Corte Constitucional reitera la posibilidad de flexibilizar los requisitos señalados en la ley y los reglamentos para la instalación de los servicios públicos domiciliarios cuando se advierta una inminente afectación a los derechos fundamentales a la vida, la salud y la vivienda digna de sujetos de especial protección constitucional. "[L]a Sala advierte la grave afectación a los derechos fundamentales del accionante y su núcleo familiar, ante la falta de acceso y disponibilidad de los servicios públicos de agua y energía en el predio en el que habitan. Por esta razón, resulta necesario flexibilizar, en el caso concreto, la aplicación de las reglas que impiden la conexión de los servicios públicos domiciliarios a un predio que no cumple con los requisitos señalados en la ley y los reglamentos, pues el carácter fundamental del derecho al agua, en el caso concreto, se vincula particularmente con el derecho a la vivienda digna, al igual que el derecho a la energía eléctrica. En efecto, […] la Corte ha reconocido específicamente el servicio de energía eléctrica, como una condición de la faceta de habitabilidad de la vivienda digna, aunque dicha faceta también involucra el acceso a agua potable. […] La Sala considera que, en el contexto del caso concreto, se configura una vulneración al derecho a la vivienda digna, en su faceta de disponibilidad de servicios públicos domiciliarios. En efecto, la Corte reconoce que para que un lugar de habitación pueda considerarse una vivienda digna, deben tenerse en cuenta los criterios señalados en la Observación General No. 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, los cuales han sido replicados reiteradamente por esta Corporación en determinados contextos. […] En el caso sub examine se tiene que la ausencia de la prestación del servicio de energía eléctrica y de agua potable en la vivienda de habitación, afecta los derechos fundamentales del accionante y de quienes residen con él. Ante la situación de vulnerabilidad expuesta, la Sala considera necesario emitir órdenes dirigidas a proteger el derecho a la vivienda digna del menor de edad demandante y que garanticen la disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios esenciales, requeridos para satisfacer "necesidades cotidianas como conservar y refrigerar alimentos, tener una adecuada iluminación, asegurar condiciones de higiene y aseo, y vivir en un espacio con adecuada calefacción, agua potable, entre otras" [Sentencia T-544 de 2009. Reiterada en las sentencias T-367 de 2020 y T-206 de 2021]."

No procede la conexión de servicios públicos domiciliarios en inmuebles que no conservan la franja de retiro con las vías públicas. "[A]unque las empresas de servicios públicos cumplen una función social de suma importancia, la ejecución de su objeto social está condicionada al estricto cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que pretenden garantizar el interés general. Por lo tanto, prima facie, estas empresas no pueden dotar de servicios públicos a inmuebles que no cumplen con las reglas ni los estándares de seguridad y planeación urbana y regional. […] EPM negó la conexión del servicio por una razón de índole estrictamente legal. En efecto, según lo demostró la empresa, la unidad de vivienda del actor no cumple con lo previsto en la Ley 1228 de 2008 en materia de "fajas mínimas de retiro o áreas de exclusión." Mientras la ley en cita prescribe que las construcciones aledañas a las vías nacionales deben guardar un área de retiro entre los 60 y los 20 metros, la vivienda del actor se ubica a 11 y 15 metros de la vía local. […] [L]a Corte encuentra que, por una parte, EPM no vulneró los derechos fundamentales del [accionante] ni de su hija menor de edad al no acceder a la solicitud de conexión del servicio público de energía […]. [D]ebe existir un equilibrio entre el acceso universal a los servicios públicos domiciliarios y el cumplimiento de las normas técnicas, que permitan que su prestación sea eficiente, segura y respetuosa del interés general. Quien tiene deseos de acceder a los servicios públicos domiciliarios, ha dicho la Corte, debe cumplir con las reglas de planeación, contar con los permisos y licencias exigidos por el ordenamiento jurídico y adelantar el procedimiento correspondiente para lograr la efectiva conexión. […] [H]a habido casos en los que la Corte ha ordenado la conexión del servicio de energía, incluso a sabiendas de que no se satisfacen en rigor las normas técnicas ni de planeación. Esto ha tenido lugar cuando se advierte una transgresión a los principios de buena fe, confianza legítima o debida diligencia. […] [N]inguna de estas circunstancias concurre en esta oportunidad. De un lado, no se advierte que EPM haya autorizado de manera formal la conexión del servicio o que haya sido negligente a la hora de tramitar la solicitud del actor. Tampoco se advierte que el actor haya contado con licencias o conceptos favorables de conexión al servicio expedidos en el pasado, así como tampoco hay prueba de que su inmueble haya gozado de dicho servicio con anterioridad. De otro lado, hay claridad de que la conducta de EPM se desprende del cumplimiento de un deber legal […]."

Garantía del servicio público de energía en zonas marginadas o apartadas. "[L]a Alcaldía Municipal de Acacías-Meta adujo no ser responsable de vulneración o amenaza de derechos fundamentales, ya que la Alcaldía "no es prestadora del servicio de electricidad domiciliario ni tiene atribución alguna dentro de la Electrificadora del Meta SA", empresa a la que le corresponde prestar el servicio público de electricidad. Agregó que […] no fue posible identificar el predio mencionado en la acción de tutela, pues "el accionante no brinda datos específicos con relación al predio, de los cuales se requiere la identificación catastral o el número de matrícula, para proceder con los estudios previos". […] Finalmente, la Electrificadora del Meta SA ESP aseguró que es verdad que la vereda El Laberinto "no cuenta con el servicio de energía eléctrica", ya que es una zona no interconectada a la red eléctrica y acceder a dicha vereda implica maniobras de alto costo económico y de infraestructura. […] [E]l Municipio de Acacías debe procurar por la materialización real y efectiva del servicio público de energía eléctrica en todo el territorio de su jurisdicción, especialmente si se trata de zonas geográficas marginadas o apartadas, donde habitan sujetos de especial protección constitucional y cuyos derechos deben ser protegidos sin ningún tipo de discriminación. Lo anterior, teniendo en cuenta que si para llegar a cubrir zonas de difícil acceso o que no cuentan con este servicio se deben reformular o crear nuevas políticas públicas, es preciso hacerlo. Además, porque la ausencia de suministro de energía eléctrica […] puede derivar en la vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, vida en condiciones dignas, salud, educación, trabajo y vivienda digna, de quienes padecen dicha ausencia y quienes tienen tanto derecho como los habitantes de otras zonas del municipio a tener dicho servicio. […] [N]o es justificable que un municipio, como entidad territorial a la que se ha confiado la materialización de los fines del Estado social de derecho, […] mediante la omisión de sus deberes, desconozca los derechos fundamentales de población vulnerable y atribuya la responsabilidad de ello a otras entidades, así como que traslade la carga en la gestión para el adecuado conocimiento de la población al mismo accionante. Por ello, la Corte reitera que, […] la prestación del servicio público esencial de energía eléctrica es una responsabilidad que recae en los municipios como entidades encargadas del suministro, organización y gestión de los servicios públicos domiciliarios."

