Se analizó si las expresiones acusadas del literal d) del artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, que modificó el artículo 21 de la Ley 143 de 1994, en cuanto establecen que los comisionados expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas serán designados por el presidente de la República para períodos de cuatro años, desconocían su facultad de remover libremente a sus agentes, establecida en el artículo 189.13 superior.\ Expresión declarada exequible\ La Creg fue creada como una unidad administrativa especial, con independencia administrativa, técnica y patrimonial. Aunque integra el sector central de la rama ejecutiva y está adscrita al Ministerio de Minas y Energía, ello se refiere a la orientación y coordinación que debe existir entre los órganos de la administración, mas no implica una subordinación personal de los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas al presidente de la República.\ Su carácter independiente tampoco es incompatible con el hecho de que la Comisión de Regulación de Energía y Gas puede ejercer tanto funciones derivadas de la delegación del presidente, como otras otorgadas directamente por el legislador, pues en ambos casos debe desempeñarlas en el marco de su independencia.\ la Sala Plena concluyó que la noción de agente del presidente no es predicable del cargo de comisionado experto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Aquel no ha sido calificado por ninguna norma constitucional o legal con esa naturaleza y su designación por el presidente de la República se corresponde con el margen de configuración legislativa aplicable para definir el empleo público\SC048_24

INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 1276 de 2023, "por el cual se adoptan medidas para ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica y preservar los medios de subsistencia de la población a través del rescate de la transición energética, con la finalidad de superar la crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucionales o evitar la extensión de sus efectos, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira", con efectos retroactivos a partir del 31 de julio de 2023 respecto de los artículos 3, 6, 7 y 8

El trámite legislativo que dio origen al artículo 56 -medidores inteligentes- de la Ley 2099 de 2021, la tardía publicación oficial del texto aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes no incidió en la competencia para conformar la comisión de conciliación ni en el trabajo que adelantaron los conciliadores (…) porque el informe de conciliación fue publicado con un día de anterioridad a su deliberación y aprobación por las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, lo que permitió la debida conformación de la voluntad legislativa y el control ciudadano\ No existe una obligación constitucional ni orgánica de realizar la publicación oficial de los textos aprobados por las plenarias para dar curso a la conformación, integración y funcionamiento de la comisión accidental de conciliación. En las dinámicas del Congreso esos textos se han venido publicado para generar transparencia, pero no constituye un requisito formal para convocar y habilitar la competencia de dicha comisión, y menos le es aplicable la regla de publicidad fijada en el artículo 157.1 de la Constitución

INEXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 56 de la Ley 2099 de 2021 "por medio de la cual se dictan disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado energético, la reactivación económica del país y se dictan otras disposiciones" \ La prohibición a las empresas prestadoras del servicio de energía de trasladar a los usuarios los costos asociados a la adquisición, instalación, mantenimiento y reparación de los medidores inteligentes, vulnera el criterio de recuperación de costos, consagrado en el artículo 367 superior\ La Sala Plena consideró que del texto de la norma se evidenciaba que los usuarios tienen derecho a adquirir el medidor inteligente por su propia cuenta y con un proveedor diferente a su empresa de energía. El cambio del medidor no es obligatorio y en caso de que el consumidor decida adquirirlo a través de su empresa prestadora del servicio, la factura no podrá aumentar en tal proporción que impida su pago a los consumidores de menos recursos. Asimismo, no está prohibido que las empresas de energía asuman voluntariamente los costos inherentes a los medidores y diseñen formas de negociación con sus usuarios, para financiar tales costos sin trasladárselos\S.V

Cosa juzgada inexequibilidad sobre el artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"."

INEXEQUIBLE, en forma inmediata y con efectos hacia el futuro, sin necesidad de modular sus efectos, el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 "por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", que estableció una contribución adicional a la regulada en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, que se cobrará a favor del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). \ Señaló la Corte que no se veía la necesidad de proceder con dicha modulación, al no encontrarse en el marco de los supuestos que conllevan a la necesidad de diferir los efectos en el tiempo. En el mismo sentido, señaló la Corte que el diferimiento señalado por la Corte para la mayor parte del artículo 314 en la sentencia C-464 de 2020, obedeció a un cambio de estándar jurisprudencial para la valoración del principio de unidad de materia en asuntos de naturaleza tributaria y de servicios públicos, contenidos en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, elemento que no se presenta en el presente caso\ Cosa juzgada en relación con el artículo 18 (Mod. Art. 85 de la Ley 142 de 1994) de la misma ley

INEXEQUIBLE el artículo 244 - Ingreso base de cotización (IBC) de los independientes- de la Ley 1955 de 2019 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, "Pacto por Colombia, pacto por la equidad", por infracción al principio de unidad de materia. Fallo diferido hasta el vencimiento de las dos legislaturas ordinarias siguientes

El artículo 298 de la Ley 1955 de 2019 -Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022- (Mod. Art. 74 L. 143 de 1994), que permite la integración de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios que tengan por objeto la prestación del servicio público de energía eléctrica y que hagan parte del Sistema Interconectado Nacional, para desarrollar las actividades de generación, distribución y comercialización; no vulnera el derecho a la libre competencia. La Corte señaló que la misma norma examinada protege el acceso al mercado de otros agentes en la medida en que posibilita que todas las empresas y no solo las constituidas con anterioridad a 1994, puedan prestar el servicio bajo un esquema de integración empresarial. La Corte resaltó que existen en el ordenamiento jurídico diferentes sistemas de control que tienen por objeto evitar que se materialicen restricciones indebidas a la competencia o abusos de posición dominante, que podrían derivarse de la integración empresarial que la medida estudiada autoriza.\ Tampoco encontró vulnerados los principios de consecutividad e identidad flexible, y el principio de unidad de materia\ S.V - unidad de materia

El artículo 296 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el "Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad'" que trata sobre la "matriz energética" y la obligación a los agentes comercializadores del Mercado de Energía Mayorista de comprar un porcentaje de energía que provenga de fuentes no convencionales de energía renovable, no vulneró la reserva de ley, ni desconoció la potestad reglamentaria del Presidente. Sobre los cargos, por vulneración al derecho a la igualdad, la libre competencia, la libertad de empresa y la libertad contractual, la Corte constató que la obligación de compra de energía limitaba el ejercicio de las libertades económicas del MEM; sin embargo, a partir de la aplicación de un test débil de proporcionalidad, resolvió que estas limitaciones se encontraban justificadas y eran compatibles con la Constitución

INEXEQUIBLE el artículo 19 de la Ley 1955 de 2019 "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad'", modificatorio del numeral 81.2 del artículo 81 de la Ley 142 de 1994, que establece sanciones por infracciones al régimen de servicios públicos domiciliarios, por vulnerar el principio de unidad de materia

INEXEQUIBLES los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 "por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. -Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad-".\ La expresión "y todos aquellos que inciden directa o indirectamente en la prestación de los servicios públicos domiciliarios- contenida en el numeral 4 del Art. 18, por vulnerar el principio de legalidad del tributo- afirmó la Sala Plena que a pesar de que se realice una interpretación sistemática del artículo 18, numeral 4º, junto con lo dispuesto en los artículos 17 y 290 de la menciona ley, dichas normas legales no permiten identificar con claridad quiénes serían los sujetos pasivos del tributo y, en últimas, terminan delegando una función legislativa a autoridades administrativas. \ El resto del Art. 18 y el Art. 314 por vulnerar el principio de unidad de materia\ Difiriendo la decisión a partir del 1º de enero de 2023. Este diferimiento no es aplicable a la declaratoria de inexequibilidad del aparte del numeral 4º del artículo 18 de la mencionada ley, la cual surte efectos inmediatos hacia futuro

Para la Corte el parágrafo 2 del artículo 293 de la Ley 1955 de 2019, que establece que el Ministerio de Minas y Energía definirá los términos y condiciones para la asignación de recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural (FECFGN) destinados a la ampliación de cobertura del servicio público domiciliario de gas combustible, entre las que se incluirán las condiciones de eficiencia económica incluidas en el Plan Indicativo de Expansión de cobertura de gas combustible elaborado por la UPME, no viola los artículos 13 y 363 de la Constitución y-o el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Presupuesto\ Los gases combustibles de uso domiciliario y su mercado\ La solidaridad en la parafiscalidad

INEXEQUIBILE, con efectos inmediatos y hacia futuro, el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 "por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"" (modificatorio del Art. 85 de la Ley 142 de 1994). El Legislador desconoció el principio de legalidad y el principio de certeza tributaria (artículo 338 superior) al definir los elementos del tributo de que trata el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019; y (ii) El Legislador desconoció la facultad reglamentaria del Presidente de la República, así como la reserva de ley en cabeza del Congreso de la República (artículos 6, 29, 89, 136-1, 189-11, 338, 339 inciso primero, 341 inciso tercero y 365 de la Constitución Política) al prever en el Plan Nacional de Desarrollo disposiciones relacionadas con la reglamentación de procedimientos y la regulación de temas sancionatorios\ Indicó que la tasa contributiva a la que alude la disposición demandada se recauda de forma anual, y que los sujetos activos del tributo no se encuentran en un escenario incierto, ya que, ante la declaratoria de inexequibilidad de la modificación de la norma, se impone la consecuencia lógica de la plena vigencia del contenido normativo contenido en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994

Exequible el Decreto Legislativo 799 de 2020 "por el cual se adoptan medidas relacionadas con la suspensión del pago de la sobretasa del sector eléctrico en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por medio del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020"

La Corte decide sobre Decreto Legislativo 491 de 2020, "por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica": i) CONDICIONA el Art. 4 "bajo el entendido de que, ante la imposibilidad manifiesta de una persona de suministrar una dirección de correo electrónico, podrá indicar un medio alternativo para facilitar la notificación o comunicación de los actos administrativos."; ii) CONDICIONA el Art. 5 "bajo el entendido de que la ampliación de términos que contempla para solucionar las peticiones es extensible a los privados que deben atender solicitudes"; iii) Declara INEXEQUIBLE el parágrafo 1 y CONDICIONA el parágrafo 2 del Art. 6, "bajo el entendido de que cuando la suspensión de términos implique la inaplicación de una norma que contemple una sanción moratoria, las autoridades deberán indexar el valor de la acreencia mientras opere la misma"; iv) INEXEQUIBLE la expresión "de los pensionados y beneficiarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales -FOMAG"; v) CONDICIONA el Art. 8 "bajo el entendido de que la medida contenida en el mismo se hace extensiva también a los permisos, autorizaciones, certificados y licencias que venzan dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y que no pudieron ser renovadas en vigencia de la misma debido a las medidas adoptadas para conjurarla. En consecuencia, las referidas habilitaciones se entenderán prorrogadas por el tiempo faltante para completar el término de un mes previsto por el legislador"; vi) CONDICIONA el Art. 10 "bajo el entendido de que las medidas contenidas en el mismo tendrán vigencia únicamente durante el desarrollo de la emergencia sanitaria."; vii) INEXEQUIBLE el art. 12 por no superaba el juicio de necesidad jurídica que exige de toda medida decretada en desarrollo de un estado de excepción, como también contraría abiertamente, el principio de autonomía de las ramas y órganos del poder público; viii) Exequibles los demás textos del decreto

Exequible el Decreto Legislativo 574 de 2020 "por el cual se adoptan medidas en materia de minas y energía, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"

Exequible el Decreto legislativo 517 de 2020 "por el cual se dictan disposiciones en materia de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020"

La reinstalación o reconexión temporal a los suscriptores residenciales del servicio de acueducto que se encuentra suspendido durante la situación de emergencia originada por el covid19, debe aplicarse a todos los suscriptores cuyo servicio está suspendido, sin considerar la causa de la suspensión\ Exequible el Decreto Legislativo 441 de 2020, "por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020", salvo (i) la expresión "con excepción de aquellos que fueron suspendidos por fraude a la conexión o al servicio," contenida en el artículo 1, que se declara INEXEQUIBLE y (ii) La expresión "sin cobro de cargo alguno" contenida en el artículo 1, que se declara EXEQUIBLE EN EL ENTENDIDO de que esta regla no se aplicará a los suscriptores que fueron suspendidos por fraude a la conexión o al servicio, en los términos indicados en esta providencia

Exequible el Decreto Legislativo 464 del 23 de marzo de 2020, "por el cual se disponen medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020"

Declarado exequible el Decreto 417 de 2020 "por el cual se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional"

Inepta demanda contra el numeral 5 del artículo 147 de la Ley 65 de 1993 -Código Penitenciario y Carcelario-, modificado por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999, al no especificar adecuadamente el cargo de vulneración al principio de igualdad

Los plazos previstos por el legislador para interponer recursos de reposición y apelación contra las decisiones de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y presentar reclamaciones contra la facturación previstos en los incisos 3 y 4 del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, no configuran una vulneración del principio de igualdad

INEXEQUIBLE la Ley 1943 de 2018, "por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones" (textos aún vigentes), por vicios de procedimiento en su formación. Dispone que (i) la declaratoria de inexequibilidad surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020), a fin de que el Congreso, dentro de la potestad de configuración que le es propia, expida el régimen que ratifique, derogue, modifique o subrogue los contenidos de la Ley 1943 de 2018; (ii) los efectos del presente fallo sólo se producirán hacia el futuro y, en consecuencia, en ningún caso afectarán las situaciones jurídicas consolidadas de forma anterior a su notificación. \ En caso de que para el 31 de diciembre de 2019 no se hubiere promulgado y publicado una nueva ley, DISPONER la reviviscencia de manera simultánea de las normas derogadas o modificadas por la Ley 1943 de 2018, con el fin de que las normas reincorporadas rijan para el período fiscal que inicia el primero (1°) de enero de 2020 y de allí en adelante\ La publicidad y la consecutividad como presupuesto del debate en el trámite legislativo y la votación de las proposiciones - no puede existir debate en los términos del Reglamento del Congreso si los congresistas no conocen de manera previa el contenido integral de los proyectos o proposiciones/SC481_19

