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Resolución
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2003
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CREG064-2003
Texto del documento
RESOLUCIÓN No.064
( 9 JUL. 2003 )
Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa presentada por Interconexión Eléctrica S.A.
Sobre el Mismo Tema Ver: Resolución CREG 046-00
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994 y de acuerdo con los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y,
C O N S I D E R A N D O:
1. Antecedentes.
Mediante la Resolución CREG-126 de 1998, Artículo 5, la CREG dispuso que, antes de terminar la vigencia de los cargos por uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN, evaluaría
“la ejecución del plan de expansión de transmisión previsto para el período 1997-1999, con el fin de efectuar los ajustes de ingresos que sean del caso, previo al inicio del nuevo período regulatorio del Sistema de Transmisión Nacional”.
Tal como lo previó en la mencionada norma, la CREG evaluó la ejecución del plan de expansión de transmisión que se había previsto para el período 1997-1999, y con base en el resultado estableció, mediante la Resolución CREG-095 de 1999, el “Ajuste Neto” aplicable a las empresas que prestan el Servicio de Transporte de Energía Eléctrica en el Sistema de Transmisión Nacional - STN.
Una vez en firme el “Ajuste Neto” establecido en la Resolución CREG-095 de 1999, mediante la Resolución CREG-042 de 2000, la Comisión dispuso que el
“Liquidador y Administrador de Cuentas del Sistema de Transmisión Nacional – LAC, deberá recalcular los porcentajes de participación en el ingreso de los agentes transportadores para los años 1997, 1998, y 1999, considerando en la red mínima los activos pertenecientes al STN que entraron en operación comercial antes del 31 de diciembre de los años respectivos. Con base en estos nuevos porcentajes, el LAC deberá reliquidar la distribución de los ingresos causados que le corresponden a cada agente en cada uno de los años anteriores”.
Posteriormente, mediante Resolución CREG-086 de 2002, se aclaró que
“el recálculo de los porcentajes de distribución de ingresos, ordenado en el Artículo 1o. de la Resolución CREG-046 de 2000, tiene como único fin determinar el impacto por la ejecución del Plan de Expansión en el período 1997-1999, para hacer los ajustes que resulten de esta ejecución. Por tal razón, para medir dicho impacto, el Liquidador y Administrador de Cuentas del STN (LAC) utilizará una misma metodología en cada uno de los años a evaluar, y tendrá en cuenta el ajuste neto efectuado mediante la Resolución CREG-095 de 1999”.
2. La solicitud de revocatoria.
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., obrando a través de apoderada, solicitó la revocatoria de la Resolución CREG-046 de 2000, con fundamento en los artículos 5 y 69 del Código Contencioso Administrativo.
En síntesis, la solicitante señala que la Resolución CREG-046 de 2000 se debe revocar porque las siguientes razones:
“La Resolución 046 de 2000 proferida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, por tener efectos retroactivos respecto de situaciones jurídicas ya extinguidas, desconocer la regulación general aplicable para el período 1997-1999, contenida en las resoluciones CREG-001 y 002 de 1994, al ordenar recalcular los porcentajes para los periodos de 1997, 1998 y 1999, y cambiar las situaciones ya consolidadas, cumplidas y agotadas, es violatoria de las normas en que ha debido fundarse y por lo tanto
debe
ser revocada por la misma autoridad que la profirió de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 69 del Numeral 1º del Código Contencioso Administrativo”.
La solicitud presentada por la EEB era totalmente improcedente y extemporánea por cuanto las Resoluciones mencionadas ya estaban ejecutadas y además, a la interesada ya se le había resuelto el cuestionamiento por medio del oficio CREG No. 0844 del 21 de mayo de 1999, donde se le informó que su petición se le atendería con la ejecución del ajuste ordenado por la Resolución CREG-126 de 1998, el cual fue ejecutado mediante la Resolución CREG-095 de 1999. No es jurídicamente posible que una vez agotada la vía gubernativa contra un acto administrativo, lo que implica que ha quedado en firme de conformidad con lo que dispone el Código Contencioso Administrativo en su Artículo 62 Numeral 2º, según el cual los actos administrativos quedan en firme
‘cuando los recursos interpuestos se han decidido’,
pueda indefinidamente seguirse cuestionando una misma decisión de la administración”.
