CONCEPTO 100 DE 2014

(abril)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG

Bogotá,

XXXXXXXXXXXXXXX

Asunto: Su comunicación Radicado CREG TL-2014-00100

Respetado XXXXX:

Hemos recibido la comunicación del asunto, mediante la cual realiza la siguiente consulta:

“Habito una propiedad rural a 2 km del municipio de Pamplonita (N. de S.) Hace 2 meses empezaron a cobrarme en el recibo de la luz (CENS Centrales eléctricas del N. de S.) el impuesto de alumbrado público, sin disfrutar absolutamente de el, ya que como les dije es una propiedad rural y no hay ningún poste de alumbrado público en kilometros a la redonda, entre otras cosas porque nunca lo ha habido y no es necesario... Al hacer la reclamación en CENS me dicen que esto depende del municipio, he presentado la queja en Pamplonita solicitando que me exhiman de este cobro toda vez que no lo disfruto y me han respondido que eso lo aprobó el concejo municipal y debo pagarlo...

Pregunta: Es correcto, licito y legal que se me cobre este tributo sin ser beneficiario de el? Es realmente potestad del concejo municipal imponer este tributo así no se reciba el beneficio? De no ser así que debo hacer para que no se me cobre mas y se me reintegre el valor de lo cobrado? Puedo aspirar a ello? Favor su respuesta”.

Debido a que su comunicación contiene inquietudes que aplican a una situación particular es importante precisar que, en desarrollo de la función de absolver consultas, la CREG no puede resolver casos particulares o concretos, pues ello corresponde a las autoridades competentes mediante los procedimientos de rigor y, en tal virtud, tanto las preguntas como las respuestas deben darse o entenderse en forma genérica, de tal manera que puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares.

Ahora bien, respecto al tema de su consulta debe decirse que la CREG no tiene competencia para examinar la legalidad o no del cobro de un tributo como el del alumbrado público en la zona rural de un municipio, pues esto es del resorte exclusivo de las autoridades territorial responsables de la prestación de ese servicio, a las autoridades de control y vigilancia o a las autoridades judiciales.

El Decreto 2424 de 2006 “Por el cual se regula la prestación del servicio de alumbrado público” establece en relación con la prestación de ese servicio, lo siguiente:

“Artículo 4o. Prestación del Servicio. Los municipios o distritos son los responsables de la prestación del servicio de alumbrado público. El municipio o distrito lo podrá prestar directa o indirectamente, a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado público

Parágrafo: Los Municipios tienen la obligación de incluir es sus presupuestos los costos de la prestación del servicio de alumbrado público y los ingresos por impuesto de alumbrado público en caso de que se establezca como mecanismo de financiación..”

La norma establece que el municipio es el responsable por la prestación del servicio de alumbrado público y que el mismo podrá prestarse directa o indirectamente, a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado público.

Así mismo permite que el impuesto de alumbrado público sea creado como un mecanismo de financiación del servicio. En la medida en que se trata de un tributo de carácter territorial son lo concejos municipales los órganos competentes para aprobar el mismo, según lo dispuesto en las leyes 97 y 84 de 1913 y 1915 respectivamente.

Para tener claridad sobre los sujetos pasivos del respectivo impuesto así como los elementos del mismo y las razones por las cuales se le cobra dicho tributo, le sugerimos revisar el acuerdo municipal mediante el cual se aprobó el impuesto al alumbrado público objeto de su consulta.

En lo que respecta a la prestación del servicio el Decreto 2424 de 2006 designa como autoridades de vigilancia y control las siguientes:

“Artículo 12. Control, inspección y vigilancia. Para efectos de la prestación del servicio de alumbrado público se ejercerán las funciones de control, inspección y vigilancia, teniendo en cuenta las siguientes instancias:

1. Control Fiscal. La Contraloría General de la República, de conformidad con la normatividad constitucional y legal vigente, ejercerá control fiscal permanente sobre los municipios o distritos, en cuanto a la relación contractual con los prestadores del servicio y con los interventores.

2. Control a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), ejercerá el control y vigilancia sobre las personas prestadoras de Servicios Públicos en los términos establecidos en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994.

3. Control Técnico. Las interventorías de los contratos de prestación de servicio de alumbrado público además de las obligaciones contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ejercerán un control técnico con sujeción a la normatividad que expida para esos fines el Ministerio de Minas y Energía.

4. Control Social. Para efectos de ejercer el control social establecido en el artículo 62 de la Ley 142 de 1994 los contribuyentes y usuarios del servicio de alumbrado público podrán solicitar información a los prestadores del mismo, a la Contraloría General de la República y a la interventoría. Los municipios o distritos definirán la instancia de control ante la cual se interpongan y tramiten las peticiones, quejas y reclamos de los contribuyentes y usuarios por la prestación del servicio de alumbrado público.”

Por lo tanto, en el evento de considerar irregularidades en la prestación de dicho servicio tales situaciones deben ponerse en conocimiento de las autoridades antes descritas.

A manera informativa, esta comisión de regulación entiende que el marco legal y regulatorio para la prestación del servicio de alumbrado público está definido por las siguientes normas, sin limitarse a ellas:

LEYES

DECRETOS

RESOLUCIONES MME

DESARROLLO REGULATORIO

En los anteriores términos y de conformidad con el alcance establecido en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo damos por atendida su consulta.

Cordialmente,

CARLOS FERNANDO ERASO CALERO

Director Ejecutivo