Reemplaza la sentencia C-041 de 2017, en lo relacionado con la decisión de inexequibilidad que contenía el numeral segundo de su parte resolutiva, cuya nulidad fue declarada mediante Auto 547 de 2018, por violación de la cosa juzgada constitucional al desconocer lo resuelto en la sentencia C-666 de 2010. El fallo anulado había declarado inexequible el parágrafo 3º previsto en el artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, que adicionó el artículo 339B del Código Penal, disposición que exceptuaba de responsabilidad penal a quienes realicen actividades taurinas, coleo o riña de gallos enunciadas en el artículo 7º de la Ley 84 de 1989. La C-666-10 avaló la realización de prácticas como el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas, las corralejas, las becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos asociados a la realización de estos espectáculos -enlistados en el artículo 7º de la Ley 84 de 1989, Estatuto Nacional de Protección de los Animales-, en los lugares donde se desarrollen en las condiciones de tiempo, modo y lugar asociadas a la tradición, pues en dichas circunstancias esos espectáculos -que implican afectación del bienestar de los animales- se ajustan a la Constitución pues se justifican a la luz de la obligación de salvaguarda de las expresiones culturales (arts. 2, 7, 8, 70 y 71 C. Pol.) contexto en el cual se declaró la exequibilidad condicionada de la norma

INEXEQUIBLE el artículo 208 de la Ley 1753 de 2015, "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país", mediante el cual se modifica el numeral 81.2 y adiciona dos parágrafos al artículo 81 de la Ley 142 de 1994, por vulneración del principio de unidad de materia y carecer de conexidad directa e inmediata con los programas, metas y estrategias señalados en la Ley 1753de 2015. Adicionalmente, la Corte señaló que las normas con contenidos sancionatorios requieren de una deliberación democrática con un grado de trasparencia mayor que su nuda inserción aislada y coyuntural en el Plan Nacional de Desarrollo, pues la relación entre estas y el Plan es precaria e imperceptible. Las normas sancionatorias, por su naturaleza de ultima ratio e inmediata injerencia en el ámbito de la libre determinación humana -con mayor o menor rigor invasivo-, no pueden ser configuradas sin un estudio en el que se incluya la determinación de los elementos del tipo (sujetos, objetos de protección, conducta, etc.), ya que estos se erigen en exigencias estrictas, que en este caso no fueron previstas por el legislador y se delegaron en el ejecutivo . La delegación al Gobierno Nacional para que reglamente las modalidades de graduación de las sanciones, es absoluta y permite que la potestad reglamentaria se ejerza de manera discrecional. Es decir, la norma demandada en este caso no estableció un marco general de graduación de las sanciones, limitándose a facultar en el Gobierno Nacional la emisión de una norma reglamentaria que estableciera las características puntuales de la graduación de tales sanciones. Por último, la Corte recordó que en sentencia C-957 de 2014, la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión "La repetición será obligatoria cuando se trate de servidores públicos, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución", prevista en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994. Dicha expresión fue replicada de manera idéntica por el Congreso en el artículo 208 de la Ley 1753 de 2015, sin que mediara ninguna explicación para restablecer un texto que ya había sido hallado contrario a la Constitución. El fundamento de la inexequibilidad no fue un vicio de procedimiento en la formación de la ley, sino su incompatibilidad con el artículo 90 de la Constitución

Control constitucional integral del Decreto Ley 884 del 26 de mayo de 2017, "Por el cual se expiden normas tendientes a la implementación del Plan Nacional de Electrificación Rural en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera"; Exequible

Medidas en materia de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas por redes para hacer frente al estado de emergencia económica, social y ecológica en el municipio de Mocoa - Cumplimiento de los requisitos formales y materiales

Cosa juzgada en relación con los apartes contenidos en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal" y el artículo 34 (parcial) de la Ley 1474 de 2011

¿Es violatorio del derecho al debido proceso administrativo establecido en el artículo 29 de la Constitución, y más precisamente, de los principios de legalidad y tipicidad, el enunciado normativo contenido en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, sobre prácticas comerciales restrictivas, que prohíbe "y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia"?

INEXEQUIBLE la contribución especial al alumbrado público, por desconocer que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que en este reside la obligación de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Así mismo, por menoscabar el principio de la prevalencia del interés general, al someter a indicadores de rentabilidad y viabilidad financiera, ligados a supuestos beneficiarios individuales del servicio, la continuidad de un servicio que beneficia a toda la colectividad (art. 1º ídem). Y, por último, por lesionar el artículo 338 C. P. , puesto que el Constituyente solo permite a la ley establecer la modalidad de las contribuciones para obtener compensaciones por beneficios particulares recibidos, los cuales no se perciben a través del servicio de alumbrado público. Recobraban vigencia las disposiciones tributarias anteriores de alumbrado público, en especial, el numeral 1, literal a, de la Ley 84 de 1915, en concordancia con el artículo 1, literal d, del artículo de la Ley 97 de 1913 y todas las normas que las modificaran y complementaran. Ley 1753 de 2015, "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país""; Art. 191: INEXEQUIBLE. S. V

La facultad otorgada a la Autoridad Minera Nacional para delimitar áreas especiales de interés estratégico para el desarrollo minero del país no puede ser indefinida (Art. 20), pues quebranta el principio de proporcionalidad, en perjuicio del derecho de acceso, conservación y planificación del ambiente sano y libre, y del uso, goce y disposición de dichas áreas no seleccionadas para explotación minera frente a las futuras generaciones. A su juicio, mantener una vigencia indeterminada de esa competencia, excede el deber de planificar las acciones públicas durante un cuatrienio, sin ninguna relación con los objetivos de la función pública de planificación que se propongan en adelante y varíen las circunstancias de modo, tiempo y lugar. - No encontró la Corte que la reducción de términos en el trámite para el otorgamiento de licencias ambientales (Art. 172) vulnerara la participación de las comunidades afectadas. - Tampoco encontró la corte vulneración a la autonomía de los entes territoriales, la facultad conferida al Gobierno Nacional para que defina un procedimiento para que las entidades territoriales propongan al Ministerio de Minas y Energía medidas de protección del ambiente, las cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de las comunidades y la salubridad de la población, frente a afectaciones derivadas de la actividad minera, respectivamente (Art. 192). - Sobre los Arts. 15, 16, 20, 23, 30, 41, 43, 44, 50, 63, 64, 67, 68, 99, 140, 173, 179, 207, 245, 248, 262, 263, 266 y 267, no prosperaron los cargos por vicios de trámites. Ley 1753 de 2015, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un nuevo país"; Art. 20 (parcial): INEXEQUIBLE. Arts. 179 (58 de la Ley 99 de 1993) y 192 : Exequibles

Respeto a derechos adquiridos en materia de usos de suelo, en contravía de lo consagrado en los artículos 1º y 58 de la Constitución Política. Establecer que los Planes de Ordenamiento Territorial del orden distrital deben respetar los derechos adquiridos en materia de usos del suelo con anterioridad a la expedición de la Ley 1617 de 2013, desconoce la prevalencia del interés general sobre el particular. Así mismo que en los procesos sancionatorios y de licenciamiento urbanístico deberán respetarse los derechos adquiridos en materia de usos del suelo, con anterioridad a la Ley 1617 de 2013, atenta igualmente contra la prevalencia del interés general sobre el particular. Ley 1617 de 2013, "por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales"; Arts. 23 y 24 (parciales) : INEXEQUIBLES

La prelación en la adopción que el artículo 71 de la Ley 1098 de 2006 otorga a los nacionales, en igualdad de condiciones frente a extranjeros, no implica un desconocimiento del principio y del derecho a la igualdad, toda vez que la diferencia de trato no corresponde a una hipótesis de discriminación por razones de origen nacional, sino a una medida adecuada, con una finalidad constitucionalmente legítima y acorde con el principio de subsidiaridad de la adopción internacional incorporado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"; Art. 71 y 73 (parciales) : Exequibles

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 27 del Código Civil. Para la Sala, la interpretación gramatical que atiende la literalidad de un texto legal no resulta incompatible con la Constitución, en la medida que, contrario a lo argumentan los demandantes, la aplicación de dicha modalidad de interpretación en modo alguno puede ser comprendida como una licencia para dejar de aplicar los preceptos constitucionales, a partir del uso exclusivo de la norma de rango legal. Esta imposibilidad se infiere del mandato superior según el cual en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, se deben aplicar las disposiciones constitucionales, como lo ordena el artículo 4º de la Carta. Llevando dicho premisa al caso analizado, se encuentra que, en realidad, el cuestionamiento de la validez constitucional que se plantea en la demanda parte de una interpretación equivocada de la disposición legal acusada, que no desconoce uno de los postulados axiales del Estado de Derecho, como lo es, el principio de la supremacía constitucional

Decreto legislativo que autoriza inicio de generación de energía eléctrica en proyecto Hidroeléctrico el Quimbo - Declaración de inexequibilidad por adopción de medida desproporcionada y excesiva frente al desabastecimiento de combustible por crisis fronteriza con Venezuela

¿Al disponer la norma demandada que ningún acto notarial ni de registro podrá ser gravado con impuestos, tasas o contribuciones municipales o departamentales, con excepción del Impuesto de Registro autorizado por la Ley 223 de 1995 y las que lo modifiquen o adicionen, contraría al artículo 294 de la Constitución Política, conforme al cual la ley no puede conceder exenciones en relación con tributos de las entidades territoriales? La regla acusada no infringe la referida prohibición, pues en realidad no establece una exención frente a impuestos territoriales preexistentes, que es la limitación que de manera específica establece el artículo 294 superior, sino que se limita, en uso de sus facultades, a establecer un supuesto de no sujeción a impuestos territoriales, como es la radicación o envío por vía electrónica de documentos notariales ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. Ley 1579 de 2012, "por la cual se expide el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos y se dictan otras disposiciones"; Art. 15 Par. 2 : Exequible

Revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley número 65 de 2012 Senado y número 227 de 2013 Cámara "Por medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo."

Demanda de inconstitucionalidad contra el literal h) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo.Exequible. Esta Corporación ha exhortado al Congreso para que actualice la legislación en la materia, particularmente el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo.En consecuencia, para no desconocer la reserva de ley en la materia y en vista de la trascendencia del servicio que presta el sector petrolero, la Sala otorgará al Congreso el término de dos (2) años, para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Constitución Política, avance en la delimitación del ámbito en el que no sería posible ejercer el derecho de huelga en el sector específico de hidrocarburos, garantizando la no afectación del servicio de abastecimiento normal de combustibles del país

¿La norma demandada en cuanto ordena adelantar acción de repetición contra los funcionarios responsables, en los casos en que una empresa de servicios públicos domiciliarios fuere multada por la Superintendencia competente, resulta contrario al artículo 90 superior al extender la referida acción de repetición a supuestos distintos de los previstos en esa norma constitucional? Ciertamente el artículo 90 de la Constitución al cual ese texto remite, regula como supuesto del deber de repetición un evento muy específico, como es la previa atribución de una responsabilidad patrimonial a una entidad estatal como consecuencia de un daño antijurídico, causado por el dolo o culpa grave de un agente suyo, que es contra quien debe dirigirse la repetición. En tal medida, al estudiar las circunstancias en que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios puede imponer multas a sus vigilados, y las características de esta decisión, la Sala encontró que tal hipótesis no se encuadra dentro de los supuestos del artículo 90 superior, pues no concurre ninguno de los supuestos anotados, ya que la imposición de la multa no configura un caso de responsabilidad patrimonial ni genera per se un daño antijurídico, ni tampoco concurre necesariamente el elemento del dolo o la culpa grave que conforme a la referida norma constitucional es supuesto necesario del deber de repetición. Por estas razones la Corte declaró la inexequibilidad del aparte demandado. Ley 142 de 1994, "por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones"; Art. 81.2 (parcial) : INEXEQUIBLE

Cosa juzgada en relación las funciones jurisdiccionales asignadas a la dirección nacional de derechos de autor, frente al debido proceso y el principio de imparcialidad judicial. Ley 1564 de 2012, "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones"; Art. 24, Num. 3, Lit. b)

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 40 (parcial) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Los actos que definan la actuación administrativa son objeto de control judicial. Y un elemento del debido proceso es la motivación de las decisiones adoptadas por las autoridades públicas, como presupuesto para la erradicación de la arbitrariedad, y para el ejercicio del derecho de defensa. Esta es una de las características del Estado constitucional de derecho, donde los órganos que ejercen funciones públicas no solo deben ceñirse al principio de legalidad, sino que deben explicar la racionalidad y razonabilidad de sus decisiones a la luz de las reglas y principios del sistema jurídico. Por ese motivo, no es aceptable el argumento del accionante, según el cual la motivación carece de sentido en este escenario y priva al interesado de los medios necesarios para el control ante la jurisdicción. En virtud de las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional declarará exequible la expresión “contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos”, contenida en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo)

¿La competencia otorgada a las Comisiones de Regulación para adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la posición en el mercado de las respectivas empresas de servicios públicos domiciliarios, desconoce la cláusula de reserva de ley en lo relacionado con la restricción de libertades económicas, el principio democrático, el debido proceso, la igualdad y en general y si tal atribución excede la facultad de intervención del Estado para regular e intervenir los servicios públicos, en detrimento de los artículos 1, 2, 3, 4, 13, 29, 84, 93, 133, 150-21, 333, 334, 365, 367 y 370 de la Constitución? Si bien es cierto que la norma cuestionada no especifica qué posición o porcentaje de participación de una empresa en el mercado autoriza a las Comisiones de Regulación para imponer un trato diferencial, esto no implica desconocer la cláusula de reserva de ley, en tanto permite que sea un órgano especializado quien, de acuerdo con las condiciones dinámicas del mercado y las necesidades propias de cada sector, adopte los ajustes a que haya lugar, dentro del marco de competencias definido por la ley y teniendo en cuenta los hechos previamente comprobados. Desvirtuada la premisa principal en la que se funda la demanda -violación del principio de reserva de ley- las demás acusaciones pierden sustento de manera consecuencial. Ley 142 de 1994, "por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones"; Art. 74 (parcial) : Exequible

Acción Pública de inconstitucionalidad contra la Ley 1425 de 2010, "Por medio de la cual se derogan artículos de la Ley 472 de 1998 Acciones Populares y Grupo". La Sala evidencia que no existen elementos para desvirtuar la constitucionalidad de la votación para aprobación el Proyecto de Ley 056 de 2009 Cámara, en la Comisión Primera Constitucional, actuación que no desconoce los artículos 133 y 157 de la Constitución Política. Por lo anterior, debe concluirse que la acusación carece del sustento necesario para demostrar la inexequibilidad de la Ley 1425 de 2010 por vicios de procedimiento respecto del incumplimiento de votación nominal y pública en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, razón por la cual la Sala declara exequible, respecto del cargo ahora estudiado, la Ley 1425 de 2010