(Las negrillas son del texto original)
.
Para fundamentar las anteriores razones, la solicitante presenta, en síntesis, las consideraciones que a continuación se analizan.
2.1 En relación con la supuesta violación de las normas en que ha debido fundarse, por cambiar las situaciones ya consolidadas, cumplidas y agotadas.
Sobre este punto, expone la solicitante:
a) “Antecedentes del acto cuya revocatoria se solicita”.
Las normas sobre liquidación y administración de las cuentas originadas por los cargos por uso del STN, así como la metodología, el régimen de los cargos por conexión y uso y el procedimiento para su pago están contenidas en las Resolución 001 y 002 de 1994, y 012 de 1995 expedidas por la CREG.
Según la metodología establecida en estas Resoluciones, la distribución de los ingresos por concepto de cargos por uso se calculaba asociando a cada empresa un porcentaje equivalente a la participación que tenía en la red mínima remunerada. A su vez, la red mínima “
estaba determinada en función de tres elementos fundamentales, a saber: demanda, generación y
red de transmisión
”. Y q
ue, adicionalmente, de acuerdo con esta metodología general, la revisión de los porcentajes de participación de ingresos entre los transportadores del STN, se debía efectuar únicamente en septiembre de cada año. (Destacamos)
Señala que los porcentajes de distribución del ingreso entre los transportadores del STN, fueron revisados y establecidos para los años 1996, 1997, 1998 y 1999, respectivamente, mediante las Resoluciones CREG 066 de 1995, 008 de 1997, 233 de 1997 y 126 de 1998, actos que quedaron en firme oportunamente, bien, porque no fueron objeto de recursos, o porque los interpuestos fueron decididos por la Comisión.
Agrega que, posteriormente, mediante la Resolución CREG-004 de 1999, se estableció la nueva metodología para determinar el ingreso regulado por concepto del Uso del STN, que entraría a regir a partir del 1º. de enero de 2000. Enfatiza que
“sólo a partir de la Resolución CREG-094 de 1999, y con aplicación desde el año 2000, se introduce la metodología de red real para la definición del ingreso regulado por los transportadores.
(Negrillas del texto original). Es sólo esta metodología de red real la que establece que los ingresos se perciben únicamente a partir de la entrada en operación de los proyectos, siendo conceptualmente diferente a la metodología de red mínima, que tuvo aplicación hasta el 31 de diciembre de 1999, y en la que para determinar los porcentajes de participación de ingresos,
sólo existía referencia explícita a la red prevista para el año de simulación
, sin existir condicionamiento alguno con respecto a la fecha real de entrada en operación de los proyectos de transmisión”. (Destacamos).
Señala que el ajuste ordenado mediante la Resolución CREG-126 de 1998, se cumplió con la Resolución CREG-095 de 1999, la cual quedó ejecutoriada antes de que se expidiera la Resolución CREG-046 de 2000.
b) “Fundamentos de la solicitud de Revocación de la Resolución CREG-046 de 2000”.
Recalca la solicitante, que las funciones que corresponde cumplir a la CREG, de acuerdo con la legislación positiva y la jurisprudencia nacional, provienen de delegación presidencial, o bien de asignación directa de la ley, tal como se ha precisado en las sentencias C-066 de 1997, C-272 de 1998 y C-1162 de 2000 de la Corte Constitucional. Que, en todo caso, por mandato del artículo 370 de la Constitución Política, el ejercicio de tales funciones debe cumplirse
“con sujeción a la ley”
y enfatiza que, de acuerdo con esta última sentencia, “los actos de regulación de las comisiones están en un todo sujetos a la ley, a los decretos reglamentarios que expida el Presidente y a las políticas que fije el Gobierno Nacional en la respectiva área...”, lo cual, en su opinión, “no es nada diferente de una consecuencia del sometimiento del Estado al derecho que consagra la Constitución Nacional (sic) en sus artículos 1º y 3º”.
