con los criterios de territorialidad de la actividad industrial en el ICA consagrados en el artículo 77 de la Ley 49 de 1990. En cuanto a la aplicación de la anterior posición jurisprudencial, no proceden los argumentos expuestos por la demandada sobre la interpretación de las normas realizada en esas sentencias, en la medida que este precedente es vinculante y de obligatorio acatamiento para el juez, por existir identidad fáctica y jurídica, y el criterio expuesto en el mismo encuentra vigente como se verifica en la sentencia del 18 de marzo de 2021 (exp. 24064). […] Súmese a lo dicho que, la interpretación que pretende la demandada, anteriormente era el criterio de esta Sección, pero la misma fue modificada, para sentar una nueva posición jurisprudencial que es la desarrollada en el precedente analizado, y que se ha reiterado hasta la actualidad. Tampoco hay lugar a la excepción de inconstitucionalidad que planteó la demandada, toda vez que se fundamenta en la inaplicación de una sentencia de la Corte Constitucional, y no en la inaplicación de una norma o disposición jurídica que se juzga contraria a la Carta Política. A su vez, no proceden los reparos que tiene la demandada con la interpretación realizada por esa Corporación y las normas de la CREG, en tanto la sentencia C-587 de 2014 fue proferida para establecer la constitucionalidad de una ley, y fijar sus alcances, dentro del marco de su competencia, providencia que se encuentra en firme."

La destinación de excedentes al fondo empresarial previsto en la Ley 812 de 2003, a depósitos bancarios, o a la adquisición de títulos de deuda, no desvirtúa el faltante presupuestal de la SSPD a efectos de adicionar la base gravable de la contribución especial. "Respecto del traslado de excedentes de lo recaudado al Fondo Empresarial, se reitera que la afirmación de la apelante sobre dicho traslado no controvierte la constitucionalidad del acto administrativo de carácter general que determinó la base gravable de la contribución especial, sino de la ley de presupuesto. Entonces, "aún en caso de que se demuestre que esa transferencia se hizo con cargo al presupuesto de funcionamiento de la SSPD, esto no constituye un vicio del acto administrativo, sino de la ley a la cual da cumplimiento, asunto que no puede ser estudiado porque no hace parte del objeto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en los términos del artículo 138 del CPACA" [Sentencia del 26 de abril de 2020, Exp. 24299, reiterado en la sentencia del 29 de abril de 2021, Exp. 25107]. Adicionalmente la actora discute que no está demostrado el faltante presupuestal, pues la entidad depositó sus excedentes en títulos de deuda y depósitos bancarios, que entrega en administración al Icetex y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a los que puede acudir para financiar su actividad, argumento respecto del cual se resalta que la Sección, en la sentencia del 10 de octubre de 2019 [Exp. 22394], señaló que: "i) el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 autoriza incluir en la base gravable de la contribución especial las cuentas del grupo 75 cuando existe un faltante presupuestal, ii) el estudio técnico realizado por la entidad no fue desvirtuado, iii) su análisis demostró que existe el faltante presupuestal y iv) el desconocimiento del principio de planeación presupuestal no puede analizarse porque no se controvirtieron las normas presupuestales […]" y que "Al igual que en el punto anterior, en el expediente constan los estudios técnicos realizados por los años 2016 y 2017, que coinciden con la motivación de los actos administrativos, y que no fueron desvirtuados por los demandantes". […] [E]n este caso la demandante no controvirtió el estudio técnico realizado por la autoridad demandada para proferir el acto administrativo general, que demostró la existencia de un faltante presupuestal y que sirvió de fundamento para la sentencia del 10 de octubre de 2019."

Niegan la nulidad de las resoluciones que reglamentaron las contribuciones a favor de la SSPD y las comisiones de regulación para la vigencia 2020. La Sala resolvió que la Resolución Nro. SSPD 20201000028355 no incurrió en un exceso de potestad reglamentaria al establecer que, en el evento de identificarse prestadores de servicios públicos domiciliarios adicionales a los determinados en dicho acto, la Superservicios procedería a realizar la liquidación de conformidad con el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, utilizando la tarifa establecida en la resolución de la contribución especial 2020, toda vez que "el número de sujetos pasivos fue determinado con base en la información inscrita en el registro único de prestadores de servicios públicos (RUPS)", de ahí que "existía la posibilidad de no haberse determinado la totalidad de los sujetos pasivos que no hubieran cumplido con actualizar su información". Los cargos de nulidad relacionados con la base gravable y tarifa también fueron negados porque se limitaron a controvertir la constitucionalidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, aspecto que "excede el objeto del proceso de simple nulidad". El Consejo de Estado "destaca que la Resolución Nro. SSPD 20201000028355 y la Resolución Nro. SSPD 20201000033335 determinaron el número de sujetos pasivos de la contribución especial y calcularon la tarifa "en la vigencia 2020" y "para el año 2020", razón por la cual "sus efectos se agotan en la vigencia por la cual la Corte Constitucional consideró que la causación del tributo constituía una situación jurídica consolidada". En la misma dirección, "para la Sala, los actos administrativos acusados no decayeron por la expedición de las sentencias C-464 y C-484 de 2020 respecto del período gravable 2020, habida cuenta de que la Corte Constitucional determinó expresamente la inexequibilidad a partir del año 2021, es decir que para el año 2020 la norma era plenamente aplicable."