Municipios no puede aducir razones técnicas o presupuestales carentes de sustento para excluir a potenciales beneficiarios de los proyectos de ampliación de los servicios públicos domiciliarios. "No existe prueba que acredite que la estructuración del proyecto y el análisis técnico se realizaron respecto de la vivienda del actor. Ello, porque no media un análisis concreto para determinar, por ejemplo, el flujo del gas o el consumo específico del domicilio, así como tampoco que se hubiese hecho una simulación técnica a la vivienda […], lo cual deja sin piso la justificación expresada por la Alcaldía según la cual la inclusión del accionante en el proyecto en curso tenía impactos técnicos insalvables. En este sentido, no se probó que el hecho de la distancia del predio del accionante respecto del último predio beneficiario imposibilitara absolutamente su inclusión inicial. Lo que quedó probado es que no existe un estudio concreto que dé cuenta de ello. […] Por otra parte, la empresa de gas advirtió que en la zona en la que se ubica el accionante no se puede usar maquinaria (no entra), por lo que se necesita excavación manual. Esto implica que "(…) la comunidad beneficiaria del proyecto se pone de acuerdo para realizarla en conjunto al momento de la firma del Convenio, ya que no es posible que dicha excavación la haga un solo usuario, como sería el caso del actor. […] Lo anterior no implica un obstáculo insalvable que anule la posibilidad de instalación del servicio al accionante. Por el contrario, evidencia una falta de disposición de los ciudadanos para hacer la excavación porque, expresamente, consideraron que después de la vivienda del señor [M.V.] no existía otro beneficiario. […] Finalmente, no está probada la afirmación de la Alcaldía según la cual la necesidad de construir una servidumbre de paso y la distancia de la vivienda del actor del último predio, y la construcción de la red tiene problemas insalvables […] porque no hay un estudio técnico que la sustente, pues una cosa es que la inclusión en el proyecto del accionante impusiera cargas técnicas específicas, y otra que existiera una imposibilidad absoluta de instalar el gas en el marco de ese proyecto. […] [L]as razones de orden presupuestal […] tampoco están probadas, pues la falta del estudio técnico impide sostener que era inviable la conexión al servicio de gas del [tutelante]. Lo que quedó probado es que la inclusión del accionante impactaba el proyecto, pero no que su conexión fuese presupuestalmente inviable. Por el contrario, […] el municipio contaba con un saldo a favor como consecuencia del retiro de unos usuarios del proyecto de ampliación de gas, pero no brindó soluciones alternativas de conexión al accionante […]."

Autoridades penitenciarias y carcelarias pueden adoptar medidas de suspensión parcial del suministro de energía eléctrica en los establecimientos de reclusión. "[L]a garantía del suministro permanente de energía eléctrica es un derecho pleno de la población privada de la libertad. Sin embargo, cuando la energía se usa para fines distintos a los de subsistencia, es un derecho restringible para cumplir con los fines del tratamiento penitenciario. En este sentido, la persona privada de la libertad no puede disponer libremente del servicio de energía eléctrica como lo usaría en su propiedad o residencia, de lo que se deriva la competencia de cada centro de reclusión para restringir su uso, con miras a asegurar la disciplina y la resocialización [Ley 65 de 1993 art. 10]. Ahora bien, estas restricciones […] deben evaluarse caso a caso para determinar que sean razonables y proporcionales para el cumplimiento de los fines del sistema penitenciario y carcelario. […] Sobre el particular, la Sala constata que no se está ante un supuesto de funcionamiento inadecuado del servicio de energía eléctrica, sino de una restricción en el flujo durante un tiempo determinado. […] La Sala advierte que la restricción en el flujo eléctrico en horas de la noche no afecta, en abstracto, los derechos intangibles de la población privada de la libertad. Tampoco está probada una afectación a las condiciones de subsistencia o a la dignidad humana dentro del establecimiento carcelario, o una afectación de las actividades de resocialización (las cuales se realizan en el día; por ejemplo, el trabajo, redención de pena o deporte). A partir de lo anterior, se concluye, en abstracto, que: (i) la medida de restringir el flujo de energía eléctrica en ciertas horas de la noche busca asegurar la convivencia, promover la tranquilidad, crear condiciones de seguridad y promover condiciones para el descanso de las personas privadas de la libertad; (ii) la suspensión temporal del flujo de energía impide que los internos no puedan conectar televisores, radios o adelanten actividades de recreación en la hora de silencio; y (iii) la medida no limita el derecho al suministro de energía eléctrica para fines de subsistencia, así como tampoco elimina la posibilidad de adelantar actividades de recreación y resocialización fuera de este horario, pues como quedó probado solo opera desde las 8:00 p.m. hasta a las 4:30 a.m. Así para la Sala esta medida de carácter disciplinario proporciona un beneficio de cara a garantizar la convivencia entre los internos y solo limita actividades puntuales de recreación que no están asociadas con las condiciones de resolución, así como tampoco afectan la existencia digna de las personas privadas de la libertad."