Agrega que la CREG en ejercicio de sus funciones, tales como la de definir la metodología para el cálculo de las tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas, puede expedir actos de carácter general, pero que sin embargo, de acuerdo con el principio de legalidad, los actos de contenido particular que expida, cuyos efectos sean crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas subjetivas y concretas,
“deben estar ajustados a la ley, a los reglamentos y a los actos de carácter general proferidos por la misma CREG”.
A partir de esta premisa, afirma que las Resoluciones CREG-001 y 002 de 1994, son actos de carácter general, en tanto contienen “la regulación general” aplicable en materia de metodología para el cálculo y aplicación de los cargos por uso del STN. Agrega que según esta metodología general, vigente hasta el 31 de diciembre de 1999, la fecha para revisar los porcentajes de participación en el ingreso del STN era el mes de septiembre de cada año.
Agrega que en aplicación de la mencionada metodología, la CREG efectivamente expidió las resoluciones 008 de 1997, 233 de 1997, y 126 de 1998, mediante las cuales estableció los porcentajes de participación en el ingreso a cada una de las empresas transportadoras, para el periodo 1997-1999, resoluciones que tienen la naturaleza de actos particulares, debidamente ejecutoriados, los cuales,
“se extinguieron, por cuanto ya se cumplieron los efectos jurídicos buscados con su expedición, y como consecuencia desaparecieron del mundo jurídico, lo que hace imposible su modificación posterior”.
De acuerdo con lo anterior, concluye que la Resolución CREG-046 de 2000 desconoce las Resoluciones 001 y 002 de 1994, por las siguientes razones:
·
“Ordena el recálculo completo de los porcentajes de participación en el ingreso para el período de 1997-1999, ya extinguido, lo cual nunca estuvo contemplado en la metodología, dado que la única revisión establecida era aquella que se realizaba anualmente en el mes de Septiembre, lo cual se cumplió al expedir las resoluciones que fijaron los porcentajes de distribución de ingreso aplicables para cada año”.
·
“Involucra el concepto de red real (revisión de la fecha real de entrada en operación de los proyectos) sobre la definición de la metodología de red mínima proyectada (con información prevista de generación, demanda y red de transmisión), que era el criterio aplicable en el periodo 1997-1999”.
·
“Incumple con el precepto de correspondencia entre los cargos por uso del STN y los porcentajes de participación en el ingreso, dado que solo se ordena el recálculo de los porcentajes de participación y no de los cargos por uso”.
En relación con esto último, afirma que “la consideración del año real de entrada en operación de los proyecto de transmisión, para determinar una red mínima y recalcular los porcentajes de distribución de ingresos (...) lleva a la determinación de una red mínima diferente a la que se utilizó para calcular los cargos por uso del Sistema de Transmisión Nacional, y ya no existiría la correspondencia que asegura la Resolución CREG-002 de 1994...”. En adición, manifiesta la solicitante, que para mantener la mencionada “correspondencia”, la CREG estaría en la obligación de revisar los cargos por uso del STN a generadores y comercializadores para los años 1997, 1998 y 1999, y los cargos a generadores para los años 2000 y 2001, de lo contrario se violaría el principio de igualdad, en la medida en que se le estaría cobrando unos cargos por el uso de unos activos que no existieron en servicio en la respectiva anualidad.
Con fundamento en lo anterior, la solicitante concluye que la Resolución CREG-046 de 2000 tiene efectos retroactivos “respecto de situaciones jurídicas ya extinguidas”, y viola las resoluciones 001 y 002 de 1994, actos de carácter general.
