Niega la suspensión provisional del acto por medio del cual se efectúo un nombramiento en el cargo de experto comisionado de la CREG mediante la figura del encargo. "[A]l revisar los reparos que se realicen respecto de los encargos deberá dilucidarse si se acude a dicha figura para proveer un empleo, de manera provisional, o en procura de atender una situación administrativa. […] [S]e observa que la designación del demandado en el empleo referido deviene en una solución temporal ante la vacancia definitiva generada ante la nulidad del nombramiento de quien venía ocupando el cargo y por la necesidad de mantener la continuidad de las funciones que desempeña la mencionada comisión de regulación […]. La circunstancia antes descrita es un elemento que deviene en necesario para el estudio del reparo de ilegalidad que propone la parte actora. Lo primero a señalar, bajo dicha perspectiva, es que ninguna de las normas que se alegan como desconocidas [arts. 125 de la Constitución, 21 de la Ley 143 de 1994, 24 de la Ley 909 del 2004 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015], permite concluir que, de manera expresa, se prohíbe el uso del encargo para empleos de período fijo. […] [L]a Sala encuentra que, ante la vacancia y mientras se provee de forma definitiva, era procedente acudir al encargo, incluso al tratarse de un empleo de período fijo, pues al menos a esta instancia del proceso, no se observa incompatibilidad entre ambas instituciones. En cuanto hace al punto de la dedicación exclusiva del experto comisionado, esta corporación encuentra que, en efecto, el literal d), del artículo 21 de la Ley 143 de 1994 permite concluir que aquel deberá cumplir su labor de manera exclusiva, sin embargo, en este caso, debe insistirse que no existió nombramiento definitivo a favor del demandado en el cargo que quedó vacante con ocasión de la nulidad del nombramiento de [quien venía ocupando el cargo], en tanto aquel solo es transitorio bajo la figura de un encargo, lo que impide, en este momento, advertir el yerro que pretende enervar el demandante. Sumado a lo anterior, resulta necesario resaltar que, […] del artículo 2.2.5.5.41. del Decreto 1083 de 2015, […] pone de presente la existencia de una habilitación legal y reglamentaria para dicha situación administrativa. Finalmente, en cuanto hace a la presunta alteración de la estructura funcional de la CREG, […] en esta oportunidad procesal […] no es claro que el Ministerio de Minas y Energía obtenga una doble representación en dicha comisión. […] [T]ampoco se observa que dicho encargo tenga la incidencia de modificar la estructura interna de la CREG, dada su calidad de decisión meramente temporal."

Requisitos de experiencia técnica y consultoría para ocupar el cargo de comisionado en la CREG. "En relación con la exigencia que contempla el primer supuesto de la norma para ocupar el empleo de experto comisionado, atinente a haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético, en la providencia [dictada por esta Sala el 27 de abril de 2023, Rad. 1001-03-28-000-2022-00209-00] se indicó que es necesario verificar la ubicación del cargo y sus funciones en la entidad pública o privada del sector energético nacional o internacional, para de esta forma establecer si se trata de un empleo que implique responsabilidad. […] Respecto del segundo evento que contempla la norma -haberse desempeñado como consultor o asesor por un periodo igual o superior a seis años-, […] la Sala fijó la postura consistente en que, al realizar una interpretación sistemática y teleológica de la norma, "es claro que el requisito en comento debe leerse en conjunto con el primer condicionamiento, por manera que la experiencia en la consultoría o asesoría tiene que provenir del área energética y no de otro sector de la economía, pues un razonamiento en ese sentido vaciaría de contenido la disposición, aunado a que no atendería al objeto y funciones de la CREG." […] [S]e advierte que la Cámara de Comercio de Bogotá, en la que [el demandado] fue contratista, no forma parte del sector energético. Sobre el punto, se pone de presente que, si bien el proyecto objeto del contrato está relacionado con asuntos energéticos, tal actividad no se desplegó en una entidad pública o privada de ese específico sector […] [A]unque la experiencia como asesor estuvo relacionada con la formulación, desarrollo, seguimiento y evaluación en el marco del Programa Nacional de Investigaciones en Energía y Minería, actividad que guarda relación con asuntos de naturaleza energética, lo cierto es que Colciencias, era un departamento administrativo, actualmente fusionado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo que es claro que no forma parte del sector energético […]. [C]on fundamento en la naturaleza de las actividades propias de [la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial], para la Sala no hay duda en cuanto a que las funciones como consultor realizadas por el demandado en esa organización no pueden ser tenidas en cuenta para acreditar la experiencia como consultor en el sector energético, dada la ausencia de conexidad directa y específica con esa área de la economía."