Consideraciones en relación con la exención del pago de estampillas a favor de las empresas de servicios públicos domiciliarios. "[D]urante la vigencia del numeral 2 del parágrafo del artículo 189 de la Ordenanza 301 de 2009, el departamento del Valle del Cauca circunscribió la exención de las estampillas a lo previsto en el artículo 533 del ET [… S]obre la misma, la Sala precisó lo siguiente: "[…] la exención del impuesto de timbre está concebida para las entidades de derecho público [art. 532 del E.T.], en consideración a que cumplen funciones específicas del Estado, en donde su presupuesto se nutre de recursos provenientes de ingresos originados en los tributos" [Sentencia del 16 de diciembre de 2008, Exp. 16297, reiterada en la sentencia del 15 de marzo de 2012, Exp. 18510]. […] Por la misma razón, y tal como lo analizó la Sección en la sentencia transcrita, la excepción a la exención aplica para aquellas entidades que no se pueden considerar de derecho público, porque obtienen sus recursos de actividades productivas y mercantiles. En el caso de las empresas de servicios públicos se observa que estas se financian de las operaciones correspondientes, a cargo de los consumidores mediante el sistema tarifario ya definido, por lo tanto, no se sostienen del rubro presupuestal, en consecuencia, no pueden considerarse como entidades de derecho público de las que trata el artículo 533 del ET […] Por lo expuesto, se concluye que, durante las vigencias 2010 y 2011 y, en aplicación del artículo 533 del ET, [la demandante] (empresa de servicios públicos mixta) no estaba excluida del pago de las estampillas […] En lo que tiene que ver con la vigencia 2012, se advierte que […] la norma aplicable […] no remite al artículo 533 del ET y, de forma expresa indicó que la exención aplica a las empresas oficiales de servicios públicos, previsión que no se puede hacer extensiva a las de carácter mixta, porque al tratarse de un beneficio fiscal, su interpretación y aplicación se somete a los supuestos y sujetos señalados en la norma. [… L]a Sala advierte que […] este no es el escenario para analizar la presunta vulneración de los principios [de equidad, confianza legítima, seguridad jurídica y certeza en materia tributaria], toda vez que la demanda se circunscribió a debatir la legalidad de unos actos administrativos de carácter particular."

La ausencia de estudios técnicos y financieros no es razón suficiente para descartar la razonabilidad de la tarifa del impuesto al alumbrado público. "[E]n la Sentencia de Unificación del 6 de noviembre de 2019…, en la subregla j) de la quinta regla de unificación se estableció que "la carga de probar la no razonabilidad y-o no proporcionalidad de la tarifa es del sujeto pasivo". En dicha providencia se manifestó que, en cuanto a las tarifas, vale recordar que en el impuesto de alumbrado público la tarifa debe reflejar el costo real de la prestación del servicio y, para el efecto, las entidades territoriales pueden acudir a distintos métodos para calcular las tarifas… [E]l apelante aporta como única prueba los informes de la Controlaría sobre el convenio interadministrativo, los cuales repercuten en el ámbito del control fiscal, que es la competencia constitucional de esa entidad. Sin perjuicio de lo anterior, se destaca que entre los informes que reposan en el expediente para distintos años, específicamente para el año 2009, se hizo mención de la ausencia de estudios técnicos y financieros, y también se manifestó que "la tasa aplicada no se ha determinado en forma coherente con las consideraciones de confiabilidad de la percepción y comodidad visual definidas para la mejor solución técnica de iluminación y cobertura del servicio". Así las cosas, la sola ausencia de ese estudio no es razón suficiente para determinar que la tarifa es excesiva, dado que el límite de aquella está relacionado con la prohibición establecida en la Resolución CREG 043 del 1995, artículo 9, parágrafo 2, que consiste en que no se podrá recuperar más de los usuarios de lo que se paga por el servicio, incluyendo la expansión y el mantenimiento, como en lo expuesto en el Decreto 2426 de 2006, artículo 9, sobre el cobro en las facturas de los servicios públicos, en cuanto equivalga al valor del costo en que incurre por la prestación del mismo… [E]n este caso, el demandante no estableció cuál es el costo por la prestación del servicio de alumbrado público, ni identificó el valor recaudado por el mismo, por lo que no puede evidenciarse que lo pagado por los contribuyentes supera dicho costo"

Declara la nulidad parcial de la liquidación oficial acusada, por tratarse de una situación no consolidada en relación con la nulidad parcial del acto administrativo general en el cual se fundó, originada en la falta de acreditación del faltante presupuestal para efectos de incorporar los gatos operativos en la base gravable del tributo. "[E]l artículo 2 de la Resolución SSPD 20185300100025 del 30 de julio de 2018 fue declarado parcialmente nulo mediante sentencia del 12 de noviembre de 2020, porque no fue acreditado el faltante presupuestal que exige el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 para adicionar los gastos operativos a la base gravable de la Contribución Especial… La Sección ha señalado que en los casos en que se anula el acto administrativo de carácter general que reglamenta la base gravable de la Contribución Especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se afectan las situaciones jurídicas no consolidadas [Ver, entre otras, las sentencias del 12 de diciembre de 2018, Exp. 22381; 2 de mayo de 2019, Exp. 22161; 15 de abril de 2021, Exp. 25089]… En el caso bajo examen, la situación jurídica de [la demandante] no se encuentra consolidada porque fue discutida en sede administrativa, mediante el ejercicio de los recursos procedentes contra la liquidación oficial, y en sede judicial, con la presente demanda. Ahora, en el expediente consta que los actos administrativos de carácter particular acusados determinaron el valor del tributo a cargo de la demandante por el año 2018, adicionando a la base gravable de la Contribución Especial los gastos operativos, según lo establecía la redacción original del artículo 2 de la Resolución SSPD 20185300100025 del 30 de julio de 2018. En este orden, y comoquiera que la sentencia del 12 de noviembre de 2020 tiene efectos inmediatos en este caso…, no es procedente la liquidación del tributo a cargo de la demandante adicionando los gastos operativos. En consecuencia, la Sala declarará la nulidad parcial de los actos particulares acusados y reliquidará el valor del tributo a cargo de la demandante"