Inepta demanda en relación con la definición por parte del gobierno del usuario industrial beneficiario del descuento sobre la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico, establecida en el Art.2 Par. 2o. de la Ley 1430 de 2010, "por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad" (Mod. el Art. 211 del ET). Lo que se pretende cuestionar a través de la presente acusación, es la forma como el gobierno reglamentó la materia, pues la posibilidad de no incluir a todos los titulares de los beneficios tributarios creados para la contribución del sector eléctrico, esto es, los usuarios industriales -regulados y no regulados-, proviene de las medidas reglamentarias adoptadas para la ejecución y cumplimiento de la norma impugnada (Decretos 2915 de 2011 y 4955 de 2011), las cuales, además, deben ser controvertidas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por ser de su competencia privativa

Inepta demanda contra el artículo 72 de la Ley 1453 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad", por encontrar que el actor se encuentra suspendido en el ejercicio de sus derechos políticos y, en esa medida, carece de legitimación para ejercer la acción pública de inconstitucionalidad. S.V

¿Desconoce el principio de voluntariedad del arbitramiento, la obligación impuesta para esto en algunas de las normas demandadas? La Corte señaló que la voluntariedad en materia arbitral opera como un principio que caracteriza esta modalidad de mecanismo alternativo de solución de conflictos, pero que por la misma razón, no se trata de una regla que implique la inconstitucionalidad de cualquier modalidad de arbitramento obligatorio, sino como un mandato que debe ser ponderado de acuerdo con otros bienes constitucionalmente relevantes que estén en juego. La desigualdad estructural de las relaciones laborales y los principios constitucionales del derecho al trabajo también justifican la previsión de la obligatoriedad del arbitramento en materia laboral. - A diferencia de las normas laborales analizadas, la Corte encontró que el establecimiento del tribunal de arbitramento obligatorio que se impone en el inciso segundo del artículo 65 de la Ley 143 de 1994 desconocer el principio de voluntariedad en el arbitramento. - La voluntad expresada en la mayoría absoluta de los trabajadores de una empresa o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores, de someter un conflicto colectivo de trabajo a la decisión de un tribunal de arbitramento, se ajusta perfectamente a la Constitución. - El establecimiento de tribunales o comisiones de arbitraje de carácter permanente en la convención colectiva se refiere a la posibilidad de que se solucionen todos los conflictos que surjan en el ámbito de una convención colectiva, por un tribunal de arbitramento que se designa para tal efecto, si así se solicita por las partes. - La amigable composición y arbitramento técnico son modalidades de solución de conflictos que corresponden a la potestad de configuración legislativa. Demanda contra las siguientes normas: Código Sustantivo del Trabajo; Arts. 432 (parcial) 444 y 445 (Mod. por la Ley 50 de 1990); Art. 448 (Mod por le Ley 584 de 2000 y la Ley 1210 de 2008; Ley 48 de 1968 (art. 3, num. 2 y 3); Ley 446 de 1998 (arts. 111, parcial, 130, 131 y 132); Decreto 2158 de 1948 (arts. 139, parcial y 143); Decreto 2279 de 1989 (art. 46); Ley 80 de 1993 (art. 74) ; (Artículos incorporados en el Decreto 1818 de 1998; Arts 115, 170, 191, 195, 223, 224, 225, 231) : Declaradas exequibles y la Ley 143 de 1994 (art. 65, Inc. 2o.) (incorporado en el Decreto 1818 de 1998; Art. 171) declarado INEXEQUIBLE

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 72 (parcial) de la Ley 160 de 1994, "por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un Subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones"

¿Los límites temporales establecidos en las norma demandada para ser considerado como víctima destinataria de las medidas de atención, asistencia y reparación integral (Art. 3o) y para la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente (Art. 75) previstas en la Ley 1448 de 2011, vulneran el artículo 13 de la Constitución, por ser contrarios al principio de igualdad de las personas que individual o colectivamente sufrieron daños con anterioridad a las fechas en ellas previstas? ¿Resultan desproporcionadas en cuanto privilegian la sostenibilidad financiera respecto de las víctimas? Las fechas señaladas, sólo podrían ser declaradas inexequibles si fueran manifiestamente arbitrarias, y estas fueron el fruto de consensos y acuerdos dentro de las distintas corrientes políticas representadas al interior del órgano legislativo. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones" Art. 3 y 75 (parciales) Exequibles

¿La limitación acerca de la posibilidad de celebrar contratos de pago por capitación entre EPS e IPS o profesionales, únicamente para servicios médicos de baja complejidad, desconoce los artículos 48, 49 y 333 de la Constitución Política, por tratarse, según lo aduce el demandante, de una restricción no justificada que afecta la eficiencia del Sistema General de Seguridad Social en Salud? La medida es idónea, necesaria y proporcionada y no viola el principio de eficiencia. Ley 1438 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones". Art. 52, Num. 1 : Exequible

Revisión de la Ley 597 de 2000 "por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba, firmado en la Habana el catorce (14) de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999)"

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"

¿La aplicación extensiva de las sentencias de unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado que reconocen un derecho a quienes se hallen en la misma situación fáctica y jurídica resuelta en ella, vulnera el sistema de fuentes del Derecho previsto en el artículo 230 de la Constitución Política, al desconocer el carácter de criterio auxiliar de interpretación? y ¿El artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, en lo demandado, desconoce el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 4º de la Constitución y las competencias que el artículo 241 de la Carta Política le confiere a la Corte Constitucional, configurándose una inconstitucionalidad por omisión del legislador? Mientras la jurisprudencia de juzgados y tribunales es criterio auxiliar de interpretación en el ejercicio de la función judicial, las sentencias de los órganos judiciales de cierre y unificación de las diferentes jurisdicciones, además del valor de cosa juzgada propio de ellas frente al caso sub judice, posee fuerza vinculante como precedente respecto de posteriores decisiones judiciales que examinen casos similares, sin perjuicio de la posibilidad de apartamiento e inaplicación del mismo que tiene el juez, a partir de argumentaciones explícitas al respecto. Y tal fuerza vinculante del precedente de las denominadas altas cortes puede ser extendida a la autoridad administrativa por el Legislador. Adicionalmente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en materia de interpretación de la Constitución y los derechos fundamentales, tiene preeminencia en relación con la jurisprudencia de los órganos judiciales de cierre de las diferentes jurisdicciones, dada la supremacía de la Constitución sobre la normatividad restante del sistema jurídico y las competencias constitucionales de la Corte. Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"; Art. 102, Incisos 1o. y 7o. : CONDICIONALMENTE exequibles

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 140 (parcial) y 144 (parcial) de la Ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". La expresión demandada adopta una solución que se distingue por permitir la conciliación de la existencia simultánea de dos medios judiciales de atacar la legalidad de un acto administrativo o de un contrato estatal, en un caso para obtener la nulidad, y en otro para lograr la protección de los derechos o intereses colectivos. De esta manera, se establecen reglas claras orientadas a la protección de los derechos e intereses colectivos y, al mismo tiempo, se respeta celosamente el derecho fundamental al debido proceso y el acceso a la administración de justicia de quienes puedan verse afectados por la nulidad de un acto o un contrato estatal

¿La eliminación del incentivo económico para el actor en las acciones populares, desconoce el principio de progresividad y la prohibición de regresividad de los derechos sociales, al disminuir la efectividad de las acciones populares y desestimular la participación ciudadana en defensa de los intereses de la comunidad? y ¿tal supresión vulnera el principio de igualdad y equidad de las cargas públicas, por el presunto desequilibrio que existe entre el demandante y el demandado dentro de las acciones populares? Suprimir el incentivo no obsta para que de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, el juez pueda reconocer las costas del proceso. Ley 1425 de 2010, "por medio de la cual se derogan artículos de la Ley 472 de 1998 Acciones Populares y Grupo"; : Exequible

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 114 (parcial) de la Ley 1395 de 2010 "Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial". La Sala concluye que el Legislador omitió incluir en la norma el precedente constitucional dictado por la Corte Constitucional tanto en control abstracto como concreto de constitucionalidad, de manera que desconoce la competencia constitucional -art.241 superior- confiada a la Corte Constitucional y los efectos de cosa juzgada constitucional de sus fallos señalados en el artículo 243 superior. Por tanto, esta Corte declarará la exequibilidad condicionada de la expresión "que en materia ordinaria o contenciosa administrativa" contenida en el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010, en el sentido de que se entienda que los precedentes jurisprudenciales a que se refiere la norma, deben respetar la interpretación vinculante que realice la Corte Constitucional

¿Al grupo de aviadores civiles de régimen de pensión especial, es decir para los pilotos que se vincularon antes de 1994 pero que no tenían la edad suficiente para pertenecer al régimen de transición, se les vulneró el principio de no regresividad a la expectativa pensional que tenían antes de la reforma de la Ley 797 de 2003? La remisión que hace el artículo 6o. de la Ley 1282 de 1994 a los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993, que fueron modificados luego por los artículos 9 y 10 de la Ley 797 de 1993, no se pueden considerar como arbitrarios, inopinados y abruptos. En materia de aplicación del principio de progresividad y de prohibición de regresividad en materia de pensiones, la Corte ha acogido la regla de que toda modificación legal de carácter regresivo debe presumirse prima facie como inconstitucional. Sin embargo, en la valoración de la modificación se ha diferenciado si se trata de derechos consolidados, en donde el juicio es estricto y no se admite regresividad, o si por el contrario se trata de meras expectativas en donde se aplicará el principio de progresividad solamente si se trata de "expectativas legítimas". Expectativa legítima, pueden ser modificadas por el legislador. Decreto 1282 de 1994, "por el cual se establece el Régimen Pensional de los Aviadores Civiles"; Art. 6 y Ley 797 de 2003, "por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales"; Arts 9 y 10 : Exequibles

Inconstitucionalidad por consecuencia - Disposiciones en materia de servicios públicos domiciliarios para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 22 (parcial) de la Ley 1341 de 2009. "Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del espectro y se dictan otras disposiciones"

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral segundo literal a) parcial del artículo 25 de la Ley 1395 de 2010 "por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial."

¿Desconoce la composición en las mesas directivas de las comisiones permanentes y comisiones legales del Congreso de la República los derechos de los partidos y movimientos políticos minoritarios y de oposición? ¿Debió ésta norma ser tramitada como ley estatutaria? La interpretación del inciso segundo del artículo 112 de la C.P. sobre la participación de las minorías en los cuerpos colegiados. "Minoría política" vs. "minoría de oposición". La equiparación del término "partido minoritario", como "partido minoritario de oposición" generaría que no se pudiera cumplir con el artículo 147 de la Constitución sobre la renovación anual de los miembros de las mesas directivas, cuando el partido o los partidos que se declaren en oposición no tengan un número considerable de congresistas que impida que no sean reelectos. En todo caso, advirtió que era claro, que en las mesas directivas de las comisiones constitucionales y las comisiones legales del Congreso consideradas en su conjunto, tendrán derecho a participar, de acuerdo con su representación, los partidos y movimientos políticos minoritarios con personería jurídica, incluidos los de oposición. Este es el sentido del inciso segundo del artículo 112 de la Constitución, precepto que no se desconoce por el parágrafo del artículo 40 demandado. Por otra parte, la elección de las mesas directivas de las comisiones constitucionales permanentes y comisiones legales del Congreso de la República, no es un derecho de la oposición que necesite ser regulado mediante ley estatutaria, sino una materia propia del ejercicio de la actividad legislativa que debe ser regulado a través de la Ley Orgánica del Reglamento del Congreso. No vinculatoriedad de las excepciones de inconstitucionalidad en el control de constitucionalidad. El control por vía de excepción no trae la consecuencia de anular de manera definitiva la norma legal o reglamentaria que se inaplica por considerarse contraria a la Constitución, como quiera que los efectos de este tipo de control son inter partes, esto es, se predican sólo del caso concreto y la norma legal puede ser demandada ante la Corte Constitucional, que ejercerá el control en forma definitiva, de manera abstracta, general y con efectos erga omnes, si la disposición exceptuada es constitucional o no. Lo anterior, por cuanto la demandante había anexado como fundamento de los cargos, la excepción de inconstitucionalidad que profirió la Sección Quinta del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2009, en donde se dejó de aplicar -como también en dos fallos anteriores de esa Corporación- el parágrafo del artículo 40 de la Ley 5ª de 1992. Ley 5 de 1992, "por la cual se expide el Reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representante"; Art. 40, Par. : Exequible

La obligación solidaria del propietario del vehículo y de la empresa afiliadora, cuando existe responsabilidad de éstos en la comisión de la infracción cometida, no desconoce el debido proceso y el derecho de defensa del propietario o la empresa a la cual esta afiliado. Por otro lado, la norma relativa a reducción de multas, cuando utiliza las expresiones "inculpado" y "contraventor" se refieren igualmente al propietario o empresa a la cual esta afiliado. Ley 1383 de 2010, "por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 -Código Nacional de Tránsito- y se dictan otras disposiciones"; Arts. 18 y 24 (Mod. los Arts. 93-1 y 136 de la Ley 769 de 2002) : Exequibles

Canon superficiario. Ley 1382 de 2010, "por la cual se modifica la Ley 685 de 2001, Código de Minas"; Art. 16 (Mod. el Art. 230) : Estarse a lo resuelto en la C-983-10

Demanda de inconstitucionalidad contra el literal A-12, artículo 21, ley 1383 de 2010. Procediendo de manera análoga a la empleada por la Corte en la Sentencia C-355 de 2003, y en aras de preservar en lo que no se oponga a la Constitución, la decisión adoptada por el legislador dentro de su ámbito de configuración, la Corte declarará la exequibilidad del numeral 12 del literal A del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, adicionado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, bajo el entendido de que la sanción allí prevista sólo será aplicable previa reglamentación por las autoridades territoriales competentes, en la que se señalen las condiciones de tiempo, de modo y de lugar en las que se aplicaría la restricción allí consagrada

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 22 (parcial) de la Ley 1383 de 2010 "por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones"

Revisión de constitucionalidad del "Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el Canje de Notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia", así como de la Ley 1363 del 9 de diciembre de 2009, aprobatoria del mismo. Exequible