Requisito de experiencia técnica para ocupar el cargo de comisionado en la CREG. "La segunda opción tendiente a cumplir con el requisito está relacionada con el desempeño como consultor o asesor por un periodo igual o superior a seis años. […] [A]l realizar una interpretación sistemática y teleológica, es claro que el requisito en comento debe leerse en conjunto con el primer condicionamiento, por manera que la experiencia en la consultoría o asesoría tiene que provenir del área energética y no de otro sector de la economía, pues un razonamiento en ese sentido vaciaría de contenido la disposición, aunado a que no atendería al objeto y funciones de la CREG. Por consiguiente, el verdadero sentido del supuesto normativo apunta a que los requisitos de conocimientos y experiencia técnica, así como los referentes a la consultoría o asesoría deben estar circunscritos al sector energético. […] [A] pesar de que el demandado arguyó como argumento de defensa que ha desempeñado cargos que implican funciones de regulación, como el de superintendente de Industria y Comercio, y de Sociedades, en encargo, lo cierto es que […] la norma consagra como requisito expreso que la consultoría o asesoría deben provenir puntualmente del sector energético y no de cualquier área de la economía. […] En línea con lo expuesto, se tiene que las funciones como superintendente de Industria y Comercio […], aunque algunas de las tareas desplegadas tengan relación con las que desempeñan los expertos de la CREG, lo cierto es que el texto normativo expresamente prevé que la experiencia técnica, consultoría o asesoría sea en materia energética, además de consagrar en dónde se obtienen. […] Otra de las alegaciones del demandado estriba en que se deben aplicar las equivalencias previstas en el Decreto 1083 de 2015, y en el manual de funciones de la CREG, contenido en la Resolución 633 de 2021 […]. [E]n la Resolución 633 de 2021 […] no se contemplaron las equivalencias o alternativas para ocupar el cargo de experto comisionado, en razón a que estas no son aplicables a los empleos cuyos requisitos estén fijados en forma expresa en la Constitución o en la ley, tal como lo dispone el artículo 2.2.2.4.10 del Decreto [1083 de 2015]. Adicionalmente, se tiene que si bien dentro las exigencias referentes a la experiencia se introdujo que la preparación y la experticia técnica deben ser "preferiblemente" en el área energética, lo cierto es que dicha modificación no se aviene a la consagración expresa del literal c), parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021 […]."

La acción de incumplimiento es improcedente para exigir la devolución de dineros con fundamento en la orden de reliquidar facturas de servicios públicos domiciliarios. La Sala constató que los actos administrativos expedidos por la SSPD, cuyo cumplimiento reclamaba el accionante, "no dispusieron la obligación de devolver o reintegrar los dineros facturados y cobrados, sino que el verbo rector que se utilizó fue el de "reliquidar", esto es, hacer el ajuste formal de las facturas a la medida de 0KW-h, por cuanto el consumo que se había realizado era "estimado" lo cual no era procedente que se hubiera generado para esos periodos, sino frente al consumo real". Dichos actos "no contienen el mandato que la parte actora señaló en su demanda […], pues si bien argumentó que al ordenarse la reliquidación a 0KW-h, lo lógico, es que deben reintegrarse los dineros pagados por esos periodos, lo cierto es que dicha circunstancia es una conjetura, interpretación y alcance que los actos administrativos no previeron y que no puede este juez de cumplimiento ordenar por cuanto implicaría crear una obligación que no fue prevista en éstos". En lo que respecta al incumplimiento del artículo 24.4 del Decreto 1369 de 2020 por parte de la SSPD, aunque dicha disposición "sí dispone de forma imperativa e inobjetable que en el acto administrativo que resuelva el recurso de apelación, de que tratan los artículos 154 y 159 de la Ley 142 de 1994, debe ordenar la devolución de los dineros que un prestador de servicios públicos retenga sin justa causa a un usuario dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la decisión", lo cierto es que "la referida norma no es aplicable a la situación de la parte accionante porque, como lo indicó la SSPD, en los actos que resolvieron los recursos de apelación no se advirtió, por cuanto no se alegó, que se hubieran hecho retenciones injustificadas por el prestador del servicio público, por tanto la condición frente a la cual está supeditada la exigencia del deber del artículo 24.4 del Decreto 1369 de 2020, no es la del supuesto fáctico de la parte actora y, por tanto, tampoco puede este juez de cumplimiento analizar y determinar lo que la autoridad administrativa competente ya definió y no ordenó, lo que implica que su incumplimiento no se encuentra configurado."

