Para el cálculo de la variable CMMC que permite remunerar los activos del tercero no se deben utilizar los costos de inversión en toda la red utilizada para prestar el servicio a los usuarios finales que se benefician de un solo tramo de propiedad del tercero. "[S]ubyace una discrepancia interpretativa con relación a si al momento de aplicar la fórmula que disponía el numeral 9.3.1 de la Resolución CREG 70 de 1998, se debe tener en cuenta la red en toda su longitud, o solo la extensión del activo del tercero del que está haciendo uso el operador de red. […] [S]i bien es cierto que en el caso examinado no llama a duda la viabilidad del reconocimiento de la remuneración reclamada por el accionante, también lo es que la cuantificación efectuada en la actualización de la experticia que ha de tenerse en cuenta para imponer la condena, tuvo como base la totalidad de la longitud de la red, lo que no parece consultar los fines de la normatividad que regula los derechos de terceros […]. [S]i el pago de la retribución por el uso que los operadores de red realizan de activos de propiedad de terceros, obedece a un justo reconocimiento del derecho a la propiedad privada de estos últimos, es apenas lógico que exista correspondencia entre la magnitud del uso efectuado por el OR, confrontado con el tamaño de la red que no le pertenece, pues, lo contrario significaría […] que el particular resultara beneficiándose con los réditos de una infraestructura superior a su activo, es decir, de los costos de inversión efectuados por el Operador de Red, e inclusive, por otros terceros en distintos tramos. Las consideraciones anteriores son suficientes para que la Sala […] opte por acoger el primer argumento de refutación propuesto en el concepto técnico allegado por las demandadas, en el sentido que las operaciones no debieron efectuarse sobre la longitud completa del ramal, sino respecto del tramo de 4,2 kms., de propiedad del accionante. No obstante, dado que los peritos en su ampliación tuvieron en cuenta los 121 kms., para efectos de establecer el quantum de la remuneración y emitir una condena en concreto, avalada como quedó la metodología empleada por ellos, no queda otra opción que hacer una estimación proporcional de su resultado, de acuerdo con la extensión del activo en mención, que según quedó establecido corresponde al 3,47 por ciento del total de la red dispuesta para prestar el servicio a los "usuarios finales aguas abajo del usuario demandante", con la correspondiente indexación a la fecha del presente fallo."

Responsabilidad contractual de empresa prestadora del servicio de energía por perjuicios ocasionados por suspensión de fluido eléctrico. Las empresas prestadoras del servicio de energía están obligadas a suministrar el fluido eléctrico al suscriptor o usuario, pero no de cualquier manera, sino en forma continua y bajo los parámetros de eficiencia y calidad (art. 11.1 de la Ley 142 de 1994) deberes consustanciales al contrato de condiciones uniformes suscrito con los usuarios que son reiterados en el artículo 136 ibídem. El suscriptor o usuario también tiene deberes contractuales que atender correlativamente, como el de pagar a tiempo la factura liquidada con sujeción a las tarifas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG ), cuya desatención autoriza al prestador para suspender el fluido (art. 140 Ley 142 de 1994) o resolver el contrato y cortar el servicio si esa situación se extiende durante varios meses o en forma repetida (art. 141 ib.). Ello significa, sin duda, que la relación material que une a la empresa de energía y al usuario es contractual y de carácter bilateral, ya que ambas partes adquieren derechos y asumen correlativamente obligaciones, cuya infracción genera efectos jurídicos de variada índole, según se vio

La contradicción de la prueba pericial en el proceso de imposición de servidumbre pública de conducción de energía eléctrica. Acorde con el artículo 2.2.3.7.5.3 del Decreto 1073 de 2015, dicho proceso solo contempla la posibilidad de discutir un aspecto del conflicto: el monto de la indemnización a que haya lugar por la imposición de la servidumbre. Para ello, se dispuso que la entidad de derecho público incluyera en su demanda "el inventario de los daños que se causaren, con el estimativo de su valor realizado por la entidad interesada en forma explicada y discriminada, acompañado del acta elaborada al efecto, pudiendo el extremo convocado manifestar su desacuerdo con esa estimación dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda. Si ello ocurre, el funcionario que adelanta la causa designará dos peritos avaluadores (...) Como este dictamen se orienta a esclarecer el único tema en discusión, debe colegirse, necesariamente, que las partes están facultadas para controvertirlo, acudiendo, por remisión del artículo 2.2.3.7.5.5. del Decreto 1073 de 2015á, a la fórmula que consagra el precepto 228 del Código General del Proceso3 4, pues la reglamentación especial no disciplinó; ni siquiera tangencialmente, el ejercicio de la prerrogativa constitucional de contradicción probatoria. Ese silencio del estatuto especial, además, no puede entenderse como un impedimento para ejercer esa facultad (…) En definitiva, la Sala concluye que la efectiva realización del bien iusjundamental que consagra el canon 29 de la Carta Política impone, en este tipo de procesos, que el dictamen recaudado sea objeto de contradicción, la que debe sujetarse a lo dispuesto en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, o 228 del Código General del Proceso, según el caso, dada la inexistencia de regulaciones especiales al respecto