Declara probada la excepción de cosa juzgada relativa respecto de los cargos de anulación que soportaron la pretensión de nulidad contra el artículo 3 de la Resolución CRA nro. 847, del 30 de julio de 2018, resueltos en la sentencia del 25 de febrero de 2021, Rad. 11001-03-27-000-2019-00035-00(24755)

Cuando el administrado no está obligado a presentar la declaración del impuesto sobre el servicio de alumbrado público, y la administración municipal lo considera sujeto pasivo del tributo, debe informarle la actuación mediante acto previo. "Del contenido del acto y de la revisión del expediente, se advierte que la liquidación oficial del tributo… fue la primera actuación de la Secretaría de Hacienda de Toluviejo. Lo anterior pone en evidencia que la administración municipal expidió directamente el acto liquidatorio sin otorgarle a la demandante la oportunidad de discutir su calidad de sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público, su causación, la base de determinación, la tarifa fijada para los grandes contribuyentes, así como las razones por las que debía pagarlo en esa jurisdicción y los plazos para ello, omisión que violó los derechos al debido proceso, defensa y contradicción de la actora. Conforme al Acuerdo 012 de 2004 del Concejo de Toluviejo, vigente para la época de los hechos…, en esa jurisdicción no existe la obligación de declarar el impuesto sobre el alumbrado público, por lo que la administración debió interpretar de manera armónica la normativa local con el artículo 35 del C.C.A., aplicable con fundamento en el artículo 1º ib., y antes de expedir la liquidación del impuesto informarle a la actora las razones por las que consideraba que debía pagarlo, como garantía de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción. Al respecto, se reitera que en los casos en que el administrado no está obligado a presentar la declaración del impuesto sobre el servicio de alumbrado público "se puede generar violación al debido proceso si la administración no emite un acto previo a la determinación de la obligación fiscal" [Sentencias de 5 de marzo de 2020, exp. 24205; 15 de noviembre de 2018, exp. 23552; 18 de octubre de 2018, exp. 22892; 23 de febrero de 2017, exp. 21735; 13 de octubre de 2016, exp. 20078; 10 de febrero de 2016, exp. 20712; 12 de noviembre de 2015, exp. 20633]

"Respecto de la actividad de generación… la norma bajo análisis dispone que se gravará "de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 56 de 1981". La norma a la cual se remite señala que el ICA se causa en el municipio donde esté ubicada la central generadora, en consideración a los kilovatios instalados. Este régimen de tributación fue reiterado por el artículo 181 de la Ley 1607 de 2012, que también aclaró que, en aquellos casos en los que las empresas generadoras comercialicen energía eléctrica, esa actividad "continuará gravada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 56 de 1981". La Sala señaló que la Ley 1607 de 2012 se vincula a la Ley 56 de 1981, conformando un solo cuerpo normativo con la misma vigencia, por tratarse de una interpretación auténtica en los términos del artículo 14 del Código Civil y del artículo 58 del Código de Régimen Político y Municipal… Con base en lo anterior… la comercialización de la energía generada por la misma empresa es gravada por ICA en el municipio donde se ubica la central generadora. Entonces, la venta de la energía producida no puede gravarse de forma separada a la actividad comercial. Este precepto guarda relación con los criterios de territorialidad de la actividad industrial en el ICA consagrados en el artículo 77 de la Ley 49 de 1990. En concordancia, la Corte Constitucional [Sentencia C-587 de 2014] afirmó que la reventa de energía por las empresas generadoras no cumple el supuesto de hecho del artículo 181 de la Ley 1607 de 2012 (venta de energía producida). De acuerdo con esto, es posible identificar dos supuestos: i) la venta de energía producida, que se grava conforme el artículo 7 de la Ley 56 de 1981; y ii) la venta de energía no generada, que se grava según la regla general del artículo 51 de la Ley 383 de 1997"

La utilización de redes que sean propiedad de la empresa prestadora como medio de transporte del gas combustible hasta la instalación del usuario final, no es requisito para considerar la actividad como un servicio público domiciliario. "[E]l a quo consideró que al estar a cargo de la demandante solo los conceptos de suministro y comercialización, esto es, la compra y venta, mientras que el transporte del gas del yacimiento hasta el domicilio de su cliente correspondió a un tercero, no era posible aseverar que ISAGEN S.A. ESP hubiere efectuado la prestación de un servicio público domiciliario en la jurisdicción del municipio de Tuta y, por ende, no estaba sujeta al ICA… Conforme se desprende de la [oferta mercantil], así como de lo señalado por las partes, para la distribución del gas, se utilizó como medio de transporte las redes de propiedad de la sociedad [transportadora], proveniente del campo de producción "Cusiana" (punto de conexión), hasta las instalaciones del ofertado [D], por lo que, si bien es cierto, dichas redes no son de propiedad de ISAGEN, esa condición no es requisito para considerar que la actividad que desplegó la actora en el municipio de Tuta es o no un servicio público domiciliario, en los términos de los artículos 14.28 de la Ley 142 de 1994 y 51 de la Ley 383 de 1997… Ahora bien, las Resoluciones 057 de 1996, 071 de 1999 y 011 de 2003 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- precisan que la comercialización consiste en la compra y venta de gas al mercado mayorista, ya sea a agentes regulados o no regulados, quienes carecen de la calidad de usuarios finales, pues destinan este producto a su distribución o a otras operaciones del sector… Sin embargo, para la Sala ISAGEN no realizó solo una actividad de comercialización de gas, puesto que esta supondría la compra del producto para su posterior venta a usuarios que no sean finales, circunstancia que no fue probada en este proceso… [L]a sociedad actora se comprometió a mantener en óptimas condiciones el suministro del gas natural, que el producto cumpliera con las especificaciones de calidad contenidas en el Reglamento Único de Transporte, y la eficiencia en la prestación del servicio, aspectos que de conformidad con el artículo 136 de la Ley 142 de 1994 son presupuestos para la existencia de un servicio público domiciliario"