Comercialización de energía eléctrica producida en plantas propias. A juicio de la Sala, no se configuró el defecto fáctico alegado, en tanto la providencia objeto de cuestionamiento fue razonable y atendió a las pruebas recaudadas en el expediente, por lo que más que advertirse el yerro alegado se observa un inconformismo de la parte actora con el fallo adverso a sus pretensiones, de manera que es del caso destacar que la presente acción de tutela no es el mecanismo judicial procedente para reabrir un debate de instancia, caso contrario en el cual se comprometería la autonomía del juez natural. Ahora bien, al no configurarse el anterior defecto, no permite estructurar el sustantivo planteado, pues al no existir prueba que demostrara que la energía suministrada por ISAGEN a HOLCIM fuera diferente a la generada en sus propias plantas, el hecho generador del impuesto ICA es la [actividad] industrial y queda gravado en el ente territorial donde aquellas están ubicadas y se regula por lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 56 de 1981 y del artículo 181 de la Ley 1607 de 2012, como lo concluyó la Sección Cuarta del Consejo de Estado

Las interrupciones del servicio eléctrico domiciliario correspondientes a reparaciones técnicas, mantenimientos periódicos y-o racionamientos por fuerza mayor, no pueden ser tenidas como fallas en su prestación, siempre y cuando de ello se informe oportunamente a la ciudadanía. En desarrollo de la facultad reguladora conferida por el Presidente, la CREG erigió los criterios de calidad a tener en cuenta por parte de los prestadores -Resolución 070 de 1998- dentro de los cuales figuran los indicadores DES y FES, tal y como se hizo referencia en la parte de consideraciones generales de este proveído. No obstante, la CREG dispuso en el cuerpo normativo de la Resolución 070 de 1998, específicamente en su numeral 6.3.1.1, situaciones fácticas que, si bien comportan interrupción o suspensión del servicio de energía, no por ello debían ser tenidas para la contabilización de los valores máximos admisibles, medibles a través de los indicadores FES y DES. Los anteriores supuestos -la frecuencia y duración de las interrupciones que ellos comportan- se excluyen del cálculo anual de los valores DES y FES, motivo por el que debe entenderse que su materialización o producción no debe ser tenida como falla en la prestación del servicio, al tenor de lo dispuesto en el numeral 6.3.4 de la Resolución 070 de 1998

Se confirman los actos administrativos por medio de los cuales la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sancionó a Chevron Petroleum Company con el pago de 149 millones de pesos, por no publicar las reservas de remanentes y la capacidad diaria de producción del año 2005. Según el fallo, la obligación establecida en la Resolución 023 del 2000 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), relativa al deber de publicar en un diario de amplia circulación nacional las reservas de remanentes y la capacidad diaria de producción, debe ser cumplida cada año, a 31 de diciembre, fecha desde la cual se contabiliza el término de caducidad en caso en que la misma sea omitida