2.2 Sobre los cuestionamientos relacionados con la improcedencia y extemporaneidad de la solicitud presentada por la EEB.
Manifiesta la solicitante que una de las razones que motivan la decisión contenida en la Resolución CREG-046 de 2000, fue la solicitud presentada por la Empresa de Energía de Bogotá, a través de comunicación No. 14130 del 11 de marzo de 1999, sobre el recálculo de los porcentajes de participación.
Que dado que tal solicitud se presentó después de vencido el término previsto en el artículo 51 del C.C.A, para recurrir la Resolución CREG-233 de 1997, era extemporánea e improcedente, razón por la cual se desconoció “también el procedimiento administrativo previsto en el Código Contencioso Administrativo para la resolución de recursos contra actos administrativos, al pronunciarse respecto de una solicitud extemporánea y decidir un recurso improcedente”.
3. Análisis de los fundamentos de la solicitud
A continuación se analizan las razones en que está fundada la solicitud de revocatoria presentada por ISA, a través de apoderado, en el mismo orden en que fueron reseñadas.
3.1. Sobre las razones en se que fundamenta la supuesta violación de las normas en que ha debido fundarse, por cambiar situaciones ya consolidadas, cumplidas y agotadas.
Para resolver este punto, de acuerdo con los planteamientos de la solicitante, se considera necesario establecer: i) si la Resolución CREG-046 de 2000 ordenó aplicar de manera retroactiva la metodología de “red real” establecida mediante la Resolución CREG-004 de 1999; y ii) si los porcentajes de participación en el ingreso establecidos para los años 1997, 1998 y 1999 son jurídicamente inmodificables, como se afirma en la solicitud.
a) La Resolución CREG-046 de 2000 no ordenó establecer ajustes con base en una metodología distinta de la denominada de “red mínima”, como lo afirma la solicitante. Por el contrario, la mencionada Resolución de manera expresa ordenó que el ajuste se haga “considerando en la red mínima los activos pertenecientes al STN que entraron en operación comercial antes del 31 de diciembre de los años respectivos”.
El primer cuestionamiento se contrae, según la solicitud, a que la metodología contenida en la Resolución CREG-002 de 1994 no condicionaba el derecho a percibir ingresos al hecho de que los respectivos activos entraran en operación. Que este condicionamiento solamente fue establecido con posterioridad, mediante la Resolución CREG-004 de 1999, para ser aplicado a partir del año 2000, y que hace parte de una metodología de “red real”, distinta de la denominada de “red mínima”.
Concluye la solicitante que, por tanto, considerar la entrada en operación de los proyectos de transmisión para efectos de determinar la participación en la red mínima y, en consecuencia, los porcentajes de participación en el ingreso del STN, equivale a aplicar de manera retroactiva la Resolución CREG-004 de 1999.
Al respecto se considera:
El artículo 1o, de la Resolución CREG-046 de 2000, de manera expresa dispuso:
“El Liquidador y Administrador de Cuentas del Sistema de Transmisión Nacional – LAC, deberá recalcular los porcentajes de participación en el ingreso de los agentes transportadores para los años 1997, 1998, y 1999,
considerando en la red mínima los activos pertenecientes al STN que entraron en operación comercial antes del 31 de diciembre de los años respectivos.
Con base en estos nuevos porcentajes, el LAC deberá reliquidar la distribución de los ingresos causados que le corresponden a cada agente en cada uno de los años anteriores”.
(Hemos subrayado).
No queda duda de que, según esta norma, el recálculo se debe efectuar aplicando la metodología de red mínima. Es decir, se concluye que la mencionada Resolución expresamente ordena dar aplicación a la metodología de red mínima y no a la metodología de “red real” definida en la Resolución CREG-004 de 1999, por lo que, de esta primera aproximación se concluye que es infundada la afirmación de la solicitante en el sentido de que la Resolución CREG-046 de 2000 haya ordenado aplicar, retroactivamente, la metodología de “red real” contenida en resolución CREG-004 de 1999.