Acción de tutela es improcedente para exigir reconexión de servicio de energía, si no se prueba un perjuicio irremediable. "Visto el contenido de la Ley 142 de 1994…, se tiene que los artículos 152 y 154 de la normativa dispone los mecanismos de defensa de derechos frente a las decisiones de facturación y suspensión del servicio, dentro de las que contempla peticiones y recursos ante la empresa prestadora del servicio y, en instancia superior, el recurso de apelación que será decidido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Agotado este procedimiento, de resultarle desfavorables, el usuario y-o suscriptor también tiene la posibilidad de activar la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho… escenario [en el cual] el interesado podrá solicitar la adopción medidas cautelares… [E]n el caso concreto se encuentra el curso el procedimiento administrativo idóneo con miras a decidir las inconformidades… relativas a la facturación y suspensión del servicio de energía eléctrica. Lo anterior quiere decir que no se ha agotado la vía administrativa y, en caso de decisión desfavorable, aún tiene la accionante la oportunidad de promover la jurisdicción de lo contencioso administrativo… En la demanda tan solo se dice que se interpone la acción de tutela "como mecanismo definitivo y excepcional, para evitar un perjuicio irremediable, debido que el servicio de energía es un servicio esencial vital para la vida humana, por lo que se debe garantizar el mínimo vital de energía"... Tal consideración expuesta de manera general no acredita al despacho la configuración de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez de tutela, pues más que evidenciar un escenario específico de vulneración iusfundamental de la que deriven los presupuestos de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad, presenta a una manifestación que no tiene respaldo fáctico. A más de lo anterior, debe tenerse en cuenta que…, el predio al momento de la presentación de la acción de tutela contaba con el suministro de energía eléctrica"

Acción de tutela es improcedente para exigir reconexión de servicio de energía, si no se prueba un perjuicio irremediable. "Del contenido de la Ley 142 de 1994, citada por el accionante, y la jurisprudencia constitucional que la ha desarrollado, se tiene que los artículos 152 y 154 de dicha normativa disponen los mecanismos de defensa de derechos frente a las decisiones de facturación y suspensión del servicio, entre las cuales se encuentran las peticiones y recursos que ante la empresa prestadora del servicio se pueden presentar y, como instancia superior, el recurso de apelación que será de conocimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios… En la solicitud el accionante afirmó que, frente a la suspensión del servicio de energía en su domicilio, había presentado la correspondiente reclamación ante la empresa, obteniendo una respuesta negativa, por lo que interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación, e indicó que en la actualidad este último se encuentra en trámite. En este sentido, para la Sala es claro que en el caso se encuentra en curso el procedimiento administrativo idóneo con miras a decidir las inconformidades del actor respecto del cumplimiento por ruptura de solidaridad y suspensión del servicio de energía eléctrica que narró en la solicitud de amparo, por lo que aún no se ha agotado la vía administrativa y…, en caso de decisión desfavorable el accionante aún cuenta con la oportunidad de promover el medio de control contra los actos administrativos correspondientes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo... Adicionalmente…, el accionante no probó la configuración de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez de tutela a pesar de estar en curso los medios de protección de derechos, pues en la solicitud se limitó a indicar que interpone la acción de tutela "como mecanismo definitivo y excepcional, para evitar un perjuicio irremediable, debido que el servicio de energía es un servicio esencial vital para la vida humana, por lo que se debe garantizar el mínimo vital de energía". Dichas consideraciones no resultan suficientes para acreditar la configuración de un perjuicio irremediable…, mismo que requiere que se evidencie un escenario de vulneración de derechos fundamentales en el que se observen los presupuestos de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad"

Acción de tutela es improcedente para exigir reconexión de servicio de energía, si no se prueba un perjuicio irremediable. "Para la Sala, de las normas transcriptas [L. 142 de 1994, art. 158 y 159] es evidente que existen otros mecanismos idóneos para la protección de los derechos invocados en la presente tutela, no solo en vía gubernativa, la cual al momento de presentarse la tutela -12 de noviembre de 2020- estaba en trámite, pues la petición presentada dos día antes, se tenía plazo para resolver hasta el 2 de diciembre del año paso, de hecho, al momento de presentarse la impugnación, esto es, el 30 de noviembre de 2020, dicho término aún no había fenecido. Por otro lado, se tiene que, si dicha petición hubiese sido negada, de lo cual no tiene conocimiento este juez constitucional, la [tutelante] podría presentar el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación para que la segunda instancia fuese decidida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Y en el caso de no estar de acuerdo con lo allí resuelto, puede acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en el artículo 138 del [CPACA]. En cuanto al tema de la suspensión del servicio de energía eléctrica que también planteó en esta acción la parte actora, la filial de […] al contestar la tutela explicó que, si bien dicha orden se había expedido, la misma fue anulada, por la solicitud presentada por la tutelante y aportó el pantallazo del sistema que evidencia que aquella tiene el servicio… Así las cosas, para la Sala la presente acción de tutela es improcedente por no superar el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad y, la misma, tampoco puede ser tramitada de forma transitoria, pues revisadas las pruebas y como lo evidenció el a quo no se encuentra acreditada la existencia de un perjuicio irremediable, ni que se trate de un sujeto de especial protección del Estado por sus condiciones particulares, carga que correspondía probar a la accionante, pues no basta con la solo afirmación de su causación, sino que se exige respaldarla probatoriamente siquiera sumariamente"