La instalación de infraestructura para la transmisión de energía eléctrica en los limites del RETIE no desconoce el principio de precaución. "El RETIE es un instrumento técnico-legal cuyo objetivo es fijar parámetros vinculantes que garanticen la seguridad de los seres humanos, de la vida animal y vegetal, así como la preservación del medio ambiente. Tiende a la prevención, la minimización o, incluso, la eliminación de los riesgos de origen eléctrico. […] En relación con los campos electromagnéticos, el artículo 14 […] indica expresamente el seguimiento de los "criterios de la OMS y la institución internacional para la protección de la población y el medio ambiente, frente a las radiaciones no-ionizantes, ICNIRP". Precisa que, según las investigaciones correspondientes, "los campos electromagnéticos de bajas frecuencias (0 a 300Hz) no producen efectos nocivos en los seres vivos. Las instalaciones del sistema eléctrico a 60 Hz producen campos electromagnéticos a esta frecuencia". […] De conformidad con el punto 14.3 […], los límites máximos de exposición a campos eléctricos asociados a las líneas de transmisión de alta tensión son de 4,16 kv-m (kilovoltios por metro), y en campo magnético de 200 µT (microteslas). En correspondencia con tal directriz, el proyecto fue diseñado para una exposición en campo eléctrico de 0,225 kv-m, y en campo magnético de 0,613 µT, valores inferiores a los previstos por la normativa. […] En el asunto concreto, […] no hay riesgo de que los niños, niñas y adolescentes puedan presentar cáncer asociado a la instalación de la Torre N75 y el cableado correspondiente. Esto, por cuanto el proyecto se ciñe a las exigencias de valores máximos de exposición y de distancias mínimas impuestas por el RETIE, adoptados en consonancia con las directrices de la OMS en la materia. Incluso el diseño del proyecto en cuestión presenta valores muy por debajo de las exigencias máximas de exposición a campos electromagnéticos que fijó este reglamento. También respeta las distancias entre la infraestructura eléctrica y otras construcciones […] y en cualquier caso lo cierto es que ni la accionante ni los niños agenciados la habitan. Además, previa energización del proyecto […] este será sometido a valoración y certificación del cumplimiento de la totalidad del reglamento. […] En las condiciones descritas, la Sala concluye que en este asunto el principio de precaución sí fue aplicado y su materialización en este asunto se desprende de la normatividad RETIE […]."

Empresas de servicios públicos no pueden negarse a prestar el servicio de energía eléctrica en zona de reserva vial, luego de haber emitido concepto favorable de instalación en una vivienda con licencia urbanística. "El acto de otorgamiento del punto de conexión por parte de EPM en 2017 generó una expectativa tan fuerte en la accionante que dio origen a un acto administrativo como la Licencia Urbanística…, lo cual sugiere que la irregularidad en la prestación del servicio y el no acatar las directrices de la Ley 1228 de 2008 no es imputable a la accionante... Adicionalmente, debe considerarse que…, el técnico electricista… declaró que la residencia cumple con todos los requisitos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. [E]sta Corporación no desconoce las prohibiciones impuestas por la Ley 1228 de 2008 frente a las zonas de reserva para ampliación de la red vial. Sin embargo, en el caso concreto se tiene que i) se generó una expectativa legítima de instalación y de habitabilidad de la vivienda en cabeza de la accionante; ii) en la ubicación de la residencia existen diversas construcciones con iguales características y destinación que, en un caso de ampliación de la vía, deberán someterse al mismo proceso de expropiación de la vivienda de la accionante, ya que esta cuente con servicios públicos o no y; iii) que de acuerdo con la respuesta de la Secretaría de Planeación de Sopetrán "no se pretenden ampliaciones viales, ni intervenciones a futuro, que llegasen a requerir estas áreas"… En el caso bajo estudio, [la] protección al espacio público se encuentra en tensión con los derechos fundamentales de al menos tres sujetos de especial protección constitucional, por lo que se trata de una disposición que…debe interpretarse de conformidad a la garantía de los derechos… Así las cosas, se tiene que i) cuando existe una vivienda ya consolidada, sea porque se encuentra construida o porque se tiene autorización para su construcción, ii) el Estado y las entidades prestadoras de servicios públicos deben garantizar la habitabilidad y disponibilidad de servicios. Esto, por supuesto, a menos que iii) exista un motivo imperioso por el cual no sea posible garantizar estas facetas de la vivienda digna, como la necesidad de preservar la vida o integridad de las personas que habitan el sector… [En] el caso actual… no existe un motivo imperioso de interés general u orden público que haga inviable la instalación"

Consideraciones acerca del debido proceso en el marco de las reclamaciones presentadas frente a la clasificación de los usuarios del servicio de aseo. "La Resolución que resolvió el reclamo inicial menciona que la clasificación de los inmuebles "depende de los resultados de las visitas que realicen las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios a los diferentes inmuebles." […] Los actos que decidieron los recursos de reposición y apelación siguen una fundamentación similar. […] [A] pesar de su relevancia para aplicar el marco normativo sobre la determinación de la destinación de un inmueble para la facturación del servicio público de aseo en el caso concreto, ninguna de las alegaciones y pruebas aportadas por el accionante fue tenida en cuenta en las consideraciones de las decisiones que se objetan en sede de tutela. Ello constituye una vulneración al derecho al debido proceso del accionante, pues, […] ese derecho comprende la garantía con que cuentan los asociados para que las pruebas que presenten como parte de un trámite administrativo sean tenidas en cuenta y valoradas por la autoridad que conoce el asunto al momento de tomar su decisión. Las circunstancias descritas por el accionante, soportadas en los documentos con los que acompañó sus alegatos, buscaban (i) contextualizar a las entidades sobre las labores que ejerce de manera informal para obtener su sustento; (ii) advertir posibles irregularidades o deficiencias en el trámite de las visitas realizadas por [la ESP]; (iii) cuestionar la veracidad o precisión de las observaciones contenidas en las actas de visita; y (iv) demostrar el uso residencial que se le da al inmueble. La Sala considera que, si las entidades accionadas […] hubieran valorado las versiones expuestas por el accionante, sus decisiones habrían sido diferentes e incluso opuestas a las que finalmente adoptaron en las resoluciones cuestionadas. La exclusión injustificada de los documentos aportados por el accionante de las consideraciones que motivaron cada decisión excede la facultad de valoración probatoria con la que cuentan los funcionarios administrativos para decidir los reclamos y recursos bajo su competencia, y constituye una vulneración de los derechos al debido proceso, a la contradicción y a la defensa [del tutelante]."