Recurso de revisión interpuesto por Empresa de Energía frente a la sentencia dentro del proceso abreviado que pretende la indemnización por la afectación abusiva del predio rural de propiedad del demandante, con una servidumbre "discontinua" de conducción de energía eléctrica de hecho. Para el 16 de octubre de 2008 cuando fue incoado el libelo en el asunto que ahora es materia de revisión, la jurisdicción de lo contencioso administrativo tenía competencia excepcional para adelantar los conflictos "relacionados con los actos jurídicos de las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios" en tres eventualidades a saber: i. "a condición de que guardaran relación con contratos en los cuales se hubiesen pactado cláusulas exorbitantes, o que la misma ley así lo dispusiera expresamente"; ii. "cuando los hechos debatidos tuvieran relación directa con el servicio prestado por la "entidad oficial"" y iii. "en aquellos eventos en los cuales se controvirtieran actos administrativos que se hayan dictado en desarrollo de la relación usuario-cliente", como se había delimitado en la precitada CSJ SC 28 abr. 2009. La aspiración era netamente indemnizatoria y derivada de actuaciones de hecho endilgadas a la demandada, razón por la cual no encajaba en alguna de las tres situaciones que habilitaran a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para atenderla, puesto que no obedecía a una reclamación frente a un contrato con "cláusulas exorbitantes", el relato factual acusaba el abuso de la empresa en la prestación del servicio de energía, alejándolo de una discordancia en el ejercicio legítimo de la misma, y eso último también redunda en la ausencia de algún acto administrativo susceptible de confrontación

Ubicación de las redes en andenes como espacio público. El ad quem consideró demostrado que las redes eléctricas y los postes se encuentran instalados en los andenes, y estos hacen parte del espacio público, por ser la realidad objetiva que se desprende de esos elementos de convicción, haciendo la salvedad pertinente que por espacio público no pueden considerarse única y exclusivamente los bienes de uso público o bienes de propiedad del estado sino que también debe tenerse en cuenta que alguna porción de bienes privados integran o son espacio público, en la medida que se encuentren destinados por su naturaleza o uso a la satisfacción de "nuestras necesidades humanas". Entonces, al manejar la categoría de espacio público que permite subsumir dentro de esta los bienes privados destinados a un servicio público, el sentenciador ponderó con apoyo en cita jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre la materia, los artículos 82 y 63 de la Constitución Nacional, que los particulares no pueden exigir el reconocimiento de derechos de propiedad con relación al espacio público, como quiera que se trata de un bien inalienable, imprescriptible e inembargable. La conclusión probatoria del ad quem en el sentido en que las zonas donde se encuentran las vías públicas, los andenes e incluso los postes e infraestructura eléctricas son espacio público y que por tal motivo, a su vez, correspondan a zonas de cesión obligatoria y gratuita, no constituye un error de índole contraevidente

Normativa aplicable a la reforma de la demanda en proceso de imposición de servidumbre de conducción de energía eléctrica. Por analogía y de conformidad con los principios del derecho procesal sobre la interpretación de las normas y la forma en que se han de llenar los vacíos y deficiencias legales, contenidos en los artículos 11 y 12 del Código General del Proceso, el plazo para "reformar la demanda" en el "proceso de imposición de servidumbre eléctrica", es el dispuesto en el artículo 29 de la Ley 56 de 1981, reiterado en el canon 2.2.3.7.5.3, numeral 5° del Decreto 1073 de 2015, esto es, vencidos "los cinco (5) días siguientes a la notificación [de los demandados] del auto admisorio de la demanda" y hasta antes de que se profiera el auto que decreta los "avalúos" que establece la citada normatividad. Y es que, precluida la mencionada oportunidad, es cuando quedan definidas las posturas jurídicas adoptadas por los extremos en contienda, es decir, se fija la acción y la excepción, se sabe si el querellado se opone a la tasación de perjuicios efectuada por el demandante y, atendiendo a ello, el Juzgado procede a decretar, según el "trámite especial de contradicción del estimativo de perjuicios", los dictámenes periciales pertinentes