Corresponde ahora, determinar si el hecho de que se haya ordenado considerar en el mencionado recálculo, los activos que entraron en operación comercial antes del 31 de diciembre de los años respectivos, desvirtúa la aplicación de la metodología de red mínima y si equivale implícitamente a aplicar la metodología de “red real” establecida en la Resolución CREG-004 de 1999.
De acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG-002 de 1994, Anexo 1, “la metodología para el cálculo de cargos por uso del sistema de transmisión nacional se basa en la estimación de los costos que los usuarios le imponen a la red en períodos de máxima exigencia, calculados a partir de los costos de inversión, operación y mantenimiento
de la red mínima capaz de manejar los flujos máximos que se ocasionan en tales períodos
”. (Subrayamos).
Según el aparte normativo trascrito, se concluye que, en esencia, la red mínima es aquella red de transporte que soporta los flujos máximos que se presentan con los cinco escenarios establecidos en la metodología. Vale decir, la red mínima no es concepto abstracto, como lo pretende la solicitante, sino que está asociada con la red existente en una fecha determinada, con la cual se corre un modelo para efectos de determinar cuál es su “cargabilidad”, esto es, cuál es la carga que soporta cada una de las líneas que conforman dicha red, en cada uno de los escenarios de exigencia definidos regulatoriamente.
Si bien, la metodología no condiciona, de manera expresa, la percepción de ingresos a partir de la entrada en operación de los proyectos, desde ya se deja en claro que la metodología de red mínima supone que las líneas que conforman la red se encuentran en operación, para poderles asignar cargas eléctricas, pues precisamente esta característica, es decir, el flujo máximo que pueda soportar es lo que determina que hagan parte o no de la red mínima. Por tanto, resulta forzoso concluir que un presupuesto esencial de la metodología de red mínima es que las respectivas líneas se encuentren en operación, pues de lo contrario no se podría determinar respecto de ellas, cuál es el flujo máximo que soportan y, por tanto, la carga de las mismas.
Por otro lado, según la metodología contenida en las Resoluciones 001 y 002 de 1994, los cargos se debían calcular el mes de septiembre y regían para el año siguiente, esto es, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año siguiente, entre otros criterios, con base en una determinada red mínima. Esto permite concluir que la fecha más tardía que se consideraba para efectos de la entrada en operación de las respectivas líneas era la correspondiente al fin de periodo de cálculo, esto es, el 31 de diciembre de cada año.
En efecto, según la metodología vigente, en el cálculo de la red mínima se tenían en cuenta no solamente las líneas existentes en septiembre de cada año, sino también todos aquellos proyectos que entraban en operación antes del 31 de diciembre del año siguiente, reportados por las empresas transportadoras. Por supuesto, la inclusión o no de un determinado proyecto en el modelo, de acuerdo con lo reportado por cada transportador, afectaba la configuración de la red mínima.
Según lo anterior, se concluye que considerar los activos que se encontraran en operación en una fecha determinada, no es una característica ajena a la metodología de “red mínima”, como lo pretende la solicitante, sino que, por el contrario, es de la esencia de dicha metodología, en tanto que en su aplicación se da por cierta la existencia en operación de cada una de las líneas de la red que soportan los flujos máximos en cada uno de los escenarios de exigencia y, a su vez, esto es lo que permite determinar cuáles líneas del Sistema Nacional de Transmisión hacían parte de la red mínima.
Lo anterior desvirtúa las acusaciones de la solicitante en el sentido de que al disponer la Resolución CREG-046 de 2000, que en la red mínima se consideren los proyectos que entraron en operación comercial antes del 31 de diciembre del respectivo año, se está dando aplicación retroactiva de una Resolución distinta de la CREG-002 de 1994, esto es, la CREG-004 de 1999, pues como se ha podido establecer, la metodología de red mínima contenida en la misma Resolución CREG-002 de 1994 parte del supuesto de que las líneas que la integran están en operación.