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 46 (parcial) de la Ley 1258 de 2008, "Por la cual se crea la sociedad por acciones simplificada". Tal como se estableció, no resulta posible predicar un derecho adquirido, ni aún la existencia de una situación jurídica consolidada, frente a la expectativa de que el régimen jurídico bajo el cual se constituyó una determinada entidad se mantenga inalterado a través del tiempo. Se precisó, en cambio, que sí existe un derecho adquirido frente a la propiedad representada en la conformación de una sociedad unipersonal, pero que éste no resulta lesionado por una norma como la demandada, que ordena un cambio en la forma societaria específica bajo la cual se constituyó una entidad. Tampoco encontró la Corte que esta regla vulnere el derecho a la igualdad, el derecho de asociación, o la libertad económica. En relación con lo primero, no existe igualdad fáctica entre las distintas situaciones que en criterio del demandante deberían ser objeto de un mismo trato jurídico, por lo que esta glosa carece de fundamento. En relación con el derecho de asociación y la libertad económica, destacó la Corte que mientras no se aprecie una vulneración del núcleo esencial de esos derechos ni ninguna otra situación de inconstitucionalidad, esta corporación debe preservar el margen de configuración normativa asignado al legislador

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 1º y el parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Conforme a lo anterior, la presunción general consagrada en las normas legales objetadas tiene un fin constitucionalmente válido como lo es la efectiva protección del ambiente sano para la conservación de la humanidad. Con ello se facilita la imposición de medidas de carácter cautelar o preventivo respecto a comportamientos en los cuales la prueba del elemento subjetivo resulta de difícil consecución para el Estado, máxime atendiendo el riesgo que representa el quehacer respecto al ambiente sano, que permite suponer una falta al deber de diligencia en las personas. Es idónea la medida al contribuir a un propósito legítimo -ya mencionado- y guardar relación con el fin perseguido, esto es, el establecimiento de la presunción de culpa y dolo y, por tanto, la inversión de la carga de la prueba, resulta adecuada a la salvaguarda de un bien particularmente importante como lo es el medio ambiente

¿Las transferencias del sector eléctrico creadas y reguladas por los artículos 45 de la Ley 99 de 1993 y 54 de la Ley 143 de 1994 vulneran los principios de legalidad y certeza en la determinación de los elementos esenciales del tributo, así como el principio de reserva legal en materia tributaria? Para la Corte tales transferencia corresponden a una contribución parafiscal y sobre ellas hay claridad en la determinación de los sujetos activos y pasivos, al hecho generador, así como a la base gravable y tarifa. Exequibles

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 24 (parcial) de la Ley 1340 de 2009. Concluye la Corte que siguiendo una interpretación sistemática relacionada con el concepto de libre competencia que ha dado en su jurisprudencia - Sentencias C- 624 de 1998, C- 815 de 2001 y C-228 de 2010 - como “aquella posibilidad de libre acceso al mercado por parte de los oferentes” que garantizan “la ausencia de barreras o de otras prácticas restrictivas que dificulten el ejercicio de una actividad económica lícita", que la doctrina probable del articulo 24 solo se hace extensiva a las atribuciones administrativas de la SIC relacionadas con la regulación y vigilancia de la competencia desleal y la publicidad contraria a la libre competencia.No obstante lo anterior, y debido a que se pueden presentar problemas de interpretación en la aplicación de la norma demandada por la doble función jurisdiccional y administrativa que cumple la SIC en materia de competencia desleal y protección al consumo, considera la Corte que resulta conveniente condicionar la interpretación del articulo 24 de la Ley 1340 de 2009, en el entendido de que la doctrina probable producida por la SIC “solo se aplicará a las actuaciones administrativas relacionadas con la libre competencia y la vigilancia administrativa de la competencia desleal"

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 9, 11, 12, 13, 22 y 25 (parcial) de la Ley 1340 de 2009 "Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia'

¿Vulnera el derecho de asociación previsto en el artículo 38 de la Constitución, el hecho de que la disposición acusada excluya la posibilidad de que las agencias de seguros sean dirigidas por sociedades anónimas, o, en general, por sociedades de capitales? ¿Constituye la anterior limitación un tratamiento discriminatorio para las agencias de seguros, al impedirles acceder a un tipo societario que sí está disponible para otros intermediarios de seguros y para los comerciantes en general? Antecedentes sobre el régimen legal de la intermediación en seguros. Diferencias Entre agente, agencia y corredor de seguros. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; Art. 41, Num 3 . Exequible

Decreto 4334 de 2008, "por el cual se expide un procedimiento de intervención en desarrollo del Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008". Análisis de constitucionalidad sobre las medidas adoptadas en la norma demandada para la intervención del Gobierno Nacional, por conducto de la Superintendencia de Sociedades, de oficio o a solicitud de la Superintendencia Financiera de Colombia, en los negocios, operaciones y patrimonio de las personas naturales o jurídicas que desarrollan o participan en operaciones de captación o recaudo sin la debida autorización estatal. Estados de excepción : Deben cumplir con los lineamientos establecidos por la constitución y la ley, además de guardar estrecha relación con el fenómeno objeto de intervención. Art. 7 Lit. h) : INEXEQUIBLE. Arts. 5, 6, 7 y 9 (parciales) : CONDICIONALMENTE exequibles

¿Constituye una violación de los derechos al debido proceso y a la propiedad privada, autorizar a la sociedad para readquirir, previa aprobación de la asamblea de accionistas, las acciones inscritas en el mercado público de valores, cuyos poseedores no hubieren ejercido durante veinte (20) años, ninguno de los derechos consagrados en la ley o en los estatutos sociales? Generalidades del Mercado Público de Valores y la propiedad accionaria. Requisitos que deben cumplirse para la privación de la titularidad del derecho de propiedad privada contra la voluntad de su titular. Ley 510 de 1999, "por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades"; Art. 70 : INEXEQUIBLE

Ley 117 de 1994, "por la cual se crea la cuota de fomento avícola y se dictan normas sobre su recaudo y administración". ¿Al disponerse que la administración de los recursos del Fondo Nacional Avícola debe contratarla el Gobierno con la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, FENAVI, vulnera el derecho de participación de todos los avicultores en las decisiones que los afectan económicamente y el derecho de competir en igualdad de oportunidades en la administración de dichos recursos? Las contribuciones parafiscales. Alcance de la facultad del legislador para establecer su régimen jurídico. Recursos de naturaleza parafiscal, características especiales de los mismos para efectos de su administración y el alcance de la facultad del legislador para establecer su régimen jurídico, de conformidad con los lineamientos fijados en la jurisprudencia constitucional. La Corte advirtió que en el momento en que FENAVI deje de cumplir con los requisitos de representatividad nacional del sector avícola o de organización y funcionamiento interno democrático, o se venza el contrato celebrado con dicha Federación o haya lugar a la declaratoria de caducidad del mismo, el Gobierno Nacional puede escoger una entidad, asociación o federación del sector avícola para celebrar un nuevo contrato, que reúna esas características y con observancia de los principios de la contratación estatal que garantizan la igualdad de condiciones en la postulación de los oferentes para dicha administración. Conviene precisar, que para la jurisprudencia el hecho de que a la luz del artículo 150-9 superior exista la posibilidad de que el legislador opte por autorizar al Ejecutivo para celebrar el contrato de administración, "no es óbice para que el Congreso, si así lo decide, ejerza esta competencia que, constitucionalmente le es propia". Art. 9 : Exequible

¿Circunscribir la función del Fondo de Prestaciones de las Empresas Productoras de Metales Preciosos al pago de las pensiones de los extrabajadores que para el 1 de enero de 1990 cumplían los requisitos para obtener la pensión, vulnera el derecho a la igualdad al excluir como beneficiarios del mismo, a los trabajadores que cumpliesen los requisitos para adquirir su derecho pensional con posterioridad a esa fecha? Ley 50 de 1990, "por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones"; Art. 113 (parcial): Exequible

Decreto 4789 de 2008, "por el cual se dictan medidas en materia tarifaria de energía eléctrica". INEXEQUIBLE como consecuencia de la inexequibilidad del Decreto 4704 de 2008, mediante el cual se declaró el estado de emergencia social

¿Viola el derecho al debido proceso, que el legislador contemple al mismo tiempo un elemento constitutivo del tipo penal como circunstancia de agravación punitiva, de suerte que quien realice el comportamiento descrito en el tipo no pueda sustraerse de la agravación punitiva? La disposición cuestionada establece como causal de agravación punitiva una circunstancia que ya había sido tomada en cuenta como elemento constitutivo de los tipos penales contemplados en los artículos 208 y 209 del Código Penal y por ende, infringe el principio non bis in ídem, al desconocer la prohibición de agravar la pena imponible a un comportamiento delictivo, en virtud de una circunstancia que fue tenida en cuenta como elemento constitutivo del tipo penal. La norma acusada es inconstitucional si se aplica a los artículos 208 y 209 del Código Penal, pero no respecto de los demás artículos del Título IV. Por tal motivo, no procedía la expulsión del ordenamiento de la disposición sino solamente en aquella parte que lleva consigo el desconocimiento de la prohibición del non bis in ídem. Ley 1236 de 2008, "Por medio de la cual se modifican algunos artículos del Código Penal relativos a delitos de abuso sexual"; Art. 7, Num 4. (Mod. del Art. 211 de la Ley 599 de 2000) : CONDICIONALMENTE exequible

La exención del impuesto de renta del 50% del salario de los magistrados de los tribunales que otorga el Art. 206, Num 7 Inc inciso 3o. es exequible en el entendido que la exención allí prevista se extiende también a los magistrados auxiliares de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura y a los magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura. La Sala señaló que si bien es cierto que los magistrados de tribunal, los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura y los magistrados auxiliares de las altas cortes se encuentran sometidos a estatutos jurídicos distintos, en la medida que unos son funcionarios de carrera y otros, empleados judiciales de libre nombramiento y remoción, el ordenamiento legal ha determinado de tiempo atrás, que compartan el mismo régimen salarial y prestacional, por lo cual gozan de elementos comunes que los ubican en una situación similar que se erige en criterio de comparación. Aunque en principio puede argüirse que el régimen salarial y prestacional no resulta relevante como criterio de comparación para adelantar el juicio de igualdad, en atención a que la norma acusada es de naturaleza tributaria, la Corte ha establecido que la exención tributaria se incorpora al régimen salarial de sus beneficiarios y por tanto, dicho régimen constituye un criterio de comparación relevante, con base en el cual puede adelantarse el juicio de igualdad. Estatuto Tributario; Art. 206, Num 7 Inc inciso 3º. CONDICIONALMENTE exequible

Ley 1268 de 2008, por medio de la cual se aprueban las "Reglas de Procedimiento y Prueba" y los "Elementos de Crímenes de la Corte Penal Internacional", aprobados por la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de septiembre de 2002. El instrumento bajo examen contiene algunos tratamientos sustanciales diferentes frente a la Carta Política, que llevan a la Corte a identificarlos y a precisar su ámbito de aplicación. Los tratamientos diferentes se presentan en algunas de las Reglas de Procedimiento y Prueba, que regulan aspectos concretos relacionados con el derecho a la defensa técnica y la imposición de penas. El control de constitucionalidad que se ejerce sobre los instrumentos internacionales relacionados con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el tratado propiamente dicho y los acuerdos complementarios que se integran a él, presentan algunas variaciones frente al control que tradicionalmente se adelanta respecto de los tratados y convenios internacionales. La Corte subrayó que el campo de acción de estas reglas y procedimientos se circunscribe al ejercicio de la competencia complementaria atribuida a la Corte Penal Internacional y a la cooperación de las autoridades nacionales con ésta, motivo por el cual el Estatuto de Roma y los instrumentos que lo complementan no modifican el derecho interno que aplican las autoridades jurisdiccionales colombianas en ejercicio de las competencias que le son propias dentro del territorio de la República

¿Es violatorio del principio de buena fe y de autonomía de la voluntad privada, que el artículo 1932 del Código Civil establezca, a efecto del abono de las expensas al comprador y de los deterioros al vendedor, una presunción de mala fe para el primero cuando no pague el precio, y que adicionalmente no pruebe que ello obedeció a que sufrió en su fortuna, y sin su culpa, menoscabos tan graves que le hicieron imposible cumplir con su obligación?

Ley 1151 de 2007, "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010". ¿La inclusión de los artículos 105, 137, violó los principios de unidad de materia, identidad relativa y consecutividad en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo? - ¿La inclusión del Art. 141 vulnera el principio de unidad de materia porque no tiene conexidad directa o inmediata con los planes y objetivos señalados en la parte general del plan. Implica el mismo artículo la ejecución de un gasto público y no obtuvo la "conformidad del Gobierno para su tramitación"? - ¿En el trámite del Art. 146 se desconocieron los principios de identidad y de consecutividad debido a que esta disposición no se encontraba en el proyecto de ley presentado inicialmente por el Gobierno y no surtió primer debate en las comisiones conjuntas del Congreso? Las disposiciones de carácter instrumental que no sean inequívocamente efectivas para la realización de los programas y proyectos contenidos en la parte general del Plan o que de manera autónoma no establezcan condiciones suficientes para la materialización de las metas y objetivos trazados en el Plan, vulneran el principio de unidad de materia. Si bien por regla general, está permitida la introducción por las cámaras legislativas de modificaciones, enmiendas o incluso artículos nuevos al articulado original de un proyecto de ley, dichos cambios han de referirse a temas tratados y aprobados en primer debate y guardar estrecha relación con el contenido del proyecto. No todas las modificaciones introducidas al Plan de Inversiones requieren el aval escrito del Ministro de hacienda y Crédito Público sino solamente aquéllas señaladas por el artículo 341 de la Constitución. Arts. 105 y 137 : INEXEQUIBLES. Arts. 141 y 146 : Exequible. Art. 150 : Inhibitorio. Art. 155 y 156 : Estarse a lo resuelto

¿Autorizar a las entidades públicas para aportar bienes o derechos a las empresas de servicios públicos domiciliarios, implica el otorgamiento de subsidios a la demanda, es decir a todos los usuarios de estos servicios y por tanto desconoce los principios de solidaridad, igualdad y lo preceptuado en los artículos 376 y 368 de la Constitución, en cuanto los subsidios deben ser otorgados sólo para las personas de menores ingresos? ¿Constituyen tales aportes una suerte de auxilios o donaciones prohibidas por el artículo 355 de la Carta? La ponderación entre los principios de solidaridad y de igualdad, exige interpretar el artículo 368 de la Carta en el sentido según el cual la autorización de conceder subsidios solamente a los estratos bajos de la población no cobija aquellos supuestos de hecho en que por diversas razones económicas o de mercado sea menester que el Estado intervenga la economía asumiendo la construcción de obras de infraestructura o adquiriendo derechos necesarios para lograr la prestación eficiente y universal a todos los habitantes del territorio nacional. Si bien las empresas de servicios públicos domiciliarios reciben los bienes a título gratuito, en ningún caso pueden trasladar el valor de uso de los mismos a la tarifa que cobran a los usuarios, por lo cual en realidad no perciben ningún lucro en la operación. Ley 1151 de 2007; "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010"; Art. 143 inciso 1o. (Modifica el Num. 87.9 de la Ley 142 de 1994) : Exequible. SV - Vicio por unidad de materia y por trámite.

