Los plazos previstos por el legislador para interponer recursos de reposición y apelación contra las decisiones de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y presentar reclamaciones contra la facturación previstos en los incisos 3 y 4 del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, no configuran una vulneración del principio de igualdad

INEXEQUIBLE el artículo 208 de la Ley 1753 de 2015, "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país", mediante el cual se modifica el numeral 81.2 y adiciona dos parágrafos al artículo 81 de la Ley 142 de 1994, por vulneración del principio de unidad de materia y carecer de conexidad directa e inmediata con los programas, metas y estrategias señalados en la Ley 1753de 2015. Adicionalmente, la Corte señaló que las normas con contenidos sancionatorios requieren de una deliberación democrática con un grado de trasparencia mayor que su nuda inserción aislada y coyuntural en el Plan Nacional de Desarrollo, pues la relación entre estas y el Plan es precaria e imperceptible. Las normas sancionatorias, por su naturaleza de ultima ratio e inmediata injerencia en el ámbito de la libre determinación humana -con mayor o menor rigor invasivo-, no pueden ser configuradas sin un estudio en el que se incluya la determinación de los elementos del tipo (sujetos, objetos de protección, conducta, etc.), ya que estos se erigen en exigencias estrictas, que en este caso no fueron previstas por el legislador y se delegaron en el ejecutivo \ La delegación al Gobierno Nacional para que reglamente las modalidades de graduación de las sanciones, es absoluta y permite que la potestad reglamentaria se ejerza de manera discrecional. Es decir, la norma demandada en este caso no estableció un marco general de graduación de las sanciones, limitándose a facultar en el Gobierno Nacional la emisión de una norma reglamentaria que estableciera las características puntuales de la graduación de tales sanciones.\ Por último, la Corte recordó que en sentencia C-957 de 2014, la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión "La repetición será obligatoria cuando se trate de servidores públicos, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución", prevista en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994. Dicha expresión fue replicada de manera idéntica por el Congreso en el artículo 208 de la Ley 1753 de 2015, sin que mediara ninguna explicación para restablecer un texto que ya había sido hallado contrario a la Constitución. El fundamento de la inexequibilidad no fue un vicio de procedimiento en la formación de la ley, sino su incompatibilidad con el artículo 90 de la Constitución

¿La norma demandada en cuanto ordena adelantar acción de repetición contra los funcionarios responsables, en los casos en que una empresa de servicios públicos domiciliarios fuere multada por la Superintendencia competente, resulta contrario al artículo 90 superior al extender la referida acción de repetición a supuestos distintos de los previstos en esa norma constitucional? Ciertamente el artículo 90 de la Constitución al cual ese texto remite, regula como supuesto del deber de repetición un evento muy específico, como es la previa atribución de una responsabilidad patrimonial a una entidad estatal como consecuencia de un daño antijurídico, causado por el dolo o culpa grave de un agente suyo, que es contra quien debe dirigirse la repetición. En tal medida, al estudiar las circunstancias en que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios puede imponer multas a sus vigilados, y las características de esta decisión, la Sala encontró que tal hipótesis no se encuadra dentro de los supuestos del artículo 90 superior, pues no concurre ninguno de los supuestos anotados, ya que la imposición de la multa no configura un caso de responsabilidad patrimonial ni genera per se un daño antijurídico, ni tampoco concurre necesariamente el elemento del dolo o la culpa grave que conforme a la referida norma constitucional es supuesto necesario del deber de repetición. Por estas razones la Corte declaró la inexequibilidad del aparte demandado. Ley 142 de 1994, "por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones"; Art. 81.2 (parcial) : INEXEQUIBLE

¿La competencia otorgada a las Comisiones de Regulación para adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la posición en el mercado de las respectivas empresas de servicios públicos domiciliarios, desconoce la cláusula de reserva de ley en lo relacionado con la restricción de libertades económicas, el principio democrático, el debido proceso, la igualdad y en general y si tal atribución excede la facultad de intervención del Estado para regular e intervenir los servicios públicos, en detrimento de los artículos 1, 2, 3, 4, 13, 29, 84, 93, 133, 150-21, 333, 334, 365, 367 y 370 de la Constitución? Si bien es cierto que la norma cuestionada no especifica qué posición o porcentaje de participación de una empresa en el mercado autoriza a las Comisiones de Regulación para imponer un trato diferencial, esto no implica desconocer la cláusula de reserva de ley, en tanto permite que sea un órgano especializado quien, de acuerdo con las condiciones dinámicas del mercado y las necesidades propias de cada sector, adopte los ajustes a que haya lugar, dentro del marco de competencias definido por la ley y teniendo en cuenta los hechos previamente comprobados. Desvirtuada la premisa principal en la que se funda la demanda -violación del principio de reserva de ley- las demás acusaciones pierden sustento de manera consecuencial. Ley 142 de 1994, "por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones"; Art. 74 (parcial) : Exequible