Empresas prestadoras deben garantizar el debido proceso de los usuarios frente a reclamaciones relacionadas con la facturación de servicios públicos domiciliarios. "Electricaribe asumió un comportamiento desligado del derecho al debido proceso, ello teniendo en cuenta (i) a pesar de los reclamos derivados del alto consumo facturado, respecto del promedio de periodos anteriores, no desplegó ningún tipo de labor con el objeto de determinar si, tal como lo señaló la peticionaria se estaba ante una situación anómala o una desviación significativa; (ii) contrario al deber ser, no facturó con base en el consumo promedio, mientras llevaba a cabo las visitas al inmueble de la usuaria, para identificar la causa del alto consumo; y, (iii) no es dado que la prestadora proceda a facturar el consumo antes de verificar cuál fue la causa del aumento. Dicho lo anterior, encuentra la Corte que Electricaribe no observó estos parámetros de conducta pues nunca procedió al cobro del consumo promedio, sino que continuó exigiendo un pago ordinario y regular, sin investigar a plenitud las causas de un posible desvío. […] [L]a accionada en primera medida despachó desfavorablemente las quejas de la tutelante, sin atender a las denuncias de supuestas conexiones ilegales a su contador de luz. Además de lo anterior, no abrió un espacio para que esta rindiera descargos o expresara sus reparos, y no siendo suficiente lo anterior continuó cobrando los valores que la empresa consideraba ajustados e informó que en caso de no cancelar los montos adeudados procedería con la suspensión del servicio, sin tener en cuenta lo dicho por la [accionante] quien afirmó que vive en su casa con sus dos hijos menores quienes asisten al colegio de manera virtual. […] Es por esta suma de factores que, a criterio de la Sala de Revisión, la actuación de la demandada en relación con las peticiones y quejas formuladas por la actora, y el acuerdo de pagos suscrito entre las mismas partes, vulnera el derecho al debido proceso, y en esa medida, debe revisarse con el objetivo de garantizar la precisión de los consumos en que incurrió la actora, excluyendo que la [tutelante] asuma el pago de valores por consumos que no realizó. […] En relación con el acuerdo de pago, encuentra este Tribunal que éste se produjo en un contexto de vulneración al debido proceso, lo cual afecta su validez."

La omisión del deber de prevención en cabeza de las empresas de servicio de energía y de la administración municipal, representa una amenaza a los derechos a la vida y seguridad personal. "[E]l RETIE establece los parámetros de precaución y prevención para las instalaciones eléctricas con el propósito de prevenir, mitigar y eliminar riesgos de origen eléctrico…, [los cuales] son importantes porque derivan de ahí deberes específicos para [la] protección de la vida, la salud y la seguridad personal… El deber de prevención que tiene que ver con la obligación del operador de la red o quien tenga el manejo de la red de evaluar los riesgos informados y gestionar acciones para eliminar la probabilidad de un accidente de origen eléctrico… [L]a parte demandada [no] demostró… una acción diligente encaminada a prevenir una amenaza a los derechos fundamentales de los menores de edad o eliminar la probabilidad de un accidente de origen eléctrico (deber de prevención). Así, ni la CEO ni la Unidad de Planeación Municipal… informaron acciones concretas dirigidas a: (ii) evaluar el nivel del riesgo, sus factores, consecuencias y adoptar las determinaciones dirigidas a eliminar las condiciones que hacen insegura la instalación eléctrica; incluso, (iii) si las dichas circunstancias eran causadas por personas o condiciones ajenas a la operación o al mantenimiento de la instalación, como lo afirmó la CEO, tampoco se demostró que se gestionaran acciones para prevenir el riesgo y tomar medidas para evitar que tal circunstancia se convierta en un peligro inminente para la salud, la vida y la seguridad de las personas. Recuérdese que la jurisprudencia constitucional ha manifestado que las empresas de servicio de energía son responsables de proteger a la comunidad de los riesgos, especialmente a los menores de edad, para cuyo cometido es necesario que evalúen oportunamente la gravedad del riesgo y prevengan cualquier peligro. Por ello, no pueden limitarse a señalar que su comportamiento es ajustado a las normas y parámetros existentes al momento de energizar, ni escudarse en la eventual responsabilidad de terceras personas, sin evaluar previamente cuáles son los niveles específicos de peligro en que se encuentra el grupo de personas que alega una amenaza de sus derechos fundamentales"

Derecho fundamental a la vivienda digna y su relación con el acceso, en condiciones de seguridad, al servicio de energía eléctrica. Con fundamento en las condiciones de habitabilidad y de disponibilidad de servicios e infraestructura que debe tener una vivienda adecuada, la Corte Constitucional ha considerado que el derecho fundamental a la vivienda digna implica, entre otros aspectos, la garantía de acceso al servicio de energía eléctrica y su prestación en condiciones de seguridad para las personas que allí moren. En las sociedades contemporáneas, el servicio de energía eléctrica constituye, cada vez en mayor medida, una condición para el goce pleno de esta garantía constitucional. En síntesis, (i) el derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental que puede ser protegido mediante la acción de tutela. (ii) El acceso al servicio de energía eléctrica, en condiciones de seguridad, incide en el goce efectivo del derecho fundamental a la vivienda digna. (iii) La ausencia del servicio de energía eléctrica afecta, con mayor intensidad, a las poblaciones más vulnerables y agrava su situación. (iv) La garantía del servicio de energía eléctrica forma parte de la faceta prestacional del derecho a la vivienda digna, por lo tanto, su garantía es progresiva y está en cabeza de los entes administrativos definir las políticas públicas para garantizar su goce efectivo. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de atender prioritariamente a estas poblaciones y de procurar el disfrute pleno de su derecho a la vivienda digna, dirigiendo esfuerzos para procurar el acceso a la energía eléctrica, en condiciones de seguridad

Régimen de transición en materia pensional y su aplicación en casos de acumulación de aportes realizados al sector público y al ISS

Principio de legalidad tributaria y la existencia de una vía de hecho prospectiva. De la jurisprudencia constitucional relativa al principio de legalidad del tributo se concluye que este es un mandato constitucional que busca resguardar el carácter democrático de la tributación, así como la seguridad jurídica. En este último sentido, la legalidad de las contribuciones constituye una clara garantía para los ciudadanos, pues los hace inmunes a cargas impositivas que no hayan sido aprobadas de forma previa por los órganos de elección popular autorizados por la Constitución para tal fin. Esta garantía se extiende, de acuerdo a las reglas jurisprudenciales, a la determinación de los elementos esenciales de los tributos: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho gravado, base gravable y tarifa. Por lo anterior, aplicar una norma jurídica contentiva de un impuesto cuya base gravable no resulta determinada o cuando menos determinable por la ley no solo viola el principio de legalidad del tributo, sino que configura por esta misma vía una vulneración del derecho al debido proceso del contribuyente, toda vez que se le está aplicando una norma que no respeta las garantías constitucionales mínimas relacionadas con su contenido

Derecho de petición pago pensión de vejez. Concedida. Reiteración

El reconocimiento del derecho fundamental autónomo al habeas data, busca la protección de los datos personales en un universo globalizado en el que el poder informático es creciente. Esta protección responde a la importancia que tales datos revisten para la garantía de otros derechos como la intimidad, el buen nombre, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Sin embargo, el que exista una estrecha relación con tales derechos, no significa que no sea un derecho diferente, en tanto conlleva una serie de garantías diferenciables, cuya protección es directamente reclamable por medio de la acción de tutela, sin prejuicio del principio de subsidiariedad que rige la procedencia de la acción