Decreto 4789 de 2008, "por el cual se dictan medidas en materia tarifaria de energía eléctrica". INEXEQUIBLE como consecuencia de la inexequibilidad del Decreto 4704 de 2008, mediante el cual se declaró el estado de emergencia social

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 555-2 (parcial) del Estatuto Tributario y contra el artículo 36 de la misma Ley 863 de 2003. La Corte concluye que, tanto las expresiones demandadas de los artículos 19 y 36 de la Ley 863 de 2003, como este último artículo en su conjunto, son exequibles respecto de los cargos de inconstitucionalidad propuestos. Ello porque, aunque las normas contenidas en tales disposiciones tienen alguna incidencia en el régimen aduanero y en el comercio exterior - como quiera que: a) incluyen a los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, entre los sujetos obligados a inscribirse en el RUT; b) sustituyen el Registro de Exportadores por el Registro Único Tributario; c) condicionan el trámite de operaciones de comercio exterior a que los intervinientes se encuentren inscritos en el RUT y, d) afirman el carácter público de los datos contenidos en las declaraciones aduaneras de importación y exportación, así como en las de impuestos al consumo y participación departamental - se trata, no obstante, de medidas de inequívoca naturaleza tributaria y, en el caso de esta última, referida además al derecho fundamental de acceder a los documentos públicos. Ambos temas se sustraen al ámbito de regulación de las leyes marco en materias aduanera y de comercio exterior para, en cambio, ser atribuidos en exclusiva al legislador ordinario, en atención al principio de legalidad de los tributos y a la reserva de ley para imponer límites al principio de publicidad de los documentos oficiales. Pero además, en el caso de la medida contemplada en el artículo 36 de la citada ley, ella no resulta inconstitucional por cuanto no contradice, sino que reafirma, el principio consagrado en el artículo 74 de la Carta

¿Del artículo 141 de la Ley 142 de 1994 ,que faculta a las empresas de servicios tener por resueltos los contratos por incumplimiento, según los términos del mismo artículo, se desprende el supuesto carácter definitivo del corte de servicios? Una vez satisfechas las condiciones señaladas en el mencionado precepto la empresa tiene que reestablecer el servicio. Ley 142 de 1994, "por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones"; Art. 141, incisos 1o. y 2o : Exequibles

¿Deben considerarse como sociedades de economía mixta, pertenecientes a la Rama Ejecutiva y a la estructura de la Administración, todas las empresas, particularmente, las de servicios públicos en las cuales haya cualquier porcentaje de capital público?, y por este hecho, ¿todos los trabajadores de estas sociedades, incluidos los miembros de sus juntas o consejos directivos, deben ser considerados servidores públicos y como tales sometidos al régimen general de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades correspondientes, contenido en el Decreto Ley 128 de 1976, sin importar el monto del capital estatal presente en dichas sociedades, de manera especial, cuando tales personas cumplen funciones públicas, aunque sea de manera transitoria?; por las mismas razones, ¿dicho régimen necesariamente debe ser aplicado sin excepción en todas las empresas de servicios públicos, sin atender el porcentaje de capital público presente en ellas? La sociedades de economía mixta y la estructura de la administración. El concepto de descentralización por servicios y su recepción en la Constitución Política. La pertenencia de las sociedades de economía mixta a la Rama Ejecutiva del poder público. La naturaleza jurídica de las Empresas de Servicios Públicos. El régimen jurídico de los servidores de las sociedades de economía mixta y de las empresas de servicios públicos. Decreto 128 de 1976, "por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las Juntas Directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de éstas"; Art. 1 (parcial). Ley 489 de 1998, "por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"; Arts. 68, y 102 (parciales). Ley 142 de 1994, "por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones". Art. 14 Num. 6 y 7 (parcial). : EXEQUIBLES

¿ Vulnera el principio de legalidad en materia tributaria la delegación al gobierno de la determinación del valor y las condiciones de liquidación y recaudo de la cuota de compensación militar establecida en el artículo 22 de la Ley 48 de 1993? La obligación de prestar el servicio militar y la cuota de compensación. La naturaleza y carácter de la cuota de compensación militar. El principio de legalidad tributaria y la creación de los tributos. Ley 48 de 1993, "por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización"; Art. 22 (parcial) : INEXEQUIBLE. Efectos hacia futuro

Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1097 de 2006

Demanda contra la Ley 1010 de 2006, "por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo" ¿La referencia a reglamento de trabajo excluye el alcance de aplicación de la norma a las empresas y entidades del Estado y a las empresas particulares en donde no se haya adoptado dicho reglamento? ¿Desconoce el derecho a la igualdad y limita el derecho de petición, el hecho de que la denuncia deba ser presentada por escrito? Art. 9 (parcial) : Exequible

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 25 del Código Civil. En el Estado constitucional, la interpretación para fijar el sentido de una ley oscura, de una manera general, no es una facultad exclusiva del legislador, pues también está a cargo de la Corte Constitucional cuando ésta ejerce el control de constitucionalidad de la ley y fija el sentido válido de la misma. Por esta razón, la expresión "sólo" contenida en el artículo 25 del Código Civil resulta contraria a los artículos 241 y 243 de la Constitución y, en consecuencia, se declarará su inexequibilidad. Las sentencias de la Corte Constitucional que señalan la interpretación constitucionalmente autorizada de la ley, es obligatoria y resulta vinculante de manera general. No obstante, el artículo 25 del Código Civil no hace referencia a dicha interpretación, por lo que, en esa disposición, se constata la existencia de un vacío normativo que desconoce los artículos 241 y 243 de la Constitución. En tal virtud, esa omisión relativa autoriza a la Corte para que integre la norma y declare la exequibilidad condicionada de esa disposición, en el sentido de entender que la interpretación constitucional que de la ley oscura hace la Corte Constitucional, tiene carácter obligatorio y general

¿La inclusión de un cargo fijo en las tarifas de cobro de lo servicios públicos domiciliarios, vulnera los artículos 333, 334 y 366 de la Constitución, esto por cuanto traslada el costo de la actividad productiva al usuario sobreponiendo el interés del inversionista al del bien común; incumple con las finalidades del Estado Social de Derecho - Intervención económica a favor de las personas de escasos recursos; y además el cobro independiente del consumo genera mayores costos dejando en un plano inferior el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida? Los servicios públicos domiciliarios en relación con la libre competencia económica, la dirección general de la economía y las finalidades sociales del Estado. Ley 142 de 1994; Art. 90.2 - Exequible por el cargo analizado. Y Estarse a lo resuelto en la C-041-03

La prescripción presenta dos significados: como modo de adquirir el dominio y demás derechos reales -adquisitiva o usucapión- y, como modo de extinguir las acciones y derechos -extintiva o liberatoria-. Prescripción adquisitiva ordinaria o extraordinaria, a través de la acción de declaración de pertenencia - Demanda de inconstitucionalidad contra las expresiones "A la demanda deberá acompañarse un certificado del registrador de instrumentos públicos en donde consten las personas que figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro, o que no aparece ninguna como tal", contenidas en el Numeral 5o. del Artículo 407 del Código de Procedimiento Civil

Decreto 1355 de 1970. ¿La posibilidad prevista en el Artículo 113, de señalar a través de reglamentos de policía, "zonas para establecimientos fabriles y para el expendio de ciertos comestibles", constituye una indebida invasión de los competencias constitucionales atribuidas a los concejos municipales de reglamentar los usos del suelo (Art. 313 C.P) o tal potestad se inscribe en el ámbito de la función de policía que es propia del Alcalde como primera autoridad del municipio? Distinción entre "poder de policía", "función de policía" y "actividad policial" Art. 113 (parcial) - Exequible. ¿Vulnera el debido proceso el Artículo 229 al excluir expresamente cualquier recurso, respecto de las medidas correctivas impuestas por los comandantes de estación de policía? Derecho de impugnación. Doctrina de la Corte, sobre la aplicación, matizada, de los principios del derecho penal a otras disciplinas sancionatorias; Art. 229 (parcial) - INEXEQUIBLE

¿Al establecerse la posibilidad que las empresas oficiales, mixtas o privadas de servicios públicos domiciliarios estipulen en los contratos de condiciones uniformes, el derecho a favor de los usuarios y-o suscriptores de adquirir acciones o partes de interés social, así como el derecho a participar en los fondos de capitalización social de dichas empresas, desconoce los derechos constitucionales a la libertad contractual y de asociación? Ley 812 de 2003; Art. 131 (modifica el Art. 151 de la Ley 142 de 1994) - CONDICIONALMENTE exequible

Ley 681 de 2001, "por la cual se modifica el régimen de concesiones de combustibles en las zonas de frontera y se establecen otras disposiciones en materia tributaria para combustibles". Fórmula para determinar los componentes de la estructura de precios de la gasolina de aviación Jet A1. Ingreso al productor. Legislación tributaria para combustibles. Marco constitucional del intervencionismo económico. Análisis de constitucionalidad respecto de los subsidios y exenciones presuntamente otorgados. Art. 10 y 11 - Exequibles

¿Al establecer la norma demandada una exención al impuesto a la renta para las pensiones adquiridas con el cumplimiento de los requisitos necesarios de acuerdo con la Ley 100 de 1993, desconoce los principios de igualdad y de equidad tributaria, así comos los artículos 53 (facultad de conciliar derechos inciertos y discutibles), 55 (negociación colectiva) y 58 (derechos adquiridos) de la Constitución, al no cobijar las pensiones que no cumplan dichos requisitos? Aclaración respecto al sentido de la norma acusada; la norma ni es tan limitada en su aplicación como se plantea, ni deja por fuera casos que, prima facie, deberían estar contemplados por ella. Estatuto Tributario; Art. 206, parágrafo 3 (Adicionado por la Ley 223 de 1995, Art. 96) - Exequible por los cargos analizados

Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso tercero del numeral 11.6 del artículo 11, y el numeral 29.13 del artículo 29 del Decreto 780 de 2005, por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera para los Empleados del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y contra el inciso primero del artículo 20 del Decreto 790 de 2005, por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Aerocivil

¿Las competencias establecidas en el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, para que las Comisiones de Regulación de los servicios públicos domiciliarios resuelvan conflictos entre las empresas en torno de los contratos y servidumbres que existan entre ellas y acerca de quien debe servir a usuarios específicos o en qué regiones deben prestar sus servicios y la establecida en el artículo 74.3 - b, para que la CRT resuelva los conflictos que surjan entre operadores para garantizar los principios de libre y leal competencia en el sector y la eficiencia en el servicio, vulneran los principios de igualdad y del juez natural y el derecho de acceso a la administración de justicia?. Funciones de las Comisiones de Regulación de servicios públicos domiciliarios. Ley 142 de 1994; Art. 73 Num 8 y 9; y Art. 74.3 - b - Exequibles por los cargos examinados

Al disponer el Código Sustantivo del Trabajo en el inciso 1o del Artículo 16, que las normas laborales se aplican a los contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento en que dichas normas empiecen a regir, independientemente de si la nueva norma es favorable o desfavorable al trabajador, ¿vulnera los principios mínimos al trabajo, especialmente el principio que prohibe menoscabar los derechos de los trabajadores? Jurisprudencia constitucional sobre los derechos adquiridos y las expectativas legítimas. Límites a la reforma de la ley laboral en el caso de las expectativas legítimas, cuando se introducen condiciones más desfavorables para los trabajadores - Demanda de inconstitucionalidad contra los Arts. 16 (parcial) y 156 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo

Acto Legislativo 03 de 2002 y las modificaciones que introdujo en el sistema procesal penal. Características esenciales y propias del nuevo sistema procesal penal colombiano. Parangón entre los modelos acusatorios americano y continental europeo. La práctica de pruebas anticipadas, en circunstancias excepcionales no vulnera el principio de inmediación de la prueba en un sistema acusatorio. Líneas jurisprudenciales sentadas por la Corte en materia de límites a la competencia del superior jerárquico - reformatio in pejus. Funciones constitucionales que ejerce el juez de control de garantías - La función de juez de control de garantías, en los procesos que adelante la Corte Suprema de Justicia, puede ser desempeñada por un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. La solicitud de preclusión deberá ser siempre presentarla por el fiscal ante el juez de conocimiento en cualquier momento. Líneas jurisprudenciales en materia de juicios en ausencia. Cláusula de exclusión. Captura en flagrancia - Condiciones objetivas para la imposición de la medida de aseguramiento. Medidas de seguridad para indígenas. Delitos querellables - Conciliación preprocesal - Funciones de la Fiscalía. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16, 20, 30, 39, 58, 78, 80, 154, 242, 291, 302, 522 ( parciales ) y 127, 232, 267, 284, 455 y 470 de la Ley 906 de 2004, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"

¿Se violan los derechos de trabajadores de empresas de petróleos al no reconocérseles el auxilio monetario de que trata el Artículo 227 del C.S.T en los casos de enfermedades venéreas en estado agudo?¿Se encuentran derogadas las normas relacionadas con incapacidades laborales con la expedición de la Ley 100 de 1993 (Art. 206) , en especial el Artículo 227 C.S.T.? Análisis de la derogatoria de la norma demandada en virtud de la expedición de la Ley 100 de 1993. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 323 del Código Sustantivo del Trabajo. Inexequible

¿Se violan los derechos de los usuarios de servicios públicos en relación a la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios (Art. 365 C.P) al otorgarles la facultad a las empresas prestadoras del servicio de cobrar servicios no facturados por error u omisión? Demanda de inconstitucionalidad contra el Art. 150 parcial de la Ley 142 de 1994

Facultades sancionatorias de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Demanda de inconstitucionalidad contra los Artículos 140 y 142 (parciales) de la Ley 142 de 1994. Fallo inhibitorio

Impuesto al alumbrado público. Facultad de crearlo por parte del Concejo de Bogotá. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1, literal d, de la Ley 97 de 1913 "que da autorizaciones especiales a ciertos Concejos Municipales. Estarse a lo resuelto