¿Autorizar a las entidades públicas para aportar bienes o derechos a las empresas de servicios públicos domiciliarios, implica el otorgamiento de subsidios a la demanda, es decir a todos los usuarios de estos servicios y por tanto desconoce los principios de solidaridad, igualdad y lo preceptuado en los artículos 376 y 368 de la Constitución, en cuanto los subsidios deben ser otorgados sólo para las personas de menores ingresos? ¿Constituyen tales aportes una suerte de auxilios o donaciones prohibidas por el artículo 355 de la Carta? La ponderación entre los principios de solidaridad y de igualdad, exige interpretar el artículo 368 de la Carta en el sentido según el cual la autorización de conceder subsidios solamente a los estratos bajos de la población no cobija aquellos supuestos de hecho en que por diversas razones económicas o de mercado sea menester que el Estado intervenga la economía asumiendo la construcción de obras de infraestructura o adquiriendo derechos necesarios para lograr la prestación eficiente y universal a todos los habitantes del territorio nacional. Si bien las empresas de servicios públicos domiciliarios reciben los bienes a título gratuito, en ningún caso pueden trasladar el valor de uso de los mismos a la tarifa que cobran a los usuarios, por lo cual en realidad no perciben ningún lucro en la operación. Ley 1151 de 2007; "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010"; Art. 143 inciso 1o. (Modifica el Num. 87.9 de la Ley 142 de 1994) : Exequible. SV - Vicio por unidad de materia y por trámite.

¿Del artículo 141 de la Ley 142 de 1994 ,que faculta a las empresas de servicios tener por resueltos los contratos por incumplimiento, según los términos del mismo artículo, se desprende el supuesto carácter definitivo del corte de servicios? Una vez satisfechas las condiciones señaladas en el mencionado precepto la empresa tiene que reestablecer el servicio. Ley 142 de 1994, "por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones"; Art. 141, incisos 1o. y 2o : Exequibles

¿Deben considerarse como sociedades de economía mixta, pertenecientes a la Rama Ejecutiva y a la estructura de la Administración, todas las empresas, particularmente, las de servicios públicos en las cuales haya cualquier porcentaje de capital público?, y por este hecho, ¿todos los trabajadores de estas sociedades, incluidos los miembros de sus juntas o consejos directivos, deben ser considerados servidores públicos y como tales sometidos al régimen general de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades correspondientes, contenido en el Decreto Ley 128 de 1976, sin importar el monto del capital estatal presente en dichas sociedades, de manera especial, cuando tales personas cumplen funciones públicas, aunque sea de manera transitoria?; por las mismas razones, ¿dicho régimen necesariamente debe ser aplicado sin excepción en todas las empresas de servicios públicos, sin atender el porcentaje de capital público presente en ellas? La sociedades de economía mixta y la estructura de la administración. El concepto de descentralización por servicios y su recepción en la Constitución Política. La pertenencia de las sociedades de economía mixta a la Rama Ejecutiva del poder público. La naturaleza jurídica de las Empresas de Servicios Públicos. El régimen jurídico de los servidores de las sociedades de economía mixta y de las empresas de servicios públicos. Decreto 128 de 1976, "por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las Juntas Directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de éstas"; Art. 1 (parcial). Ley 489 de 1998, "por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"; Arts. 68, y 102 (parciales). Ley 142 de 1994, "por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones". Art. 14 Num. 6 y 7 (parcial). : EXEQUIBLES

¿La inclusión de un cargo fijo en las tarifas de cobro de lo servicios públicos domiciliarios, vulnera los artículos 333, 334 y 366 de la Constitución, esto por cuanto traslada el costo de la actividad productiva al usuario sobreponiendo el interés del inversionista al del bien común; incumple con las finalidades del Estado Social de Derecho - Intervención económica a favor de las personas de escasos recursos; y además el cobro independiente del consumo genera mayores costos dejando en un plano inferior el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida? Los servicios públicos domiciliarios en relación con la libre competencia económica, la dirección general de la economía y las finalidades sociales del Estado. Ley 142 de 1994; Art. 90.2 - Exequible por el cargo analizado. Y Estarse a lo resuelto en la C-041-03