Conflicto de competencia en proceso de servidumbre de gasoducto y tránsito. En el subéxamine, ambos extremos procesales se hallan integrados por personas jurídicas de las enlistadas en la regla 10 del artículo 28 del Código General el Proceso. En efecto, tanto Transportadora de Gas (…). como (…) son empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, y están beneficiadas, como lo ha clarificado la jurisprudencia, por el fuero previsto en dicha norma. Bajo esa línea de pensamiento, si se aplicare desprevenidamente la disposición consignada en el anotado numeral 10 del canon 28 del Estatuto Adjetivo, se llegaría a la conclusión de que son dos, paralelamente, los jueces llamados a gestionar la controversia. Así las cosas, la Sala estima que en asuntos como el subéxamine donde, iterase, están contrapuestas dos o más entidades de naturaleza pública o semipública, no es de aplicación lo consignado en el aludido precepto, porque en rigor de verdad nada dice acerca de ello, debiendo entonces, a fin de determinar la competencia por el factor territorial, acudirse a las reglas generales estatuidas en el artículo 28 del Estatuto Adjetivo. Puestas las cosas de esta manera, deviene palmario que la norma llamada a fijar la competencia en materia del territorio es la prevista en el numeral 7 del precepto 28, íbidem, que atribuye el conocimiento al juez del sitio de ubicación del inmueble materia de la servidumbre

Unificación de jurisprudencia sobre procesos de imposición de servidumbre de conducción eléctrica adelantados por empresas de servicios públicos domiciliarios. La colisión presentad a entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7 (real) y 10 (subjetivo) del artículo 28 del Código General del Proceso, debe solucionarse partir de la regla establecida en el canon 29 ibídem, razón por la que prima el último de los citados, Y las cosas no pueden ser de otra manera , porque la decisión sobre el foro para conocer de ciertos procesos está reservada , como garantía del debido proceso, al legislador, quien en el caso colombiano, además de establecer pautas específicas de competencia , ofreció una regla insoslayable para solucionar casos e n los cuales , factores de competencia o fueros dentro del factor territorial , llegaren a estar en contradicción. Es decir, que para la determinación de la competencia, no pueden entrar en juego razones de conveniencia, que vayan en contravía de los designios del legislador

Ejecución por obligaciones derivadas de la prestación del servicio de alumbrado público. Inicialmente es necesario precisar que mientras la prestación de servicios de energía eléctrica de carácter domiciliario está regulada por las disposiciones contenidas en la ley 142 de 1994; el suministro de energía con destino a alumbrado público se regula por las disposiciones contenidas en el decreto 2424 de 2006. Dicho servicio, de acuerdo con la misma disposición, si bien esta en cabeza del ente territorial respectivo, pues es esa autoridad la que principalmente está llamada a garantizar su prestación a la ciudadanía, en caso de que no cuente con la infraestructura necesaria para realizarlo directamente, podrá encomendar esa labor a un tercero, que bien puede ser una empresa de servicios públicos domiciliarios o cualquier prestador del servicio de alumbrado público. (Parágrafo del artículo 4 de la disposición estudiada). Así las cosas, teniendo en cuenta, como se advirtió inicialmente, que la ejecución de obligaciones provenientes de este tipo de servicios, solo se logra a través de títulos ejecutivos complejos, conformados por las facturas respectivas y los contratos pertinentes, necesario era que la electrificadora demandante a efectos de lograr el pago de los servicios de alumbrado público y semaforización, allegara el contrato a través del cual el municipio le encomendó la iluminación pública, lo que en el caso no sucedió

Caso fortuito o fuerza mayor, para que un hecho pueda considerarse constitutivo del fenómeno en mención debe estar revestido de dos características esenciales como son la imprevisibilidad y la irresistibilidad. Tiene lugar la primera cuando se trate de un acontecimiento "súbito, sorpresivo, excepcional o de rara ocurrencia", mientras que la segunda se tipifica cuando tal acontecer sea "inevitable, fatal, imposible de superar en sus consecuencias"