No hay lugar a unificar la jurisprudencia en torno a la procedencia del cobro del impuesto de alumbrado público por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios a través de las facturas correspondientes. La Sala reseñó las sentencias del 3 de diciembre de 2019 [rad. 2007-00237-01 (AP)REV] y 2 de febrero de 2021 [rad. 2007-00199-01 (AP)REV], en virtud de las cuales el Consejo de Estado resolvió que no había lugar a unificar la jurisprudencia porque la posición ha sido pacifica acerca de la posibilidad de cobrar el impuesto de alumbrado público a través de la factura de servicios públicos domiciliarios [Sección Cuarta: sentencia del 19 de julio 2001, rad. 2000-01684 (AP-085). Sección Primera: sentencia del 1o. de julio de 2004, rad. 2003-00708 (AP). Sección Tercera: sentencia del 16 de febrero de 2006, rad. 2004-00237 (AP)]. También resaltó la sentencia expedida por la Sección Quinta el 4 de agosto de 2006, en el marco de una acción de cumplimiento [rad. 2004-02394-01(ACU)], en la cual se afirmó que no era permitido cobrar en las facturas del servicio de energía eléctrica lo correspondiente al impuesto de alumbrado público, basándose en los artículos 146 y 148 de la Ley 142 de 1994 y en el artículo 8 del Decreto 2223 de 1996, en donde se estableció la prohibición de efectuar cobros distintos a las tarifas por concepto de la prestación de servicios públicos domiciliarios aunque existieran derechos o conceptos cuyo cobro estuviera fundamentado en otras normas de carácter legal. Sin embargo, la Sala advirtió que: i) en dicha providencia no se incluyeron consideraciones relacionadas con el alcance del Decreto 2424 de 18 de julio de 2006; ii) el Consejo de Estado ha considerado que el mecanismo de revisión eventual solo procede cuando exista la necesidad de unificar jurisprudencia en el tratamiento o protección de derechos colectivos, circunscritos a las acciones populares o de grupo, "lo que de entrada excluiría la posibilidad de proceder con una decisión de unificación para armonizar decisiones que no han sido adoptadas en el ámbito de esos asuntos"; iii) aun con independencia de la circunstancia anterior, "no habría lugar a unificar la jurisprudencia sobre este asunto, pues […] la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido pacífica en la consideración de que es posible cobrar el impuesto de alumbrado público a través de las facturas del servicio público domiciliario de energía, en particular a partir de la expedición del Decreto 2424 de 2006."

Efectuado un control objetivo de la Resolución CREG-166 de 2020, desde el ámbito temporal y material, se encuentra, que: i) guarda relación de causa a efecto con aquellas que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción, mediante la definición de las tarifas del servicio de energía eléctrica en las soluciones solares fotovoltaicas individuales. ii) el acto está suficientemente motivado, dado que pone de presente los fundamentos facticos y jurídicos que dan sustento a la decisión. iii) se trata de una medida equilibrada y proporcional frente a la gravedad de los hechos, pues responde a la actual coyuntura económica, en cuanto a través de las fórmulas tarifarias transitorias se regulan el cobro del servicio mientras se concluye el procedimiento general. iv) impide que se ponga en riesgo la prestación del servicio en las zonas no interconectadas e impide su suspensión, pues so pretexto de la falta de regulación los prestadores no podrán interrumpirlo. v) Por último, la medida no comporta discriminación alguna. En cambio, consagra un mecanismo de prestación de un servicio público domiciliario esencial a las comunidades que por su ubicación geográfica no están conectadas al Sistema Interconectado Nacional, pero requieren del servicio

Suspensión de términos no puede hacerse extensiva a todas las actuaciones administrativas ante la CREG. "[P]ara la Sala es claro que los efectos y alcances dados por la Corte Constitucional respecto de los artículos 5 y 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, deben ser tenidos en cuenta para resolver el control inmediato de legalidad de la referencia, en tanto que en estos permiten identificar el alcance de la suspensión de términos administrativos y su correlación con los principios y derechos establecidos en la norma superior… No obstante la conexidad existente entre los actos controlados y el citado decreto legislativo que le sirvieron como sustento para su expedición, la Sala considera que la legalidad del artículo 1º de las resoluciones objeto de control deber ser condicionado, dado que en estos se estableció la suspensión de términos administrativos de manera general en la CREG, sin tener en cuenta que, conforme a los preceptos superiores de la Carta Política, tal suspensión no podría predicarse respecto de: i) los procedimientos relativos a la efectividad de derechos fundamentales, (ii) el pago de sentencias judiciales, y (ii) el pago de sanciones moratorias a cargo de los fondos de cuenta sin personería jurídica adscritos a los ministerios, que manejen recursos de seguridad social y que sean administrados a través de contratos fiduciarios. Nótese que, si bien la suspensión de términos administrativos no es contraria al desarrollo del Decreto Legislativo Número 417 de 2020, también lo es que la misma no puede ser absoluta y con desconocimiento de otras garantías fundamentales como el derecho de petición y el real acceso a la administración de justicia, en específico, al pago de sentencias judiciales. Con fundamento en lo anterior, se declarará la legalidad condicionada de dichos preceptos, bajo el entendido de que la suspensión decretada en artículo primero de la resolución primigenia, no resultaba aplicable a los asuntos desarrollados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-242 de 2020"