Retroceso en la protección del derecho al trabajo de los empleados de las entidades reestructuradas. Limitaciones del otorgamiento de los beneficios del Plan de Protección Social. La protección laboral reforzada no es de carácter absoluto. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 790 de 2002, artículo 13 parcial y la Ley 812 de 2003, artículo 8, literal D, parcial. Inexequibilidad limitación en el tiempo

Función del alcalde de restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes, en relación con el orden público. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 91 (parcial) de la Ley 136 de 1994 "por medio de la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios". Las formas y medios de la policía administrativa: poder, función y actividad de policía. Posibles discrepancias doctrinarias sobre las distinción entre poder, función y actividad de policía. La facultad otorgada a los alcaldes municipales y distritales no desconoce la libertad de empresa. La norma no impone ninguna restricción al uso del suelo

Utilización del GLP como carburante. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 22 de la Ley 689 de 2001 "Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994"

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4, 6, 8, 9, 23, 24, 26, 27, 31 - literales c) y d)-, 32 - literales d), e) y h)-, 33 - literales a), b) y c)-, 35 - literal a)-, 37 - literal c)-, 38 - literales e) y f)-, 39 - literal a)-, 41-literal b)-, 42 - literales b) y c) -, 43 - literal b)-, 44 - literal a)-, 45 - literal b)-, y 78 de la Ley 842 del 2003

Cosa juzgada constitucional- Interposición de acciones de grupo en nombre de cualquier persona

Facultades de las comisiones de regulación para resolver conflictos. Demanda de inconstitucionalidad contra los Artículos 73 (parcial) y 74 (parcial) de la Ley 142 de 1994. Fallo inhibitorio

Las facturas y la democratización de la propiedad de las empresas - Subsidios a los estratos 1, 2 y 3 - Fortalecimiento del ejercicio de las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Demanda de inconstitucionalidad contra toda la Ley 812 de 2003 y, además, contra los artículos 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 y 136 de la Ley 812 de 2003

Las facturas y la democratización de la propiedad de las empresas. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 131 de la Ley 812 de 2003, modificatorio del Art. 151 de la Ley 142 de 1994

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 51 (parcial) de la Ley 769 de 2002 "por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones"

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 135 y 136 (parciales), de la Ley 769 de 2002, "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones"

Objeciones Presidenciales al proyecto de Ley No. 154 de 2000 - Senado de la República - 109 de 2001 - Cámara de Representantes - "Por la cual se rinde homenaje al artista nacional"

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º de la Ley 97 de 1913 y 1º (parcial) de la Ley 84 de 1915

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 25 (parcial) y 48 (parcial) de la Ley 794 de 2003, "por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones". En ese sentido, contrariamente a lo afirmado por el actor, el ejecutado cuenta con otros medios de defensa igual o mayormente eficaces que el recurso de apelación contra el mandamiento de pago, como son las excepciones perentorias. Circunstancia que no acontece con el ejecutante, pues sino se le permite apelar la providencia que deniega dicho mandamiento, hasta ahí llegarían sus posibilidades de defensa. Motivo por el cual el Legislador preservó para él la apelación y para el ejecutado las excepciones perentorias, equilibrando así sus posibilidades de defensa en el interior del proceso ejecutivo singular. Lo que pone de presente el tratamiento proporcional y razonable otorgado tanto al demandante como demandado en el proceso ejecutivo singular. Por las anteriores razones la Corte declarará la constitucionalidad del segmento acusado del artículo 48 de la Ley 794 de 2003

Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el literal a) del artículo 70 de la Ley 794 de 2003. Aun admitiendo que en ciertos casos la derogatoria de la perención puede traer como consecuencia la suspensión del trámite procesal, este hecho sólo perjudicará a la parte que incumple con la carga procesal de la cual depende la continuidad del trámite, por lo cual no encuentra la Corte que de ello se derive una violación al derecho al debido proceso y específicamente al derecho de defensa que pueda estimarse contraria a la Constitución

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 27 y 42 del Decreto 1799 de 2000. El acceso a los documentos públicos y el caracter de reservado de las sesiones decisorias de la junta clasificadora en cuanto a la calificación de oficiales

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 118 (parcial) de la Ley 788 de 2000, "por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones". Debido a que en lo referente a la derogatoria del artículo 20 de la Ley 9ª de 1991 el texto aprobado por ambas Cámaras fue aprobado de manera idéntica, no existía discrepancia alguna que justificase su examen por una Comisión Accidental de Conciliación. En este orden de ideas, el cargo de inconstitucionalidad por falta de trámite en la Comisión Accidental de Conciliación de la derogatoria del artículo 20 de la Ley 9ª de 1991, no está llamado a prosperar

Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Demanda de inconstitucionalidad contra los Artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003

Regulación de las entidades que pueden prestar los servicios públicos domiciliarios. Demanda de inconstitucionalidad contra los Artículos 15 (parcial) y 17 (parcial) de la Ley 142 de 1994

Revisión de constitucionalidad de la Ley 796 de 2003, "Por la cual se convoca un referendo y se somete a consideración del pueblo un proyecto de Reforma Constitucional"

Sistemas de información y contabilidad - Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 9º nl. 10 de la Ley 32 de 1979; 95 nls. 1 y 2 del Decreto 663 de 1993; 79.3 de la Ley 142 de 1994; 5º de la Ley 174 de 1994; 86 nl. 1 de la Ley 222 de 1995; 4º literales a), b), e), g), h) y l) (parciales) de la Ley 298 de 1996; 36 nl. 3 de la Ley 454 de 1998, y 38 de la Ley 510 de 1999

Ambito de aplicación de la figura del Silencio Administrativo Positivo, contenida en el Artículo 185 (sic, es 158) de la Ley 142 de 1994. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 123, parcial, del Decreto-ley 2150 de 1995

Establecimiento de la contribución de valorización - Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 5 (parciales) del Decreto 1604 de 1966, adoptado como legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968, y contra el artículo 11 (parcial) del Decreto 2171 de 1992

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 25 (parcial) de la Ley 734 de 2002

Normas acusadas: Los numerales 2.6, 2.7 y 2.9 del artículo 2, el numeral 3.9. (parcial) del artículo 3, los numerales 6.3. (parcial) y 6.4. (parcial) del artículo 6, el parágrafo y el numeral 9.4. del artículo 9, el numeral 11.8 (parcial) del artículo 11, los numeral 14.10 (parcial) y 14.11 del artículo 14, el artículo 16 (parcial), el artículo 18 (parcial), el artículo 20 (parcial), el artículo 21, el artículo 23 (parcial), el artículo 28 (parcial), el artículo 31 (parcial), el inciso segundo y los numerales 34.1 a 34.6. del artículo 34, el artículo 35 (parcial), el numeral 36.6 (parcial) del artículo 36, el artículo 37 (parcial), el numeral 39.4 (parcial) y el parágrafo del artículo 39, los parágrafos 1 y 2 del artículo 40, los numerales 44.1. (parcial), 44.2 (parcial) y 44.3 (parcial) del artículo 44, el artículo 45 (parcial), el artículo 48 (parcial), el artículo 52 (parcial), el artículo 66 (parcial), el numeral 67.1 (parcial) del artículo 67, el artículo 68 (parcial), el artículo 70 (parcial), el artículo 73, el artículo 74, el artículo 85 (parcial), el numeral 86.1. (parcial) del artículo 86, el inciso 1° (parcial), los numerales 87.1., 87.2. (parcial), 87.4., 87.7., 87.8. (parcial) y parágrafos 1° y 2° del artículo 87, el inciso primero (parcial) y los numerales 88.1., 88.2. y 88.3. del artículo 88, el inciso primero y los numerales 89.1 (parcial), 89.2. (parcial), 89.4 (parcial) y 89.5 (parcial) del artículo 89, el inciso primero y los numerales 90.1 (parcial), 90.2. (parcial) y 90.3 (parcial) del artículo 90, el artículo 92, el artículo 94 (parcial), el inciso tercero del artículo 96, el artículo 98, el artículo 124, el artículo 125, el artículo 126, el artículo 127, el inciso tercero del artículo 128, el inciso tercero del numeral 133.26 del artículo 133, el parágrafo del artículo 146, el artículo 160 (parcial), el numeral 162.2. (parcial) del artículo 162, el artículo 163 y el artículo 164 de la Ley 142 de 1994; el artículo 1° de la Ley 286 de 1996, el artículo 2° y el artículo 3° de la Ley 632 de 2000; y el parágrafo del artículo 18, el artículo 19 y el artículo 23 de la Ley 689 de 2001

Prima de servicios. Inexequibilidad al tiempo mínimo de servicio. Demanda de inconstitucionalidad contra los literales "a" y "b" (parciales) del numeral 1º del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo

Cargo fijo en las fórmulas tarifarias. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 90.2 de la Ley 142 de 1994

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3, 17, 46, 53, 93, 143, 160, 165 (parciales) de la Ley 734 de 2002 “por la cual se expide el Código Disciplinario Único" y contra el artículo 115 (parcial) de la Ley 270 de 1996 "Estatutaria de la Administración de Justicia"

Cobro de deudas por facturas del servicio de energía eléctrica con destino al alumbrado público - Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 18 parcial de la Ley 689 de 2001, modificatorio del Artículo 130 de la Ley 142 de 1994

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 3 (parcial), 5, 6, 11 (parcial), 35 (parcial), 37, 39, 48, 58, 59, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 261, 267 (parcial), 271 (parcial), 275 y 332 de la Ley 685 de 2001 - Código de Minas

¿El que la norma demandada establezca costas de la segunda prueba del ADN, vulnera preceptos constitucionales? La prueba del ADN en los procesos de filiación. Del estado civil y del derecho a la personalidad jurídica. Ley 721 de 2001, "por medio de la cual se modifica la Ley 75 de 1968"; Art. 4 (parcial) : INEXEQUIBLE

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículos 1°, 2°, 3° y 55 inciso primero de la Ley 633 de 2000. La Corte encuentra que, dada la naturaleza del GMF, una tarifa del tres por mil no es inequitativa. En efecto, dicha tarifa es baja en comparación con la base sobre la que se cobra (la totalidad de la transacción) en consideración a que se causa cada vez el contribuyente disponga "de los recursos objeto de la transacción financiera" (art. 873 del E.T., adicionado por el artículo 1° de la Ley 633 de 2000), es decir, cada vez que toma la decisión de recurrir al sistema financiero para retirar los recursos financieros con los que cuenta.Esta Corporación estima que no hay motivo alguno que lleve a considerar que el GMF vulnera el principio de equidad por no ser deducible de la renta bruta. Por el contrario, la Corte encuentra que si el GMF fuera deducible de la renta bruta, perdería gran parte de su razón de ser. En efecto, de aceptarse la posición del actor, se tendría que los recursos pagados de acuerdo con el GMF reducirían la base de la renta bruta, lo cual implicaría el pago de un menor impuesto de renta, que es un tributo cuyas tarifas son progresivas para responder a la equidad vertical

Solidaridad entre el propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio en las obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos - Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 18 (parcial) de la Ley 689 de 2001

Demanda de inconstitucionalidad contra los literales b), d) y e) del artículo 13 de la Ley 43 de 1990 y los artículos 596 y 599 (parciales) del Estatuto Tributario. uando la ley no exige la certificación del contador público está avalando la veracidad de los hechos consignados en el documento contable y, de contera, presumiendo la buena fe de sus autores. Así entonces, el argumento de la demanda invierte –ilógicamente- el orden de los términos, pues acusa de quebrantar la presunción de buena fe a una disposición que se encarga precisamente de promoverla

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 44, inciso 4º del Decreto Ley 01 de 1984 (Código Contencioso administrativo). La Corte estima que el sólo acto de inscripción realizado por las entidades encargadas de llevar los registros públicos no se puede entender como una notificación personal y que, de cualquier manera, constituye una carga de la Administración Pública (o de los particulares que ejerzan funciones públicas de tipo registral) la de informar, mediante la comunicación de la inscripción, a todos los que en el mismo registro figuren como interesados. En cualquier caso, aun en aquellos regulados por normas especiales, el registro como consecuencia de lo previsto en la ley, en sentencias o providencias judiciales, en otros actos jurídicos o hechos susceptibles de registro conlleva, al momento de realizarse, una carga para la autoridad que hace la inscripción consistente en informar a los que figuren en el registro como personas interesadas o que puedan ser afectadas por dicho registro. Otra interpretación de la norma, para este supuesto, no resulta garante del derecho al debido proceso, como arriba se ha expuesto

Impuesto sobre el servicio de alumbrado público - Impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica, de gas y análogas - Demanda de inconstitucionalidad contra los literales d) e i) del artículo 1 de la Ley 97 de 1913

Control fiscal en las empresas de servicios públicos domiciliarios con participación del Estado - Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5 de la Ley 689, por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994

Régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios - Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 87 (parcial), 88, 90, 96 (parcial), 109 (parcial), 125, 126, 127, 130 (parcial), 134, 138 (parcial), 141 (parcial), 144 (parcial), 147 (parcial), 152 (parcial) y 159 de la Ley 142 de 1994

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 135 y 140 del Código Contencioso Administrativo

Inexequibilidad de apartes del artículo 257 de la Ley 599 de 2000. Del acceso ilegal o prestación ilegal de los servicios de telecomunicaciones

Control fiscal en las empresas de servicios públicos domiciliarios con participación del Estado. Auditoría externa - Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 5º y 6º (parciales) de la Ley 689 de 2001

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 64, parcial, de la Ley 675 de 2001. Es necesario hacer la integración normativa entre la expresión originalmente demandada por el actor y la totalidad del inciso tercero del artículo 64 de la Ley 675 de 2001. El cerramiento del espacio público por parte de un grupo de propietarios privados para su beneficio particular representa, prima facie, una afectación permanente y grave del espacio público. Dicho cerramiento se traduce en la práctica en la apropiación de una porción del espacio público por unos particulares y en la consecuente exclusión del resto de los habitantes del acceso a un espacio destinado por mandato constitucional al uso común. Condicionar la posibilidad del cerramiento a una autorización administrativa, sin señalar criterios que impidan dicha apropiación y exclusión, resulta insuficiente para proteger los bienes constitucionalmente garantizados, por las razones anteriormente expuestas

Empresas de servicios públicos. Cobro de cargo por concepto de reconexión y reinstalación. Aplicación de intereses de mora. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 96 (parcial) de la Ley 142 de 1994