Base gravable de la contribución especial a favor de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Independiente que en el marco conceptual para la información financiera no exista una distinción entre el costo y gasto… ello no implica que la Superintendencia adicione a la base gravable de la contribución especial de manera indiscriminada rubros que expresamente el legislador no autorizó y que conforme con el reporte de la información financiera en formato XBRL corresponde a gastos operativos y no de funcionamiento. [E]l cambio o la ampliación del concepto de gasto en las normas de información financiera no se traduce en el desuso del concepto de gasto de funcionamiento que establece la norma para efectos fiscales desaparezca para el año en discusión, y por el contrario, al no ser un concepto considerado contablemente incluso en la normas de información financiera, se debe acoger la definición de gastos de funcionamiento desarrollada vía jurisprudencia para determinar la contribución… [L]os gastos operativos son sustraídos de los gastos de funcionamiento, y solo pueden ser adicionados a la base gravable de la contribución los correspondientes a compra de electricidad, la compra de combustibles y los peajes de distribución, en el caso de las empresas del sector eléctrico y, en las empresas de otros sectores los gastos de naturaleza similar a estos, como expresamente lo previó el legislador, con fundamento en un faltante presupuestal [Ley 142 de 1994, art. 85 par. 2°]. [E]n el presente caso, dichos conceptos… corresponde[n] a otros gastos operativos que por disposición legal no pueden ser adicionados inclusive bajo el supuesto del faltante presupuestal

El Consejo de Estado determinó que el consorcio Concesionaria del Desarrollo Vial de La Sabana (Devisab), encargado del mantenimiento de la vía Bogotá - Girardot, no está obligado a pagar impuesto de alumbrado público en el municipio de Anapoima. Consejo de Estado, Sección Cuarta, Expediente No. 24330 de 5 de marzo de 2020. Negó las pretensiones y estableció que el consorcio no debía pagar el impuesto, pues el municipio ni siquiera se opuso a la manifestación del concesionario respecto a que no reside ni tiene establecimiento alguno en Anapoima. La alta corte recordó que el cobro estaba autorizado legalmente para quienes tuvieran domicilio físico en jurisdicción de la administración que impone el deber de asumir el pago del tributo. De acuerdo a la subregla d) de la sentencia de unificación, de manera general, señala que "(…) las empresas del sector de las telecomunicaciones que tengan activos ubicados o instalados en el territorio del municipio para desarrollar una actividad económica especifica son sujetos pasivos del impuesto sobre el servicio de alumbrado público siempre y cuando tengan un establecimiento físico en la jurisdicción del municipio correspondiente y, por ende, sean beneficiarías potenciales del servicio de alumbrado público". Esta subregla debe aplicarse, también, a empresas que se dediquen al mantenimiento de vías

Es legal la metodología establecida por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 40266 del 31 de marzo de 2017, para determinar el volumen máximo de combustibles líquidos excluidos de IVA y exentos de arancel e impuesto nacional a la gasolina y al ACPM a asignar a los municipios de zona de frontera y distribuir a las estaciones de servicio habilitadas. Se declaró ajustada a derecho la Resolución 40266 del 31 de marzo de 2017, por la cual el Ministerio de Minas y Energía estableció la metodología para la determinación de los volúmenes máximos de combustibles líquidos excluidos de IVA y exentos de arancel e impuesto nacional a la gasolina y al ACPM dentro de los municipios reconocidos como zona de frontera y para su distribución a las estaciones de servicio habilitadas por la misma entidad. La Sala concluyó que dicha resolución no vulnera el derecho a la igualdad de las estaciones de servicio ni desconoce la capacidad óptima de almacenamiento de las mismas, así como tampoco las demás variables que para el efecto contempla el artículo 2.2.1.1.2.2.6.9 del Decreto 1073 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía

Las empresas dedicadas a la exploración, explotación, suministro y transporte de recursos naturales no renovables serán sujetos pasivos del impuesto sobre el servicio de alumbrado público siempre y cuando tengan un establecimiento físico en la jurisdicción del municipio correspondiente y, por ende, sean beneficiarias potenciales del servicio de alumbrado público. Sobre las cuestiones planteadas en el proceso, cabe señalar que los artículos 1 de la Ley 97 de 1913 y 1 de la Ley 84 de 1915 autorizaron a los concejos municipales y distritales a crear y organizar el impuesto de alumbrado público en sus jurisdicciones, pero las normas referidas no precisaron el alcance del concepto de "alumbrado público". Por ello, se requirió que el artículo 2 del Decreto 2424 de 2006 lo definiera como el servicio público no domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar iluminación, exclusivamente, a bienes de uso público y demás espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o distrito. De igual forma, la disposición señalada determinó que el servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público

En relación con el hecho generador del tributo y la base gravable del impuesto de alumbrado público, la sentencia de unificación 2019-CE-SUJ-4-009, destacó que los artículos 1 de la Ley 97 de 1913 y 1 de la Ley 84 de 1915 autorizaron a los concejos municipales y distritales para crear, organizar y cobrar el impuesto de alumbrado público. Prescribió que consistía en "ser usuario potencial receptor del servicio de alumbrado público, entendido como toda persona natural o jurídica que forma parte de una colectividad, porque reside, tiene el domicilio o, al menos, un establecimiento físico en determinada jurisdicción municipal sea en la zona urbana o rural y que se beneficia de manera directa o indirecta del servicio de alumbrado público". Dicha regla se funda en los precedentes de esta Sección que interpretaron las Leyes 142 y 143, ambas de 1994, y las definiciones del servicio de alumbrado público contenidas en la Resolución CREG nro. 043 de 1995, ordenamiento que de acuerdo con el cual cabe entender por "alumbrado público" el servicio público no domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar iluminación, exclusivamente, a bienes de uso público y otros espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o distrito