Las anteriores razones son suficientes para desestimar la acusación de violación de normas generales, en que se fundamenta la solicitud de revocatoria. No obstante, se precisa, adicionalmente, que el hecho de que en la Resolución CREG-004 de 1999 se haya previsto que los proyectos de expansión del Sistema de Transmisión Nacional se remuneran a partir de su entrada en operación, no significa que en el recálculo ordenado en la Resolución CREG-046 de 2000 se de aplicación a la metodología aprobada en esta Resolución.
En efecto, mediante la Resolución CREG-004 de 1999 se estableció una nueva metodología para la remuneración del Sistema de Transmisión Nacional, la cual, en esencia, establece que la inversión existente será remunerada de acuerdo con las unidades constructivas de cada transportador; y que la expansión se hará por parte de los inversionistas que resulten seleccionados en las respectivas convocatorias, a quienes se les remunerará su inversión de acuerdo con la propuesta que haya presentado el inversionista elegido. Entendemos que esta metodología es la que la solicitante denomina como de “red real”, para concluir que, por el solo hecho de haber ordenado, la Resolución CREG-046 de 2000, considerar en la red mínima los proyectos que entraron en operación antes del 31 de diciembre de cada año, se está dando aplicación a una metodología distinta, esto es, la de “red real” contenida en la Resolución CREG-004 de 1999.
Sobre este punto enfatizamos que el solo hecho de considerar en la red mínima la fecha de entrada en operación de los activos, no la convierte en una metodología distinta, como de “red real”, según voces de la solicitante. No puede ser así, en primer lugar porque, como ya se dejó establecido, es de la esencia de la metodología de red mínima que las líneas que se incluyen en el modelo existan y que se encuentren en operación, precisamente porque esta condición es lo que permite establecer, en las respectivas simulaciones, los flujos máximos que soportan ante las exigencias en cada uno de los escenarios. Si no estuvieran en operación en el periodo de simulación, obvio es que no podrían soportar flujo alguno de energía.
En segundo lugar, una de las diferencias fundamentales entre la metodología contenida en la Resolución CREG-002 de 1994, y la aprobada mediante la Resolución CREG-004 de 1999, es que esta última, que la solicitante llama de “red real”, no se basa en el concepto de red mínima, es decir, la remuneración no depende de la participación que tenga en la red mínima sino de las unidades constructivas que posea cada empresa.
Pretender que la Resolución CREG-046 de 2000 está ordenando aplicar de manera retroactiva la Resolución CREG-004 de 1999, como lo hace la solicitante, equivale a concluir que para efectos del recálculo no se debe aplicar el concepto de red mínima, conclusión que no se aviene con lo dispuesto en el acto cuya revocatoria se solicita.
b) Los porcentajes de participación en el ingreso establecidos para los años 1997, 1998 y 1999 jurídicamente no son inmodificables, como se afirma en la solicitud.
Según la solicitud, el cuestionamiento relacionado con este punto se contrae a que, en opinión de la solicitante, las resoluciones mediante las cuales se calcularon los porcentajes de distribución del ingreso entre los transportadores, tienen la naturaleza de actos particulares, debidamente ejecutoriados, los cuales, “se extinguieron, por cuanto ya se cumplieron los efectos jurídicos buscados con su expedición, y como consecuencia desaparecieron del mundo jurídico, lo que hace imposible su modificación posterior”.
Al respecto se considera:
Como se dejó establecido en el punto anterior, según la metodología contenida en la Resolución CREG-002 de 1994, en la determinación anual de la red mínima se incluían tanto los activos existentes que estuvieran en operación en el mes de septiembre, como los que entrarían en operación antes del 31 de diciembre del año siguiente, según el reporte de cada transportador.