Recursos para el Fondo de Apoyo Financiero para la energización de las zonas no interconectadas

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 154 del decreto 2737 de 1989 (Código del Menor)

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 23 y los literales b) y c) del numeral 24 del artículo 5, y el numeral 8 del artículo 7 del Decreto 1259 de 1994, "por el cual se reestructura la Superintendencia Nacional de Salud". No le asiste razón al actor, pues en el decreto ley que es objeto de demanda parcial, y concretamente en las normas acusadas, se le asignan a la Superintendencia Nacional de Salud algunas funciones que le compete cumplir, entre ellas la de imponer sanciones en los casos que allí expresamente se señalan, lo cual no es materia que, según la Constitución, requiera de ese tipo de leyes. Tampoco en dicho ordenamiento se está legislando sobre aspecto alguno atinente a la actividad financiera, bursátil o aseguradora, como equivocadamente lo considera el actor. La regulación de funciones públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150-23 es asunto de ley ordinaria, como también lo es la relacionada con las funciones de inspección vigilancia y control

Demanda de inconstitucionalidad contra el literal a), parcial, del artículo 16 de la Ley 31 de 1992. Sobre el particular, debe señalar la Corte que la determinación de la sanción no queda librada al criterio discrecional de la Junta Directiva del Banco como lo figura el demandante pues la ley en el literal a) del artículo 16, en su conjunto, más allá de los apartes acusados establece claros parámetros cuando dispone que en la regulación del encaje la Junta Directiva del Banco ha de tener en cuenta la existencia de distintas categorías de establecimientos de crédito y de entidades que reciben depósitos, los cuales pueden ser a la vista, a termino o de ahorro, pueden ser o no remunerados. Para todos esos efectos “podrán tenerse en cuenta consideraciones tales como la clase y plazo de la operación sujeta a encaje.” Así mismo se dispone que el encaje deberá estar representado por depósitos en el Banco de la República o efectivo en caja, pues con él se busca, entre otros instrumentos,“el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”. De lo cual cuadra deducir, siguiendo la doctrina del derecho sancionatorio administrativo, que la sanción habrá de hacerse consistir en multa; sanción administrativa típica que para el caso es la que cabalmente responde a la finalidad primordial de la norma y al interés que con ella se busca proteger, esto es, garantizar el mantenimiento de un nivel adecuado de liquidez en la economía y, paralelamente, servir como mecanismo de protección a los ahorradores, para cubrir los retiros que ellos efectúen

Demanda contra la Ley 619 de 2000, en su totalidad, por vicios de procedimiento y por razones de contenido contra los artículos 1,2 (parágrafos 1 y 2), 3, 4, 5, 6, 7, ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17(parágrafo 5), 18, 19, 22 y 23). Declara INEXEQUIBLE la Ley 619 de 2000, los efectos de la INEXEQUIBILIDAD quedan diferidos hasta el 20 de junio de 2002, a fin de que el Congreso, dentro de la libertad de configuración que le es propia, expida el régimen que subrogue la Ley 619 de 2000

Declara la conformidad del Proyecto de Ley No. 234-00 Senado; 038-98, 065-98 y 081-98 (acumulados) Cámara, "por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994", con lo ordenado en la parte resolutiva de la Sentencia C-087 de 2001

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4º y 33 del Decreto Ley 2277 de 1979. En concepto de la Corte, el demandante no demuestra por qué la decisión de extender las normas sobre escalafón nacional docente, capacitación y asimilaciones está excluida de la regulación del servicio público de la educación ni por qué ella restringe fundar un establecimiento privado ni mucho menos indica en qué grado o forma se restringe la libertad de empresa e iniciativa privada. Desestimado el argumento según el cual el escalafonamiento es sinónimo de reducción del pluralismo educativo, no se observa cómo las medidas acusadas suponen un exceso en las facultades de inspección y vigilancia de la educación y una restricción ilegítima de las libertades de fundar establecimientos privados de educación y ejercer la libertad de empresa y la iniciativa privada, más aún cuando la materia está sujeta a la regulación estatal en aras de asegurar los fines de la educación: el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura (art. 67 inciso 1 C.P.). Además, los directores de los establecimientos privados son libres de contratar los docentes que atiendan las necesidades del correspondiente centro educativo. Nada impide, por ejemplo, que contrate sólo profesores no escalafonados, o viceversa, o que adopte una política de contratación que combine a unos y otros

Competencia desleal, liquidación de perjuicios

Organización y funcionamiento del sistema de salud - Libertad económica - Libertad de empresa - Libertad de competencia - Abuso de posición dominante - Intervencionismo del Estado en las empresas de salud

Empresas de servicios públicos domiciliarios; función administrativa por particulares; contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios, presentación de peticiones, quejas y recursos; contrato de condiciones uniformes, partes

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 70 de la Ley 38 de Abril 21 de 1989, sobre creación del Fondo de Compensación Interministerial dentro del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, compilado por el artículo 87 del Decreto 111 de Enero 15 de 1996. Fondo de Compensación Interministerial, parámetros de utilización de recursos. La utilización de los recursos del Fondo de Compensación Interministerial no puede estar dirigida a cubrir los costos originados por nóminas paralelas o contratación de empleados supernumerarios en forma indefinida, pues la autorización legal de esta práctica ha sido encontrada inconstitucional por esta Corporación

¿La obligación de haber cumplido 25 años de edad para poder adoptar a una persona es constitucional? Declaratoria de exequibilidad de la norma que establece que la persona que quiera ser notario debe tener al menos 30 años de edad. Código del menor, Decreto 2737 de 1989, art. 89 - Exequible

Análisis de objeciones presidenciales al Proyecto de Ley No. 234-00 Senado; 038-98, 065-98 y 081-98 (acumulados) Cámara, "por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994"

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 67 (parcial) de la Ley 44 de 1993.Por otra parte, respecto de la presunta vulneración del artículo 13 constitucional, la Corte no encuentra que exista una desigualdad entre los titulares de los derechos de autor y los de la propiedad común. En efecto, dicho cargo se estructura bajo el supuesto de que atribuirle un interés social –que en su parecer implica la prevalencia de los derechos de los autores sobre los de los demás- carece de un objetivo constitucionalmente protegido. Dicho cargo carece de sustento pues además de estar vinculado con finalidades constitucionalmente protegidas, la propiedad que tienen los autores sobre sus obras no constituye propiamente una forma diferente de propiedad

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 240 de la Ley 4a de 1913

INEXEQUIBILIDAD - Decreto 955 de 2000

Inexequibilidad del Decreto 266 de 2000

Comisiones de Regulación, Funciones - Contrato de servicios públicos

UVR, pacto arbitral, procedimiento arbitral

UVR - Demandas de inconstitucionalidad incoadas contra las Leyes 546 del 23 de diciembre de 1999 y 550 del 30 de diciembre de 1999

Deducción del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de activos fijos - Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2 parcial, del artículo 18 de la ley 488 de 1998

Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión "sin motivar la providencia" contenida en el inciso primero del artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968. Derecho a la estabilidad laboral

Propietario, usuario, suscriptor, responsables solidarios del contrato

Servicios públicos esenciales - Huelga - Improcedencia

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la ley 488 de 1998, que modifica el artículo 218 del Estatuto Tributario. El parágrafo demandado, como ya lo dijo la Corte en la sentencia tantas veces citada, en lugar de violar el principio de buena fe lo acata, al conservar el régimen vigente al momento de la emisión para quienes adquirieron los títulos expresamente señalados en esa disposición, los cuales estaban exentos de toda clase de impuestos de carácter nacional. Es ésta una medida razonable que el legislador consideró necesaria para dar estricto cumplimiento a lo ordenado en los artículos 58, 83 y 363 del Estatuto Superior, que le imponen el deber de proteger las situaciones jurídicas consolidadas al amparo de normas anteriores y respetar los principios de la buena fe y de irretroactividad de la ley tributaria

Bienes que no causan el impuesto - Demanda de inconstitucionalidad contra los incisos 1o. y 2o. del parágrafo 1o. del artículo 43 de la Ley 488 de 1998

SANCION EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO PENAL - Establecimiento distinto

INEXEQUIBILIDAD - Ley 508 de 1999

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4, 5, 6, parágrafo art. 7, 8-3, parágrafo art. 10, 16, 17 (parcial), 19 (parcial), 20-3 y parágrafo, 21 (parcial), 23-1, 25 (2-3-4-5); 26 (parcial), 28, 33 (2-4), 37 (parcial), 45, 52, 53 y 73 de la ley 43 de 1990, “por la cual se adiciona la ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de contador público y se dictan otras disposiciones"

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 30 de la Ley 182 de 1995. Definir la procedencia del derecho a la rectificación, más que una facultad administrativa punitiva que bien podría recaer sobre responsabilidades ulteriores a la emisión de la información, traslada a la administración el poder de decidir sobre lo que puede o no ser publicado. Si a este hecho se suma la circunstancia de que la resolución del asunto se confía a la administración, contra cuya intervención la libertad de expresión se construyó originariamente como derecho de libertad, se concluye que el precepto acusado vulnera los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política y pone en serio peligro el sistema de comunicación social

Servicios públicos domiciliarios, finalidad. Principios en elaboración del régimen tarifario

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 240 de la Ley 4ª de 1913

Contribución parafiscal - Imposición

Acción pública de inconstitucionalidad contra los decretos 1064, 1122, 1123, 1131, 1132, 1134, 1135, 1136, 1139, 1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 1149, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1178, 1179, 1180, 1181 y 1184, todos de 1999, dictados con base en las facultades establecidas en el artículo 120 de la ley 489 de 1998

Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 8 de la Ley 57 de 1985

Inconstitucionalidad del Decreto 1122 de 1999

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 70 del Decreto Ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo). Cuando la disposición acusada estatuye que no podrá pedirse la revocación directa de actos administrativos respecto de los cuales el peticionario haya ejercido los recursos de la vía gubernativa, está fijando un requisito de naturaleza negativa para que la solicitud del interesado pueda prosperar. Y ello nada tiene de inconstitucional, pues el legislador obra dentro de sus atribuciones; ni afecta, como lo entiende el actor, derechos fundamentales, pues no impide el derecho de defensa del administrado, y no limita ni restringe su acceso a la justicia. Es claro que la norma no impide la revocatoria del acto si hay lugar a ella, de oficio, por la Administración, sino que formula una exigencia dirigida a quien eleva solicitud en tal sentido, es decir, cuando la revocatoria se impetra por persona interesada

Inexequibilidad Sistema UPAC

DECOMISO Y RESERVA JUDICIAL - EXHORTACION AL CONGRESO - Control a evasión tributaria

Reclamos, término para responderlos

Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra los artículos 35 y 76 del Código Contencioso Administrativo adoptado mediante Decreto Extraordinario 01 de 1984. La Corte declarará la exequibilidad de la frase acusada del artículo 35 del C.C.A., en el entendido de que las decisiones que se tomen en materia de derecho de petición, así se motiven tan solo sumariamente, sí deberán resolver el fondo del asunto sometido a consideración y no limitándose la autoridad competente a dar una respuesta formal sobre el trámite o el estado de la solicitud

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 55 de la Ley 191 de 1995. Estima la Corte, que la norma demandada no desconoce la autonomía de Ecopetrol, porque siendo ésta una empresa industrial y comercial del Estado de creación legal (art. 150-7), el legislador puede señalar sus objetivos sociales y sus respectivas competencias, para efectos de regular el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos (art. 150-23) y, en tal virtud, esta habilitado igualmente para dictar normas que modifiquen o complementen dichos objetivos y competencias. Por lo demás, no se trata en este caso de gasto público con cargo al presupuesto nacional, y si lo fuera, ya la Corte ha reconocido que puede ser decretado a iniciativa del Congreso. La norma acusada, se refiere a un subsidio al transporte del combustibles para una finalidad constitucional legítima que se encuadra dentro de las actividades económicas que cumple Ecopetrol

Demanda de inconstitucionalidad contra del articulo 285 (parcial) de la Ley 223 de 1995

Ley 335 de 1996. “Por la cual se modifica parcialmente la ley 14 de 1991 y la ley 182 de 1995, se crea la televisión privada en Colombia y se dictan otras disposiciones.". Por existir identidad material entre el cargo planteado en la demanda del actor y lo resuelto por la Corte en la sentencia C-350-97, que tiene fuerza de cosa juzgada absoluta, la Corte se declara inhibida para decidir de fondo

Telefonía larga distancia, requisitos operadores

EVASION TRIBUTARIA - Medidas para evitarla

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 392 (parcial) del Código de Procedimiento Civil, tal como fue modificado por el artículo 1°, numerales 198 del decreto 2282 de 1989

Administración y control de eficiencia SSPPDD

Autonomía legislativa en materia tributaria

EVASION Y CONTRABANDO

Exención tributaria

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 651 (parcial) del decreto 624 de 1989 del Estatuto Tributario, tal como fue modificado por los artículos 55 de la ley 6° de 1992 y 132 de la ley 223 de 1995

Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 5o. de la Ley 218 de 1995. Decisión: Declarar EXEQUIBLE, en los términos de esta Sentencia y por los motivos en ella analizados, el artículo 5 de la Ley 218 de 1995. Ley Páez : tratamiento tributario a nuevas inversiones. Principio de equidad tributaria

Contratos concesión uso recursos naturales

Contribuciones

Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión "sin limitación" contenida en el artículo 34 de la ley 81 de 1993, que modificó el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal.