¿Al establecerse la posibilidad que las empresas oficiales, mixtas o privadas de servicios públicos domiciliarios estipulen en los contratos de condiciones uniformes, el derecho a favor de los usuarios y-o suscriptores de adquirir acciones o partes de interés social, así como el derecho a participar en los fondos de capitalización social de dichas empresas, desconoce los derechos constitucionales a la libertad contractual y de asociación? Ley 812 de 2003; Art. 131 (modifica el Art. 151 de la Ley 142 de 1994) - CONDICIONALMENTE exequible

¿Las competencias establecidas en el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, para que las Comisiones de Regulación de los servicios públicos domiciliarios resuelvan conflictos entre las empresas en torno de los contratos y servidumbres que existan entre ellas y acerca de quien debe servir a usuarios específicos o en qué regiones deben prestar sus servicios y la establecida en el artículo 74.3 - b, para que la CRT resuelva los conflictos que surjan entre operadores para garantizar los principios de libre y leal competencia en el sector y la eficiencia en el servicio, vulneran los principios de igualdad y del juez natural y el derecho de acceso a la administración de justicia?. Funciones de las Comisiones de Regulación de servicios públicos domiciliarios. Ley 142 de 1994; Art. 73 Num 8 y 9; y Art. 74.3 - b - Exequibles por los cargos examinados

¿Se violan los derechos de los usuarios de servicios públicos en relación a la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios (Art. 365 C.P) al otorgarles la facultad a las empresas prestadoras del servicio de cobrar servicios no facturados por error u omisión? Demanda de inconstitucionalidad contra el Art. 150 parcial de la Ley 142 de 1994

Facultades sancionatorias de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Demanda de inconstitucionalidad contra los Artículos 140 y 142 (parciales) de la Ley 142 de 1994. Fallo inhibitorio

Facultades de las comisiones de regulación para resolver conflictos. Demanda de inconstitucionalidad contra los Artículos 73 (parcial) y 74 (parcial) de la Ley 142 de 1994. Fallo inhibitorio

Las facturas y la democratización de la propiedad de las empresas - Subsidios a los estratos 1, 2 y 3 - Fortalecimiento del ejercicio de las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Demanda de inconstitucionalidad contra toda la Ley 812 de 2003 y, además, contra los artículos 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 y 136 de la Ley 812 de 2003

Las facturas y la democratización de la propiedad de las empresas. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 131 de la Ley 812 de 2003, modificatorio del Art. 151 de la Ley 142 de 1994

Regulación de las entidades que pueden prestar los servicios públicos domiciliarios. Demanda de inconstitucionalidad contra los Artículos 15 (parcial) y 17 (parcial) de la Ley 142 de 1994

Sistemas de información y contabilidad - Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 9º nl. 10 de la Ley 32 de 1979; 95 nls. 1 y 2 del Decreto 663 de 1993; 79.3 de la Ley 142 de 1994; 5º de la Ley 174 de 1994; 86 nl. 1 de la Ley 222 de 1995; 4º literales a), b), e), g), h) y l) (parciales) de la Ley 298 de 1996; 36 nl. 3 de la Ley 454 de 1998, y 38 de la Ley 510 de 1999

Ambito de aplicación de la figura del Silencio Administrativo Positivo, contenida en el Artículo 185 (sic, es 158) de la Ley 142 de 1994. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 123, parcial, del Decreto-ley 2150 de 1995