El numeral 2 del artículo 828 del ET establece que las liquidaciones oficiales ejecutoriadas prestan mérito ejecutivo y que, con base en ellas, puede iniciarse el cobro coactivo. En concordancia el artículo 829 ibídem establece que los actos administrativos (liquidaciones oficiales) que sirven de fundamento al cobro coactivo se entenderán ejecutoriados cuando contra ellos no proceda ningún recurso, cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan ejercido, cuando se renuncie expresamente al ejercicio de los recursos y cuando los recursos interpuestos en vía gubernativa o las acciones sean resueltas. La imposición del impuesto de alumbrado público previsto en el Acuerdo 017 de 2002, ocurre siempre y cuando los contribuyentes del tributo tengan establecimiento en la jurisdicción del municipio, ya que solo así pueden ser considerados "usuarios potenciales", pues de lo contrario, no forman parte de la colectividad residente; y, porque la administración no desvirtuó la afirmación de ISAGEN S.A. ESP. de no contar con inmueble, establecimiento o residencia en la jurisdicción del Municipio de Arauca y, por lo tanto, no era usuario potencial del servicio de alumbrado público. Así, está demostrado que los actos cuyo cobro pretende el Municipio de Arauca, al ser anulados, no son actualmente exigibles y, por tanto, no existe, ni existió un título ejecutivo que permita tramitar el procedimiento de cobro coactivo correspondiente, lo que impone, de conformidad con lo previsto en el artículo 833 del ET, su terminación y el levantamiento de las medidas cautelares decretadas, razón por la que, en lo pertinente, se modificará la sentencia recurrida

El artículo 51 de la Ley 383 de 1997 estableció las reglas conforme las cuales se causa el impuesto de industria y comercio frente a las diferentes actividades o servicios que pueden ser desarrollados por una empresa de servicios públicos, de conformidad con lo previsto en la Ley 142 de 1994. Ello explica por qué en el primer inciso del artículo en mención se hace referencia a la prestación de los servicios públicos domiciliarios y en los demás numerales se regulan las actividades complementarias de (i) generación, (ii) transmisión y conexión y (iii) compraventa de energía por empresas no generadoras. Las empresas generadoras propietarias de obras para la generación eléctrica continúan gravadas por su actividad industrial, conforme la ley 56 de 1981 y, en relación con las demás actividades que desarrollen, se les aplican las reglas establecidas en el artículo 51 de la Ley 153 de 1887. Del análisis expuesto se puede establecer que ninguna de las reglas señaladas en el artículo 51 de la Ley 383 de 1997 están condicionadas a que no se haya tributado por generación de energía, pues, se reitera, cada actividad es independiente y tampoco puede entenderse que unas están comprendidas entre otras, pues ello no se establece expresamente del texto legal y, por el contrario, no es lo que se infiere de la interpretación de las normas que regulan los servicios públicos

Jurisprudencia Unificación. Se unificó la jurisprudencia en relación con los elementos esenciales del impuesto sobre el alumbrado público para adoptar las siguientes reglas: 1. El sujeto activo del impuesto sobre el servicio de alumbrado público son los municipios. 2. El hecho generador del tributo es ser usuario potencial receptor del servicio de alumbrado público. 3. Fórmulas o referentes utilizados por las autoridades municipales para determinar los elementos esenciales del impuesto. a. Ser usuario del servicio. b. La propiedad, posesión, tenencia o uso de predios en determinada jurisdicción municipal. c. El impuesto de industria y comercio no es un referente idóneo para determinar los elementos del impuesto. d. Las empresas dedicadas a la exploración, explotación, suministro y transporte de recursos naturales no renovables, las empresas propietarias, poseedoras o usufructuarias de subestaciones de energía eléctrica o de líneas de transmisión de energía eléctrica y las empresas del sector de las telecomunicaciones son sujetos pasivos del impuesto siempre que tengan un establecimiento físico en el municipio. e. Empresas con activos en el municipio, este debe acreditar la existencia de establecimiento físico y calidad de sujeto pasivo del impuesto. 4. Base gravable f. El consumo de energía eléctrica. g. La capacidad instalada de las empresas propietarias, poseedoras o usufructuarias de subestaciones de energía eléctrica o de líneas de transmisión de energía eléctrica. h. En los asuntos particulares, en que el sujeto pasivo encuadra en varias hipótesis para tenerlo como tal, solo está obligado a pagar el impuesto por una sola condición. 5. Tarifa. i. Las tarifas deben ser razonables y proporcionales. j. La carga de probar la no razonabilidad y-o no proporcionalidad de la tarifa es del sujeto pasivo