Igualmente se explicó cómo, según la mencionada metodología, a los proyectos de expansión reportados por los transportadores para entrar en vigencia antes del 31 de diciembre del año siguiente, en las respectivas simulaciones efectivamente se le asignaban cargas eléctricas correspondientes a los flujos máximos que soportaban en los escenarios de exigencia definidos regulatoriamente; y que, precisamente, el hecho de soportar una determinada carga eléctrica era el factor determinante para que hiciera parte de la red mínima.
En adición, debe recordarse que la Resolución CREG-002 de 1994 de manera expresa estableció que
“la distribución de los ingresos que se causen por concepto de cargos por uso se calcula asociando a cada empresa las partes de la red mínima que remunera la metodología antes descrita”.
Es decir que la distribución del ingreso entre los transportadores no se hacía teniendo en cuenta el porcentaje de participación en los activos del sistema, sino la participación que cada empresa tuviera en la red mínima.
Según lo anterior, no cabe duda que los porcentajes de participación en el ingreso, en tanto dependían de la participación que cada transportador tuviera en la red mínima, estaban sujetos a que los proyectos incluidos como existentes en la red mínima, efectivamente entraran en operación. Así las cosas, un proyecto simplemente reportado por la empresa, hacía que su participación en la red mínima pudiera aumentar, haciendo disminuir los porcentajes de otros transportadores. Pero si efectivamente, dicho proyecto no entró en operación en el periodo previsto, el mayor porcentaje derivado del proyecto no puesto en operación oportunamente, le permitió al respectivo transportador obtener un mayor ingreso en el correspondiente periodo, sin justificación.
Permitir que los transportadores se apropien de mayores ingresos, como consecuencia de un mayor porcentaje de participación en el ingreso establecido por una mayor participación en la red mínima, obtenida mediante el reporte de proyectos que no entraron en operación en el respectivo periodo, no sería otra cosa que amparar un enriquecimiento sin causa en detrimento de los demás transportadores, y contrario a los postulados de eficiencia económica y suficiencia financiera previstos en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994.
En adición, desde el punto de vista jurídico se concluye que los actos administrativos mediante los cuales se definieron los porcentajes de distribución del ingreso entre los transportadores, tienen como supuesto de hecho que los proyectos reportados por las empresas e incluidos en la red mínima, efectivamente entrarían en operación. Si estos fundamentos de hecho desaparecen, porque no se cumplieron durante el periodo en el cual se debieron producir, según el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, no se puede predicar la obligatoriedad o la fuerza ejecutoria de tales actos.
Según lo anterior, si los proyectos reportados por los transportadores como existentes al 31 de diciembre de cada año, que otorgaron una mayor participación a los transportadores en la red mínima, y por ende en la distribución del ingreso, efectivamente no entraron en operación, se debe concluir que los supuestos de hecho en que se fundamentaron los respectivos actos administrativos que definieron los porcentajes, no se cumplieron.
Por estas razones se considera que no pueden los transportadores prevalerse de la simple situación de haber quedado en firme los actos que acogieron los proyectos reportados y no ejecutados, pues es claro que, por una parte, los supuestos de hecho que amparaban la fuerza ejecutoria del acto no se cumplieron, y que, por otra parte, no es posible jurídicamente permitir el enriquecimiento sin causa de unos transportadores en detrimento de los demás.
En conclusión, no puede pretenderse la existencia de una situación jurídica consolidada a partir del incumplimiento de los fundamentos de hecho que soportan el respectivo acto administrativo. En otras palabras, si los fundamentos de hecho en los que se edificó el acto administrativo no se cumplieron, la respectiva situación jurídica tampoco se consolidó, como sucede en este caso. Los porcentajes de distribución del ingreso definidos mediante los mencionados actos administrativos tenían como fundamento de hecho la entrada en operación de los respectivos proyectos antes de terminar el respectivo periodo anual, por tal razón, si este fundamento de hecho desapareció, por no haber sido puestos en operación los mismos, no se puede pretender que en relación con tales porcentajes exista una situación jurídica consolidada.