Competencia de la CREG para regular esquemas de diferimiento del pago de facturas a usuarios residenciales de estratos diferentes de los señalados en la normativa de excepción. "[E]s claro que el artículo 1 del Decreto Legislativo 517 de 2020 estableció medidas concretas de diferimiento del pago de facturas respecto de los estratos 1 y 2, pero también lo es, que el artículo 3 ejusdem facultó a la CREG adoptar esquemas transitorios de diferimiento del pago de facturas, misma razón que permite inferir que la implementación de las disposiciones de esa norma extraordinaria, conlleva la potestad de reglamentar la medida de diferimiento para otros estratos socio económicos, teniendo en cuenta para ello los elementos fácticos, sociales, jurídicos y técnicos que resulten necesarios para materializar esta medida. En ese sentido, es claro que se trata de medidas diferentes… Así las cosas, se puede advertir que la inclusión de otros estratos socioeconómicos -3, 4, 5 y 6-…, obedec[e] a la realidad económica que atraviesa el país y que afecta, de manera también diferenciada, a toda la población. En efecto, en el artículo 5 del acto primigenio, se estableció el deber que tienen los comercializadores de ofrecer un acuerdo de pago al usuario de estratos 5 y 6, teniendo en cuenta las condiciones indicadas en los artículos 9 -relativo a la tasa de interés- y 10 -relacionado con el plazo de diferimiento-. Esta disposición materializa el mandato constitucional establecido en los artículos 365 y 366, ya que no desconoce que estos estratos también pueden verse económicamente afectados por la pandemia y que para esta parte de la población, el servicio de gas también resulta esencial para el desarrollo y protección de los demás derechos fundamentales, como la vida digna, el trabajo y el estudio. Ahora, el acto administrativo objeto de estudio no desconoce las diferencias existentes entre los estratos que requieren de un subsidio y aquellos, que generan parte de los ingresos para cubrir aquellos, por esta razón, la medida para los estratos 5 y 6 es distinta, sin que esto implique una vulneración al principio de igualdad material, sino que, por el contrario, hace efectivo el principio de igualdad materia"

Sin perjuicio de la validez de los acuerdos de pago celebrados entre prestadores y usuarios, se declara la nulidad parcial y con efectos a futuro, de las disposiciones de la CREG que extienden los esquemas para diferir el pago de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible a usuarios residenciales diferentes a los señalados en la normativa de excepción. "[M]ientras que el Decreto Legislativo 517 de 2020 sólo obligó a las empresas comercializadoras, que prestan el servicio público de energía eléctrica y gas combustible, a diferir el pago de las facturas de usuarios residenciales de estrato 1 y 2, las resoluciones de la CREG extendieron los efectos de la medida a los usuarios de estratos 3 a 6. El artículo 3 del Decreto Legislativo 517, que facultó a la CREG adoptar en forma transitoria esquemas especiales para diferir el pago de las facturas emitidas, norma que sirvió de fundamento para expedir las disposiciones controladas, no puede ser interpretado como una autorización a la CREG para ejercer potestades legislativas… En todo caso, de conformidad con lo establecido por el artículo 38 de la Ley 142 de 1994…, la anulación parcial de estos actos administrativos, relacionados con servicios públicos, sólo producirá efectos hacia futuro…, [y] no afecta la legalidad de los acuerdos de los prestadores con los usuarios frente al pago de las facturas de energía eléctrica -en el marco de la pandemia- pues estos se soportan en reglas del derecho privado, aplicables a la contratación de servicios públicos… La Sala reitera que el régimen del contrato de servicios públicos es de naturaleza mixta. De un lado, está sometido a una parte reglamentaria contenida en disposiciones de orden público propias de una ley de intervención económica… establecidas en la Ley 142 de 1994... Asimismo, dicho régimen se gobierna por otra parte contractual propiamente dicha, esencialmente regida por las reglas de derecho privado [L. 142 de 1994, art. 132]… Aunque el Decreto Legislativo 517 de 2020 estableció la posibilidad para celebrar acuerdos de pago con los usuarios…, lo cierto es que las entidades prestadoras de servicios públicos…, como acreedores, pueden -sin necesidad de autorización legal alguna- realizar acuerdos de pago con sus deudores en atención al impacto ocasionado por la pandemia y… establecer… las condiciones para su cumplimiento"