Tratándose de empresas del sector eléctrico, la base gravable de la contribución especial a favor de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios puede integrarse con los gastos operativos. "[N]o se desconocen los lineamientos jurisprudenciales sobre el alcance de la expresión "gastos de funcionamiento" que constituye la regla general de determinación de la base gravable… En efecto, en este caso la SSPD aduce la existencia de un faltante presupuestal que constituye el supuesto de hecho previsto en la ley como excepción a la regla general, que permite aplicar la regla contenida en la parte final del parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, situación distinta a las analizadas en esas oportunidades. De otra parte, la actora afirma que… no [se] tuvo en cuenta el sistema y método establecido por el legislador, toda vez que "el estudio técnico mediante el cual se determinó el faltante presupuestal que causó la variación en la base gravable de la contribución no fue explicado y expuesto sino simplemente mencionado, lo que no constituye un acatamiento material de la exigencia impuesta por la ley para tales efectos". Frente a esta afirmación general, la Sala precisa que en la parte motiva de la citada resolución…, puede leerse la explicación de cómo se determinó el faltante presupuestal en el estudio técnico, explicación que confrontada con el estudio técnico allegado al expediente es coincidente. La actora aduce que se desconoce el principio de planificación presupuestal de que trata el artículo 12 del Decreto 111 de 1996, al considerar que "hubo un voluminoso faltante presupuestal". Al respecto la Sala considera que de haberse desconocido dicho principio sería en el trámite propio del presupuesto, ajeno al objeto de este proceso. Finalmente, cabe señalar que hacen parte de los antecedentes administrativos allegados al expediente el "documento de participación ciudadana del proyecto de resolución" de agosto de 2016 y el "Estudio de la contribución especial año 2016" de 22 de agosto de 2016, que contienen información similar a la consignada en las consideraciones del acto general demandado que para su expedición surtió el trámite legal. Por lo expuesto, la Sala advierte que no se desvirtuó la presunción de legalidad de la Resolución Nº SSPD - 20161300032675 del 22 de agosto de 2016 fijó la tarifa y la base de liquidación de la contribución especial"

Sobre el alcance del parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se reitera que la finalidad de la norma es que la contribución especial grave los gastos de funcionamiento cuando estos resulten suficientes para cubrir el presupuesto de la SSPD y, en los casos de faltantes presupuestales, además recaiga sobre las compras de energía de las empresas del sector eléctrico, para cubrir en la proporción necesaria el costo de servicio de dicha entidad". Entonces, cuando la SSPD necesita cubrir faltantes presupuestales, la ley permite que los gastos operativos puedan ser adicionados a los gastos de funcionamiento, en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir el faltante presupuestal de la superintendencia. Tratándose de empresas del sector eléctrico, la base gravable se conforma de la siguiente manera: (i) Según la regla general: De los gastos de funcionamiento, asociados al servicio sometido a regulación se excluyen los gastos operativos, las compras de electricidad, las compras de combustibles y los peajes, cuando hubiere lugar a ello. (ii) conforme a la regla exceptiva, configurado el supuesto de hecho -el faltante presupuestal- la ley permite adicionar a esos rubros los gastos operativos en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir el faltante presupuestal de la superintendencia

Se niega la nulidad parcial interpuesta contra los artículos 6 [2, 3, 4 y 5], 7 y 8 de la Resolución 122 de 2011, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. La disposición del numeral 3 del artículo 6 de la Resolución 122 de 2011, expedida por la CREG, no crea ni modifica el sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público, como tampoco usurpa las competencias que tienen los concejos municipales en cuanto a la regulación de los elementos esenciales de dicho tributo. Para la Sala el artículo 8 de la Resolución 122 de 2011 no se extralimitó en las funciones regulatorias autorizadas por el artículo 29 de la Ley 1150 de 2007, sino que simplemente se refirió al contenido del contrato de facturación y recaudo conjunto, para precisar que en el texto del mismo se debe indicar el responsable de ejecutar tales actividades

Acto administrativo modificado - Efectos. pierde vigencia y por lo tanto fuerza ejecutoria - Suspensión provisional de acto administrativo modificado o derogado - No procede porque la suspensión parte del supuesto de vigencia del acto

Acto administrativo general - acto administrativo particular - derecho de petición de consulta

Cuando el administrado no está obligado a presentar la declaración del impuesto sobre el servicio de alumbrado público, y la administración municipal lo considera sujeto pasivo del tributo, debe informarle la actuación mediante acto previo. "[E]l artículo 8 del Acuerdo 023 de 2008 expresamente dispone que los sujetos pasivos, a quienes no se les factura el servicio, no están obligados a presentar declaración privada. En otras palabras, en Uribia no existe la obligación formal de declarar el impuesto de alumbrado público. En esas condiciones, la Sala advierte que en el sub examine, contrario a lo sostenido por la demandante, no resulta procedente el proceso de aforo, toda vez que es un trámite particular dirigido contra quienes, estando obligados a presentar declaraciones tributarias, omitan su cumplimiento, por tanto, si en el ordenamiento local no está prevista la obligación de declarar el tributo, frente a éste, el proceso de aforo se torna improcedente. No obstante lo anterior…, para la Sala tampoco resulta procedente… que la Administración Municipal expidiera directamente una "liquidación oficial"… sin haberle otorgado previamente a la demandante, la oportunidad de discutir su condición de sujeto pasivo del impuesto…, así como las razones que tuvo el municipio para haber ubicado a EPM en uno de los tres rangos previstos en la norma para las empresas generadoras, sin que pueda aceptarse, como lo sostuvo el a quo y el ente municipal, que para efectos del derecho de defensa de la demandante era suficiente con que se haya otorgado la posibilidad de interponer recurso de reconsideración contra la liquidación. La Sala considera que el municipio debió realizar, en este caso concreto, una interpretación armónica de la normativa local y de las normas generales sobre las actuaciones administrativas, en concreto, el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, aplicable al municipio demandado con fundamento en el artículo 1 ibídem, lo cual permitía concluir que antes de expedir la liquidación del impuesto, debía informarle las razones por las cuales consideraba que debía pagar el tributo, pues de lo contrario se vulnera el derecho de defensa de la demandante"

Motivación de los actos administrativos - Contribución especial Ley 142 de 1994 - Base gravable - Gastos de funcionamiento asociados al servicio público