3.2. Sobre la supuesta violación del procedimiento administrativo previsto en el Código Contencioso Administrativo para la resolución de recursos contra actos administrativos, al pronunciarse respecto de una solicitud extemporánea y decidir un recurso improcedente.
En relación con este punto, la solicitante parte del supuesto equívoco de que la Resolución CREG-046 de 2000 se expidió para resolver un recurso interpuesto extemporáneamente, y por tanto, improcedente, por parte de la Empresa de Energía de Bogotá. Llega a esta conclusión tras considerar que los ajustes ordenados por la Resolución 126 de 1998 se agotaron con la Resolución CREG-095 de 1999.
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la Resolución CREG-126 de 1998 no limitó los ajustes a los mayores ingresos percibidos, correspondientes al valor de proyectos reportados por los transportadores y que no ejecutaron. Por el contrario, esta Resolución de manera general previó que se evaluaría la ejecución del plan de expansión de transmisión previsto para el período 1997-1999, “
con el fin de efectuar los ajustes de ingresos que sean del caso”
. (subrayamos).
Una vez efectuada la evaluación, la CREG consideró que debía efectuarse un ajuste correspondiente al valor de los proyectos que fueron incluidos en el plan expansión y que no fueron ejecutados, lo cual se hizo mediante la Resolución CREG-095 de 1999, y que una vez en firme este ajuste, en consecuencia, se debían recalcular los porcentajes de participación en la red mínima, toda vez que los proyectos reportados que no ejecutaron las empresas, no solamente fueron tenidos en cuenta para determinar el monto del Ingreso Regulado, sino que también fueron incluidos en el cálculo de la red mínima, razón por la que afectaron los porcentajes de participación en dicha red con los que se hace la distribución del ingreso.
Así lo dejó consignado la CREG en el acto cuya revocatoria se solicita:
“Que de acuerdo con la metodología establecida, los cargos por uso se calculan en el mes de Septiembre del año anterior para el cual van a regir. Por esta razón, la red mínima está conformada por los activos que están en operación en el Sistema de Transmisión Nacional al momento de realizar los cálculos, más los activos que los agentes declaran que entrarán en operación antes del 31 de diciembre del año siguiente;
Que si los activos declarados por los agentes no entran en operación antes del 31 de diciembre del año para el cual rigen los cargos, es claro que los porcentajes de participación de los agentes deben modificarse de acuerdo con los activos que realmente entraron en operación en el año correspondiente”
En síntesis, se concluye que los ajustes previstos en la Resolución CREG-126 de 1998 no se agotaron con la Resolución CREG-095 de 1998, sino que de acuerdo con aquél acto, debían efectuarse todos los ajustes de ingresos que fueran del caso, tales como los previstos en la Resolución CREG-046 de 2000, razón por la que resultan infundadas estas últimas acusaciones de violación del Código Contencioso Administrativo en que la solicitante fundamenta su solicitud.
Por lo anterior, se concluye que la Resolución CREG-046 de 2000 no viola las normas en que ha debido fundarse y que tampoco existe la violación de las normas del Código Contencioso Administrativo invocadas por la demandante, por lo que no se accederá a la revocatoria solicitada.
RESUELVE:
Artículo 1º.
Negar la solicitud de revocatoria directa de la Resolución CREG-046 de 2000 presentada por Interconexión Eléctrica S. A., a través de apoderado, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto.
Artículo 2º.
Notificar a Interconexión Eléctrica S.A. el contenido de este acto, y hacerle saber que contra el mismo no proceden recursos.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los
9 JUL. 2003
MANUEL MAIGUASHCA OLANO
JAIME ALBERTO BLANDÓN DÍAZ
Viceministro de Minas y Energía
Director Ejecutivo
Delegado del Ministro de Minas y Energía
Presidente
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Ultima actualización: 03/21/2011 05:29:47 PM