Régimen jurídico de actos y contratos

Derecho de huelga. Servicios públicos esenciales - Acción pública de inconstitucionalidad contra el Inciso Primero y el Literal e) del Artículo 1o. del Decreto 753 de 1956, que subrogó el Artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo y contra el Literal a) del Artículo 65 de la Ley 50 de 1990, que subrogó el Artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 27 (parcial) de la ley 56 de 1985

Invasión de tierras - Urbanización ilegal

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 13 numeral 4° (parcial) de la Ley 223 de 1995

Régimen de subsidios en salud

Demanda de inconstitucionalidad contra el literal a) del artículo 233 del decreto 1333 de 1986.EXEQUIBLE, en el entendido que las explotaciones de los recursos naturales no renovables requieren de licencia ambiental de acuerdo con las exigencias de la Ley 99 de 1993, y en forma temporal por un plazo de cinco años contados a partir de la notificación de la presente sentencia, el literal a) del artículo 233 del decreto 1333 de 1986

Administración de justicia - Arbibramento

Tasas y contribuciones - Régimen tarifario

Autonomía de entidades territoriales

Objeciones presidenciales al proyecto de ley No. 002-95 Cámara, 220-96 Senado, "por la cual se establecen estímulos para los sufragantes"

Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 1 (parcial), 2, 8, 10 (parcial), 11 (parcial), 13 (parcial), 16 (parcial), 20 (parcial), 21 (parcial), 25, 26, 28 (parcial) de la Ley 335 de 1996, "Por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se crea la televisión privada en Colombia y se dictan otras disposiciones"

Conflicto de intereses

Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 306 (parcial) y 311 (parcial) del Código de Procedimiento Civil tal como fueron modificados por el decreto 2282 de 1989

Régimen jubilatorio de transición

Solidaridad en obligaciones y derechos

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4o. (parcial) de la ley 39 de 1987.EXEQUIBLE. La facultad del Presidente, que mencionan los artículos 3o. y 4o. de la ley 37 de 1987, no es absoluta, por cuanto el Presidente, al hacer la clasificación respectiva y la expedición de normas correspondiente, tiene que hacerlo bajo los parámetros señalados por la propia ley, y ellos están allí. Si el Presidente se excede en su facultad, corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el control de legalidad de los decretos reglamentarios respectivos. No puede eludirse la circunstancia de que reglamentación de esta materia, implica disponer de un conocimiento especializado y técnico, dados los altos riesgos que lleva consigo el manejo de la distribución de los combustibles derivados del petróleo. Por lo que resulta ajustado a la Constitución que sea la ley la que establezca los lineamientos generales sobre este asunto, pero que corresponda al Presidente, a través de la dependencia competente y conocedora del asunto, clasificar y reglamentar en detalle lo pertinente a tal distribución

Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 6 de la Ley 14 de 1988

Revisión constitucional del proyecto de ley número 58-94 Senado y 264-95 Cámara, "Estatutaria de la Administración de Justicia"

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 (parcial), 6, 17 (parcial), 33, 36, 78 (parcial) y 82 de la Ley 190 de 1995 "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa en Colombia"

Manejo de problemas financieros y parafiscales

Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 80 de 1993, Artículo 25, numeral 19, incisos 2 y 4 (parcial)

Régimen jurídico aplicable a empleados

Competencia para la regulación

Destinatarios de la Ley disciplinaria

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 54 de la Ley 179 de 1994 y contra la Ley 179 de 1994, "por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989, Orgánica del Presupuesto"

Diferenciación de regímenes laborales

Régimen laboral de los trabajadores

Cesantía; nueva causal de retiro

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 15 y 24 de la Ley 226 de 1995. La referencia contenida en la disposición resulta inconstitucional por cuanto sacrifica el concepto de Derecho sustancial y hace prevalecer las formas procesales, contra lo dispuesto en el artículo 228 C.P., dando a entender que los derechos de orígen constitucional, plasmados en el artículo 60 de la Carta son apenas instrumentales, es decir, subalternos de otros derechos, lo cual no corresponde al sentido participativo de sus postulados

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 140 del Decreto-Ley 2150 de 1995 "Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, existentes en la Administración Pública"

Silencio Administrativo Positivo

Rentas de trabajo exentas - Exención sobre renta laboral - Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2o. parcial, del Artículo 96 de la Ley 223 de 1995

Demanda de incostitucionalidad contra el artículo 84 (parcial) de la Ley 223 de 1995. Esta Corporación considera que una regulación tributaria que no utilice criterios potencialmente discriminatorios (CP art. 13), ni afecte directamente el goce de un derecho fundamental, no viola el principio de igualdad si la clasificación establecida por la norma es un medio razonablemente adecuado para alcanzar un objetivo constitucionalmente admisible. Y es obvio que, por lo señalado en los numerales anteriores de esta sentencia, tiene un fundamento razonable la distinción establecida por el legislador entre costos incurridos en el exterior -con límites de 15 % para la determinación de la base gravable- y los costos nacionales, sin tales límites. Además, como lo destacan los intervinientes, la norma es general pues se aplica sin distinción a todos aquellos que acepten incurrir en costos en el exterior para generar rentas de fuente nacional

Régimen jurídico servicios públicos

Conceptos escritos de la Subdirección Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Demanda de inconstitucionalidad contra un segmento del artículo 264 de la Ley 223 de 1995, "por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones"

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 54 de la Ley 6º de 1992 que modifica los artículos 659 y 660 del Decreto Ley 624 de 1989 o Estatuto Tributario, y adiciona los artículos 659-1 y 661-1 de ese mismo decreto. La Corte no encuentra admisible el cargo del actor contra el artículo 661-1 del E.T, según el cual esta norma viola el buen nombre y somete al escarnio público a los profesionales, pues establece que una vez "en firme en la vía gubernativa las sanciones previstas en los artículos anteriores, la administración Tributaria informará a las entidades financieras, a la Cámara de Comercio y a las diferentes oficinas de impuestos del país, el nombre del contador y-o sociedad de contadores o firma de contadores o auditores objeto de dichas sanciones". En efecto, esta Corporación ya había tenido ocasión de señalar que esa divulgación de las sanciones administrativas no vulnera el buen nombre o a la intimidad de la persona sancionada, no sólo por cuanto ha sido ella la que, con su conducta, se ha hecho merecedora de tal sanción, después de un procedimiento administrativo en el cual le ha sido respetado el debido proceso sino que, además, existe un interés legítimo de las entidades a quienes se envía la información de conocer los nombres de estos profesionales o sociedades de profesionales que han perjudicado gravemente el desarrollo de la fe pública y han afectado el cumplimiento de las obligaciones tributarias

Base gravable de tributos-Valor patrimonial de bienes. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 106 y 108 (parciales) de la Ley 223 de 1995

Control disciplinario

Acción pública de inconstitucionalidad contra la expresión "...con base en la potestad discrecional...", contenida en el artículo 3° del Decreto 2535 de 1.993. Grado de discrecionalidad que a las autoridades respectivas se otorga para la expedición de los permisos para poseer o portar armas, municiones de guerra o explosivos, no entraña entonces ningún vicio de inconstitucionalidad

RESERVA DE LEY ESTATUTARIA EN ASUNTOS PENALES - GUERRILLA, Difusión de comunicados - Normas acusadas: Ley 104 de 1993.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 66 (parcial) del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo

Disposiciones sobre vacío legal

EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 39, 40-10, 46, 58, 64, 65, 83-8, 92-3, 111-2, 146 y 152 del Decreto Ley 407 de 1994 "Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario"

Pensión de vejez

Derecho a la pensión de jubilación

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16, 17, 25 y 34 de la Ley 41 de 1993 "por la cual se organiza el subsector de adecuación de tierras y se establecen sus funciones"

Control fiscal

Tribunales administrativos - Competencia

Equidad tributaria - Exención

Demandas de inconstitucionalidad en contra del artículo 1051 del Código Civil, tal como fue modificado por el artículo 8o. de la ley 29 de 1982

Demanda de inconstitucionalidad contra de los artículos 12, 13, 14 Y 15 de la Ley 6a de 1992. Cuando el legislador establece las obligaciones tributarias de quienes producen o exportan determinados bienes, prestan ciertos servicios u obtienen señalados niveles de rendimiento, no hace nada distinto de realizar los aludidos mandatos constitucionales, en tanto lo haga con arreglo a criterios de justicia distributiva, proporcionalidad, razonabilidad y equidad. Pero introducir un tributo que se calcula en un período dado sobre el grado de producción, fundándose en la razonable presunción de unas ganancias acordes con él -como sucede en este caso- no representa violación de la equidad ni equivale a injusticia tributaria

Derecho de huelga, servicios públicos esenciales - Código Sustantivo del Trabajo, Artículo 430 subrogado por el Decreto 753 de 1956, Literales b) y h), y 452, subrogado por el Decreto Ley 2351 de 1965 Artículo 34, Numeral 1o

Demanda de inconstitucionalidad contra un segmento del artículo 264 de la Ley 223 de 1995, "por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones"

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 19 de la ley 30 de 1986. En otros términos: si los adultos, por ejemplo, son menos permeables a la elección condicionada que los niños (y además están en condiciones de optar libremente), parece razonable que la publicidad por radio y televisión, tenga lugar en horarios menos accesibles a los segundos. Por esas razones juzga la Corte que la norma demandada no sólo no es atentatoria de ningún derecho fundamental, sino que halla un razonable equilibrio entre el ejercicio de ciertas libertades y la protección de quienes, al menos potencialmente, pudieran resultar afectados por él

Ninguna autoridad en la República cuenta, como el Presidente, con atribuciones tan claras y precisas en lo que hace a la dirección de las fuerzas militares - Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 12 del Decreto-Ley 573 de 1995, "por el cual se modifica parcialmente el Decreto 41 del 10 de enero de 1994, normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional", y contra el artículo 11 del Decreto 574 de 1995, "por el cual se modifica parcialmente el Decreto 262 de 31 de enero de 1994, normas de carrera del personal de agentes de la Policía Nacional"

Estado social de derecho

Participación ciudadana

Impuesto sobre la renta. Juegos de suerte y azar, destinación de las rentas. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 16, inciso 1º, del Decreto 624 de 1989

Ejercicio profesión de bacteriología

Norma acusada: Artículo 12 y 38 (parcial) de la Ley 44 de 1993; Reserva judicial constitucional para la suspensión o cancelación de personería jurídica de asociaciones sindicales pero no para todo tipo de asociación

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 420 -Parágrafo-, 437 -literal b)- y 469 -Parágrafo- del Decreto 624 de 1989 y contra el artículo 19 -Parágrafo- de la Ley 06 de 1992. El carácter suntuario de los aerodinos, que no se encuentran al alcance de la población en general sino en cabeza de quienes gozan de capacidad económica suficiente, es fundamento razonable y atendible para que el legislador les haya dado trato especial, tanto en relación con los sujetos del impuesto, quienes intervienen en la negociación eventual de dichos artefactos, como respecto de la tarifa impositiva aplicable. El diferente trato no implica en este caso discriminación en contra de quienes adquieren aerodinos en relación con los compradores de otra clase de bienes, pues existen grandes diferencias entre unos y otros, dado el valor de aquellos y, por ende, el mayor nivel económico de quienes tienen posibilidad de ser sus propietarios

Ley de seguridad social

Demanda de inconstitucionalidad contra del artículo 84 (parcial) del Código Contencioso Administrativo. En virtud del principio de legalidad, del respeto de la jerarquía normativa y de la institucionalización del Consejo de Estado como supremo tribunal de lo contencioso administrativo, el legislador está habilitado para determinar las diferentes instancias procesales a través de las cuales debe conocerse de la acción de nulidad contra los diferentes actos de la administración. Por lo tanto, no tiene asidero jurídico el argumento del demandante en cuanto considera que la acción de nulidad únicamente es procedente contra los decretos sin fuerza de ley que expida el Gobierno Nacional, pues se repite lo atinente a la estructuración de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y al señalamiento de las competencias a los organismos que la integran es materia reservada al legislador

Normas derogadas por la Ley de seguridad social

Demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 11, 12 y 25 del Decreto 2591 de 1991

Ley 84 de 1993 "por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral"

DOSIMETRIA PENAL - FUNCIONARIOS JUDICIALES, Sanción - MORA JUDICIAL, Sanciones - Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 42 (parcial) del Decreto Especial 2651 de 1991

Demanda de inconstitucionalidad contra el Inciso 2, Numeral 1, Artículo 6 del Decreto-Ley 2591 de 1991. Dentro de la estructura de la norma contenida en el artículo 86 de la Constitución el concepto abierto de "perjuicio irremediable" juega un papel neurálgico, pues gracias a él ingresa la vida al proceso y puede el Juez darle contenido y sentido a su tarea de protección efectiva de los derechos fundamentales y ser el punto de confluencia del derecho y la realidad, de cuya adecuada interrelación depende la justicia de su decisión.La conservación de la definición legal y su exequibilidad tendrían el efecto de modificar la naturaleza abierta de la norma constitucional. Se produciría de hecho una reforma constitucional a través de un procedimiento no permitido, lo que demuestra que el poder interpretativo propio del Legislador ha trascendido la actividad puramente legislativa. El Legislador extraordinario en este caso no ha obrado dentro del marco fijado por la Constitución y dentro del cual puede libremente adoptar políticas. La definición legal pretende ocupar el lugar de un concepto constitucional abierto de importancia sustancial sin el cual la figura de la tutela quedaría desconectada de la realidad y perdería su virtualidad tuitiva de los derechos fundamentales. Este concepto abierto es columna de la estructura portante del edificio constitucional y no puede, en consecuencia, ser sustituido o suplantado por el Legislador

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 65, 76, 82, 84, 92, 98, 99, 104, 107, 113, 114 y 115 de la Ley 21a. de 1992

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 164, 181 y 204 del Decreto Ley N° 100 de 1989

La cosa juzgada no se limita a la parte resolutiva, sino que se extiende a aquellos elementos de la motivación que explican y justifican de manera directa la resolución del caso. Decreto 2067 de 1991, artículo 2o en sus numerales 2, 3, 4 y 5; y artículo 23 parcial

Efecto hacia el futuro de los fallos de constitucionalidad de la Corte Constitucional - Demanda de incosntitucionalidad contra el Inciso 2o. parcial del Artículo 21 del Decreto 2067 de 1991

Tienen diferente fuerza jurídica, por disposición de la Constitución, la jurisprudencia constitucional y el resto de la jurisprudencia del país. Es indispensable para el normal funcionamiento del sistema jurídico jerárquico y único el establecimiento de mecanismos que permitan conferirle uniformidad a la jurisprudencia - Derecho de acceso a la Administración de Justicia - Recurso extraordinario de súplica - Principio de seguridad jurídica

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 7 y 13 de la Ley 40 de 1990 "Por la cual se dictan normas para la protección y desarrollo de la producción de la panela y se establece la cuota de fomento panelero"

ESTADO SOCIAL DE DERECHO - Sistema tributario

Demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 11, 12 y 25 del Decreto 2591 de 1991

Estado de excepción de emergencia económica y social. Las facultades del Presidente y los Decretos Legislativos. Facultad de conceder exenciones temporales e introducir modificaciones a algunos impuestos. Los actos y contratos que se celebren para la reestructuración financiera del sector eléctrico estarán exentos de impuesto de timbre, tasas, contribuciones y derechos notariales. Decreto Legislativo No. 700 del 24 de abril de 1992, art. 10, inc. 2 - Exequible

Competencia - Alcance