Normas acusadas: Los numerales 2.6, 2.7 y 2.9 del artículo 2, el numeral 3.9. (parcial) del artículo 3, los numerales 6.3. (parcial) y 6.4. (parcial) del artículo 6, el parágrafo y el numeral 9.4. del artículo 9, el numeral 11.8 (parcial) del artículo 11, los numeral 14.10 (parcial) y 14.11 del artículo 14, el artículo 16 (parcial), el artículo 18 (parcial), el artículo 20 (parcial), el artículo 21, el artículo 23 (parcial), el artículo 28 (parcial), el artículo 31 (parcial), el inciso segundo y los numerales 34.1 a 34.6. del artículo 34, el artículo 35 (parcial), el numeral 36.6 (parcial) del artículo 36, el artículo 37 (parcial), el numeral 39.4 (parcial) y el parágrafo del artículo 39, los parágrafos 1 y 2 del artículo 40, los numerales 44.1. (parcial), 44.2 (parcial) y 44.3 (parcial) del artículo 44, el artículo 45 (parcial), el artículo 48 (parcial), el artículo 52 (parcial), el artículo 66 (parcial), el numeral 67.1 (parcial) del artículo 67, el artículo 68 (parcial), el artículo 70 (parcial), el artículo 73, el artículo 74, el artículo 85 (parcial), el numeral 86.1. (parcial) del artículo 86, el inciso 1° (parcial), los numerales 87.1., 87.2. (parcial), 87.4., 87.7., 87.8. (parcial) y parágrafos 1° y 2° del artículo 87, el inciso primero (parcial) y los numerales 88.1., 88.2. y 88.3. del artículo 88, el inciso primero y los numerales 89.1 (parcial), 89.2. (parcial), 89.4 (parcial) y 89.5 (parcial) del artículo 89, el inciso primero y los numerales 90.1 (parcial), 90.2. (parcial) y 90.3 (parcial) del artículo 90, el artículo 92, el artículo 94 (parcial), el inciso tercero del artículo 96, el artículo 98, el artículo 124, el artículo 125, el artículo 126, el artículo 127, el inciso tercero del artículo 128, el inciso tercero del numeral 133.26 del artículo 133, el parágrafo del artículo 146, el artículo 160 (parcial), el numeral 162.2. (parcial) del artículo 162, el artículo 163 y el artículo 164 de la Ley 142 de 1994; el artículo 1° de la Ley 286 de 1996, el artículo 2° y el artículo 3° de la Ley 632 de 2000; y el parágrafo del artículo 18, el artículo 19 y el artículo 23 de la Ley 689 de 2001

Cargo fijo en las fórmulas tarifarias. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 90.2 de la Ley 142 de 1994

Cobro de deudas por facturas del servicio de energía eléctrica con destino al alumbrado público - Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 18 parcial de la Ley 689 de 2001, modificatorio del Artículo 130 de la Ley 142 de 1994

Solidaridad entre el propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio en las obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos - Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 18 (parcial) de la Ley 689 de 2001

Control fiscal en las empresas de servicios públicos domiciliarios con participación del Estado - Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5 de la Ley 689, por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994

Régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios - Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 87 (parcial), 88, 90, 96 (parcial), 109 (parcial), 125, 126, 127, 130 (parcial), 134, 138 (parcial), 141 (parcial), 144 (parcial), 147 (parcial), 152 (parcial) y 159 de la Ley 142 de 1994

Control fiscal en las empresas de servicios públicos domiciliarios con participación del Estado. Auditoría externa - Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 5º y 6º (parciales) de la Ley 689 de 2001

Empresas de servicios públicos. Cobro de cargo por concepto de reconexión y reinstalación. Aplicación de intereses de mora. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 96 (parcial) de la Ley 142 de 1994

Declara la conformidad del Proyecto de Ley No. 234-00 Senado; 038-98, 065-98 y 081-98 (acumulados) Cámara, "por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994", con lo ordenado en la parte resolutiva de la Sentencia C-087 de 2001

Empresas de servicios públicos domiciliarios; función administrativa por particulares; contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios, presentación de peticiones, quejas y recursos; contrato de condiciones uniformes, partes

Análisis de objeciones presidenciales al Proyecto de Ley No. 234-00 Senado; 038-98, 065-98 y 081-98 (acumulados) Cámara, "por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994"

Comisiones de Regulación, Funciones - Contrato de servicios públicos

Servicios públicos esenciales - Huelga - Improcedencia

Propietario, usuario, suscriptor, responsables solidarios del contrato

Reclamos, término para responderlos

Telefonía larga distancia, requisitos operadores

Administración y control de eficiencia SSPPDD

Contratos concesión uso recursos naturales

Solidaridad en obligaciones y derechos

Conflicto de intereses

Autonomía de entidades territoriales

Tasas y contribuciones - Régimen tarifario

Administración de justicia - Arbibramento

Régimen jurídico de actos y contratos

Control disciplinario

Régimen jurídico servicios públicos

Silencio Administrativo Positivo

Régimen laboral de los trabajadores

Diferenciación de regímenes laborales

Competencia para la regulación

Régimen jurídico aplicable a empleados

Participación ciudadana

Estado social de derecho

Equidad tributaria - Exención

Tribunales administrativos - Competencia

Control fiscal