Se ajusta a derecho la modificación transitoria del cálculo de la tarifa del consumo de subsistencia para los usuarios de los servicios energía eléctrica y de gas combustible de los estratos 1 y 2. "[L]a medida… guarda conexidad con las consideraciones que le sirvieron de sustento y, adicionalmente, con los motivos que dieron lugar a la expedición de los Decretos 517 y 798 de 2020…, pues… se regula… como medida para conjurar la crisis económica que ha causado la pandemia del COVID-19 en los hogares colombianos y con mayor impacto en los de bajos recursos, con el fin de garantizar la estabilización de las tarifas y la permanente prestación del mencionado servicio público… [E]s necesaria, pues conforme a la Resolución 186 de 2010 su medición está en función del IPC, de manera que para lograr que la tarifa no aumente, en la fórmula se estableció en función de la menor variación entre el IPC y la variación del costo del servicio, por lo tanto, si se presenta inflación pero no hay variación en el costo de servicio, la tarifa permanecerá estable y se cumplirá con el objetivo pretendido por el Gobierno Nacional y por la autoridad de regulación… [E]s adecuada a la finalidad expresada tanto en la Resolución objeto de control, como en los Decretos Legislativos 517 y 798 de 2020, pues de esta manera permite que el grupo poblacional del país de más bajos recursos económicos, cuyos ingresos se han visto afectados de manera negativa por la crisis generada por la Pandemia del COVID-19, no vean incrementadas las facturas de los servicios públicos de energía y gas, se les facilite su pago y así evitar la suspensión de los mismos. Adicionalmente, la medida es proporcional frente a la crisis que se pretende conjurar, pues está limitada por la finalidad de garantizar una tarifa fija para el consumo de subsistencia de los estratos 1 y 2 en el servicio público de energía y gas en igualdad de condiciones que otros usuarios y, además, es temporal, ya que está vigente mientras dure el estado de emergencia"

Se declara la nulidad de la norma que impedía solicitar la no aplicación de la opción tarifaria transitoria para los usuarios residenciales de gas pertenecientes a los estratos 1 y 2. "[E]n lo que [concierne] al juicio de motivación suficiente…, es necesario señalar que las medidas adoptadas en el art. 2º del acto objeto de control, no tienen una explicación de porque es necesaria su adopción… [E]n el documento soporte del acto, se estableció que la justificación de esa modificación tiene relación con la aplicación de un beneficio que no recibirían de negarse a que se les aplique la opción tarifaria, pues con la modificación de la fórmula de cálculo establecido en la Resolución 104 de 2020, los subsidios serían mayores que lo que obtendrían si se negaran a la aplicación de esta medida. Sin embargo, no se explica de manera clara de qué manera esa modificación de la fórmula tendría incidencia en los subsidios y correlativamente en la disminución de costos de los estratos 1 y 2, por lo que se queda en una simple afirmación. En consonancia con lo anterior, es preciso poner de presente que, en cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, esto es, que las ventajas que se obtienen mediante la intervención en el derecho compensen los sacrificios que esta implica para sus titulares y para la sociedad en general, esta Sala encuentra que no hay alguna evidencia, más allá de la deficiente justificación que se proporcionó en el Documento CREG 082 de 2020, que efectivamente eliminar la posibilidad de elección por parte de los usuarios de estratos 1 y 2 resulte más beneficiosos para estos. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala declarará la nulidad de la medida adoptada en el artículo 2 de la Resolución 109 de 5 de junio de 2020, pues esta resulta desproporcionada en razón a que no hay un juicio de justificación suficiente, según el cual se demuestre que hay un mayor beneficio para los usuarios de estratos 1 y 2 que aquel que obtendrían en el evento en el que se nieguen a la opción tarifaria. Como consecuencia de lo anterior, y dado que se declaró la nulidad del artículo segundo de la Resolución 109 de 5 de junio de 2020, y, con el fin de no dejar desprotegidos a los usuarios residenciales del servicio público de gas combustible por redes de tubería de los estratos 1 y 2, se ordenará la reviviscencia del Numeral 3 del Artículo 2 de la Resolución CREG 048 de 2020"