Fuerza vinculante del precedente judicial como fuente de derecho

Obligaciones del Estado para garantizar disponibilidad, accesibilidad, calidad del servicio de agua y no discriminación en la distribución

Desconocimiento del precedente judicial en relación con la imprescriptibilidad en materia pensional

Servicios públicos domiciliarios - Caso en que empresa de energía eléctrica suspende el servicio a usuarios alegando que se encontraban en mora sin tener en cuenta que había sujetos de especial protección

Accion de tutela contra providencias judiciales-Requisitos generales y especiales de procedibilidad

Actuacion de los intervinientes dentro de la accion de tutela contra providencias

¿Fueron vulnerados los derechos fundamentales de los menores, estudiantes de instituciones educativas privadas, beneficiarios de un subsidio escolar por parte de la Alcaldía Municipio donde residen el cual sería removido por faltas disciplinarias o pérdida del año escolar, al ser retirado tal subsidio basado en un estudio de insuficiencia?. Negada por carencial actual de objeto. El derecho fundamental a la educación. Recuento normativo sobre la contratación con entidades privadas para la prestación del servicio de educación. El precedente sentado en la sentencia T-698 de 2010. El núcleo esencial del derecho a la educación se encuentra satisfecho no solo cuando el estudiante logra integrarse en un ambiente propicio, sino además cuando se le permite agotar el proceso educativo, al menor hasta que termine la educación básica, siempre que no medie una causa constitucionalmente aceptable para su retiro

Debido proceso administrativo

Derecho a la continuidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios cuando sus usuarios son sujetos de especial protección constitucional

¿La empresa de energía vulneró los derechos al debido proceso y a la igualdad de la actora, al facturar el servicio público de energía del bien inmueble en el que residía junto con su núcleo familiar, durante los 55 meses que abandonaron su lugar de residencia por cuenta del desplazamiento del que fueron víctimas? Concedida. Principio de solidaridad con respecto a las personas en situación de desplazamiento. Deber de las empresas prestadoras de los servicios públicos de suspender el servicio ante la mora en el pago de las facturas, sin exceder dos periodos de facturación en el evento en que éste sea bimestral y de tres periodos cuando sea mensual

Proceso policivo de amparo al domicilio - Caso en que la diligencia de desalojo se llevó a cabo durante el trámite del proceso de tutela

¿Qué mandatos se derivan del contenido de la sentencia C-355-2006 de la Corte Constitucional, en materia de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres? ¿Qué consecuencias prácticas surgen para las EPSs, las IPSs y el personal médico que en ellas labora en cumplimiento de la sentencia C-355-2006? ¿Pueden los funcionarios judiciales declararse objetores de conciencia en desarrollo de sus funciones y, en consecuencia, abstenerse de resolver un caso que les haya sido asignado para su conocimiento, máxime cuando el mismo involucre la garantía de derechos fundamentales? Hecho superado y pertenencia del pronunciamiento en sede de tutela. Fundamentos constitucionales y jurisprudenciales de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y los supuestos específicos de interrupción del embarazo. Posibilidad de objeción de conciencia ejercida por autoridades judiciales. Poder vinculante de las sentencias de la Corte Constitucional

¿Se vulneraron los derechos fundamentales del actor a la igualdad y al debido proceso por parte una empresa de servicios públicos al adelantar un proceso administrativo con el fin de determinar si existían irregularidades en el medidor del servicio de energía? Concedida. Consideraciones sobre las decisiones sancionatorias de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y sobre la procedencia de la acción de tutela para controvertirlas. Improcedencia de la acción de tutela como regla general para controvertir decisiones administrativas cuando se tienen otros mecanimos de defensa judicial. La acción de tutela procede excepcionalmente cuando las empresas de servicios públicos domiciliarios imponen sanciones a sus usuarios. Según la sentencia de unificación SU-1010 de 2008 las empresas de servicios públicos domiciliarios no están facultadas para imponer sanciones a sus usuarios. La acción de tutela interpuesta por el actor procede por vulneración de su derecho fundamental al debido proceso. La empresa estaba facultada para el cobro de la energía no facturada y no pagada como consecuencia del fraude detectado en el domicilio del actor

¿El cobro del consumo de acueducto a los actores, al facturarles el servicio sin la instalación del respectivo medidor, los cuales fueron retirados porque los actores se encontraban en mora, vulnera el derecho al debido proceso? Negada. Procedencia excepcional de la tutela para reclamos por facturación. Debido proceso en la imposición de sanciones por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Inexistencia de vulneración a derechos fundamentales

Accion de tutela contra providencias

¿Una ARP vulnera o no, el derecho fundamental de petición de la actora, por la negativa de suministrar copia del "informe de investigación por muerte", producto del accidente de trabajo que sufrió su esposo en calidad de vigilante? Jurisprudencia de la Corte relacionada con el derecho a la información y la reserva de la misma. La información pedida debió suministrarse o en el remoto caso de no existir, exponer congruentemente la situación real y no decantar la respuesta de fondo, bajo el argumento de ser una información reservada que la entidad accionada no pudo probar y de la cual quedó demostrado que la ley no dispone expresamente que tenga reserva

¿El Seguro Social ha vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso y la seguridad social en conexidad con el mínimo vital y la vida digna del actor, como consecuencia de la negativa en el reconocimiento de la pensión de vejez, bajo el argumento de que no se encuentra acreditado el cumplimiento del requisito de semanas mínimas de cotización al sistema de pensiones? Concedida. Procedencia excepcional de la tutela respecto del reconocimiento de la pensión de vejez. Pensión de vejez en el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida. Favorabilidad en materia laboral. Teoría del derecho viviente. Principio de buena fe y sus dimensiones de confianza legítima y respeto por el acto propio. Divergencia hermenéutica en materia pensional. Conflicto en materia del tiempo de cotización al sistema de pensiones. Allanamiento a la mora

¿Una Empresa Gestora Urbana y la Dirección de Espacio Público y Control Urbano de una Alcaldía Municipal, vulneraron los derechos constitucionales al trabajo, al mínimo vital, a la salud, a la dignidad humana y al debido proceso del actor, al haberle negado el reconocimiento de la confianza legítima y la adjudicación de uno de los 21 módulos destinados a los embellecedores de calzado en un parque, no obstante haber cumplido, con los requisitos legales y jurisprudenciales? Concedida. Cumplimiento de todos los requisitos para la configuración de la confianza legítima por parte de los vendedores informales del respectivo municipio, conforme con la normatividad por éste creada.