¿El cobro del impuesto de alumbrado público en desprendible separado del servicio de energía causa detrimento patrimonial a los entes territoriales y a los concesionarios? No - La afirmación de que el cobro del impuesto por desprendible separado de la factura genera gastos adicionales por razón del proceso de cobro coactivo, nada tiene que ver con las normas demandadas ni con la disposición superior que se invoca como vulnerada. En efecto, el proceso administrativo de cobro tiene una regulación propia, prevista en el Estatuto Tributario, aplicable a los municipios y distritos por remisión expresa del artículo 59 de la Ley 788 de 2002, y en el cual es indiferente si el título ejecutivo consta en desprendible separable o no. Cabe resaltar que con la modificación introducida por la Resolución 5 de 2012 a los textos demandados el cobro del impuesto de alumbrado público puede hacerse en el mismo cuerpo de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica, a menos que el usuario solicite la expedición de facturas separadas. Negada demanda de nulidad contra los artículos 4 y 7 de la Resolución CREG 122 de 2011, por la cual se regula el contrato y el costo de facturación y recaudo conjunto con el servicio de energía del impuesto creado por la Ley 97 de 1913 y 84 de 1915 con destino a la financiación del servicio de alumbrado público

Ordena inaplicarse por ilegal la Resolución SSPD 8735 de 2011 -por la cual se determinan las erogaciones de gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio sometido a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos, para la liquidación de la contribución especial prevista en el numeral 85.2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994-, al incluir los costos de producción (grupo 75 del Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios), dentro de los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio regulado, dado que amplía la base gravable del tributo con erogaciones que hacen parte de los gastos de funcionamiento de las entidades vigiladas

Nulidad de la Resolución 122 de 8 de septiembre de 2011, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas- CREG

Contribución especial a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Creación legal Calculo - Tarifa de la contribución especial - Entes prestadores de servicios públicos domiciliarios - Plan de contabilidad - Entidades que lo deben aplicar

Acción de nulidad. La ausencia de un acápite de hechos no genera nulidad. Objeto. Superintendencia de servicios públicos. Funciones. Contribuciones especiales. Son exigidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a los entes prestadores de tales servicios. Tarifa de la contribución especial. El límite máximo del 1 por ciento del valor establecido para cada ente vigilado como base gravable del tributo. Base gravable de la contribución especial. Son los gastos de funcionamiento de las entidades sometidas a regulación. Gastos de funcionamiento. Incluye las erogaciones causadas relacionadas con la prestación de los servicios públicos

Acto administrativo, debe ser motivado - Requerimiento especial -Liquidación oficial de revisión - Contenido - Derecho de defensa

Acto administrativo - Motivación - Nulidad del acto administrativo - Lo origina la falta de motivación - Motivación de las decisiones

Acción de nulidad. La ausencia de un acápite de hechos no genera nulidad. Objeto. Superintendencia de servicios públicos. Funciones. Contribuciones especiales. Son exigidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a los entes prestadores de tales servicios. Tarifa de la contribución especial. El límite máximo del 1 por ciento del valor establecido para cada ente vigilado como base gravable del tributo. Base gravable de la contribución especial. Son los gastos de funcionamiento de las entidades sometidas a regulación. Gastos de funcionamiento. Incluye las erogaciones causadas relacionadas con la prestación de los servicios públicos

Falta de motivación - Para no incurrir en ella la administración debe expresar los motivos y decisiones

Lo que se busca con la motivación del acto es asegurarle al administrado que la decisión que tome la Administración obedezca a las razones de hecho y de derecho que ésta invoca, de tal forma que la motivación se hace imprescindible para dictar los actos administrativos, y expedirlos sin la misma, implica un abuso en el ejercicio de la autoridad y necesariamente responsabilidad de quien ha omitido tal deber - Motivación de actos administrativos - Liquidación de aforo - Derecho de defensa del contribuyente - Impuesto de Industria y Comercio

Contribución especial para empresas de servicios públicos - Exclusión de los gastos por pensiones - Gastos de funcionamiento

¿Un tributo que se causa por la utilización de servicios, sólo puede decretarse en consideración a aspectos objetivos del hecho, no a condiciones subjetivas del usuario, como la de estar clasificado por la DIAN como gran contribuyente? ¿El impuesto sobre alumbrado público señalado en el municipio, también aplica a los grandes contribuyentes definidos por la DIAN? Acción de nulidad. Impuesto de alumbrado público - Tarifa a grandes contribuyentes. Servicio de alumbrado público. Municipios - Reglamentación por Acuerdo de impuesto de alumbrado público. Analogía en materia tributaria

¿No existe norma tributaria que autorice a la Administración expedir más de un requerimiento especial? Impuesto sobre las ventas. Declaración de importación. Liquidación oficial de revisión. Acto administrativo particular - Sustentación

Contribución a Superintendencia de servicios Públicos

Contribución de solidaridad sector eléctrico - Comisión de Regulación, falta de competencia para fijar elementos esenciales del impuesto de contribución de solidaridad

Facultad impositiva municipal - Restricción - competencia tributaria territorial / Norma con fuerza de ley como creadora de tributos municipales

Es función intrínseca de la Administración Tributaria, vigilar por la recta aplicación de las normas reguladoras de los impuestos administrados por ella y en uso de tal deber le corresponde estar atenta a que los sujetos pasivos de la obligación, no la infrinjan directamente ni a través de operaciones que aunque virtual o aparentemente legales tengan como objeto menguar los intereses del fisco que la doctrina conoce como elusión tributaria. La interpretación de la ley tributaria no puede atenerse a la verdad formal, debe buscar siempre la verdad real en la determinación de la carga impositiva que corresponde pagar a sus administrados, pues de no ser así su acción resultaría nugatoria

Sociedades imbricadas - Renta gravable - Prueba contable - elusión tributaria - Administración tributaria