Consideraciones en relación con la titularidad de la sobretasa metropolitana y la procedencia de la acción de cumplimiento a efectos de obtener la transferencia de los recursos por dicho concepto. "[E]l Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha venido ejerciendo las mismas funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, dentro de su jurisdicción, a pesar de la existencia de CORANTIOQUIA, amparada en las leyes 99 de 1993 y 128 de 1994. Esta situación se explica por el territorio en que ambas entidades ejercen sus funciones, pues de acuerdo con la ley, el Área Metropolitana solo ejerce las funciones de CORANTIOQUIA dentro del área urbana. Este tema no ha sido pacífico y, por el contrario, ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de diferentes autoridades judiciales y ambientales, las cuales han concluido que, en realidad el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ejerce autoridad ambiental dentro del territorio de su jurisdicción y, en consecuencia, está legitimada para cobrar la contribución de que trata el literal a) del artículo 22 de la ley 128 de 1994 [CE-SCSC-EXP1992-N1455]. […] Definida de esta forma la titularidad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá respecto de los recursos de que trata el literal a) del artículo 22 de la ley 128 de 1994, hay lugar a ordenar al Municipio de Bello que los transfiera, pues esta entidad territorial se ha negado a hacerlo alegando principalmente que una orden en ese sentido le establece gastos. Sobre tal argumento, la Sala aclara que la transferencia de los recursos del impuesto predial no implica gasto alguno para el municipio demandado, puesto que por expresa disposición de la Constitución Política (artículo 317, inciso 2) constituyen una renta propia de las "entidades encargadas del manejo y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción" -que para el caso lo es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá-, de manera que frente a tales ingresos los municipios y distritos actúan como simples recaudadores. Así lo corrobora el parágrafo [del artículo 22 de la ley 128 de 1994]."

Acto complejo - Concepto. Supuestos para que se estructure - Indebida acumulación de pretensiones - Inexistencia de acto complejo

La normativa de los servicios públicos domiciliarios autoriza incluir en las facturas el cobro de la financiación otorgada a los usuarios para la adquisición de bienes o servicios distintos. "A propósito de la regla contenida en la parte final del inciso 2 del artículo 148 de la Ley 142 de 1994, y de la autorización otorgada a la empresa prestadora en el contrato de condiciones uniforme suscrito por el demandante, para "incluir en las facturas de cobro aquellos conceptos que EL CLIENTE expresamente autorice", así como de lo previsto en el artículo 147 (inc. 2) de la Ley 142, cuyo contenido es coincidente con el parágrafo 1 del artículo 44 de la Resolución CREG No. 108 de 1997, el Consejo de Estado llegó a la conclusión que, "tanto la ley como el contrato de condiciones uniformes permiten a la empresa demandada incluir en la factura el cobro de valores distintos al servicio de energía, como lo son las cuotas de financiación por adquisición de otros bienes ofrecidos a los clientes usuarios del servicio de energía, siempre que: a) los clientes así lo autoricen; b) el valor ajeno al servicio público se totalice por separado; y, c) la empresa no suspenda o corte el servicio de energía por el no pago de tales conceptos. Fundamentado el cobro distinto al servicio de energía en los presupuestos que anteceden, no es posible asegurar que la empresa de servicio público respectiva actúe con desconocimiento de las normas que establecen los requisitos de las facturas, toda vez que en esa perspectiva la inclusión de tal concepto no es el resultado de la imposición unilateral de la posición dominante de la entidad prestadora del servicio, sino del consenso de las partes del contrato de condiciones uniformes. También es importante destacar acerca de la necesidad de discriminar los conceptos cobrados en la factura, de tal forma que sea posible identificarlos separadamente para que el no pago del producto ajeno al servicio público no conlleve a la afectación de éste. […] De manera, pues, que […] el cobro de las cuotas de financiación por la adquisición de electrodomésticos y celulares se realiza previa autorización del cliente, en forma separada del servicio de energía eléctrica bajo el acápite de "portafolio de productos y beneficios" y, además, el no pago de dichas cuotas no conduce al corte o a la suspensión del servicio público prestado."

¿El cobro de un impuesto hecho en factura del servicio público de telefonía, puede ser impugnado en acción de cumplimiento? Servicios públicos domiciliarios - Requisitos de la factura de cobro. Factura de servicios públicos. Requisitos. Inclusión de cobro de impuesto al deporte. Impuesto de Fondo del Deporte - Cobro en facturas de telefonía. Servicio público de telefonía - Utilización de factura para cobrar impuesto al deporte