¿La aplicación de oficio de la excepción de inconstitucionalidad da lugar a una vía de hecho judicial? ¿La aplicación de la excepción de inconstitucionalidad de las normas sobre incorporación automática de carrera administrativa da lugar a una vía de hecho material o sustantiva por desconocimiento de las normas constitucionales aplicables? ¿Al adoptar las decisiones impugnadas el alto Tribunal desconoció el precedente constitucional, así como precedentes judiciales de su misma jurisdicción? ¿Se violó por los jueces accionados el principio de confianza legítima y buena fe del actor al pronunciarse sobre su condición de empleado de carrera administrativa cuando la entidad en la cual había prestado sus servicios había dado por sentada esa condición? Negada. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, reiteración de jurisprudencia. Aplicación de oficio de excepción de inconstitucionalidad no constituye defecto material de la sentencia cuando es claro que la norma inferior viola el ordenamiento superior. La inconstitucionalidad de los sistemas de inscripción automática a carrera administrativa aplicada al caso concreto es razonable y no viola la Constitución. No existe violación del precedente judicial. No hubo violación de la buena fe y la confianza sobre la entidad de la cual fue desvinculado, porque el actor no era empleado de carrera.

Derecho de petición - Requisitos de la respuesta - Respuesta oportuna y de fondo

¿Una Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías vulneró los derechos fundamentales de la accionante, al contabilizar las semanas requeridas para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que solicitó a partir de la fecha en que se declaró la muerte presunta de su compañero permanente y no desde el momento de su desaparición? Pensión de sobrevivientes en el caso de muerte presunta. Requisitos. De conformidad con el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, que recoge la integralidad del precedente de la Corte Suprema de Justicia, sobre el cumplimiento del requisito de semanas cotizadas para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en los casos de muerte presunta, la fecha que debe tenerse en cuenta para contabilizar las cotizaciones dentro del marco temporal de 3 años, es el momento en que la persona desapareció. Así las cosas, la Sala encuentra que el ciudadano xx, cotizó 89.25 semanas en los tres años anteriores al momento de su desaparición que, a efectos pensionales, es equivalente al momento de su muerte. En ese sentido se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, razón por la cual la señora xxx es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que reclama por medio de la presente acción de tutela

La entidad vulneró el derecho fundamental al debido proceso a usuarios al imponerles una sanción por concepto de energía consumida, que no fue facturada, detectándose irregularidades en los equipos de medición? Procedencia excepcional de la acción de tutela contra una sociedad anónima privada, encargada de la prestación de un servicio público domiciliario, para la protección de derechos fundamentales de los usuarios. Potestad sancionatoria de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Diferencia entre energía consumida dejada de facturar y una sanción. Nedada

Facultades discrecionales de la administración - No es absoluta, es limitada por los objetivos que se persiguen con su otorgamiento y por la proporcionalidad en su aplicación

Entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios - Carece de prerrogativas para imponer sanciones pecuniarias a los usuarios

Principio nadie puede alegar su propia culpa

Contrato de condiciones uniformes para la prestación de servicios públicos domiciliarios - Relación contractual de naturaleza privada

¿Las ESP tienen facultades legales para imponer sanciones? La acción de tutela como mecanismo de defensa judicial procedente frente a las decisiones sancionatorias de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios. La reserva legal en materia de atribución de potestad sancionadora a las ESP. Las decisiones sancionatorias no constituyen actos administrativos contra los cuales existan mecanismos de defensa judicial, sino vías de hecho administrativas contra las cuales la presente acción resulta procedente. cambio de jurisprudencia. Concedida

¿La solicitud de dejar sin efectos la sanción pecuniaria impuesta a una persona por parte de la ESP de gases, en razón a la supuesta manipulación del medidor de gas, sin tener competencia para ello ni permitirle la práctica de pruebas es procedente vía tutela? Procedencia excepcional de la acción de tutela en controversias relacionadas con servicios públicos domiciliarios. Falta de inminente vulneración de un derecho fundamental. Negada

¿Es procedente la acción de tutela para reclamar la protección del derecho al debido proceso contra la ESP de energía que impuso sanción pecuniaria por irregularidades encontradas en la visita técnica al inmueble, además de la tutelante alegar que las irregularidades las causó la propia empresa? El alcance del problema jurídico examinado es un elemento que permite identificar la Ratio decidendi. En el ordenamiento jurídico actual, no existen disposiciones legales de las cuales se derive una facultad sancionatoria por parte de los entes que ejercen una función administrativa a través de los servicios públicos. La potestad sancionatoria de las ESP. Disposición de carácter reglamentario y preconstitucional. Carencia de fundamento legar la interponer sanciones pecuniarias. Las sanciones pecuniarias que las ESP imponen a los usuarios pueden impugnarse vía tutela. Concedida

¿Es posible que el propietario de local comercial a quien se le está cobrando una factura por línea telefónica que fue instalada sin su consentimiento en el inmueble, solicite se ordene la instalación de una nueva línea y efectuar el cobro de las líneas en mora al suscriptor de las mismas, a través de la tutela? La tutela es improcedente para controvertir los actos de las empresas de servicios públicos existiendo otros medios de defensa judicial idóneo. El cobro de las facturas objeto de la presente acción tiene repercusiones meramente económicas y no sobre derechos fundamentales. Negada

¿Está obligada una empresa a aplicar la ratio decidendi de una sentencia de constitucionalidad que en abstracto declaró inexequibles normas legales que consagraban cláusulas extintivas de derechos pensionales por nuevas nupcias, por ser éstas contrarias a la Constitución de 1991? El carácter vinculante de la interpretación normativa efectuada por la Corte Constitucional en sus sentencias. Concepto y valor jurídico de la ratio decidendi y del precedente constitucional. La coherencia del orden jurídico colombiano y la preeminencia de la Constitución de 1991. El carácter vinculante de la parte motiva de las sentencias de la Corte Constitucional y el fundamento constitucional de su fuerza obligatoria. Elementos específicos de la parte motiva de las sentencias de control abstracto de la Corte Constitucional que son jurídicamente vinculantes para los operadores jurídicos y criterios. Tipos de sentencias que profiere la Corte Constitucional y su ratio decidendi. El precedente constitucional. Concedida

¿En el evento en que una persona alegue la violación del debido proceso porque las autoridades judiciales que conocieron de su proceso por lesiones personales causadas en accidente de tránsito, desconocieron la prohibición de la reformatio in pejus, por cuanto luego de apelar como recurrente único la sentencia de condena, el Juez que decidió el recurso adicionó la sentencia incluyendo como pena la interdicción de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal, configura una vía de hecho? La vía de hecho por defecto sustantivo en la decisión judicial al desconocer el principio de favorabilidad. Tránsito de legislación y principio de la prohibición de la reformatio in pejus. Concedida