La adopción de una opción tarifaria transitoria con pago diferido del servicio de gas combustible por redes de tubería, no desconoce los derechos de las empresas prestadoras. "[L]a oposición que plantean los intervinientes por el hecho de que la adopción inmediata de esta medida les genera inconvenientes de tipo económico y operativo a las empresas comercializadoras del servicio de gas, no resulta de recibo…, habida cuenta que esta medida no implica per se la violación de los derechos de los prestadores del servicio, por cuanto para la puesta en conocimiento y ofrecimiento de esta medida a sus usuarios, claramente los comercializadores cuentan con los recursos informativos y tecnológicos que les permite liquidar esta opción tarifaria… En cuanto al desconocimiento del principio de la confianza legítima frente a los ajustes que deben asumir las empresas comercializadoras…, dicha alegación no encuentra sustento en razón a que, precisamente, es la situación extraordinaria la que orienta esa medida transitoria en la facturación que busca favorecer a los usuarios; y que si bien es cierto que impone cargas a los comercializadores, las que están justificadas en la necesidad de atender de inmediato las consecuencias nefastas de la pandemia, también lo es que dichas empresas tienen a su alcance los recursos administrativos, operativos y tecnológicos para dar aplicación a la opción tarifaria adoptada. Sumado a lo anterior, no puede perderse de vista que concomitante con las ayudas a los usuarios, el Gobierno también previó mecanismos de financiación para los comercializadores, para lo cual apropió recursos mediante una línea de liquidez a fin de aminorar y reducir los impactos de la medida. De esta manera, valorar la ilegalidad de la resolución bajo la apreciación de presuntos incumplimientos o la situación de riesgo de la cartera diferida, no constituye un argumento que permita dar por probadas las vicisitudes que puede presentarse frente al pago de obligaciones, lo cual tampoco desconoce que de ocurrir, tendrán a su alcance las acciones judiciales para recuperar las presuntas pérdidas en las que basan su alegación, sin que resulten de recibo para analizar la legalidad y acceder a los reproches que invocan frente a la recuperación del capital diferido en la facturación"

Intereses de las facturas emitidas en el suministro y en el transporte para la prestación del servicio público de gas combustible por redes no pueden ser trasladados al usuario final. "[L]a expresión "costo financiero" a la que alude el artículo 4º de la Resolución CREG 153 de 2020 y que protesta el Ministerio Público en su intervención, corresponde a la facultad que la norma le otorga a los productores comercializadores, transportadores u otros agentes comercializadores para incluir los intereses ocasionados a los comercializadores que atienden usuarios residenciales de estratos 1 a 4 durante el periodo de gracia, según lo previsto en el artículo 4º de la Resolución CREG No. 060 del 17 de abril de 2020… sin que, en manera alguna, pueda considerarse que este costo financiero pueda transferirse al usuario final, tal como lo prevé el artículo 3º del Decreto Legislativo No. 798 del 4 de junio de 2020, pues su propósito está orientado a facilitar a los comercializadores el cumplimiento de sus obligaciones y, en todo caso, en virtud del carácter oneroso de los servicios públicos domiciliarios… Un análisis similar puede hacerse del apartado del artículo 4º objeto de control, que establece que, en las cuotas a pagar por el saldo diferido de las facturas, el productor - comercializador, el transportador o el comercializador de gas combustible, podrá incluir los intereses ocasionados durante el período de gracia… en el entendido que su alcance se circunscribe a la facultad que tienen estos agentes comercializadores para incluir los intereses ocasionados a los comercializadores que atienden usuarios residenciales de estratos 1 a 4 durante el periodo de gracia"

Avoca el conocimiento del control inmediato de legalidad de la Resolución 48 de 7 de abril de 2020, "Por la cual se establece una Opción Tarifaria Transitoria para el Componente Variable del Costo Unitario de Prestación del Servicio Público de Gas Combustible por Redes de Tubería"

El Consejo de Estado avoca conocimiento del control inmediato de legalidad de la Resolución CRA 915 del 16 de abril de 2020 "Por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias para el pago diferido de las facturas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y del servicio público de aseo, en el marco de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19"

El Consejo de Estado avoca conocimiento del control inmediato de legalidad de la Resolución 058 de 14 de abril de 2020, expedida por la Nación-Ministerio de Minas y Energía - Comisión de Regulación de Energía y Gas-CREG "Por la cual se adoptan medidas transitorias para el pago de las facturas del servicio de energía eléctrica"

Por ajustarse a los presupuestos de procedibilidad y de competencia, previstos en los artículos 20 de la Ley 137 de 2 de junio de 1994, 111 numeral 8 y 136 del CPACA, se avoca el conocimiento del control inmediato de legalidad, de la Resolución núm. 048 de 7 de abril de 2020, "Por la cual se establece una Opción Tarifaria Transitoria para el Componente Variable del Costo Unitario de Prestación del Servicio Público de Gas Combustible por Redes de Tubería", expedida por la Nación - Ministerio de Minas y Energía - Comisión de Regulación de Energía y Gas