Premisas del debido proceso administrativo. Universidad oficial y de orden departamental, cuyos terrenos fueron adquiridos por cesiones a su favor según escrituras públicas. ¿Vulneró el municipio los derechos al debido proceso al expedir el acto administrativo mediante el cual se ordenó la restitución y preservación del espacio público sin la vinculación del ente; y al adelantar diligencia de recuperación de espacio público sobre una franja de terreno, sin haber sido resuelto un recurso interpuesto contra la decisión administrativa, amparándose en la operancia del silencio administrativo negativo? ¿Al haber recuperado a la fuerza el espacio público se configura hecho consumado que impide la procedencia de la acción de tutela? ¿Podían las autoridades administrativas hacer uso del artículo 132 del Código de Policía, restitución de bien de uso público, sin que se hubiera dictado resolución de restitución? ¿La no respuesta a un recurso de un acto administrativo, es decir el silencio administrativo negativo, hace que el acto administrativo impugnado se encuentre en firme? Ante la inexistencia de normas que regulen de manera especial la actuación administrativa que debe surtirse previamente a la decisión de restitución, actuación tendiente a establecer el carácter de uso público de la zona o la vía, debe concluirse que ella se rige por las normas generales sobre actuaciones administrativas que regula el C.C.A. Concedida

¿Es violatorio del debido proceso el no dar cabida, en una actuación administrativa orientada a obtener la reparación o la demolición de un inmueble que amenaza ruina, a quien lo ocupa en calidad de arrendatario? La actuación orientada a la demolición de un inmueble que amenaza ruina. Sujetos interesados, distintos del propietario del inmueble

¿La expedición de una factura adicional por concepto de energía consumida dejada de facturar, producto de anomalías en la conección eléctrica, corresponde a una sanción pecuniaria o al ejercicio de las prerrogativas consagradas por los artículos 149 y 150 de la Ley 142 de 1994? ¿Tienen facultad las empresas de servicios públicos para imponer sanciones pecuniarias? ¿Las actuaciones por las cuales las empresas prestadoras de servicios públicos imponen sanciones tienen el carácter de acto administrativo y por lo tanto sujetas al agotamiento de la vía gubernativa e impugnables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o por el contrario constituyen vía de hecho, impugnables por medio de la acción de tutela? Fundamentos sustanciales de la potestad sancionatoria de las empresas prestadoras

Derecho de acceso a documentos públicos

(ANULADA mediante Auto 135 de 2005, reemplazada por la Sentencia T-1097-95) Proceso de nulidad y reestablecimiento del derecho. Resolución que aceptaba renuncia de cargo. ¿Procede la acción de tutela contra fallo judicial al considerar que el Consejo de Estado incurrió en vía de hecho en recurso de apelación en que se solicitaba la revisión de calculo aritmético y en su lugar modificó y adicionó el fallo, al decidir la imposibilidad de descontar lo devengado en cualquier otro empleo durante el trámite del proceso ordinario de nulidad y la actualización o indexación de las sumas debidas? ¿Qué sucede cuando el ad quem modifica la orden proferida por el a quo, vulnerando el principio de la no reformatio in pejus en contra del apelante único? ¿Qué medio de defensa judicial reconoce el Código Contencioso Administrativo, para defender los derechos del impugnante, ante la existencia de una posible nulidad procesal en el contenido de una sentencia proferida por una Subsección del Consejo de Estado? Negada: Caducidad del recurso extraordinario de revisión. Falta de inmediatez de la acción

¿Se viola algún derecho fundamental al accionante al imponerle por parte del Ejército Nacional el pago de una multa como presupuesto para la expedición de su libreta militar?

Debido proceso administrativo

¿Se incurre en una vía de hecho por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, al no incluir en la parte resolutiva de la Resolución No. 07561 del 4 de marzo de 2002, la decisión de negar el recurso de apelación, cuando fue debidamente argumentada su improcedencia en la parte motiva? A juicio de esta Corporación, dicha omisión no es suficiente para determinar que una providencia judicial ha incurrido en vía de hecho. En efecto, esta Corporación en Sentencia T-852 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), consideró que tanto la parte motiva como la parte resolutiva de una providencia judicial constituyen un sólo acto procesal y, por lo mismo, la ausencia de una orden o disposición en la parte resolutiva de una decisión, pero cuya existencia y validez es indiscutible en la parte motiva de la misma, no es un argumento suficiente para considerar ilegal, ineficaz o inexistente el juicio argumentativo desarrollado por el juez

Medida prohibitiva de permanecer en un lugar abierto al público a grupo de homosexuales por parte de la policía. Concedida

Debido proceso. Procedimiento sancionatorio - Fraude en instalación servicio público de energía. Usuario - suscriptor - propietario - derecho a presentar pruebas y controvertir las que se presenten en su contra. Diligencias de revisión. Debida notificación

Falta de legitimación por activa en tutela

Impugnación sentencia laboral. Solicitud reintegro. Declaración de insubsistencia. Pago de acreencias laborales. Salarios. Fallo infrapetita. Reformatio in pejus. Negada. Existencia de otro medio de defensa judicial - Recurso de casación

Acción de tutela en providencias judiciales en hipótesis de suplantación de personas o de homonimia. Doctrina de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia - Improcedencia. Para la Corte Constitucional "cuando de los medios de prueba disponibles y debidamente allegados al proceso, resulta evidente que se presenta una hipótesis de suplantación o de homonimia, es aceptable jurídicamente que la acción de tutela pierda subsidiariedad y se contemple entonces como mecanismo principal para la protección de los derechos fundamentales afectados"

Trámite de proceso de responsabilidad fiscal. Violación al debido proceso por aplicación de norma sobre derivación de responsabilidad fiscal a partir de la culpa leve, dispuesta por el Artículo 53 de la Ley 610 de 2000, declarada inexequible

Protección especial a la mujer embarazada - Hasta donde llega este derecho. Diferencia entre la protección legal, período de embarazo y tres meses después y el permiso de lactancia

Tutela por interrupción en el suministro de energía

Diferencias entre derogatoria y declaratoria de inexequibilidad de una ley. Efectos ultractivos de la ley expulsada del ordenamiento jurídico en virtud de la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal

Corte en el suministro de energía eléctrica por incumplimiento contractual. El fallo previene a la electrificadota para que se abstenga en adelante de realizar cualquier tipo de conductas dirigidas al racionamiento, suspensión o corte en el servicio de suministro de energía al Hospital, al Acueducto y a los establecimientos de seguridad terrestre (bienes constitucionalmente protegidos) del municipio, sin importar que las mismas tengan o no su origen en el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los mencionados establecimientos o del Municipio

Acción de tutela contra providencias judiciales-Procedencia excepcional por vía de hecho judicial

Derecho de acceso a documentos públicos

Derecho a la educación de mujer embarazada

Servicio de alumbrado público. Suspensión del servicio público por falta de pago de la administración municipal. Confirma sentencia a favor de la entidad prestataria del servicio

Garantía constitucional de prohibición de la reformatio in pejus

Imposición de sanciones por violación a las normas de tránsito

Principio no reformatio in pejus en actuaciones administrativa

Protección especial a la mujer embarazada

Imposisión de pago de sumas pecuniarias por el rubro denominado "recuperación de energía"

Solicitud dejar sin efectos providencias judiciales por considerar que se hizo primar lo formal sobre lo sustancial. Prevalencia del derecho sustancial sobre las formas. Naturaleza del recurso de casación. Derecho fundamental a la seguridad social en pensiones en conexidad con otros derechos. Casación como medio idóneo para la protección de derechos fundamentales. Vía de hecho en providencia de casación. Omisión consciente del deber de protección de derechos fundamentales en casación

Derecho de petición - Procedencia frente a particulares

De tal suerte que las empresas de servicios públicos domiciliarios bien pueden suspender el servicio que prestan a los usuarios, porque tal proceder lo autoriza el artículo 140 de la Ley 142 de 1994, pero para ello los recursos interpuestos por el usuario deben haber sido resueltos en tal sentido, lo que exige, como lo dispone la ley en cita, i) que la empresa relacione con la suspensión hasta tres de los últimos periodos pendientes de pago, ii) que el usuario haya sido enterado de que el servicio será suspendido, mediante escrito enviado por correo, publicado o entregado, o mediante comunicación verbal, de lo que se dejará constancia , iii) si enterado de la decisión el usuario eleva petición, presenta queja o reclamación, de ser necesario, la empresa decretará pruebas con el objeto de dilucidar las diferencias de información o de apreciación y, culminado el debate probatorio, la misma terminará su actuación con la expedición del acto administrativo que corresponda, el que también deberá notificarse para que el usuario, si lo considera, interponga los recursos de reposición y de apelación

Reorganización de las compañias prestadoras del servicio de energía eléctrica de la Costa Atlántica. Sustitución patronal. Principio a trabajo igual salario igual - Improcedencia frente a totalidad de trabajadores sujetos a diferentes convenciones

Principio a trabajo igual salario igual - Rango constitucional

Derecho de petición

Suspensión de servicios por falta de pago. Propietarios del inmueble; deudores solidarios por el pago de servicios públicos domiciliarios

Contribución parafiscal - Pago

Mora en pago de servicios públicos por el arrendatario. No suspensión oportuna por parte de la empresa prestadora del servicio; puede constituir una vía de hecho que vulnera el debido proceso

Derecho de igualdad

Revocación directa por entidad privada de acto administrativo particular y concreto

Suspensión del servicio de gas

Acción de tutela contra providencias judiciales-Procedencia excepcional por vía de hecho judicial

Derecho de petición

Principio de publicidad de la función administrativa - Actuación administrativa - Alcance de la notificación

Principio de publicidad de la función administrativa - Actuación administrativa

Impartir educación es una responsabilidad esencial, como lo señala el art. 67 de la Constitución: "El Estado, la sociedad y la Familia son responsables de la educación..". Tiene además un carácter de derecho fundamental y, por ello, es un compromiso de las autoridades tanto nacionales como departamentales y municipales vigilar que, en lo posible, se asegure en todos los establecimientos educativos docentes

Posición dominante - Libertad de competencia - Libre competencia económica

Asistencia por accidente de trabajo

Derecho de petición - Alcance

Improcedencia de la tutela por violación del derecho a la defensa técnica por existencia de otro mecanismo judicial de defensa

Derecho de acceso a documentos públicos - Silencio administrativo positivo

Debido proceso administrativo

Espacio público - Ocupación de tierras por reciclador

Debido proceso administrativo

El juez de tutela está obligado a fundamentar la calificación que haga de un perjuicio irremediable, con razones que consulten el sentido extraordinario de la protección temporal y su consecuente interpretación restrictiva, a la luz de la Constitución y según los hechos objeto de examen - Cuando se adelante la revisión de un caso seleccionado por la Corte, las personas que han solicitado la protección judicial de sus derechos no pueden desistir de sus pretensiones iniciales, pues en ese nivel no están disponiendo ya de su interés particular, concreto y específico, sino que está comprometido un interés público- Desistimiento de tutela - Perjuicio irremediable - Acción de tutela transitoria

Debido proceso. Falta de información oportuna sobre sanciones por el mal uso del servicio público de energía eléctrica. Tutela concedida como mecanismo transitorio

Prevalencia de derechos del niño - Tenencia y cuidado personal del niño - Libertad de opinión

Derecho a práctica de pruebas - Debido proceso - Violación/proceso disciplinario

Debido proceso

Incapacidad laboral; porcentaje

Agencia oficiosa en tutela

Principio de igualdad

Acción de tutela contra sentencias - Omisión de decidir

Derecho de petición

Principio de igualdad

Debido proceso

Agencia oficiosa en tutela

La conexión de redes de acueducto y alcantarillado en un predio que lo habilite para ser ocupado posteriormente por las personas, no cumple con el requisito relacionado con la satisfacción inmediata de las necesidades, ya que si bien se trata de un servicio público domiciliario (servicio de agua), su limitación o el incumplimiento en la prestación del servicio por el Estado, los particulares o las comunidades organizadas no constituye vulneración o amenaza de un derecho constitucional fundamental por no encontrarse vinculada directamente la persona, el ser humano, sino la persona jurídica que contrató

Espacio público - Prevalencia sobre el interés particular

Debido proceso administrativo

Debido proceso administrativo

Espacio público - Establecimientos comerciales

Derecho a la información

Derecho de petición - Documento público

Intermediación pública de empleo

Debido proceso

Acción de tutela - Improcedencia - Jurisdicción contencioso administrativa - Perjuicio irremediable

Igualdad ante la ley - Igualdad de oportunidades/concurso de méritos Carga de la prueba